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Fecha: abril, 2016
EL DERECHO DE ADMISIÓN
Fernando Luna 23-04-2016 | 3:08 | 0

Es habitual que, al entrar en locales abiertos al público, nos encontremos la presencia de un cartel del siguiente tenor: “RESERVADO EL DERECHO DE ADMISIÓN”. Veamos en qué consiste esta facultad que debe ser respetuosa con los derechos de los consumidores y usuarios.

Al margen de su desarrollo normativo por algunas Comunidades Autónomas, el derecho de admisión está regulado en el art. 59.1, apartado e), del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en los siguientes términos: “El público no podrá […] entrar en el recinto o local sin cumplir los requisitos a los que la Empresa tuviese condicionado el derecho de admisión, a través de su publicidad o mediante carteles, bien visibles, colocados en los lugares de acceso, haciendo constar claramente tales requisitos”.

A nadie escapa que, en ocasiones, se hace un uso irregular o abusivo de este derecho; por tanto, es pertinente preguntarse qué requisitos debe cumplir el empresario para que se ejercite dentro del marco legal.

1.- No puede contravenir el principio de igualdad que consagra el art. 14 de nuestra Constitución; en consecuencia, no puede discriminarse la entrada a personas en función de su sexo, orientación sexual, religiosa o política, o por su raza o nacionalidad o discapacidad, pues además se vulnerarían otros derechos fundamentales, como la dignidad de la persona. Por estos mismos motivos amparados en el derecho de igualdad, no es posible exigir a unas personas el pago de una entrada mientras que a otros usuarios no, pues esta práctica en realidad esconde un uso abusivo de tal derecho.

2.- Las condiciones deben aparecer en el rótulo de la entrada detalladas de manera clara, visible y han de ser objetivas; por consiguiente, la arbitrariedad está proscrita.

3.-  El rótulo –o sus modificaciones- deben estar validados por la Administración competente en materia de espectáculos públicos o consumo, que estará a disposición de los clientes.

En el supuesto de que en un establecimiento se deniegue a alguien la entrada de manera arbitraria deben evitarse discusiones inútiles, pues la mayor de las veces degeneran en enfrentamientos. Lo pertinente es avisar a la Policía Local y solicitar el libro de reclamaciones, para luego, en su caso, ejercitar acciones legales.

Las limitaciones de acceso más comunes y congruentes con la ley pueden ser las siguientes:

1.- A personas con evidentes síntomas de haber consumido en exceso alcohol o drogas.

2.- A personas cuyo comportamiento denote una actitud agresiva o violenta o que porten armas u objetos potencialmente peligrosos.

3.- A personas vestidas con prendas claramente inadecuadas para el espectáculo que se celebre, siempre que tal requisito se explicite expresamente y sea proporcionado, o cuya vestimenta indique actitudes racistas, violentas o contrarias claramente al decoro público.

4.- A personas que no cumplan el requisito de edad mínima.

5.- Cuando se vaya a sobrepasar el límite de aforo permitido, pues el empresario ha de velar por la seguridad del público asistente.

Si en el transcurso de un espectáculo o en un pub de copas o una discoteca se produce algún incidente, lo más aconsejable es mantenerse al margen o, si no es posible, intentar sosegar a las personas implicadas y, en todo caso, llamar a la Policía para que sean ellos los que actúen y adopten las medidas adecuadas.

 

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¿PUEDEN LOS PADRES ACCEDER A LAS NOTAS DE SUS HIJOS?
Fernando Luna 16-04-2016 | 2:11 | 0

A priori, la pregunta puede resultar retórica, de Perogrullo, en el sentido de que la respuesta más natural e intuitiva es que sí. Sin embargo, algunos casos pueden resultar algo más complejos.

Vayamos, como siempre, por partes.

1.- Hijos sometidos a la patria potestad, es decir, menores no emancipados: cualquiera de los progenitores puede acceder a las calificaciones de sus hijos. No en vano, la responsabilidad parental comprende la obligación de velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.

2.- Hijos sometidos a la patria potestad de padres separados o divorciados (o de parejas de hecho): la cuestión se complica, puesto que es práctica habitual de muchos centros escolares el facilitar estos datos solo al progenitor custodio, pero no al otro, amparándose para ello en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. En tales casos, lo oportuno es dirigir un escrito al colegio en el que se acredite la relación de parentesco con el menor.

