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Fecha: enero, 2016
MEDIDAS LEGALES CONTRA EL RUIDO
Fernando Luna 30-01-2016 | 9:43 | 0

Me escribe un atento lector para pedirme que aborde qué medidas legales amparan a los ciudadanos frente al ruido. Por lo pronto, es forzoso hacer algunas consideraciones: primero, que España es uno de los países más ruidosos del mundo; segundo, que el ruido es uno de los principales problemas de contaminación que se producen sobre todo en las urbes; y tercero, que afecta a derechos básicos de los ciudadanos, toda vez que perjudica a la salud física y psíquica, a la calidad de vida, a la esfera patrimonial (mengua el valor de los bienes afectados por este), a la tranquilidad, a intimidad domiciliaria, etc.

Cuando un ciudadano se halla afectado por una contaminación acústica que no es lícito soportar el principal problema que se plantea es la prueba. Para ello, lo primero que debemos hacer es dirigirnos (siempre por escrito) contra el agente causante, ya sea un vecino, ya sea una industria próxima a nuestro domicilio, por ejemplo; si se trata de un particular, el siguiente paso es requerir a la comunidad de vecinos; si las molestias no cesan, es aconsejable avisar a la policía local y poner los hechos en conocimiento del Ayuntamiento para que haga cumplir las ordenanzas municipales; si todo lo anterior resulta infructuoso debemos valernos de profesionales para que hagan las mediciones pertinentes, realizar grabaciones, acudir al médico para acreditar la afectación psico-física e incluso levantar acta notarial, con la finalidad de llegar al subsiguiente procedimiento judicial con garantías de éxito.

En este punto es preciso preguntarse qué vías judiciales caben contra la persona o entidad que por acción u omisión perturba nuestro sosiego.

1.- Queja ante el Defensor del Pueblo: no es propiamente una vía judicial, pero sí puede tener un efecto disuasorio importante, pues esta institución puede formular a las autoridades competentes advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias. Aunque no sean vinculantes, los requeridos vienen obligados a darle una contestación fundada en el plazo de un mes.

2.- Vía penal: únicamente para los casos más graves. Un ruido persistente puede ser constitutivo de sendos delitos contra el medio ambiente y de lesiones. El procedimiento comienza con un escrito de denuncia ante el juzgado o la fiscalía. Se puede reclamar, además, una indemnización cuya cuantía variará en función de la gravedad de los hechos.

3.- Vía civil: se pueden dar diversos supuestos. El más habitual es la reclamación de daños y perjuicios. Pero también, si es por deficiencias constructivas, el afectado puede dirigirse contra los agentes intervinientes en la construcción; si es un vecino, la propia comunidad de propietarios puede pedir la cesación y aun la privación temporal del uso de la vivienda; y se trata de una vivienda alquilada, puede resolverse el contrato.

4.- Vía contencioso administrativa: en los casos de inactividad del Ayuntamiento, pues no olvidemos que a la Corporación corresponde la vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación con las actuaciones públicas o privadas.

5.- Vía laboral: contra el empresario que en el desempeño de la actividad laboral no cumpla con su obligación de proteger la salud y seguridad de los trabajadores.

Como siempre en este blog apelamos al sentido común: no es lo mismo el llanto de un recién nacido a las 3 de la mañana porque tiene hambre, que un vecino que a horas intempestivas pone la televisión a un volumen insoportable, o el supuesto de un bar que sistemáticamente perturba el descanso de los habitantes de las viviendas cercanas.

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¿HASTA CUÁNDO HAY QUE PAGAR LA PENSIÓN ALIMENTICIA?
Fernando Luna 23-01-2016 | 12:41 | 0

Para abordar esta cuestión partiré de una situación en la que un progenitor detenta la guarda y custodia de los hijos y el otro debe abonar alimentos.

Por lo pronto, es forzoso aclarar que la obligación alimenticia se extiende a los hijos menores y los mayores en período formativo o que no tengan medios, con los matices que añadiré más adelante.

