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Autor: fernandolunafernandez_222
EL DECRETO DE LAS CLÁUSULAS SUELO: CÓMO RECLAMAR
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Fernando Luna | 21-01-2017 | 5:21| 0

Ayer, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo; norma que los juristas estábamos esperando como agua de mayo antes de comenzar a reclamar la nulidad de unas cláusulas que reiteradamente han declarado abusivas los tribunales.

En las líneas siguientes desgranaré las claves de citado Real Decreto-ley (RDL), si bien antes vale aclarar cuál es la finalidad de la norma. Pues bien: según el propio texto, el objetivo es evitar la sobrecarga de los tribunales estableciendo para ello un procedimiento extrajudicial, más asequible y de menor complejidad para los consumidores. Y es que, ciertamente, tras la sentencia del 21 de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a devolver todo lo cobrado por cláusulas suelo abusivas y no solo desde mayo de 2013, como había establecido el Tribunal Supremo, es de presumir que los afectados se lanzarán en masa a reclamar lo que legítimamente les corresponde.

1.- ¿A qué hipotecas afecta? Naturalmente, a aquellas que contengan la cláusula suelo (suele ser la cláusula 3-bis), es decir, aquellas que fijan un límite mínimo a las variaciones de los tipos de interés; lo más significativo, sin embargo, es que no se excluyen los préstamos hipotecarios ya pagados.

2.- ¿Debe informar el banco a los clientes? Lo cierto es que el RDL es un tanto ambiguo al respecto, pues simplemente obliga a los bancos a garantizar que el sistema de reclamación es conocido por los consumidores, lo que hace pensar que, en lugar de comunicados personales, se informará a través de las web y en las oficinas. La comunicación, con todo, no implica la devolución del dinero.

3.- ¿Qué procedimiento de reclamación establece el RDL? El consumidor puede dirigirse a su banco reclamando la nulidad de la cláusula y la devolución de las cantidades indebidamente cobradas. La entidad financiera, por su parte, tiene obligación de responder: si la solicitud es denegatoria, debe explicar los motivos; y si es admitida, debe remitir al consumidor convenientemente desglosadas las cantidades que le corresponde percibir, ya sea en efectivo ya sea con una compensación equivalente. El consumidor debe mostrar su conformidad o disconformidad con el cálculo; si lo estuviera, la suma le será abonada.

4.- ¿Qué plazo se establece? El RDL establece un plazo máximo de 3 meses a contar desde la presentación de la reclamación. Durante ese plazo, las partes no pueden  iniciar acciones judiciales o extrajudiciales con el mismo objeto.

5.-  Si transcurre el plazo y no hay respuesta del banco o el afectado no está conforme con la oferta ¿puede acudir a la vía judicial? Desde luego, pero se produce una importante novedad en materia de costas procesales, de modo que si la cantidad reconocida en sentencia es igual o inferior a la ofrecida por el banco no se le impondrán las costas. Si no se ha acudido previamente a la vía extrajudicial, el si la entidad financiera se allana totalmente tampoco se le impondrán las costas. Si el allanamiento es parcial, el banco vendrá obligado a consignar la suma que considera que debe devolver y solo se le impondrán las costas si la sentencia le condena a una cantidad superior.

6.- ¿Qué sucede si el procedimiento judicial ya está en curso? Entiendo que las partes podrán suspenderlo y acogerse al proceso extrajudicial.

7.- ¿Existe un órgano de seguimiento, control y evaluación? Sí, a fin de velar para que las entidades cumplan con sus obligaciones de información, sobre todo en relación con las personas más vulnerables.

8.- ¿Qué consecuencias fiscales tiene la devolución de las cantidades? Las entidades de crédito vienen obligadas a informar a los clientes que las devoluciones tienen consecuencias tributarias. Aunque no existe unanimidad entre los expertos, lo más indicado es realizar una declaración complementaria.

Personalmente, considero que el Gobierno acierta con este RDL, puesto que, a pesar de la ambigüedad de algunos de sus artículos, puede resultar un buen remedio para ambas partes: el consumidor estará en disposición de cobrar antes, de manera más económica y evitando un largo procedimiento judicial (aunque lógicamente deberá estar asesorado), y los bancos se ahorrarán una considerable suma en costas procesales. 

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LAS CLÁUSULAS SUELO TRAS LA SENTENCIA DEL TJUE
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Fernando Luna | 07-01-2017 | 12:01| 0

Mucho se ha escrito sobre la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha decidido que la nulidad de las cláusulas suelo tienen carácter retroactivo respecto de la devolución de las cantidades cobradas ilegalmente por los bancos.

