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Autor: fernandolunafernandez_222
NUEVA PAREJA Y USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR
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Fernando Luna | 25-11-2018 | 6:43| 0

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Ante el revuelo producido, que algunos juristas han calificado de revolución en el derecho de familia, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) fechada el día 20 de noviembre de 2018 –publicada el día 23-, se impone realizar unas cuantas precisiones tendentes a aclarar conceptos, no sin antes advertir que, de ordinario, el uso de la vivienda familiar es una de las cuestiones que más problemas suscita en los procesos matrimoniales, pues el obligado a desocupar el inmueble debe abonar la pensión de alimentos, la hipoteca, el IBI y sus propias necesidades de vivienda, normalmente un alquiler, quedando, pues, en muchas ocasiones, en una situación económica precaria.

¿Qué es la vivienda familiar? Aquella en la que los cónyuges cumplen la obligación legal de vivir juntos, junto con sus hijos, si los hubiere, con una voluntad de permanencia.

¿Qué es el uso de la vivienda familiar? La naturaleza jurídica del derecho de uso sobre la vivienda familiar es de orden puramente familiar y no tiene el carácter de patrimonial; sin embargo, este derecho de uso puede inscribirse en el Registro de la Propiedad (hecho bastante aconsejable).

¿A quién corresponde el uso de la vivienda familiar? Nuestro Código Civil establece que, en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario se realizará conforme a las siguientes reglas:

1.- Cuando existan hijos menores, corresponderá a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. Por tanto, la atribución de la vivienda familiar corresponde a los hijos menores, en tanto no alcancen la mayoría de edad, y al excónyuge o pareja de hecho que con ellos quede.

2.- Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente en función de las circunstancias familiares, procurando, obviamente, proteger el interés de los hijos.

3.- No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que atendidas las circunstancias lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección.

¿Qué han resuelto los tribunales cuando al progenitor al que se atribuye el uso comienza una relación con un tercero que pasa a habitar la vivienda familiar? Lo cierto es que ha habido diversidad de posiciones en los tribunales que son susceptibles de reducirse a tres:

1.- Carece de trascendencia, puesto que se antepone el interés primordial de los menores y la necesidad de la vivienda de los niños no decae por la convivencia de una tercera persona.

2.- Se aminora la pensión por alimentos del progenitor no custodio, pues se considera que el tercero ocupante debe asumir una parte de los consumos normales de la vivienda (suministros y comunidad de propietarios) y que el padre o madre no custodio no debe subvenir.

3.- Se extingue el derecho de uso de la vivienda familiar, si bien este ha sido el criterio minoritario hasta la fecha.

¿Qué doctrina establece la sentencia del TS? Son varias las consideraciones que se extraen -casi textualmente- de esta importante sentencia:

1.- El derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancias que concurren en cada caso. Se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar. La vivienda sobre la que se establece el uso no es otra que aquella en que la familia haya convivido como tal, con una voluntad de permanencia.

2.- En supuesto examinado, razona que este carácter de familiar ha desaparecido, no porque el progenitor custodio e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del matrimonio. La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza “por servir en su uso a una familia distinta y diferente”.

3.- La medida no priva a los menores de su derecho a una vivienda, ni cambia la custodia, pero no es posible mantenerlos en el uso de un inmueble que no tiene el carácter de domicilio familiar, puesto que dejó de servir a los fines que determinaron la atribución del uso en el momento de la ruptura matrimonial, más allá del tiempo necesario para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre ambos progenitores.

4.- El interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando es posible conciliarlos. El interés en abstracto o simplemente especulativo no es suficiente y la misma decisión adoptada en su día por los progenitores para poner fin al matrimonio, la deben tener ahora para actuar en beneficio e interés de sus hijos respecto de la vivienda, una vez que se ha extinguido la medida inicial de uso, y que en el caso se ve favorecida por el carácter ganancial del inmueble y por la posibilidad real de poder seguir ocupándolo si el progenitor custodio adquiere la mitad o se produce su venta y adquiere otra vivienda.