En consecuencia, nuestro Código Civil no regula ninguna edad a partir de la cual se debe extinguir de forma automática la pensión alimenticia, sino que esta debe mantenerse hasta que el hijo goce de independencia económica, aunque el mercado laboral no presente en la actualidad unas perspectivas halagüeñas para los jóvenes.

Pero como siempre en este post, intentaré descender a las posibles situaciones con las que nos podemos encontrar, si bien de forma no exhaustiva, pues la casuística es muy diversa.

1.- Hijos incorporados al mercado laboral: si no existe acuerdo entre los progenitores para finalizar la pensión, el progenitor obligado al pago debe acudir a un procedimiento de modificación de medidas para solicitar su extinción, y debe intentarlo con carácter retroactivo. El progenitor que perciba la pensión tiene la obligación de comunicar al otro los cambios de fortuna de los hijos, o sea, que debe actuar con buena fe. Evidentemente deben tratarse de unos ingresos periódicos que, por su cuantía (en torno al salario mínimo, por ejemplo), les permitan cierta autonomía económica, aunque sea con contratos temporales.

2.- Hijos con ingresos irregulares y claramente insuficientes: se puede instar el mismo procedimiento, pero solicitando la disminución de la cuantía de la pensión.

3.- Hijos que se forman, incluso con estudios de posgrado: no se extingue la pensión, pero, ojo, porque en este caso debe demostrar que tiene un rendimiento adecuado y además se impone el sentido común: no son necesarias tres carreras universitarias, dos títulos máster y dos doctorados, sino que el obligado al pago debe abonar la pensión hasta que alcance un nivel formativo adecuado que le permita conseguir un trabajo.

4.- Hijos que han terminado su formación: deben estar en búsqueda activa de empleo, es decir, que no trabajan por motivos que no les sean imputables, de lo contrario podrá solicitarse la extinción de la pensión. Si los hijos están actuando con la debida diligencia para encontrar un empleo, sí podría pedirse la disminución de la pensión, puesto que ya no es necesario sufragar gastos de estudio.

5.- Hijos que viven independientes: aunque no acrediten ingresos, pues en ocasiones –no nos engañemos- son difíciles de justificar, se presupone que pueden costearse los gastos derivados de sus sustento y, por tanto, podrá solicitarse la extinción de la pensión. Si el hijo ha contraído matrimonio o convive maritalmente con una tercera persona se deduce con más motivo que goza de independencia económica, bien con recursos propios o bien de su pareja.

Abandonaré ahora la perspectiva de los hijos y me centraré en la del padre o madre que debe satisfacer la pensión. La ley establece que la cuantía de los alimentos está proporcionada al caudal o los medios del padre o la madre y a las necesidades del hijo que los recibe.

Si el progenitor alimentante ve disminuidos sustancialmente sus ingresos y no puede atender el pago de la pensión en su totalidad, debe solicitar una modificación de medidas para instar su reducción, incluso solicitando medidas provisionales mientras se tramita el procedimiento.

Para terminar, vamos a situarnos en el caso más extremo: el padre o la madre con absoluta carencia de recursos sin que tal situación haya sido buscada a propósito. En tales caso, se puede solicitar a suspensión temporal del pago de la pensión.

Como siempre debe imperar en las relaciones familiares –dotadas de un componente ético inescindible- el sentido común y la buena fe: el obligado al pago debe hacer lo posible por atender las necesidades de los hijos y comprometerse a cuantías que realmente pueda abonar; el progenitor custodio que percibe la pensión debe comunicar al otro cualquier circunstancia que suponga una modificación de las circunstancias que conlleven una disminución de los alimentos.

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PENSIÓN ALIMENTICIA Y GASTOS EXTRAORDINARIOS
Fernando Luna 16-01-2016 | 12:11 | 0

Una de las cuestiones que más controversias crea en los Juzgados de Familia es el pago de los gastos extraordinarios y si, por tanto, la concreta partida está o no incluida en la pensión de alimentos de los hijos. En el presente post intentaré aclarar algunos conceptos que considero relevantes e incluso descender a la casuística.