En un post anterior ya me referí a estas polémicas cláusulas y qué pasos es obligado seguir para su reclamación. Sin embargo, ahora me centraré en las consecuencias de la citada sentencia, si bien con prudencia, pues el texto aún no se ha publicado.

Lamentablemente, el TJUE ha dejado en evidencia a nuestro Tribunal Supremo (TS), sobre cuya infausta sentencia de 13 de mayo de 2013 incidió –y esta es una opinión personal- el lobby bancario; no de otra manera se puede entender tal despropósito jurídico soslayando toda la normativa relativa a la nulidad de los contratos y sus efectos regulada en el Código Civil.

Tras la sentencia del TJUE son varias las circunstancias que pueden concurrir.

1.- Si aún no ha reclamado, se puede solicitar la nulidad de la cláusula y sus efectos retroactivos, con lo que habrá que recalcular la cuota desde la constitución de la hipoteca. La cantidad –más los intereses que corresponda- que le deben devolver dependerá del importe de la hipoteca, el porcentaje de la cláusula suelo (normalmente entre el 2,5 y 4%) y el tiempo transcurrido de amortización.

2.- Si ya reclamó y la sentencia que puso fin al procedimiento fue posterior a la sentencia del TS y aplicó su doctrina, es posible que quepa un recurso de revisión ante el propio TS, aunque conviene ser cauto, porque sobre este particular no hay unanimidad entre los juristas.

3.- Si su reclamación está pendiente de sentencia, el Tribunal que conozca del asunto debe declarar la retroactividad de manera inexcusable.

4.- Si su procedimiento judicial se resolvió antes de que se dictara la sentencia del TS, no podrá reclamar, pues se aplica el principio de “cosa juzgada”, esencial para garantizar la seguridad jurídica.

5.- Si su préstamo ya está cancelado, solo podrá reclamar si no han transcurrido más de 4 años desde la cancelación.

6.- Si un tercero se subrogó en su hipoteca, la legitimación activa solo le corresponde al tercero que, a su vez, compró la vivienda.

7.- Si el banco eliminó la cláusula suelo de su hipoteca y le hizo firmar que renunciaba a su derecho de reclamar, habría que ver caso por caso; desde luego, la posibilidad decae si el documento se ha suscrito ante un notario o en el curso de un procedimiento judicial.

Posiblemente las entidades financieras, conscientes de la avalancha de pleitos que se les vienen encima, se dirijan a Ud. con buenas palabras y proponiéndole un acuerdo; mi consejo es que, antes de firmar, consulte con su abogado, para que no le den “pacto (engañoso) por libre” (para reclamar).

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¿ES OBLIGATORIO SOMETERSE A LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA?
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Fernando Luna | 05-11-2016 | 7:45| 0

Antes de entrar en materia, hay que distinguir entre infracción administrativa y la penal en atención al índice de alcohol en el organismo del conductor. La infracción administrativa viene establecida en el artículo 20 del Reglamento General de Circulación: “No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro”.

Por su parte, el artículo 21 dispone que “Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.”

Las sanciones que lleva aparejadas son la de multa de 500 euros y 4 o 6 puntos que, pasaría a ser de 1.000 euros y la retirada de 4 o 6 puntos en el caso de que el conductor ya hubiera sido multado por alcoholemia en el año inmediatamente anterior por exceder de la tasa permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la legal. Las  mismas sanciones se imponen en vía administrativa al que se niegue a realizar las pruebas de detección alcohólica.

La tasa del alcohol en sangre depende de múltiples variables: si hemos ingerido alimento, el tipo de bebida, la metabolización y la complexión de cada persona, el sexo, la toma de algún medicamento que potencie sus efectos, la edad, etc.

Pero, en general, un hombre de complexión normal y 70 kg de peso alcanzaría niveles no reglamentarios ingiriendo estas bebidas, según la Dirección General de Tráfico:

-0,3 gr./litro en sangre se alcanzarían con una lata de cerveza, 1,5 vasos de vino y un vaso de güisqui.

-0,5 gr./litro en sangre: 2 latas de cerveza, 2,5 vasos de vino y 2 de güisqui.

En una mujer de aproximadamente 60 kg de peso:

-0,3 gr./litro en sangre: de la mitad a una lata de cerveza, un vaso de vino y medio de güisqui.

-0,5 gr./litro en sangre: dos latas de cerveza, 2,5 vasos de vino y 2 vasos de güisqui.

