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Fecha: febrero, 2016
EL ACOSO ESCOLAR
Fernando Luna 20-02-2016 | 2:31 | 0

Últimamente se vienen publicando noticias preocupantes sobre el acoso escolar en España. En el presente post abordaré qué se considera acoso escolar o bullying y qué medidas legales caben para proteger a los menores.

¿Qué es el acoso escolar?

Es el maltrato verbal, físico o psicológico en sus múltiples variables habida entre escolares, siempre que se den los requisitos de continuidad en los actos, intención de dañar y desequilibrio en la relación entre el acosador (o acosadores) y el alumno acosado, pues generalmente se persigue la dominación o la extorsión. No se considera tal una riña en el patio del colegio.

¿Qué tipos de acoso escolar son más frecuentes?

El bullying presenta múltiples variables en su realización, tanto activas como pasivas, que cabe resumir sin ánimo exhaustivo en las siguientes:

a) Social: indiferencia, aislamiento y exclusión de las actividades o juegos.

b) Físico: agresiones tales como patadas, empujones, colegas o daños en el material escolar o sustracción de objetos.

c) Verbal: insultos, vejaciones, motes ofensivos, publicaciones a través de redes sociales (cyber bullying), falsos rumores.

d) Psicológico: amenazas, coacciones, intimidaciones que provoquen miedo o a la realización de conductas no queridas por la víctima o la prohibición de otras.

¿Cómo detectar un caso de acoso escolar?

La conducta que guardan los alumnos en el centro educativo es muy significativa, sobre todo en los casos de aislamiento, y va acompañada normalmente de un descenso acusado en el rendimiento escolar. En casa, los padres conocemos el carácter de nuestros hijos: si estos presentan tristeza, dolores, miedos inexplicables, simulación de enfermedades, hematomas a los que no se da una justificación racional, en definitiva, cambios de conducta, es posible que nos hallemos ante un supuesto de acoso.

¿Cómo actuar?

Ciertamente, lo primero es la labor preventiva, tanto en casa como en el colegio: a los menores hay que educarlos con valores que garanticen el respeto hacia los demás y que no resulta gracioso burlase de otros compañeros. En los centros existen protocolos de detección de bullying e incluso en algunos se está implantando la mediación escolar, herramienta sin duda útil para dotar de habilidades a los niños para solucionar pacíficamente los conflictos o prevenirlos.

El principal problema en punto a la detección es la propia víctima, que de ordinario le resta importancia, se siente culpable o guarda silencio para que no se le consideren un chivato.

Si el menor es capaz de abrirse y contar claramente la problemática, los padres deben dirigirse la escuela –incluso por escrito- a fin de que adopten las cautelas precisas para que evitar que las conductas se reiteren y el centro haga uso de su potestad disciplinaria. En los casos más graves, la ley ampara el cambio de centro educativo.

¿Qué respuestas legales existen?

Como siempre insisto en este blog, acudir a los tribunales debe ser siempre la última instancia y solo para los casos de mayor gravedad; no obstante, cabe actuar en estas vías:

a) Penal: los hechos pueden ser constitutivos de vejaciones, injurias, calumnias, lesiones (físicas y psíquicas), acoso, amenazas y, en los casos más violentos, homicidios o inducción al suicidio. Los menores de 14 años son inimputables, con lo que solo cabe dirigirse contra los padres o tutores y/o el centro escolar; a los escolares con edades comprendidas entre los 14 y menores de 18 años se les aplica el Código Penal del Menor; y a los mayores de 18 años, el Código Penal.

b) Civil: se busca el resarcimiento de daños y perjuicios físicos (lesiones), morales (quebranto psicológico) y materiales (por ejemplo, el tratamiento médico o los gastos ocasionados con motivo del cambio de colegio). Si los causantes son menores, la demanda debe dirigirse contra los progenitores o tutores y también contra los profesores o el centro privado, siempre que concurra culpa o negligencia. La acción civil se ejerce conjuntamente con la penal o en un procedimiento diferenciado.

c) Administrativa: en el supuesto de colegios públicos se reclama por responsabilidad patrimonial de la Administración, que debe velar por el adecuado funcionamiento de los servicios públicos.

 

 

 

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LA DEFENSA DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS: TUTELA Y CURATELA
Fernando Luna 13-02-2016 | 11:59 | 0

En primer lugar, y como de costumbre, es forzoso deslindar algunos conceptos. Así, por capacidad jurídica se entiende la aptitud general para ser titular de las relaciones jurídicas, es decir, de derechos y obligaciones; y la capacidad de obrar es la idoneidad para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones o la capacidad para realizar actos con eficacia jurídica.

En consecuencia, la limitación de la capacidad acontece cuando a una persona se le modifica su capacidad de obrar por una sentencia judicial con lo que deberá ejercitar sus derechos a través de una tercera persona o institución.

La capacidad de obrar se puede ver alterada fundamentalmente por el padecimiento de una enfermedad mental o deterioro congnitivo grave o por una discapacidad intelectual, del tal modo que no pueda autogobernarse o gestionar adecuadamente sus bienes y derechos.

Lógicamente, los grados de incapacidad pueden ser muy variados, de manera que cuanto esta es grave se le nombra un tutor y si es leve, un curador.

Mediante la tutela se encomienda a una persona, tutor, la representación de los incapaces (los progenitores también son tutores de sus hijos menores de edad). En la curatela la persona actúa siempre por sí, y el curador nunca le representa, sino que se limita a completar su capacidad.