La pensión alimenticia comprende lo indispensable para el sustento propiamente dicho (los alimentos), el alojamiento, el vestido y la asistencia médica, así como la educación e instrucción cuando se establecen en favor de menores o de mayores de edad que no han terminado su formación.

Por su parte, los gastos extraordinarios de los hijos son aquellos que tienen un carácter excepcional,  que sean imprevisibles, necesarios y adecuados a la capacidad económica de ambos progenitores.

Dicho esto, aún cabe realizar algunas precisiones. Mi consejo es que en los convenios reguladores, en el supuesto de un procedimiento consensuado, o en la sentencia, en el caso de un proceso contencioso, se delimite con claridad qué se considera gastos ordinarios (usuales y no usuales) y extraordinarios, ya que (i) si no se establecen expresamente hay que acudir a un procedimiento previo en el que se declare su naturaleza, con el consiguiente aumento de costes; y (ii) otorga más seguridad jurídica a ambos progenitores, con lo que se evitan enfrentamientos.

Vayamos, pues, a la casuística, no sin antes subrayar que se trata de un elenco no exhaustivo, que depende del criterio del juez y que los progenitores son soberanos a la hora de pactar otra catalogación.

1.- Gastos ordinarios usuales (incluidos en la pensión alimenticia): los destinados a cubrir necesidades normales de alimentación, vestido, ocio, educación, incluidos los universitarios en centros públicos o concertados, recibos expedidos por el centro educativo, seguros escolares, AMPA, matrícula, aula matinal, transporte y comedor (en su caso), material docente no subvencionado, excursiones escolares, uniformes y libros.

2.- Gastos ordinarios no usuales (no incluidos en los alimentos): las actividades extraescolares, deportivas, música, baile, informática, idiomas, campamentos o cursos de verano, viajes al extranjero, fiestas de cumpleaños u onomásticas y otras celebraciones necesarias de los hijos (por ejemplo, la Primera Comunión), así como los gastos de colegio/universidad privados, máster o curso de postgrado, las estancias en residencias universitarias, colegios mayores o similares.

3.- Gastos extraordinarios (no incluidos en los alimentos): cabe distinguir, a su vez, entre los que tienen carácter médico: los odontológicos y tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, prótesis, logopeda, psicólogo, fisioterapia o rehabilitación (incluida natación) con prescripción facultativa, óptica, gastos de farmacia no básicos y con prescripción médica, tratamientos de homeopatía y, en general, cualquier otro gasto sanitario no cubierto por el sistema público de salud de la Seguridad Social o por el seguro médico privado que puedan tener concertado  los progenitores; y los de naturaleza educativa: las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico.

Termino con algunas cuestiones que considero relevantes:

1.- Para determinar la cuantía de la pensión alimenticia se estará a las necesidades de los hijos y a la capacidad económica del progenitor obligado al pago.

2.- Los abogados de familia manejamos unas tablas cuantificadoras meramente orientativas, pues cada asunto requiere un tratamiento diferenciado.

3.- Los gastos no incluidos en la pensión alimenticia (ordinarios no usuales y extraordinarios) deben consensuarse de forma expresa y por escrito y, a falta de acuerdo, deberá decidir el juez.

4.- Antes de la realización del gasto, debe requerirse al otro progenitor fehacientemente por un plazo prudente (10 días, por ejemplo) y si no contesta se entenderá que presta su consentimiento. En el escrito debe detallarse cuál es el gasto concreto, explicar el motivo de su conveniencia o necesidad, adjuntando un presupuesto en el que figure el nombre del profesional que lo expide.

5.- La contribución a los gastos ordinarios no usuales y extraordinarios no tiene por qué ser paritaria, aunque sea lo habitual, pues dependerá de la capacidad económica de cada progenitor.

