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Autor: fernandolunafernandez_222
¿PUEDEN LOS PADRES ACCEDER A LAS NOTAS DE SUS HIJOS?
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Fernando Luna | 16-04-2016 | 2:11| 0

A priori, la pregunta puede resultar retórica, de Perogrullo, en el sentido de que la respuesta más natural e intuitiva es que sí. Sin embargo, algunos casos pueden resultar algo más complejos.

Vayamos, como siempre, por partes.

1.- Hijos sometidos a la patria potestad, es decir, menores no emancipados: cualquiera de los progenitores puede acceder a las calificaciones de sus hijos. No en vano, la responsabilidad parental comprende la obligación de velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.

2.- Hijos sometidos a la patria potestad de padres separados o divorciados (o de parejas de hecho): la cuestión se complica, puesto que es práctica habitual de muchos centros escolares el facilitar estos datos solo al progenitor custodio, pero no al otro, amparándose para ello en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. En tales casos, lo oportuno es dirigir un escrito al colegio en el que se acredite la relación de parentesco con el menor.

Antes de cerrar este apartado se imponen dos precisiones: a) ambos progenitores tienen la obligación de comunicarse las cuestiones que afecten al hijo, singularmente las sanitarias y académicas; y b) en las sentencias (en los procedimientos contenciosos) o en los convenios reguladores (en los consensuados), es conveniente que figure que cualquiera de los progenitores puede obtener de los centros médicos o escolares duplicados de los informes sanitarios y calificaciones académicas de los hijos.

3.- Hijos mayores de edad que dependen económicamente de los padres de quienes reciben alimentos (en sentido amplio: lo necesario para su alimento, techo, educación, cuidados sanitarios, etc.): los hijos pueden negarse, pero los progenitores tendrían un interés legítimo en acceder a las calificaciones escolares de sus hijos mayores de edad que prevalecería sobre su derecho a la intimidad y a la protección de datos, si bien habrá que examinar cada caso, actuar con cautela y limitarse solo a las notas.

4.- Hijos mayores de edad que son independientes económicamente y sufragan sus gastos de estudio: el hijo puede oponerse, lo que impediría, con carácter general, el acceso a los datos de las calificaciones por parte de los padres.

 

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EL DEFENSOR JUDICIAL Y EL GUARDADOR DE HECHO
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Fernando Luna | 10-04-2016 | 10:54| 0

Me recuerda un lector que en el post publicado hace unas semanas dedicado a la defensa de las personas discapacitadas dejé para una entrada posterior el abordar las figuras del administrador patrimonial, el defensor judicial y el guardador de hecho.

Lo cierto es que se me había ido el santo al cielo; en consecuencia, le agradezco la apreciación que, por lo demás, es muy certera. Bastaría, para completar esta sección, hablar de la autotutela.

1.- Administrador patrimonial: es una figura recogida expresamente en el Código civil catalán, donde se prevé el nombramiento de esta figura cuando el patrimonio del tutelado sea de tanta envergadura que sea necesario separar el contenido personal, que concierne al tutor, del patrimonial, que es responsabilidad del administrador patrimonial. Este último ejerce la tutela conjuntamente con el tutor y siempre con la supervisión del protutor, pero se reserva de forma específica el título de tutor para la persona que tenga a su cargo la persona del tutelado.

2.- Defensor judicial: A diferencia de la tutela y la curatela, lo que caracteriza a esta figura es su temporalidad, estableciéndose para tres únicos supuestos de los cuales el más frecuente es el primero:

a) Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador. En el caso de tutela conjunta ejercida por ambos padres, si el conflicto de intereses existiere solo con uno de ellos, corresponderá al otro por ley, y sin necesidad de especial nombramiento, representar y amparar al menor o incapacitado.

b) En el supuesto de que, por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñare sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo.

c) En todos los demás casos previstos en el Código civil.

Puede ser designado defensor judicial por el juez a quién considere más idóneo para el cargo, atendiendo, entre otras razones, a las causas de conflictos de intereses en que pudieran encontrarse cualquiera de las personas que nuestra legislación prevé para el desempeño del cargo de tutor o curador.

