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CUENTAS BANCARIAS DE FALLECIDOS
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Fernando Luna | 19-03-2017 | 19:09| 0

Cuando una persona fallece, uno de los focos de conflicto suele ser el que mantienen los herederos con el banco, toda vez que la entidad financiera veda el acceso de estos últimos al saldo de los activos financieros si no se cumplen determinados requisitos documentales.

Por de pronto, conviene distinguir entre cuentas en las que el finado era el único titular de aquellas en cotitularidad. En el primer caso, el saldo queda bloqueado desde el momento en que el banco tiene constancia del fallecimiento y, si había algún autorizado, dicha autorización cesa con la muerte del titular, con lo que no podrá disponer del saldo. En los casos de cotitularidad, el resto de cotitulares pueden apropiarse libremente de su parte; y así, si existe otro cotitular, podrá disponer del 50% del remanente y, si existen 2 más, del 33% cada uno; salvo que cualquier interesado acredite que esa presunción de participación por iguales partes no obedece a la realidad, por ejemplo en el supuesto de que el saldo lo engrose dinero exclusivamente privativo del finado. La parte de los cotitulares vivos no tributa a Hacienda.

Si existe la más mínima posibilidad de que algún autorizado o cotitular “distraiga” dinero de la cuenta, debemos poner en conocimiento del banco por escrito el fallecimiento del titular o cotitular para que bloquee de inmediato las cuentas; si la entidad financiera no actúa diligentemente le podremos reclamar daños y perjuicios.

¿Qué pasos hay que dar? Lo primero que han de hacer los herederos es acreditar ante el bando su condición de tales, ya sea con los certificados de defunción y de actos de última voluntad, así como copia del testamento o mediante acta de declaración de herederos, si el finado no ha otorgado testamento. Con tal documentación, se solicitará al banco la relación de cuentas y activos financieros y su saldo a la fecha de fallecimiento y el extracto de movimientos en el año inmediatamente anterior; si sospechamos que ha habido algún movimiento no autorizado tras la muerte, el extracto se solicitará hasta la fecha actual.

La documentación facilitada por el banco servirá para liquidar el Impuesto de Sucesiones y para formalizar la liquidación de la herencia o para interponer el procedimiento judicial oportuno en caso de desacuerdo entre los herederos.

No obstante, para disponer del dinero es preciso acreditar la adjudicación concreta realizada en documento privado, escritura notarial o en sentencia judicial firme, junto con el justificante de haber liquidado el impuesto o acreditar que se está exento. Si bien, antes de la adjudicación, excepcionalmente y siempre que exista conformidad de todos los herederos, el banco admitirá ciertas disposiciones, como por ejemplo los referidos a los gastos de entierro o funeral.

Si las entidades de crédito no actúan con la debida diligencia y perjudican con su actitud a un heredero, responderán ante este y, en el supuesto de que no soliciten el pago o exención del Impuesto de Sucesiones, pueden ser declaradas responsables subsidiarios del impuesto.

Pero, ¿qué sucede si el banco se niega a facilitar la información? Ante todo, siempre recomiendo dejar constancia por escrito cumplimentando una hoja de reclamaciones, con la advertencia de que se le hará responsable de los posibles daños y perjuicios. Posteriormente, se puede acudir a la Agencia Tributaria y solicitar copia de la última declaración de la renta del fallecido, en la que aparecerán los rendimientos del capital mobiliario que ayudarán a localizar las cuentas y activos financieros.

Por último, si no aparece ningún heredero el banco seguirá cargando en la cuenta los recibos que el finado tuviera domiciliados, incluso aunque la cuenta esté en descubierto, hasta que se localice o aparezca algún interesado al que, tras acreditar su condición, pondrá a su disposición el remanente o reclamará el saldo negativo, salvo que haya renunciado a la herencia.

 

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LA PRISIÓN PREVENTIVA
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Fernando Luna | 25-02-2017 | 11:38| 0

Con ocasión de la reciente sentencia y la posterior petición de medidas cautelares en el procedimiento que ha juzgado, entre otros, a Diego Torres, a Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina de Borbón, se han vertido todo tipo de comentarios, en ocasiones infundados, sobre si procedía o no el ingreso en prisión de los ya condenados, si bien sin sentencia firme. En las líneas siguientes intentaré aclarar algunos conceptos.