Antes de cerrar este apartado se imponen dos precisiones: a) ambos progenitores tienen la obligación de comunicarse las cuestiones que afecten al hijo, singularmente las sanitarias y académicas; y b) en las sentencias (en los procedimientos contenciosos) o en los convenios reguladores (en los consensuados), es conveniente que figure que cualquiera de los progenitores puede obtener de los centros médicos o escolares duplicados de los informes sanitarios y calificaciones académicas de los hijos.

3.- Hijos mayores de edad que dependen económicamente de los padres de quienes reciben alimentos (en sentido amplio: lo necesario para su alimento, techo, educación, cuidados sanitarios, etc.): los hijos pueden negarse, pero los progenitores tendrían un interés legítimo en acceder a las calificaciones escolares de sus hijos mayores de edad que prevalecería sobre su derecho a la intimidad y a la protección de datos, si bien habrá que examinar cada caso, actuar con cautela y limitarse solo a las notas.

4.- Hijos mayores de edad que son independientes económicamente y sufragan sus gastos de estudio: el hijo puede oponerse, lo que impediría, con carácter general, el acceso a los datos de las calificaciones por parte de los padres.

 

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EL DEFENSOR JUDICIAL Y EL GUARDADOR DE HECHO
Fernando Luna 10-04-2016 | 10:54 | 0

Me recuerda un lector que en el post publicado hace unas semanas dedicado a la defensa de las personas discapacitadas dejé para una entrada posterior el abordar las figuras del administrador patrimonial, el defensor judicial y el guardador de hecho.

Lo cierto es que se me había ido el santo al cielo; en consecuencia, le agradezco la apreciación que, por lo demás, es muy certera. Bastaría, para completar esta sección, hablar de la autotutela.

1.- Administrador patrimonial: es una figura recogida expresamente en el Código civil catalán, donde se prevé el nombramiento de esta figura cuando el patrimonio del tutelado sea de tanta envergadura que sea necesario separar el contenido personal, que concierne al tutor, del patrimonial, que es responsabilidad del administrador patrimonial. Este último ejerce la tutela conjuntamente con el tutor y siempre con la supervisión del protutor, pero se reserva de forma específica el título de tutor para la persona que tenga a su cargo la persona del tutelado.

2.- Defensor judicial: A diferencia de la tutela y la curatela, lo que caracteriza a esta figura es su temporalidad, estableciéndose para tres únicos supuestos de los cuales el más frecuente es el primero:

a) Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador. En el caso de tutela conjunta ejercida por ambos padres, si el conflicto de intereses existiere solo con uno de ellos, corresponderá al otro por ley, y sin necesidad de especial nombramiento, representar y amparar al menor o incapacitado.

b) En el supuesto de que, por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñare sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo.

c) En todos los demás casos previstos en el Código civil.

Puede ser designado defensor judicial por el juez a quién considere más idóneo para el cargo, atendiendo, entre otras razones, a las causas de conflictos de intereses en que pudieran encontrarse cualquiera de las personas que nuestra legislación prevé para el desempeño del cargo de tutor o curador.

La persona designada tiene obligación de rendir cuentas ante el juez que le designó una vez concluida su gestión con la finalidad de conocer el estado en el que se encuentra en ese momento el incapaz y su patrimonio.

3.- Guardador de hecho: es la persona que desempeña las funciones de velar y proteger a un menor o incapacitado sin haber sido nombrado judicialmente para tales fines. No obstante, si tiene conocimiento de esta circunstancia, la autoridad judicial puede requerirle información y establecer los medios de vigilancia y control oportunos.

A pesar de no estar nombrado por sentencia judicial, los actos realizados por el guardador de hecho, en interés del menor o presunto incapaz, no podrán ser impugnados si redundan en su utilidad. El guardador que, en el ejercicio de su función, sufra daños y perjuicios sin su culpa o negligencia, tiene derecho a su resarcimiento con cargo a los bienes del menor o presunto incapaz si no puede compensarse de otra forma.

 

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Sobre el autor Fernando Luna
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Abogado especialista en derecho civil, mercantil, penal y agrario, así como en mediación familiar judicial y extrajudicial. En este blog pretende explicar con un lenguaje claro la actualidad jurídica y judicial tanto extremeña como nacional e internacional. Puede enviar sus sugerencias a blogdefernandoluna@gmail.com o a través de la siguiente web: www.luna-ferrezuelo.com