La persona designada tiene obligación de rendir cuentas ante el juez que le designó una vez concluida su gestión con la finalidad de conocer el estado en el que se encuentra en ese momento el incapaz y su patrimonio.

3.- Guardador de hecho: es la persona que desempeña las funciones de velar y proteger a un menor o incapacitado sin haber sido nombrado judicialmente para tales fines. No obstante, si tiene conocimiento de esta circunstancia, la autoridad judicial puede requerirle información y establecer los medios de vigilancia y control oportunos.

A pesar de no estar nombrado por sentencia judicial, los actos realizados por el guardador de hecho, en interés del menor o presunto incapaz, no podrán ser impugnados si redundan en su utilidad. El guardador que, en el ejercicio de su función, sufra daños y perjuicios sin su culpa o negligencia, tiene derecho a su resarcimiento con cargo a los bienes del menor o presunto incapaz si no puede compensarse de otra forma.

 

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EL USO DE WHATSAPP Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PRUEBA EN JUICIO
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Fernando Luna | 19-03-2016 | 11:30| 0

En el post anterior comenté algunos usos ilegales que de ordinario se da a los medios de mensajería instantánea; en este abordaré si algunos medios de comunicación electrónica –entre ellos, Whatsapp- son válidos como medios probatorios ante los tribunales.

1.- Conversaciones de Whatsapp: es habitual que los clientes nos traigan a los abogados impresas las conversaciones de este medio de mensajería para que se aporten en los diferentes procedimientos (matrimoniales y penales, principalmente). Ante la proliferación de estos medios de prueba es forzoso actuar con cautela, pues las conversaciones escritas son fácilmente manipulables.

Mi consejo es que la parte que quiere aportarlos acuda al juzgado con la conversación impresa y el móvil para el Letrado de la Administración de Justicia levante un acta en el que dé fe de que el documento se corresponde con el contenido del móvil. Si con todo es impugnada por la otra parte alegando motivos concretos y no de forma genérica, deberá ser objeto de pericial informática o electrónica.

2.- Correos electrónicos: lo correcto es acudir a una empresa especializada para que certifique el envío, el contenido completo y el acuse de recibo de todos los correos electrónicos. Si es posible debe usarse la firma electrónica y señalar el ordenador y el servidor desde el que se han enviado o recibido.

3.- Grabaciones de voz: es común la doctrina de los Tribunales que señala que son válidas las grabaciones aunque el interlocutor desconozca que está siendo grabado, siempre que su contenido tenga relación con el proceso y no afecte a su intimidad. Naturalmente, esta grabación debe afectar a los que son parte en un procedimiento judicial, puesto que la aportación de la realizada a un tercero puede constituir un delito de revelación de secretos. En relación con su correcta aportación, es válido lo dicho en relación con las conversaciones de Whatsapp.

4.- Grabaciones de imágenes: Las grabaciones de vídeo son también prueba válida, siempre que no atenten contra la intimidad. Por ejemplo, serían ilegales las realizadas en el interior de domicilios o en los lugares públicos donde existe una expectativa de privacidad: vestuarios, aseos, probadores, etc. Es importante aportarlas al juzgado íntegramente, a la mayor brevedad posible y en el soporte original.

5.- Redes sociales: en general es válido lo dicho hasta ahora; en consecuencia y resumiendo: no valen los típicos pantallazos y, ante la impugnación de la autenticidad cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria, con lo que será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y la integridad de su contenido

En fin, es un asunto delicado y, por lo mismo, reitero que los abogados debemos actuar con exquisita cautela y respetando en su aportación las garantías de autenticidad y los derechos fundamentales de los afectados, tales como la intimidad, a su propia imagen, el honor y el secreto de las comunicaciones.

 

 

 

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USOS ILEGALES DE WHATSAPP
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Fernando Luna | 12-03-2016 | 3:07| 0

 

La proliferación de los smartphones ha corrido paralela al uso de aplicaciones de mensajería instantánea y, entre ellas, destaca como la más popular whatsApp, que no en vano tiene más de 500 millones de usuarios (cifra que varía según la fuente). Estos datos son, sin duda, atractivos para ciertos colectivos que la usan de manera ilegal, si bien por la brevedad de este blog solo me detendré en algunos aspectos.