Existe infracción penal cuando la tasa de alcoholemia en aire espirado es de 0,60 miligramos por litro o la tasa de alcohol en sangre de 1,2 gramos por litro. En tales supuestos ya no estaremos ante una infracción administrativa, sino ante un ilícito penal por conducir bajo los efectos del alcohol, tipificado en el artículo 379.2 del Código Penal que prevé penas de prisión de tres a seis meses o la de multa de seis a doce meses o la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Pero, ¿qué ocurre si nos negamos a realizar las pruebas? En dicho supuesto, estaremos incurriendo en un delito previsto en el artículo 383 CP penado con prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Es decir, que la negativa acarrea unas consecuencias penológicas más graves.

Por tanto, es conveniente someterse a las pruebas porque además ambos delitos son compatibles y, cuando la sintomatología externa sea clara (deambulación oscilante, pupilas dilatadas, congestión, ojos enrojecidos, halitosis alcohólica, habla pastosa, ideas repetitivas, agresividad, etc.) y se evidencie que superamos los límites legales, pueden condenarnos por un delito por conducir bajo los efectos del alcohol y por otro de negativa al sometimiento de las pruebas de detección.

Estos procedimientos se tramitan en el llamado juicio rápido que, en caso de conformidad, permite la aminoración de la pena en un tercio.

Para finalizar abordaré algunos derechos de los conductores:

-Como es preciso realizar dos mediciones, entre ambas deben transcurrir al menos 10 minutos.

-Comprobar que los etilómetros están homologados y debidamente calibrados.

-Formular las alegaciones que consideremos oportunas y de las que debe dejarse constancia en la diligencia que se expida.

-Contrastar los resultados obtenidos con un análisis de sangre, bien entendido que si el resultado es positivo debemos pagar los gastos; en caso contrario, lo hará la administración.

En definitiva: si bebes, no conduzcas.

 

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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE EL MATRIMONIO Y LA UNIÓN DE HECHO
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Fernando Luna | 30-10-2016 | 11:50| 0

Las similitudes y diferencias que voy a tratar son las jurídicas, como no puede ser de otro modo, toda vez que la elección entre una modalidad de unión sentimental queda al libre arbitrio de los interesados.

El punto de partida ineludible y meridiano es que no son equiparables las uniones de hecho y el matrimonio. Tanto es así, que nuestros tribunales (especialmente, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional) han declarado que las uniones de hecho se fundan, precisamente, en la voluntad de la pareja de evitar las consecuencias del vínculo matrimonial, por lo que no se nos aplicables a ciertas consecuencias (que ahora veremos) la normativa del matrimonio, ni siquiera por analogía.

Antes de entrar en materia conviene apuntar qué se entiende por pareja de hecho. En este sentido, por ejemplo la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece que “se considera pareja de hecho la unión estable, libre, pública y notoria, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su sexo, de dos personas mayores de edad o menores emancipadas, siempre que voluntariamente decidan someterse a la misma mediante la inscripción de la pareja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se entenderá que la unión es estable cuando los miembros de la pareja hayan convivido, como mínimo, un periodo ininterrumpido de un año, salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo caso bastará la mera convivencia, o salvo que hayan expresado su voluntad de constituir una pareja estable en documento público”.

Aclarado lo anterior, examinaré, en primer lugar, las características comunes, si bien con la precisión de que los derechos varían en función de la normativa aplicable en cada comunidad autónoma:

1.- En relación con los hijos en común, no hay diferencia alguna, y así, el trámite judicial es el mismo en caso de ruptura y las medidas que se decretan con respecto a los menores –ya sea en el procedimiento contencioso, ya sea en un convenio regulador- son iguales: régimen de responsabilidad parental, guarda y custodia, régimen de comunicaciones, visitas y estancias y alimentos.

2.- En el supuesto de defunción sin testamento de uno de los miembros de la pareja, el superviviente tiene los mismos derechos que el viudo (o la viuda) en todas las Comunidades Autónomas; sin embargo, hay otras comunidades que no contemplan este supuesto, entre otras Extremadura, pero también Asturias, Madrid, Canarias, Valencia y Andalucía.

3.- En algunas comunidades autónomas (Cataluña, Navarra, País Vasco, Aragón y Baleares), están equiparadas las obligaciones económicas entre las parejas matrimoniales y extramatrimoniales, singularmente, la compensación por dedicación a la familia. En las demás comunidades, habrá de acudirse a un procedimiento ordinario para demostrar que, a consecuencia de la ruptura de la convivencia, uno de los integrantes de la pareja ha obtenido un enriquecimiento injusto a costa del otro.

4.- En materia de adopción, el régimen se equipara.

5.- En cuanto a los arrendamientos, en el caso de fallecimiento del miembro titular del contrato, la Ley de Arrendamientos Urbanos regula el derecho de subrogación real de la pareja, siempre que se acrediten dos años de convivencia.