¿Qué efectos prácticos tiene la sentencia? Es evidente que con la cesación del derecho de uso que, como he indicado, es inscribible en el Registro de la Propiedad, se facilita la liquidación de la sociedad consorcial –para el caso de que el matrimonio estuviera en régimen de gananciales, que es el más común- o el proindiviso (para el régimen de separación de bienes o parejas de hecho y se haya adquirido por ambos), pues ya no pesaría la carga de ese derecho de uso sobre un hipotético tercer adquirente, en el supuesto de que alguno de los progenitores no se adjudicara el inmueble, se vendiera o saliera a pública subasta.

 

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¿QUÉ ES EL DELITO DE SEDICIÓN?
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Fernando Luna | 03-11-2018 | 3:45| 0

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En el día de ayer, la abogacía del Estado presentó su escrito de acusación contra los líderes del “procés” en el que calificaba los hechos como constitutivos de un delito de sedición, en tanto que la fiscalía se decantaba por la presunta comisión de uno de rebelión. Como quiera que al delito de rebelión ya le dediqué otra entrada, intentaré aclarar ahora en qué consiste la sedición.

Según el artículo 544 del Código Penal “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

¿Cuáles son los requisitos del delito? Por un lado, hace falta un alzamiento, es decir, una insurrección, sublevación o levantamiento que, además, ha de ser público, debiendo entenderse por tal el que se realiza de modo abierto, exteriorizado, perceptible, patente, manifiesto, y tumultuario, lo que equivale a gregario, caótico, anárquico, y desordenado, aunque nada impediría que de ser organizado y ordenado también se aplicará el delito analizado. Asimismo, es necesarios el empleo de fuerza contra las cosas o las personas mediante el uso de vías no legales.

¿Quién lo comete? Ha de ser necesariamente un grupo de personas, aunque se responda criminalmente a título individual, pues así se deduce el adverbio “tumultuariamente”.

¿Contra quién se perpetra? Solo contra las autoridades, corporaciones oficiales o funcionarios públicos.

¿Cuál es la finalidad de los sediciosos? Los resultados que persigue la acción pueden ser distintos, como por ejemplo impedir la aplicación de las leyes o impedir el ejercicio legítimo de sus funciones o el cumplimiento de los acuerdos que adopten a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, así como también sus resoluciones administrativas o judiciales. No obstante, es un delito de mera actividad, con lo que no es preciso que se produzca ningún resultado concreto.

¿Qué penas lleva aparejadas? Este delito prevé penas de prisión de ocho a 10 años de cárcel para las personas que indujeron o dirigieron la sedición, o aparecieron en ella como autores, y de hasta 15 años si fueran personas revestidas con autoridad pública.

 

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¿PUEDO CAMBIAR DE NOMBRE?
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Fernando Luna | 27-10-2018 | 1:07| 0

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En el caso de nombres hay libertad de elección, con lo que casi todos los nombres son hoy posibles. Solamente serán rechazados aquellos nombres que infrinjan algunas de las prohibiciones establecidas en la legislación.

LOLA, Concha, Pepe o Manolo han dejado de ser únicamente apelativos familiares para convertirse en nombres propios que se inscriben como tales en el Registro Civil, según informa el Ministerio de Justicia. Pero iré por partes.

¿Cuáles son las limitaciones en la elección de nombres?

1.- No pueden imponerse más de dos nombres simples o de uno compuesto. En este caso, los dos nombres se unirán por medio de un guión.

2.- El nombre no puede perjudicar objetivamente a la persona. Por ello se excluyen los que resulten por si o en combinación con los apellidos, deshonrosos, humillantes, denigrantes, etc.

3.- No se admiten los que hagan confusa la identificación (por ejemplo, un apellido convertido en nombre), ni los induzcan en su conjunto a error sobre el sexo.

4.- No se puede atribuir a un hermano el nombre de otro hermano vivo.

¿En qué consiste el cambio de nombre?

Consiste, en esencia, en la segregación de palabras, supresión de artículos o partículas, traducción o adaptación gráfica o fonética y en sustitución, anteposición o agregación de otro nombre.

¿Cuándo se permite cambiar el nombre propio?

Solo es posible en los siguientes supuestos:

1.- Cuando lo solicite el interesado por usar habitualmente un nombre distinto del que consta en la inscripción de nacimiento, circunstancia que tendrá que acreditar cumplidamente, o por otra justa causa.