Hemos de partir de que las condiciones de uso de la aplicación permiten únicamente el uso personal: “Subject to your compliance with these Terms of Service, WhatsApp hereby grants you permission to use the Service (…) solely for your personal use”.

Y en segundo lugar no debe olvidarse que se trata de una aplicación que ha sido desaconsejada por autoridades de distintos países por sus deficiencias en seguridad.

Estos motivos no han sido suficientes para impedir la potenciación de su uso y, por ello, es necesario recordar las obligaciones que imponen tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE).

1.- Uso comercial con finalidad de marketing y publicidad

Como ya hemos avanzado, la aplicación subraya que es uso personal; por tanto, puede ser bloqueada por su titular (WhatsApp, Inc) si se percata de que se emplea para enviar notificaciones masivas de contenido publicitario que implican una utilidad empresarial.

a) De acuerdo con la LOPD, supone la creación y obligación de inscribir a día de hoy un fichero ante la Agencia de Protección de Datos, ya que se emplea la agenda de contactos del dispositivo móvil para el envío de las comunicaciones, y de informar al destinatario de la existencia del fichero en los términos de la Ley.

b) En segundo lugar, se requiere el consentimiento expreso del afectado para el tratamiento de sus datos identificativos y de teléfono móvil (se entiende por afectada la persona que recibe la publicidad) a menos que haya existido una relación contractual anterior y sus datos se hubieran obtenido de forma legal y la publicidad guarde relación.

c) Su uso puede suponer una transferencia de datos a Estados Unidos, sede de WhatsApp, Inc. y en consecuencia precisa de la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos a menos que se cuente con el consentimiento expreso del afectado para esta transferencia de datos, y entretanto se plasman los acuerdos sobre transferencia de datos entre la UE y US (EU-US Privacy Shield)

d) Según la dispuesto en la LSSICE, cada notificación debe ir acompañada de un medio fácil para revocar el consentimiento inicialmente prestado, del mismo modo que en la publicidad realizada por email.

e) Incluso puede considerarse un modo de realizar publicidad agresiva, contraria a las leyes de competencia.

f) Pueden ser sancionados no solo empresas sino cualquier persona física que emplee su lista de contactos para realizar notificaciones con finalidad publicitaria.

2.- Uso electoral

En las últimas campañas electorales, diferentes formaciones políticas han difundido sus propuestas programáticas o han puesto a disposición de los ciudadanos un número de teléfono para que los votantes envíen sugerencias. Pues bien: damos por reproducido lo arriba expuesto para las comunicaciones comerciales y, en caso de no contar con el consentimiento expreso del afectado para tratamiento de datos y transferencia internacional junto con la posibilidad de revocar el consentimiento de forma fácil y expresada en cada notificación, este uso es claramente ilegal puesto que vulnera la LOPD por incumplimiento del deber de información, tratamiento inconsentido de datos y cesión ilícita, y también la LSSICE.

Con ello, la multa puede ser bastante sustanciosa. Solo el tratamiento inconsentido de datos lleva aparejada sanción de entre 40.000 y 300.000 euros.

3.- Uso en la comunicación abogado-cliente

Además de lo expuesto, en este punto desaconsejamos el uso del Whatsapp por  cuanto supone un riesgo para la confidencialidad en las relaciones abogado-cliente.

Por diferentes organismos se ha puesto de manifiesto las deficiencias en el tratamiento de los datos que efectúa WhatsApp; consecuentemente, puede derivarse la responsabilidad del profesional al utilizar la aplicación como herramienta de trabajo, toda vez que el abogado        –también otros colectivos, desde luego- es responsable del tratamiento de los datos de sus clientes, y esto incluye la elección del medio por el cual se comunica con ellos.

Para otra entrada dejaremos la legalidad de las conversaciones mantenidas en esta aplicación como medio de prueba ante los tribunales.

 

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EL ACOSO ESCOLAR
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Fernando Luna | 20-02-2016 | 2:31| 0

Últimamente se vienen publicando noticias preocupantes sobre el acoso escolar en España. En el presente post abordaré qué se considera acoso escolar o bullying y qué medidas legales caben para proteger a los menores.

¿Qué es el acoso escolar?

