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Fecha: febrero, 2017
LA PRISIÓN PREVENTIVA
Fernando Luna 25-02-2017 | 12:38 | 0

Con ocasión de la reciente sentencia y la posterior petición de medidas cautelares en el procedimiento que ha juzgado, entre otros, a Diego Torres, a Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina de Borbón, se han vertido todo tipo de comentarios, en ocasiones infundados, sobre si procedía o no el ingreso en prisión de los ya condenados, si bien sin sentencia firme. En las líneas siguientes intentaré aclarar algunos conceptos.

¿Qué es la prisión provisional? Es una medida cautelar de naturaleza personal consistente en la privación de libertad del investigado, encausado o condenado sin sentencia firme que puede ser adoptada durante la tramitación de un proceso penal con la finalidad de asegurar la presencia de aquel en el proceso, de evitar el peligro de destrucción de pruebas, de evitar el riesgo de actuación contra bienes jurídicos de la víctima o de evitar la reiteración delictiva.

¿Qué modalidades existen?

1.- Prisión incondicional o bajo fianza: es obvio que la primera no es eludible con el pago de una fianza, en tanto que la segunda si, de modo que, consignada la suma establecida por el tribunal, la persona incursa en un procedimiento penal sale de la cárcel, aunque se le pueden establecer otras medidas cautelares: la más conocida es la libertad con obligación de comparecer ante el tribunal competente con la periodicidad que este considere, la retirada del pasaporte, el alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima en los supuestos de violencia de género, etc.

2.- Prisión comunicada, incomunicada y atenuada: la primera es la ordinaria; la segunda únicamente puede adoptarse en los supuestos de (i) necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o (ii) necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal. Por su parte, la atenuada se acordará cuando, por razón de enfermedad del inculpado, el internamiento entrañe grave peligro para su salud.

¿Qué requisitos deben concurrir?

1.- Existencia de uno o varios hechos indiciariamente constitutivos de delito sancionados con pena igual o superior a los dos años de privación de libertad, o con una pena inferior en caso de antecedentes penales no cancelados derivados de condena por delito doloso.

2.- Indicios racionales de criminalidad respecto de la persona frente a la que se dicta el auto de prisión.

3.- Persecución de fines legítimos:

-Asegurar la presencia del investigado o encausado cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.

-Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

-Evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente en los casos de violencia de género.

-Evitación de la reiteración delictiva.

¿Cuál es su duración? En principio, el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción. Pero además se aplican las siguientes reglas temporales:

1.- En casos en que se haya detectado fundadamente riesgo de fuga o de peligro para bienes jurídicos de la víctima, especialmente en casos de violencia doméstica, o en casos de riesgo de reiteración delictiva:

a) Su duración no podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años.

b) No podrá exceder de dos años si la pena privativa de libertad señalada fuere superior a tres años.

2.- Cuando concurran circunstancias que hagan prever que la causa no podrá ser juzgada en esos plazos, el juez o tribunal podrá acordar una sola prórroga:

-De hasta dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años.

-De hasta seis meses si el delito tuviera señalada pena igual o inferior a tres años.

-La prórroga deberá decretarse antes de que expire el plazo inicial, en caso contrario sería nula.

3.- Cuando se haya decretado para evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, su duración no podrá exceder de seis meses.

4.- La concesión de la libertad por el transcurso de los plazos máximos establecidos para la prisión provisional no impedirá que esta se acuerde en el caso de que el investigado o encausado, sin motivo legítimo, dejare de comparecer a cualquier llamamiento del tribunal.

5.- Si el investigado o encausado fuere condenado, y aunque la sentencia no fuere aun firme por haber sido recurrida, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena impuesta.

¿Cuál el procedimiento para su adopción? Se acordará previa audiencia o “vistilla” en la que el Ministerio Fiscal o alguna parte acusadora solicitará que se decrete la prisión provisional y a la que acudirán los investigados, encausados o condenados sin sentencia firme, quienes podrán realizar alegaciones y proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las 72 horas siguientes. El auto debe estar debidamente motivado.