Existen, no obstante, otras figuras ligadas a la protección de los discapacitados, como son el defensor judicial, el administrador patrimonial y el guardador de hecho, que abordaré en otro post.

Tras las recientes reformas legislativas, el proceso de incapacitación ha pasado a denominarse procedimiento de modificación de la capacidad de obrar. Veamos algunas de sus características más importantes.

¿Quién debe iniciarlo?

a) El cónyuge, descendientes y ascendientes.

b) Los hermanos.

c) El Fiscal.

d) Los profesionales y las personas en contacto con el supuesto discapacitado.

e) La propia persona que, consciente de su padecimiento, prevea un progresivo empeoramiento. Incluso, la propia persona puede designar un tutor o curador en una escritura notarial, para el caso en que se vea anulada o mermada su capacidad de obrar.

Ojo, porque este dato es muy importante, las personas antes citadas (salvo el interesado) deben promover el procedimiento obligatoriamente, de lo contrario responderán solidariamente de los daños y perjuicios que su inacción ocasione.

¿Cómo se desarrolla el procedimiento?

a) Debe presentarse una demanda (o una solicitud a la fiscalía para que actúe de oficio) suscrita por un procurador y un abogado en la que se acompañe los certificados médicos del presunto discapacitado, entre otros documentos.

b) El tribunal oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, examinará a este por sí mismo y acordará los dictámenes periciales necesarios.

c) Oirá también a los parientes más próximos.

d) El procedimiento terminará por sentencia que declarará la incapacitación y determinará la extensión y los límites de esta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento, en los supuestos más graves.

e) El tutor o el curador deberá aceptar el cargo y rendir cuentas al tribunal periódicamente.

¿Se puede modificar la sentencia?

Desde luego, siempre que se modifiquen las circunstancias del discapacitado, ya sea para aumentar su grado de incapacidad, con lo que habría que extender los límites de la incapacitación, ya sea incluso para dejarla sin efecto.

 

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CLÁUSULAS SUELO: ¡RECLAME!
Fernando Luna 05-02-2016 | 8:51 | 0

Me escribe otro amable lector para que dedique una entrada a las cláusulas suelo de las hipotecas. En la medida de lo posible daré preferencia en este blog a las sugerencias de los lectores, pues entiendo que es la mejor manera de abordar asuntos de interés; en consecuencia, les animo para sigan aportando ideas.

¿Qué es una cláusula suelo? La mayoría de los préstamos hipotecarios llevan un tipo de interés variable que va referenciado a un índice (el Euribor, mayormente) que irá fluctuando (anualmente, de manera más habitual) en función de las subidas y bajadas de este. La cláusula suelo lo que hace es poner un tope a las bajadas de los tipos de interés, de modo que el hipotecado no puede beneficiarse de la caída del Euribor, que en la actualidad está en mínimos históricos.

¿Cómo puedo saber si mi hipoteca tiene una cláusula suelo? Revisando los pactos (suele ser el tercero) y comprobando si incorpora estos títulos más frecuentes: “límites a la aplicación del interés variable”, “límite de la variabilidad” o “tipo de interés variable”. A continuación de estos epígrafe se estipula que el tipo de interés no podrá ser inferior a un porcentaje que suele oscilar entre 2,5 y 4,5.

¿Son legales? Las distintas resoluciones de los tribunales han sido ciertamente contradictorias hasta que el Tribunal Supremo, allá por mayo de 2013, unificó la doctrina de los órganos judiciales inferiores. Lo que nos viene a decir el Alto Tribunal es que sí son lícitas, pero siempre que se hayan negociado e incorporado a la hipoteca por las entidades financieras con transparencia, circunstancia que no acontece en estos casos:

a) Cuando no haya habido información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.

b) Cuando inserten de forma conjunta con las cláusulas techo (variación del tipo de interés máximo, que suele ser muy alto y, por tanto, inalcanzable en la práctica) como una aparente contraprestación.

c) Cuando no se haya facilitado al consumidor simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.

d) Cuando no haya habido información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad.

e) Cuando se ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.

¿Cómo reclamar?

a) Lo primero es requerir (siempre por escrito y con copia sellada) al propio banco para que la elimine y le devuelva el dinero cobrado de más, es decir, como si no se hubiera pactado la cláusula.

b) Si no responde la entidad financiera, cumplimente una hoja de reclamaciones.

c) Si le rechazan la petición, puede escribir al defensor del cliente, si la entidad dispone de esta figura.

d) En el supuesto de no obtener contestación, con carácter potestativo puede interponer una queja al Banco de España, cuyo informe –ya lo advierto- no es vinculante.

e) También puede cambiar la hipoteca a otra entidad que le ofrezca mejores condiciones, si bien debe tener en cuenta los costes de esta operación (comisiones, tasación de la vivienda, notaría, registro e impuestos).

f) Acudir al juzgado. El recurso a los tribunales debe ser la última instancia por los costes iniciales que lleva aparejados, pero en el caso de ganar el pleito será el banco el que los asuma.

 

 

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Sobre el autor Fernando Luna
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Abogado especialista en derecho civil, mercantil, penal y agrario, así como en mediación familiar judicial y extrajudicial. En este blog pretende explicar con un lenguaje claro la actualidad jurídica y judicial tanto extremeña como nacional e internacional. Puede enviar sus sugerencias a blogdefernandoluna@gmail.com o a través de la siguiente web: www.luna-ferrezuelo.com