Como siempre desde estas líneas, apelo al sentido común a la hora de reclamar los gastos no incluidos en la pensión alimenticia y al buen entendimiento entre los padres, pues la confrontación la acaban padeciendo los hijos, aunque sea indirectamente.

 

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LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA
Fernando Luna 09-01-2016 | 4:22 | 0

 

En primer lugar, conviene precisar que en el curso de un procedimiento matrimonial (o de medidas paterno-filiales, si la pareja no está casada) deben adoptarse las siguientes medidas, bien sea preferentemente de forma consensuada, ya sea en una sentencia judicial a falta de acuerdo entre los progenitores: a) cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos progenitores, el ejercicio de ésta y el régimen de comunicación y estancias de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos; b) régimen de relaciones con los abuelos, si se considera necesario; c) la atribución del uso de la vivienda familiar y ajuar familiar; d) la contribución a las cargas del matrimonio y alimentos; e) la liquidación del régimen económico del matrimonio, cuando proceda; y la pensión compensatoria, en su caso.

Centrándonos en la guarda y custodia compartida, en mi larga experiencia como abogado de familia siempre he sido un firme defensor de esta modalidad de custodia de los menores. Igualmente, en el seno de la Asociación Española de Abogados de Familia, a la cual pertenezco, se la ha potenciado con ahínco. Afortunadamente, los tribunales han sido sensibles a esta demanda y ya no la contemplan como una medida excepcional, sino que debe aceptarse con normalidad, siempre, claro está, que no perjudique a los menores, cuyo interés debe preservarse.

A priori, la guarda y custodia compartida se considera beneficiosa para los hijos por estas razones:

1.- Se fomenta la integración del menor con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia.

2.- Se evita el sentimiento de pérdida.

3.- No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.

4.- Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia.

¿Cuáles son los criterios que tienen en cuenta los juzgados para acordar la guarda y custodia compartida?

1.- La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales.

2.- Los deseos manifestados por los menores, si tienen suficiente juicio.

3.- El número de hijos.

4.- El cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales.

5.- El resultado de los informes exigidos legalmente.

6.- Y, en definitiva, cualquier otro parámetro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven.

Se impone, asimismo, que efectúe algunas precisiones respecto de su incidencia de este régimen de estancia con los menores con otras medidas que se acuerden en casos de crisis matrimonial. Y así:

1.- La custodia compartida no supone necesariamente reparto igualitario de tiempos de convivencia. En la distribución de tiempos y responsabilidades debe atenderse al interés del menor en el caso concreto.

2.- La custodia compartida no conlleva que no se pague pensión alimenticia, para lo cual se atenderá a los tiempos de alternancias, a las necesidades de los hijos, la capacidad económica de los progenitores y atribución del uso del hogar familiar.

3.- La guarda y custodia compartida no impide la atribución del uso del hogar familiar a uno de los progenitores; no obstante, el uso podrá quedar limitado en el tiempo. Se tendrá en cuenta este uso en la determinación de la pensión alimenticia.

5.- El uso alterno de la vivienda (la llamada “casa nido”) no se considera recomendable, pues es fuente inagotable de inconvenientes.

Por último, me van a permitir un consejo a todas aquellas parejas que se hallan en tal delicado trance: recuerden que se divorcian entre ellos, pero en ningún caso de los hijos, con los que tienen un conjunto de obligaciones –que se corresponden con los derechos de los menores- de naturaleza legal y aun ética, debiendo por tanto procurar siempre lo mejor para ellos.

 

 

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Sobre el autor Fernando Luna
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Abogado especialista en derecho civil, mercantil, penal y agrario, así como en mediación familiar judicial y extrajudicial. En este blog pretende explicar con un lenguaje claro la actualidad jurídica y judicial tanto extremeña como nacional e internacional. Puede enviar sus sugerencias a blogdefernandoluna@gmail.com o a través de la siguiente web: www.luna-ferrezuelo.com