Dada la polvareda que ha causado la decisión de la Audiencia Provincial de Palma respecto del esposo de la Infanta, vale efectuar algunas consideraciones: la primera y fundamental, es que la prisión provisional no es una pena anticipada; la segunda, es que el supuesto actual no concurren ninguno de los fines constitucionalmente legítimos para su adopción: no hay riesgo de fuga (por obvios motivos), evitación de reiteración delictiva o destrucción de pruebas. Hasta aquí la decisión obedece a la lógica y la normalidad judicial. Más chocante le resulta a este letrado la medida referida a la presentación ante los tribunales suizos (donde reside Iñaki Urdangarín) una vez al mes, ya que (i) se le ha prohibido igualmente salir de la Unión Europea y, sin embargo, Suiza no es un país integrante de la UE; y (ii) los tribunales suizos, huelga decir, no tienen jurisdicción es España; más sentido hubiera sido acudir a un tribunal español o, en su caso, a la embajada o consulado español en el país helvético.

 

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¿PUEDO RECLAMAR LOS GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE MI HIPOTECA?
Fernando Luna 05-02-2017 | 3:10 | 0

Es curioso que en fechas recientes haya salido a la luz una posibilidad, la de reclamar los gastos de constitución de la hipoteca, que tiene ya un cierto recorrido desde que el Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 23 de diciembre de 2015, ya estableció que las cláusulas que imponen al hipotecado la asunción de tales gastos son nulas. Quizá en su día pasó desapercibida dicha resolución y ahora ha revivido tras la histórica sentencia de las cláusulas suelo.

En las líneas siguientes iré desgranando algunas claves sobre esta cuestión.

¿Cómo averiguo si tengo esa cláusula en mi hipoteca? En primer lugar, hay que localizar en la escritura de préstamo hipotecario la existencia del pacto que impone al prestatario la obligación de abonar los gastos de constitución; prácticamente (por no decir todas) las escrituras la contienen, pero su alcance varía.

¿Qué gastos puedo reclamar? Como he dicho, depende de la redacción de la cláusula; en principio, pueden pedirse los aranceles notariales y registrales y los impuestos (Actos Jurídicos Documentados), aunque también los gastos de tasación y de gestoría, en el caso de que la estipulación obligue al consumidor a asumirlos.

¿A cuánto ascienden tales gastos? Depende del importe de la hipoteca; para un préstamo de 150.000 euros, los gastos rondan los 3.000 euros.

¿Qué documentación necesito? Normalmente, cuando se suscribe un préstamo hipotecario el consumidor abona una provisión de fondos al banco o a la gestoría, que posteriormente hará la liquidación definitiva aportando las distintas facturas y documentos acreditativos de los pagos realizados. Esa documentación es la que hay que aportar.

¿Cómo reclamar? Como siempre, recomiendo la solución extrajudicial, con lo que en este caso deberá presentarse un requerimiento a la entidad financiera, acompañando los documentos acreditativos del pago cuya devolución se solicita, en el que se le concede un plazo para el pago. De no atenderse el requerimiento, ha de acudirse a la vía judicial. Es importante quedarse con copia sellada de la reclamación al banco.

¿Qué plazo hay para solicitar la restitución de las cantidades pagadas?

Para aquéllas hipotecas que se encuentran todavía vigentes, el plazo es el de cuatro años a contar desde el día siguiente a la fecha de la Sentencia del Tribunal Supremo, es decir, dicho plazo finalizará el 24 de diciembre de 2019; y para los préstamos hipotecarios que hayan sido totalmente satisfechos, se podrá proceder a la reclamación si su total pago se hizo dentro del plazo de los 4 años anteriores al 23 de diciembre de 2015.

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Sobre el autor Fernando Luna
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Abogado especialista en derecho civil, mercantil, penal y agrario, así como en mediación familiar judicial y extrajudicial. En este blog pretende explicar con un lenguaje claro la actualidad jurídica y judicial tanto extremeña como nacional e internacional. Puede enviar sus sugerencias a blogdefernandoluna@gmail.com o a través de la siguiente web: www.luna-ferrezuelo.com