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Fecha: julio, 2018
¿ES EL REY EMÉRITO INVIOLABLE O ESTÁ SUJETO A RESPONSABILIDAD?
Fernando Luna 13-07-2018 | 1:08 | 0

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Tras la aparición en ciertos medios de comunicación de cintas de audio en las que ciertamente D. Juan Carlos queda comprometido por actuaciones que, de confirmarse, pudieran ser presuntamente constitutivas de infracción penal (delito fiscal y blanqueo de capitales), surge una cuestión relevante, tal es si el Rey emérito es inviolable, es decir, si está sometido a responsabilidad.

A este respecto, el 56.3 de la Constitución española dispone que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Al igual que en otros países de nuestro entorno, el Jefe del Estado, que en nuestro caso es Felipe VI, en el ejercicio de sus funciones, carece de responsabilidad; por tanto, no está sometido a la jurisdicción de nuestros tribunales.

Sobre este particular, surgen algunas incógnitas que es preciso despejar.

¿Alcanza la inviolabilidad al Rey emérito? La respuesta es negativa, con lo que el poder judicial puede actuar contra él, tanto penal como civilmente. Y es que la abdicación conlleva el cese en la Jefatura del Estado y, con ella, la renuncia a estas prerrogativas. De hecho, debemos recordar que en 2015 se interpuso contra D. Juan Carlos una demanda de paternidad que, finalmente, fue archiva por el Tribunal Supremo, ya que la petición no presentaba el principio de prueba que la norma exige para su admisión.

¿Se puede juzgar al Rey emérito por los hechos anteriores a su abdicación? Esta pregunta es de difícil resolución. Una vez que D. Juan Carlos abdicó, se aprobó la Ley Orgánica 4/2014 en cuya exposición de motivos se recoge lo siguiente: “Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey y la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad. Por el contrario, los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional”. La expresión “cualquiera que fuere su naturaleza” parece descartar todo tipo de actos, esto es, tanto los privados como los que, en el ejercicio de su funciones de Jefe de Estado, son refrendados por el Poder Ejecutivo.

Así las cosas, es evidente que existe una abierta contradicción entre la exposición de motivos transcrita –que en modo alguno tiene valor normativo, aunque sí interpretativo- y el apartado 3, in fine, del art. 56.3 de la CE, según el cual “Sus actos [que realiza en el ejercicio de su cargo] estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.”; es decir, que nuestra CE se refiere solo a los actos realizados en el desempeño de sus funciones.

En definitiva, y salvo más autorizada opinión, considero que debe prevalecer la norma constitucional, que es de mayor rango normativo, y, por consiguiente, puede ser enjuiciado por los actos privados efectuados durante su reinado una vez que no ostenta la Jefatura del Estado quedando sujeto al control de los tribunales, pero no así por los realizados en el legítimo ejercicio de sus funciones y oportunamente refrendados.

¿Está aforado el Rey emérito? Ante la circunstancia excepcional en nuestra democracia de la abdicación de D. Juan Carlos, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante la Ley Orgánica 4/2014 (antes citada) para que las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo conozcan de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales “dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.” Por tanto, en el supuesto de que se ventilen posibles responsabilidades judiciales previo ejercicio de acciones legales oportunas, gozaría de aforamiento ante el Tribunal Supremo.

 

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LA EUROORDEN DE DETENCIÓN Y ENTREGA DE FUGITIVOS
Fernando Luna 12-07-2018 | 8:45 | 0

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La reciente decisión de un tribunal alemán (de nombre impronunciable) de entregar a Puigdemont a España solo por la presunta comisión de un delito de malversación y no por un delito de rebelión, pone de nuevo sobre tapete de la actualidad el mecanismo de la euroorden que se aplica desde el 1 de enero de 2004 en estos Estados miembros: España, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Irlanda, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Austria, Chipre, Hungría, Eslovenia, Polonia, Lituania, Países Bajos, Malta, Letonia, Estonia, Grecia, Eslovaquia, Alemania, República Checa e Italia.

Pero vayamos por partes.

¿Qué es la euroorden? La orden europea de detención y entrega es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea cuya finalidad es la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para su enjuiciamiento o la cumplimiento de una condena.

¿Qué ventajas tiene la orden europea de detención y entrega? Según se destaca desde el Ministerio de Justicia, la euroorden tiene estas virtudes:

1.- Sustituye el procedimiento de extradición por un sistema ágil de entrega de personas reclamada.

2.- Establece la cooperación directa entre autoridades judiciales.

3.- Simplifica los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único, sencillo y breve.

4.- Dispone plazos muy breves para la adopción de la decisión sobre la entrega y la entrega efectiva del reclamado.

5.- Incluye mecanismos que permiten la agilización de la cooperación judicial y la acción de la justicia, como la entrega temporal.

6.- Reduce los motivos de denegación de la ejecución.

7.- Suprime el principio de doble incriminación cuando se trate de delitos para los que la ley penal española prevea una pena o medida de seguridad privativas de libertad máxima igual o superior a tres años, y en supuestos de delitos que puedan integrarse de determinadas categorías delictivas, como por ejemplo el terrorismo, la corrupción, trata de seres humanos, tráfico ilícito de órganos, violación, pertenencia a organización delictiva, etc.