2.- Cuando el nombre se hubiese impuesto con infracción de las normas establecidas o las limitaciones antes expuestas.

3.- Cuando se trate de la traducción de un nombre extranjero.

4.- Cuando se trate de la traducción o adaptación gráfica o fonética a las lenguas españolas.

5.- Cuando se rectifique la mención registral del sexo.

¿En qué casos no procede el cambio de nombre?

No es factible el cambio de nombre propio, por falta de justa causa, cuando se pretenden cambios insignificantes, como por ejemplo, Esther por Ester, Débora por Deborah, Cristina por Kristina, o a la inversa. Solo son admisibles estos cambios cuando tienen como fin corregir ortográficamente el nombre propio incorrectamente escrito.

¿Qué otros requisitos es obligado cumplir?

1.- Como hemos visto, ha de concurrir justa causa, es decir, no existe libertad al respecto, y que no se derive un perjuicio para terceras personas

2.- El cambio de nombre se realiza, previo expediente, por el encargado del Registro Civil del domicilio del interesado.

3.- En el caso de que la causa del cambio sea el uso de nombre distinto del inscrito y no resulte probado el uso habitual, corresponde la competencia al ministro de Justicia y, por delegación, a la Dirección General de los Registros y del Notariado

4.- La inscripción del cambio de nombre se realiza en el Registro Civil donde conste la inscripción de nacimiento. Puede solicitarse en el Registro Civil del domicilio del interesado para que se remita al del lugar de nacimiento.

¿Quién puede solicitarlo?

El cambio de nombre puede solicitarlo el interesado mayor de edad y los representantes legales de los menores o incapacitados judicialmente.

¿Cómo se solicita?

Pueden realizarse los trámites presencialmente o por correo.

¿Qué sucede con los extranjeros nacionalizados?

1.- En la inscripción de nacimiento se tiene que consignar el nombre que aparezca en la certificación extranjera, salvo que se pruebe la utilización habitual de un nombre distinto. Si el nombre que consta en la certificación extranjera o el usado habitualmente está incluido en alguna de las limitaciones establecidas deberá ser sustituido, de conformidad con las normas españolas, por el elegido por el interesado o su representante legal y, en último término, por uno impuesto de oficio.

2.- En el caso de nombres propios que consten en sistema de escritura distinto al nuestro (chino, japonés, árabe, etc.) se consignarán mediante su transcripción o transliteración, de manera que se consiga una adaptación gráfica y una equivalencia fonética. También en nombres propios escritos con caracteres latinos cabría hacer adaptaciones ortográficas a petición del interesado para facilitar su escritura y fonética.

 

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NUEVO CRITERIO DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN LAS HIPOTECAS
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Fernando Luna | 18-10-2018 | 4:38| 0

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En una sentencia del 16 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo (TS) ha modificado su criterio sobre a quién corresponde el pago del Impuesto Sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de las hipotecas.

¿Qué legislación regula el AJD? Es un tributo regulado en los artículos 27 a 44 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprobó el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

¿Qué grava? El AJD grava, grosso modo, los actos formalizados en escrituras públicas, como por ejemplo la constitución de una hipoteca, y los que se documenten en documentos mercantiles y documentos administrativos.

¿Qué gastos conlleva la constitución de una hipoteca? Los aranceles notariales y registrales, la gestoría (que la impone el banco), la tasación de la vivienda y el AJD, siendo esta la partida más onerosa.

¿Qué establecía la anterior jurisprudencia del TS? En una sentencia de fecha 15 de marzo de 2018 estableció que a) por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario; y b) por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

¿Qué nueva jurisprudencia se consagra en la nueva sentencia? El TS acaba de corregir su doctrina y fallar que es el banco, y no el cliente, quien debe abonar los impuestos del préstamo. Este gravamen varía en función de la Comunidad Autónoma y fluctúa entre el 0,5% y el 2% sobre el importe del préstamo.

¿Qué argumenta en esencia la sentencia? Textualmente el TS razona que “No nos cabe la menor duda de que el beneficiario del documento que nos ocupa [la escritura del préstamo hipotecario] no es otro que el acreedor hipotecario, pues él (y solo él) está legitimado para ejercitar las acciones (privilegiadas) que el ordenamiento ofrece  a los titulares de los derechos inscritos”. Además, la resolución judicial anula el artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto, a cuyo tenor “Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”.