¿Qué es la prisión provisional? Es una medida cautelar de naturaleza personal consistente en la privación de libertad del investigado, encausado o condenado sin sentencia firme que puede ser adoptada durante la tramitación de un proceso penal con la finalidad de asegurar la presencia de aquel en el proceso, de evitar el peligro de destrucción de pruebas, de evitar el riesgo de actuación contra bienes jurídicos de la víctima o de evitar la reiteración delictiva.

¿Qué modalidades existen?

1.- Prisión incondicional o bajo fianza: es obvio que la primera no es eludible con el pago de una fianza, en tanto que la segunda si, de modo que, consignada la suma establecida por el tribunal, la persona incursa en un procedimiento penal sale de la cárcel, aunque se le pueden establecer otras medidas cautelares: la más conocida es la libertad con obligación de comparecer ante el tribunal competente con la periodicidad que este considere, la retirada del pasaporte, el alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima en los supuestos de violencia de género, etc.

2.- Prisión comunicada, incomunicada y atenuada: la primera es la ordinaria; la segunda únicamente puede adoptarse en los supuestos de (i) necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o (ii) necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal. Por su parte, la atenuada se acordará cuando, por razón de enfermedad del inculpado, el internamiento entrañe grave peligro para su salud.

¿Qué requisitos deben concurrir?

1.- Existencia de uno o varios hechos indiciariamente constitutivos de delito sancionados con pena igual o superior a los dos años de privación de libertad, o con una pena inferior en caso de antecedentes penales no cancelados derivados de condena por delito doloso.

2.- Indicios racionales de criminalidad respecto de la persona frente a la que se dicta el auto de prisión.

3.- Persecución de fines legítimos:

-Asegurar la presencia del investigado o encausado cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.

-Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

-Evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente en los casos de violencia de género.

-Evitación de la reiteración delictiva.

¿Cuál es su duración? En principio, el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción. Pero además se aplican las siguientes reglas temporales:

1.- En casos en que se haya detectado fundadamente riesgo de fuga o de peligro para bienes jurídicos de la víctima, especialmente en casos de violencia doméstica, o en casos de riesgo de reiteración delictiva:

a) Su duración no podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años.

b) No podrá exceder de dos años si la pena privativa de libertad señalada fuere superior a tres años.

2.- Cuando concurran circunstancias que hagan prever que la causa no podrá ser juzgada en esos plazos, el juez o tribunal podrá acordar una sola prórroga:

-De hasta dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años.

-De hasta seis meses si el delito tuviera señalada pena igual o inferior a tres años.

-La prórroga deberá decretarse antes de que expire el plazo inicial, en caso contrario sería nula.

3.- Cuando se haya decretado para evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, su duración no podrá exceder de seis meses.

4.- La concesión de la libertad por el transcurso de los plazos máximos establecidos para la prisión provisional no impedirá que esta se acuerde en el caso de que el investigado o encausado, sin motivo legítimo, dejare de comparecer a cualquier llamamiento del tribunal.

5.- Si el investigado o encausado fuere condenado, y aunque la sentencia no fuere aun firme por haber sido recurrida, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena impuesta.

¿Cuál el procedimiento para su adopción? Se acordará previa audiencia o “vistilla” en la que el Ministerio Fiscal o alguna parte acusadora solicitará que se decrete la prisión provisional y a la que acudirán los investigados, encausados o condenados sin sentencia firme, quienes podrán realizar alegaciones y proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las 72 horas siguientes. El auto debe estar debidamente motivado.

Dada la polvareda que ha causado la decisión de la Audiencia Provincial de Palma respecto del esposo de la Infanta, vale efectuar algunas consideraciones: la primera y fundamental, es que la prisión provisional no es una pena anticipada; la segunda, es que el supuesto actual no concurren ninguno de los fines constitucionalmente legítimos para su adopción: no hay riesgo de fuga (por obvios motivos), evitación de reiteración delictiva o destrucción de pruebas. Hasta aquí la decisión obedece a la lógica y la normalidad judicial. Más chocante le resulta a este letrado la medida referida a la presentación ante los tribunales suizos (donde reside Iñaki Urdangarín) una vez al mes, ya que (i) se le ha prohibido igualmente salir de la Unión Europea y, sin embargo, Suiza no es un país integrante de la UE; y (ii) los tribunales suizos, huelga decir, no tienen jurisdicción es España; más sentido hubiera sido acudir a un tribunal español o, en su caso, a la embajada o consulado español en el país helvético.