Es el maltrato verbal, físico o psicológico en sus múltiples variables habida entre escolares, siempre que se den los requisitos de continuidad en los actos, intención de dañar y desequilibrio en la relación entre el acosador (o acosadores) y el alumno acosado, pues generalmente se persigue la dominación o la extorsión. No se considera tal una riña en el patio del colegio.

¿Qué tipos de acoso escolar son más frecuentes?

El bullying presenta múltiples variables en su realización, tanto activas como pasivas, que cabe resumir sin ánimo exhaustivo en las siguientes:

a) Social: indiferencia, aislamiento y exclusión de las actividades o juegos.

b) Físico: agresiones tales como patadas, empujones, colegas o daños en el material escolar o sustracción de objetos.

c) Verbal: insultos, vejaciones, motes ofensivos, publicaciones a través de redes sociales (cyber bullying), falsos rumores.

d) Psicológico: amenazas, coacciones, intimidaciones que provoquen miedo o a la realización de conductas no queridas por la víctima o la prohibición de otras.

¿Cómo detectar un caso de acoso escolar?

La conducta que guardan los alumnos en el centro educativo es muy significativa, sobre todo en los casos de aislamiento, y va acompañada normalmente de un descenso acusado en el rendimiento escolar. En casa, los padres conocemos el carácter de nuestros hijos: si estos presentan tristeza, dolores, miedos inexplicables, simulación de enfermedades, hematomas a los que no se da una justificación racional, en definitiva, cambios de conducta, es posible que nos hallemos ante un supuesto de acoso.

¿Cómo actuar?

Ciertamente, lo primero es la labor preventiva, tanto en casa como en el colegio: a los menores hay que educarlos con valores que garanticen el respeto hacia los demás y que no resulta gracioso burlase de otros compañeros. En los centros existen protocolos de detección de bullying e incluso en algunos se está implantando la mediación escolar, herramienta sin duda útil para dotar de habilidades a los niños para solucionar pacíficamente los conflictos o prevenirlos.

El principal problema en punto a la detección es la propia víctima, que de ordinario le resta importancia, se siente culpable o guarda silencio para que no se le consideren un chivato.

Si el menor es capaz de abrirse y contar claramente la problemática, los padres deben dirigirse la escuela –incluso por escrito- a fin de que adopten las cautelas precisas para que evitar que las conductas se reiteren y el centro haga uso de su potestad disciplinaria. En los casos más graves, la ley ampara el cambio de centro educativo.

¿Qué respuestas legales existen?

Como siempre insisto en este blog, acudir a los tribunales debe ser siempre la última instancia y solo para los casos de mayor gravedad; no obstante, cabe actuar en estas vías:

a) Penal: los hechos pueden ser constitutivos de vejaciones, injurias, calumnias, lesiones (físicas y psíquicas), acoso, amenazas y, en los casos más violentos, homicidios o inducción al suicidio. Los menores de 14 años son inimputables, con lo que solo cabe dirigirse contra los padres o tutores y/o el centro escolar; a los escolares con edades comprendidas entre los 14 y menores de 18 años se les aplica el Código Penal del Menor; y a los mayores de 18 años, el Código Penal.

b) Civil: se busca el resarcimiento de daños y perjuicios físicos (lesiones), morales (quebranto psicológico) y materiales (por ejemplo, el tratamiento médico o los gastos ocasionados con motivo del cambio de colegio). Si los causantes son menores, la demanda debe dirigirse contra los progenitores o tutores y también contra los profesores o el centro privado, siempre que concurra culpa o negligencia. La acción civil se ejerce conjuntamente con la penal o en un procedimiento diferenciado.

c) Administrativa: en el supuesto de colegios públicos se reclama por responsabilidad patrimonial de la Administración, que debe velar por el adecuado funcionamiento de los servicios públicos.

 

 

 

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Sobre el autor Fernando Luna
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Abogado especialista en derecho civil, mercantil, penal y agrario, así como en mediación familiar judicial y extrajudicial. En este blog pretende explicar con un lenguaje claro la actualidad jurídica y judicial tanto extremeña como nacional e internacional. Puede enviar sus sugerencias a blogdefernandoluna@gmail.com o a través de la siguiente web: www.luna-ferrezuelo.com