¿Qué efectos puede tener sobre los procedimientos ya resueltos con sentencias firmes y los pendientes de resolución? Es más que dudoso que la sentencia tenga efectos retroactivos sobre los procedimientos en los que haya recaído resolución firme (no recurrida), pero la nueva doctrina debe aplicarse a los nuevos litigios que se insten o a los que están en curso.

 

 

 

 

 

 

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¿SE PUEDE PROHIBIR LA EXHIBICIÓN DE ANIMALES EN LOS CIRCOS?
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Fernando Luna | 13-10-2018 | 1:50| 0

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Como bien es sabido, hace ya algunos años que se ha abierto el debate social en torno al uso de animales -ya sean salvajes o domésticos- en los circos que de ordinario circulan por nuestra geografía. De hecho, algunos municipios y Comunidades Autónomas están legislado al respecto prohibiendo su exhibición en sus respectivos ámbitos competenciales geográficos.

Pues bien: hace unos días he recibido una interesante sentencia del TSJ de Castilla La Mancha a través de “Actualidad Jurídica Ambiental” que viene a poner algo de orden en esta materia. Lo que se ventila en la resolución es un recurso interpuesto por la asociación CIRCOS REUNIDOS contra una ordenanza municipal de Talavera de la Reina en la que se prohibía la instalación de circos con animales –silvestres y domésticos- dentro de su término municipal. Los empresarios alegaban que tal prohibición afecta a la libertad de empresa, a la libre circulación y al derecho al trabajo, en esencia.

Sucede que la sentencia acaba dando la razón a los empresarios sobre la base de argumentos competenciales, pues las corporaciones municipales tienen reconocida su autonomía en la Constitución, pero sin delimitar sus competencias, al contrario de lo que acontece con las Comunidades Autónomas.

En este sentido, el artículo 25 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL) dispone que “Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera”. En definitiva, el artículo 25 contiene una cláusula general que solo es efectiva cuando hay una específica atribución de competencias por la legislación sectorial.

La sentencia es un buen ejemplo de las limitaciones con las que cuentan los municipios para imponer este tipo de prohibiciones en el supuesto de que no cuenten con una Ley que les preste cobertura que, en el caso examinado, no existe.

No cabe duda que la competencia para prohibir este tipo de espectáculos de manera general es de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la posibilidad de los ayuntamientos de regular e impedir la celebración en casos muy concretos en el supuesto de que exista crueldad con los animales, por ejemplo cuando se les dispensa un tratamiento contrario a sus necesidades fisiológicas y etológicas, un trato indigno o vejatorio o se haga una utilización abusiva.

En España, Cataluña, Baleares, Galicia, Murcia y Valencia han prohibido la presencia de circos que utilizan animales salvajes en sus espectáculos.

En tanto que en Europa, la Federación Europea de Veterinarios señala que los Estados miembro de la Unión Europea deberían “prohibir el uso de todos los animales salvajes en los circos y zoológicos ambulantes, en reconocimiento del hecho de que las condiciones no satisfacen probablemente las necesidades básicas y específicas de cada especie”.

En este sentido, Chipre, Grecia y Malta son los únicos países que prohíben el empleo de animales en el circo. Otro grupo de países como Austria, Croacia y Eslovenia vetan los espectáculos en los que se emplearan animales silvestres. La prohibición parcial está recogida por países como Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Holanda, Polonia, Portugal y Suecia.

Más allá de la polémica jurídica, es cierto que el uso de especies salvajes (tigres, leones o elefantes) es un escaparate que llama la atención del público infantil, es decir, es un reclamo comercial, pero que, en caso de no prohibición, debe compatibilizarse con las normas de bienestar animal.

 

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Sobre el autor Fernando Luna
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Abogado especialista en derecho civil, mercantil, penal y agrario, así como en mediación familiar judicial y extrajudicial. En este blog pretende explicar con un lenguaje claro la actualidad jurídica y judicial tanto extremeña como nacional e internacional. Puede enviar sus sugerencias a blogdefernandoluna@gmail.com o a través de la siguiente web: www.luna-ferrezuelo.com