 

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¿PUEDO RECLAMAR LOS GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE MI HIPOTECA?
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Fernando Luna | 05-02-2017 | 14:10| 0

Es curioso que en fechas recientes haya salido a la luz una posibilidad, la de reclamar los gastos de constitución de la hipoteca, que tiene ya un cierto recorrido desde que el Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 23 de diciembre de 2015, ya estableció que las cláusulas que imponen al hipotecado la asunción de tales gastos son nulas. Quizá en su día pasó desapercibida dicha resolución y ahora ha revivido tras la histórica sentencia de las cláusulas suelo.

En las líneas siguientes iré desgranando algunas claves sobre esta cuestión.

¿Cómo averiguo si tengo esa cláusula en mi hipoteca? En primer lugar, hay que localizar en la escritura de préstamo hipotecario la existencia del pacto que impone al prestatario la obligación de abonar los gastos de constitución; prácticamente (por no decir todas) las escrituras la contienen, pero su alcance varía.

¿Qué gastos puedo reclamar? Como he dicho, depende de la redacción de la cláusula; en principio, pueden pedirse los aranceles notariales y registrales y los impuestos (Actos Jurídicos Documentados), aunque también los gastos de tasación y de gestoría, en el caso de que la estipulación obligue al consumidor a asumirlos.

¿A cuánto ascienden tales gastos? Depende del importe de la hipoteca; para un préstamo de 150.000 euros, los gastos rondan los 3.000 euros.

¿Qué documentación necesito? Normalmente, cuando se suscribe un préstamo hipotecario el consumidor abona una provisión de fondos al banco o a la gestoría, que posteriormente hará la liquidación definitiva aportando las distintas facturas y documentos acreditativos de los pagos realizados. Esa documentación es la que hay que aportar.

¿Cómo reclamar? Como siempre, recomiendo la solución extrajudicial, con lo que en este caso deberá presentarse un requerimiento a la entidad financiera, acompañando los documentos acreditativos del pago cuya devolución se solicita, en el que se le concede un plazo para el pago. De no atenderse el requerimiento, ha de acudirse a la vía judicial. Es importante quedarse con copia sellada de la reclamación al banco.

¿Qué plazo hay para solicitar la restitución de las cantidades pagadas?

Para aquéllas hipotecas que se encuentran todavía vigentes, el plazo es el de cuatro años a contar desde el día siguiente a la fecha de la Sentencia del Tribunal Supremo, es decir, dicho plazo finalizará el 24 de diciembre de 2019; y para los préstamos hipotecarios que hayan sido totalmente satisfechos, se podrá proceder a la reclamación si su total pago se hizo dentro del plazo de los 4 años anteriores al 23 de diciembre de 2015.

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EL DECRETO DE LAS CLÁUSULAS SUELO: CÓMO RECLAMAR
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Fernando Luna | 21-01-2017 | 16:21| 8

Ayer, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo; norma que los juristas estábamos esperando como agua de mayo antes de comenzar a reclamar la nulidad de unas cláusulas que reiteradamente han declarado abusivas los tribunales.

En las líneas siguientes desgranaré las claves de citado Real Decreto-ley (RDL), si bien antes vale aclarar cuál es la finalidad de la norma. Pues bien: según el propio texto, el objetivo es evitar la sobrecarga de los tribunales estableciendo para ello un procedimiento extrajudicial, más asequible y de menor complejidad para los consumidores. Y es que, ciertamente, tras la sentencia del 21 de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a devolver todo lo cobrado por cláusulas suelo abusivas y no solo desde mayo de 2013, como había establecido el Tribunal Supremo, es de presumir que los afectados se lanzarán en masa a reclamar lo que legítimamente les corresponde.

1.- ¿A qué hipotecas afecta? Naturalmente, a aquellas que contengan la cláusula suelo (suele ser la cláusula 3-bis), es decir, aquellas que fijan un límite mínimo a las variaciones de los tipos de interés; lo más significativo, sin embargo, es que no se excluyen los préstamos hipotecarios ya pagados.

2.- ¿Debe informar el banco a los clientes? Lo cierto es que el RDL es un tanto ambiguo al respecto, pues simplemente obliga a los bancos a garantizar que el sistema de reclamación es conocido por los consumidores, lo que hace pensar que, en lugar de comunicados personales, se informará a través de las web y en las oficinas. La comunicación, con todo, no implica la devolución del dinero.

3.- ¿Qué procedimiento de reclamación establece el RDL? El consumidor puede dirigirse a su banco reclamando la nulidad de la cláusula y la devolución de las cantidades indebidamente cobradas. La entidad financiera, por su parte, tiene obligación de responder: si la solicitud es denegatoria, debe explicar los motivos; y si es admitida, debe remitir al consumidor convenientemente desglosadas las cantidades que le corresponde percibir, ya sea en efectivo ya sea con una compensación equivalente. El consumidor debe mostrar su conformidad o disconformidad con el cálculo; si lo estuviera, la suma le será abonada.