6.- En lo atinente a los permisos laborales retribuidos, la pareja tiene derecho a disfrutarlos en caso de muerte o enfermedad grave del otro; los permisos por maternidad y paternidad no varían.

Por su parte, las diferencias más relevantes son las siguientes:

1.- Fiscalmente, una pareja de hecho no puede hacer la declaración conjunta del IRPF. A mi entender, esto supone una discriminación inaceptable sobre la que debería pronunciarse el Tribunal Constitucional.

2.- Para el cobro de la pensión de viudedad, existen diferencias sustanciales en los requisitos; la más relevante es la acreditación de la convivencia previa, que ha de ser de 5 años.

3.-  En cuanto al régimen económico, a las parejas de hecho no les son de aplicación los regímenes matrimoniales, pero estos podrán pactar el régimen que consideren pertinente en sus relaciones patrimoniales; en caso no haber acordado nada al respecto, se aplicará el régimen común de extinción de la copropiedad.

4.- Tampoco están previstas las vacaciones en los casos de uniones de hecho, salvo que el convenio colectivo lo contemple. Para remediar esta discriminación, urge la modificación del Estatutos de los Trabajadores.

Mi recomendación final para las uniones de hecho es que deben inscribirse en el registro competente y que es muy conveniente regular sus relaciones económicas, tanto relativas a la contribución de cada uno al sostenimiento de la familia, como en caso de ruptura convivencial.

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¿CUÁNTO ME PUEDEN EMBARGAR DEL SALARIO?
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Fernando Luna | 22-10-2016 | 9:08| 0

Cuando existe una resolución judicial en la que se condena a alguien al pago de una cantidad y no abona la suma voluntariamente, se procede a despachar ejecución contra los bienes del deudor. En estos casos, lo propio es dirigirse primeramente contra el dinero, ya esté depositado en algún activo financiero o percibiéndose como salario, ya que es más fácilmente realizable.

Ahora volveré sobre este asunto para dar respuesta al título de este post con ejemplos prácticos, pero antes conviene subrayar que nuestra ley establece una serie de bienes y derechos de carácter inembargable.

Así, son absolutamente inembargables:

1.- Los bienes que hayan sido declarados inalienables y sus derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. Es decir, que no pueden cambiar de titularidad: no pueden venderse ni comprarse

2.- Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial.

3.- Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal.

Y respecto del deudor contra el que se dirija la demanda también son inembargables:

1.- El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia.

2.- Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.

3.- Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas.

4.- Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley.

5.- Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por España.

Respecto del salario, la norma, tras declarar inembargable el salario mínimo interprofesional (en la actualidad, 655,20 euros/mes), dispone que el resto podrá ser embargable en función de su cuantía, de modo que el porcentaje, por tramos, se va incrementando a medida que las percepciones son mayores. Y así:

1.- Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100.

2.- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 por 100.

3.- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 por 100.

4.- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 por 100.

5.- Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.

Pondré algunos ejemplos:

1.- Salario de 1.000 euros:

-El mínimo inembargable mensual es de 655,20 euros.

-De la diferencia de lo percibido respecto del mínimo (primer y único tramo), es decir, 344,8 euros, se pueden embargar 103,44 euros.

2.- Salario de 1.500 euros:

-El mínimo inembargable mensual en 2016 es 655,20 euros.

-De la diferencia de lo percibido respecto del mínimo es de 844,8 euros, con lo que pueden embargarse en el primer tramo 196.56 euros y, en el segundo, 94,8 euros, hasta sumar un total de 291,36 euros.

3.- Salario de 3.000 euros:

– El mínimo inembargable mensual en 2016 es 655,20 euros.

-De la diferencia de lo que cobras respecto del mínimo es 2.344,8 euros, con lo que pueden embargarse en el primer tramo 196,56 euros, en el segundo tramo 327,6 euros,  en el tercer tramo 393.12 euros y en el cuarto tramo: 284,4 euros, hasta sumar un total de 1.201,68 euros.

Naturalmente, la regulación es más compleja y admite múltiples variables que, a su vez, repercuten en los porcentajes y las cuantías, pero sí me interesa destacara que, cuando de pensiones alimenticias se trata, no se aplica esta regla, sino que el tribunal fijará la cantidad que puede ser embargada.

 

 

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Sobre el autor Fernando Luna
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Abogado especialista en derecho civil, mercantil, penal y agrario, así como en mediación familiar judicial y extrajudicial. En este blog pretende explicar con un lenguaje claro la actualidad jurídica y judicial tanto extremeña como nacional e internacional. Puede enviar sus sugerencias a blogdefernandoluna@gmail.com o a través de la siguiente web: www.luna-ferrezuelo.com