¿Qué es la doble incriminación? El significado de este principio consiste en que el hecho sea delictivo y con una determinada penalidad en las legislaciones penales del Estado requirente y del Estado requerido, pero sin que ello suponga una identidad de las normas penales de ambos Estados; es decir, que el principio en cuestión no exige una misma denominación del delito en ambas legislaciones ni tampoco que las normas penales respectivas sean idénticas.

¿Los delitos por los que se reclama la detención y entrega de Puigdemont están incluidos en los previstos en la euroorden para evitar la doble incriminación? Lo cierto que es la euroorden no impide la aplicación del todo del principio de doble incriminación por motivos que no es preciso exponer ahora. Pero, contestando la pregunta, la malversación puede incardinarse dentro del delito de corrupción, que sí está incluida en las categorías delictivas antes citadas, en tanto que el delito de rebelión no lo está.

¿Por qué motivos ha rechazado el tribunal alemán la entrega de Puigdemont por rebelión? El equivalente en Alemania del delito de rebelión español es el de alta traición. Lo que une a ambos delitos es que para realizar la conducta delictiva debe concurrir violencia o amenaza de violencia. Sin embargo, el tribunal alemán ya consideró en su día y ahora reitera para fundamentar su negativa a proseguir el procedimiento por rebelión que no concurre la violencia necesaria exigida por el delito alemán homólogo de alta traición, al tiempo que socava la confianza entre Estados democráticos.

¿Es correcta la decisión del tribunal alemán? Desde el máximo respeto a la independencia judicial, a mi juicio, compartido por muchos juristas, el tribunal alemán se ha extralimitado en sus funciones, toda vez que está entrando en una cuestión de fondo –la existencia de violencia suficiente- que corresponde enjuiciar a los órganos judiciales españoles,
En fin, lo que pone de relieve todo este espinoso asunto de los fugados del antiguo Govern es que aún queda mucho trecho por recorrer para que exista una auténtica y eficaz cooperación en materia judicial entre los países integrantes de la Unión Europea.

 

 

 

 

 

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OTRA VUELTA DE TUERCA A LA PLUSVALÍA MUNICIPAL
Fernando Luna 10-07-2018 | 5:02 | 0

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El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido por todos como Plusvalía municipal) ha sufrido algunas importantes novedades a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 9 de julio de 2018. La buena noticia es que aporta cierta seguridad jurídica ante las opiniones dispares de los distintos tribunales, de modo que unifica algunos criterios. ¿Pero favorece al contribuyente? Dejaré esto para más adelante.

Por de pronto conviene hacer memoria. En este sentido, vale recordar que el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia fechada el día 11 de mayo de 2017 declaró la inconstitucional de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en los casos en los que “se someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor” [de los inmuebles objeto de transmisión], al ser contrarios al principio de capacidad económica que previene el art. 31.1 de nuestra Constitución.

Es importante esta coletilla transcrita y subrayada porque el TS aclara la TC en la línea de que el tributo debe aplicarse únicamente en los supuestos de que se haya generado una plusvalía real, pero no en los demás casos en los que haya habido pérdidas; es decir, que las normas no están expulsadas del ordenamiento jurídico (salvo el art. 110.4, ya que impedía aportar pruebas para acreditar que no hubo aumento del valor).

Abordaré seguidamente algunos efectos prácticos de esta importante resolución judicial:

1.- Corresponde al obligado tributario probar que no ha obtenido un incremento del valor a consecuencia de la transmisión del inmueble. O sea, que la carga de la prueba recae sobre el ciudadano.

2.- Para acreditar tal extremo se exige un principio de prueba que al menos indiciariamente permita constatarla. ¿Es válido a estos fines aportar las escritura de adquisición y transmisión del inmueble? Indudablemente, y así lo manifiesta el propio TS.

3.- Cuando el obligado al abono del tributo advere el hecho anterior, corresponderá a la administración demostrar que esto no es así y que, en efecto, existe un incremento de valor, como por ejemplo elaborando un informe pericial.

4.- ¿Conviene presentar un informe pericial con la reclamación? En mi opinión, sí, puesto que con ello se refuerza el principio de prueba al que he aludido antes.

5.- ¿Debe el obligado al pago de impuesto pagar y luego reclamar? Considero que es lo más aconsejable, pues de lo contrario el contribuyente se puede ver compelido al pago de intereses, recargos y sanciones.

Para terminar retomo la pregunta que hacía al principio de este post sobre la bondad de la sentencia para los obligados al pago de la Plusvalía. Ya adelanto que esta resolución no es una buena noticia para todos ellos.

Ciertamente, desde la perspectiva técnico-jurídica, la STS deja muchas lagunas que no deben ser objeto de análisis en un blog divulgativo, pero que a buen seguro serán aprovechadas por la administración en perjuicio de los contribuyentes; a título ejemplificativo, qué sucede cuando ha habido una ganancia mínima muy inferior a la cuota tributaria. Espero que esta cuestión se corrija con pronunciamientos posteriores en los que se cuestione la manera en que la administración calcula el valor catastral del inmueble -que es la base del impuesto- y su fórmula matemática con objeto de reequilibrar la autotutela administrativa con los derechos de los ciudadanos.

 

 

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Sobre el autor Fernando Luna
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Abogado especialista en derecho civil, mercantil, penal y agrario, así como en mediación familiar judicial y extrajudicial. En este blog pretende explicar con un lenguaje claro la actualidad jurídica y judicial tanto extremeña como nacional e internacional. Puede enviar sus sugerencias a blogdefernandoluna@gmail.com o a través de la siguiente web: www.luna-ferrezuelo.com