4.- ¿Qué plazo se establece? El RDL establece un plazo máximo de 3 meses a contar desde la presentación de la reclamación. Durante ese plazo, las partes no pueden  iniciar acciones judiciales o extrajudiciales con el mismo objeto.

5.-  Si transcurre el plazo y no hay respuesta del banco o el afectado no está conforme con la oferta ¿puede acudir a la vía judicial? Desde luego, pero se produce una importante novedad en materia de costas procesales, de modo que si la cantidad reconocida en sentencia es igual o inferior a la ofrecida por el banco no se le impondrán las costas. Si no se ha acudido previamente a la vía extrajudicial, el si la entidad financiera se allana totalmente tampoco se le impondrán las costas. Si el allanamiento es parcial, el banco vendrá obligado a consignar la suma que considera que debe devolver y solo se le impondrán las costas si la sentencia le condena a una cantidad superior.

6.- ¿Qué sucede si el procedimiento judicial ya está en curso? Entiendo que las partes podrán suspenderlo y acogerse al proceso extrajudicial.

7.- ¿Existe un órgano de seguimiento, control y evaluación? Sí, a fin de velar para que las entidades cumplan con sus obligaciones de información, sobre todo en relación con las personas más vulnerables.

8.- ¿Qué consecuencias fiscales tiene la devolución de las cantidades? Las entidades de crédito vienen obligadas a informar a los clientes que las devoluciones tienen consecuencias tributarias. Aunque no existe unanimidad entre los expertos, lo más indicado es realizar una declaración complementaria.

Personalmente, considero que el Gobierno acierta con este RDL, puesto que, a pesar de la ambigüedad de algunos de sus artículos, puede resultar un buen remedio para ambas partes: el consumidor estará en disposición de cobrar antes, de manera más económica y evitando un largo procedimiento judicial (aunque lógicamente deberá estar asesorado), y los bancos se ahorrarán una considerable suma en costas procesales. 

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LAS CLÁUSULAS SUELO TRAS LA SENTENCIA DEL TJUE
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Fernando Luna | 07-01-2017 | 11:01| 0

Mucho se ha escrito sobre la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha decidido que la nulidad de las cláusulas suelo tienen carácter retroactivo respecto de la devolución de las cantidades cobradas ilegalmente por los bancos.

En un post anterior ya me referí a estas polémicas cláusulas y qué pasos es obligado seguir para su reclamación. Sin embargo, ahora me centraré en las consecuencias de la citada sentencia, si bien con prudencia, pues el texto aún no se ha publicado.

Lamentablemente, el TJUE ha dejado en evidencia a nuestro Tribunal Supremo (TS), sobre cuya infausta sentencia de 13 de mayo de 2013 incidió –y esta es una opinión personal- el lobby bancario; no de otra manera se puede entender tal despropósito jurídico soslayando toda la normativa relativa a la nulidad de los contratos y sus efectos regulada en el Código Civil.

Tras la sentencia del TJUE son varias las circunstancias que pueden concurrir.

1.- Si aún no ha reclamado, se puede solicitar la nulidad de la cláusula y sus efectos retroactivos, con lo que habrá que recalcular la cuota desde la constitución de la hipoteca. La cantidad –más los intereses que corresponda- que le deben devolver dependerá del importe de la hipoteca, el porcentaje de la cláusula suelo (normalmente entre el 2,5 y 4%) y el tiempo transcurrido de amortización.

2.- Si ya reclamó y la sentencia que puso fin al procedimiento fue posterior a la sentencia del TS y aplicó su doctrina, es posible que quepa un recurso de revisión ante el propio TS, aunque conviene ser cauto, porque sobre este particular no hay unanimidad entre los juristas.

3.- Si su reclamación está pendiente de sentencia, el Tribunal que conozca del asunto debe declarar la retroactividad de manera inexcusable.

4.- Si su procedimiento judicial se resolvió antes de que se dictara la sentencia del TS, no podrá reclamar, pues se aplica el principio de “cosa juzgada”, esencial para garantizar la seguridad jurídica.

5.- Si su préstamo ya está cancelado, solo podrá reclamar si no han transcurrido más de 4 años desde la cancelación.

6.- Si un tercero se subrogó en su hipoteca, la legitimación activa solo le corresponde al tercero que, a su vez, compró la vivienda.

7.- Si el banco eliminó la cláusula suelo de su hipoteca y le hizo firmar que renunciaba a su derecho de reclamar, habría que ver caso por caso; desde luego, la posibilidad decae si el documento se ha suscrito ante un notario o en el curso de un procedimiento judicial.

Posiblemente las entidades financieras, conscientes de la avalancha de pleitos que se les vienen encima, se dirijan a Ud. con buenas palabras y proponiéndole un acuerdo; mi consejo es que, antes de firmar, consulte con su abogado, para que no le den “pacto (engañoso) por libre” (para reclamar).

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¿ES OBLIGATORIO SOMETERSE A LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA?
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Fernando Luna | 05-11-2016 | 18:49| 0

Antes de entrar en materia, hay que distinguir entre infracción administrativa y la penal en atención al índice de alcohol en el organismo del conductor. La infracción administrativa viene establecida en el artículo 20 del Reglamento General de Circulación: “No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro”.

Por su parte, el artículo 21 dispone que “Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.”

Las sanciones que lleva aparejadas son la de multa de 500 euros y 4 o 6 puntos que, pasaría a ser de 1.000 euros y la retirada de 4 o 6 puntos en el caso de que el conductor ya hubiera sido multado por alcoholemia en el año inmediatamente anterior por exceder de la tasa permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la legal. Las  mismas sanciones se imponen en vía administrativa al que se niegue a realizar las pruebas de detección alcohólica.

La tasa del alcohol en sangre depende de múltiples variables: si hemos ingerido alimento, el tipo de bebida, la metabolización y la complexión de cada persona, el sexo, la toma de algún medicamento que potencie sus efectos, la edad, etc.

Pero, en general, un hombre de complexión normal y 70 kg de peso alcanzaría niveles no reglamentarios ingiriendo estas bebidas, según la Dirección General de Tráfico:

-0,3 gr./litro en sangre se alcanzarían con una lata de cerveza, 1,5 vasos de vino y un vaso de güisqui.

-0,5 gr./litro en sangre: 2 latas de cerveza, 2,5 vasos de vino y 2 de güisqui.

En una mujer de aproximadamente 60 kg de peso:

-0,3 gr./litro en sangre: de la mitad a una lata de cerveza, un vaso de vino y medio de güisqui.

-0,5 gr./litro en sangre: dos latas de cerveza, 2,5 vasos de vino y 2 vasos de güisqui.

Existe infracción penal cuando la tasa de alcoholemia en aire espirado es de 0,60 miligramos por litro o la tasa de alcohol en sangre de 1,2 gramos por litro. En tales supuestos ya no estaremos ante una infracción administrativa, sino ante un ilícito penal por conducir bajo los efectos del alcohol, tipificado en el artículo 379.2 del Código Penal que prevé penas de prisión de tres a seis meses o la de multa de seis a doce meses o la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Pero, ¿qué ocurre si nos negamos a realizar las pruebas? En dicho supuesto, estaremos incurriendo en un delito previsto en el artículo 383 CP penado con prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Es decir, que la negativa acarrea unas consecuencias penológicas más graves.

Por tanto, es conveniente someterse a las pruebas porque además ambos delitos son compatibles y, cuando la sintomatología externa sea clara (deambulación oscilante, pupilas dilatadas, congestión, ojos enrojecidos, halitosis alcohólica, habla pastosa, ideas repetitivas, agresividad, etc.) y se evidencie que superamos los límites legales, pueden condenarnos por un delito por conducir bajo los efectos del alcohol y por otro de negativa al sometimiento de las pruebas de detección.

Estos procedimientos se tramitan en el llamado juicio rápido que, en caso de conformidad, permite la aminoración de la pena en un tercio.

Para finalizar abordaré algunos derechos de los conductores:

-Como es preciso realizar dos mediciones, entre ambas deben transcurrir al menos 10 minutos.

-Comprobar que los etilómetros están homologados y debidamente calibrados.

-Formular las alegaciones que consideremos oportunas y de las que debe dejarse constancia en la diligencia que se expida.

-Contrastar los resultados obtenidos con un análisis de sangre, bien entendido que si el resultado es positivo debemos pagar los gastos; en caso contrario, lo hará la administración.

En definitiva: si bebes, no conduzcas.

 

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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE EL MATRIMONIO Y LA UNIÓN DE HECHO
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Fernando Luna | 31-10-2016 | 09:38| 0

Las similitudes y diferencias que voy a tratar son las jurídicas, como no puede ser de otro modo, toda vez que la elección entre una modalidad de unión sentimental queda al libre arbitrio de los interesados.

El punto de partida ineludible y meridiano es que no son equiparables las uniones de hecho y el matrimonio. Tanto es así, que nuestros tribunales (especialmente, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional) han declarado que las uniones de hecho se fundan, precisamente, en la voluntad de la pareja de evitar las consecuencias del vínculo matrimonial, por lo que no se nos aplicables a ciertas consecuencias (que ahora veremos) la normativa del matrimonio, ni siquiera por analogía.

Antes de entrar en materia conviene apuntar qué se entiende por pareja de hecho. En este sentido, por ejemplo la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece que “se considera pareja de hecho la unión estable, libre, pública y notoria, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su sexo, de dos personas mayores de edad o menores emancipadas, siempre que voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la pareja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se entenderá que la unión es estable cuando los miembros de la pareja hayan convivido, como mínimo, un periodo ininterrumpido de un año, salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo caso bastará la mera convivencia, o salvo que hayan expresado su voluntad de constituir una pareja estable en documento público”.

Aclarado lo anterior, examinaré, en primer lugar, las características comunes, si bien con la precisión de que los derechos varían en función de la normativa aplicable en cada comunidad autónoma:

1.- En relación con los hijos en común, no hay diferencia alguna, y así, el trámite judicial es el mismo en caso de ruptura y las medidas que se decretan con respecto a los menores –ya sea en el procedimiento contencioso, ya sea en un convenio regulador- son iguales: régimen de responsabilidad parental, guarda y custodia, régimen de comunicaciones, visitas y estancias y alimentos.

2.- En el supuesto de defunción sin testamento de uno de los miembros de la pareja, el superviviente tiene los mismos derechos que el viudo (o la viuda) en todas las Comunidades Autónomas; sin embargo, hay otras comunidades que no contemplan este supuesto, entre otras Extremadura, pero también Asturias, Madrid, Canarias, Valencia y Andalucía.

3.- En algunas comunidades autónomas (Cataluña, Navarra, País Vasco, Aragón y Baleares), están equiparadas las obligaciones económicas entre las parejas matrimoniales y extramatrimoniales, singularmente, la compensación por dedicación a la familia. En las demás comunidades, habrá de acudirse a un procedimiento ordinario para demostrar que, a consecuencia de la ruptura de la convivencia, uno de los integrantes de la pareja ha obtenido un enriquecimiento injusto a costa del otro.

4.- En materia de adopción, el régimen se equipara.

5.- En cuanto a los arrendamientos, en el caso de fallecimiento del miembro titular del contrato, la Ley de Arrendamientos Urbanos regula el derecho de subrogación real de la pareja, siempre que se acrediten dos años de convivencia.

6.- En lo atinente a los permisos laborales retribuidos, la pareja tiene derecho a disfrutarlos en caso de muerte o enfermedad grave del otro; los permisos por maternidad y paternidad no varían.

Por su parte, las diferencias más relevantes son las siguientes:

1.- Fiscalmente, una pareja de hecho no puede hacer la declaración conjunta del IRPF. A mi entender, esto supone una discriminación inaceptable sobre la que debería pronunciarse el Tribunal Constitucional.

2.- Para el cobro de la pensión de viudedad, existen diferencias sustanciales en los requisitos; la más relevante es la acreditación de la convivencia previa, que ha de ser de 5 años.

3.-  En cuanto al régimen económico, a las parejas de hecho no les son de aplicación los regímenes matrimoniales, pero estos podrán pactar el régimen que consideren pertinente en sus relaciones patrimoniales; en caso no haber acordado nada al respecto, se aplicará el régimen común de extinción de la copropiedad.

4.- Tampoco están previstas las vacaciones en los casos de uniones de hecho, salvo que el convenio colectivo lo contemple. Para remediar esta discriminación, urge la modificación del Estatutos de los Trabajadores.

Mi recomendación final para las uniones de hecho es que deben inscribirse en el registro competente y que es muy conveniente regular sus relaciones económicas, tanto relativas a la contribución de cada uno al sostenimiento de la familia, como en caso de ruptura convivencial.

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¿CUÁNTO ME PUEDEN EMBARGAR DEL SALARIO?
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Fernando Luna | 22-10-2016 | 19:08| 0

Cuando existe una resolución judicial en la que se condena a alguien al pago de una cantidad y no abona la suma voluntariamente, se procede a despachar ejecución contra los bienes del deudor. En estos casos, lo propio es dirigirse primeramente contra el dinero, ya esté depositado en algún activo financiero o percibiéndose como salario, ya que es más fácilmente realizable.

Ahora volveré sobre este asunto para dar respuesta al título de este post con ejemplos prácticos, pero antes conviene subrayar que nuestra ley establece una serie de bienes y derechos de carácter inembargable.

Así, son absolutamente inembargables:

1.- Los bienes que hayan sido declarados inalienables y sus derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. Es decir, que no pueden cambiar de titularidad: no pueden venderse ni comprarse

2.- Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial.

3.- Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal.

Y respecto del deudor contra el que se dirija la demanda también son inembargables:

1.- El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia.

2.- Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.

3.- Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas.

4.- Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley.

5.- Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por España.

Respecto del salario, la norma, tras declarar inembargable el salario mínimo interprofesional (en la actualidad, 655,20 euros/mes), dispone que el resto podrá ser embargable en función de su cuantía, de modo que el porcentaje, por tramos, se va incrementando a medida que las percepciones son mayores. Y así:

1.- Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100.

2.- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 por 100.

3.- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 por 100.

4.- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 por 100.

5.- Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.

Pondré algunos ejemplos:

1.- Salario de 1.000 euros:

-El mínimo inembargable mensual es de 655,20 euros.

-De la diferencia de lo percibido respecto del mínimo (primer y único tramo), es decir, 344,8 euros, se pueden embargar 103,44 euros.

2.- Salario de 1.500 euros:

-El mínimo inembargable mensual en 2016 es 655,20 euros.

-De la diferencia de lo percibido respecto del mínimo es de 844,8 euros, con lo que pueden embargarse en el primer tramo 196.56 euros y, en el segundo, 94,8 euros, hasta sumar un total de 291,36 euros.

3.- Salario de 3.000 euros:

- El mínimo inembargable mensual en 2016 es 655,20 euros.

-De la diferencia de lo que cobras respecto del mínimo es 2.344,8 euros, con lo que pueden embargarse en el primer tramo 196,56 euros, en el segundo tramo 327,6 euros,  en el tercer tramo 393.12 euros y en el cuarto tramo: 284,4 euros, hasta sumar un total de 1.201,68 euros.

Naturalmente, la regulación es más compleja y admite múltiples variables que, a su vez, repercuten en los porcentajes y las cuantías, pero sí me interesa destacara que, cuando de pensiones alimenticias se trata, no se aplica esta regla, sino que el tribunal fijará la cantidad que puede ser embargada.

 

 

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¿SON LEGALES LOS VIENTRES DE ALQUILER?
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Fernando Luna | 01-10-2016 | 19:42| 0

Aunque de ordinario se les llame vientres de alquiler, la denominación técnica y más correcta es la de maternidad subrogada o gestación por sustitución, que puede definirse como un acuerdo de voluntades en virtud del cual una mujer acepta portar en su vientre un niño por encargo de otra persona o de una pareja, con el compromiso de que, una vez llevado a término el embarazo, entregará a aquélla o a aquéllas el recién nacido, renunciando a la filiación que pudiera corresponderle sobre el hijo así gestado.

Veamos en qué consiste y qué repercusiones legales tiene.

Lo primero que conviene destacar es que tal práctica es ilegal en España; y así, la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, en su artículo 10, establece que “Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”.

Pero no solo eso, sino que el artículo 221 del Código Penal castiga con penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a 10 años a “los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación”, penas que se extienden “a la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero”.

Sin embargo, todos conocemos casos de maternidad subrogada e, incluso, en mi despacho, en colaboración con otros bufetes extranjeros, hemos tenido ocasión de intervenir en asuntos de esta naturaleza. ¿Qué ha de hacerse, pues? Para sortear la aplicación de la legislación española, se recurre a otros países donde tal práctica es legal y luego solicitan la inscripción de la filiación en el Registro Civil español.

Ciertamente los vericuetos y vaivenes jurídicos y judiciales habidos hasta lograr la inscripción en el Registro Civil han sido variados y complejos de entender para los no juristas, llegando incluso a pronunciarse el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en lo que ahora importa está plenamente consolidada la posibilidad de inscripción de la filiación sin que conste la gestante como madre. La fundamentación –no puede ser otra- es el beneficio del menor.

¿Qué países admiten la maternidad subrogada?

En Europa, la legislación nacional de cada país es muy variada; por ejemplo, se admite en Grecia siempre que se acredite incapacidad médica; en Holanda, Bélgica y Reino Unido, solo si es altruista y bajo estrictas condiciones; y en Dinamarca, si no implica el uso de técnicas de reproducción asistida.

En otras partes del mundo también está permitida; a título ejemplificativo, en Estados Unidos (que suele ser el país al que acuden las familias españolas, pese a su mayor coste), Canadá, Brasil, Australia, Sudáfrica, Ucrania, Rusia, Israel, etc., si bien cada legislación tiene sus particularidades.

¿Qué coste tiene?

Los gastos oscilan, según los países, entre 40.000 y 150.000 euros, e incluye el tratamiento de reproducción asistida, desplazamientos, gastos legales, médicos y compensación económica a la gestante.

No voy a eludir un tema candente, tal es las repercusiones bioéticas muy unidas a las convicciones íntimas. De modo que algunos sectores han considerado que conlleva lesiones a la dignidad y a los derechos de otros sujetos implicados, especialmente de las mujeres más vulnerables y los menores. En este sentido, se han alzado algunas voces que demandan una regulación internacional para proteger a las gestantes y evitar su explotación y abuso y asegurar que un mínimo de obligaciones éticas, médicas y de transparencia se cumplan en todo el mundo. Otros, en cambio,  fundamentalmente los especialistas médicos y legales que han estudiado la técnica a fondo, suelen concluir que no existe base para su prohibición, siempre que se cumplan las exigencias mínimas antes expuestas.

 

 

 

 

 

 

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EL USO DE CÁMARAS OCULTAS EN REPORTAJES PERIODÍSTICOS
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Fernando Luna | 14-08-2016 | 11:50| 0

No es la primera vez en este blog que hablo de la pugna entre derechos fundamentales. Pues bien: esta entrada no va ser una excepción, toda vez que en la utilización de las cámaras ocultas en el periodismo –fundamentalmente en el de investigación- deben ponderarse los derechos a la información y la libertad de presión, por un lado, y los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, de otro. No es fácil determinar en qué condiciones o con qué requisitos deben prevalecer unos y otros, como a continuación expondré.

La libertad de expresión consagra el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; en tanto que el derecho a la información se concreta en comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

La diferencia entre ambos derechos no siempre es fácil, pero, resumiendo, puede sintetizarse de la siguiente manera: la libertad de expresión se refiere a los pensamientos, ideas y opiniones, es decir, es un concepto amplio dentro del que deben incluirse también las creencias y los juicios de valor; y los derechos a comunicar y recibir libremente información tienen por objeto hechos o, afinando más, hechos que puedan considerarse noticiables.

Por su parte, los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen son conceptos jurídicos que dependen en su concreción de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento, por lo que son conceptos jurídicos indeterminados y susceptibles de evolución que afectan, en definitiva, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad.

Sin embargo, los derechos fundamentales no son plenos; por tanto, se debe armonizar el interés público de la información con el privado del honor, intimidad y propia imagen. En general, para que el derecho a la información prevalezca sobre los derechos de la personalidad es necesario que concurran en la información los siguientes requisitos: veracidad, interés general y proporcionalidad.

Particularizando en el uso de cámaras ocultas, es obvio que el periodista se vale de una treta (oculta su quehacer para obtener la información), mientras que el afectado desconoce que está siendo objeto de grabación y actúa con total espontaneidad y naturalidad.

En una primera aproximación, la Ley Orgánica 1/1982, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, considera una intromisión ilegítima las grabaciones audiovisuales. Pero, ¿qué dicen al respecto nuestros tribunales?

Nuestro Tribunal Constitucional considera ilegal la utilización de la cámara oculta, esto es, el método en sí. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha matizado su doctrina y singularmente en lo relativo a la ponderación de derechos, de modo que admite que el uso de la cámara oculta pueda ser legítimo cuando lo justifique el interés público en el conocimiento de los hechos y ese medio sea imprescindible para obtener la información y, además, proporcionado para que la lesión de los derechos fundamentales sea la menor posible.

En consecuencia, a priori no puede fijarse la supremacía de ninguno de los derechos mencionados y que entran en conflicto, sino que habrá que estarse a las circunstancias de cada caso en concreto.

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Sobre el autor Fernando Luna
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Abogado especialista en derecho civil, mercantil, penal y agrario, así como en mediación familiar judicial y extrajudicial. En este blog pretende explicar con un lenguaje claro la actualidad jurídica y judicial tanto extremeña como nacional e internacional. Puede enviar sus sugerencias a blogdefernandoluna@gmail.com o a través de la siguiente web: www.luna-ferrezuelo.com