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Autor: fernandolunafernandez_222
EL IMPAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA DE LOS HIJOS
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Fernando Luna | 02-08-2017 | 2:52| 0

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Por desgracia son numerosos los procedimientos judiciales derivados del impago de la pensión por alimentos establecida en una sentencia o un convenio regulador a favor hijos y a cargo de cualquiera de los progenitores. En las líneas siguientes desgranará algunas cuestiones al respecto.

¿Qué se entiende por alimentos? Todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, comprendiendo también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

¿Quiénes están obligados al pago? Los cónyuges; los ascendientes y descendientes; los hermanos, por su parte, solo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación. Me centraré en esta entrada, como he adelantado, en la pensión alimenticia de los hijos.

¿Qué puede hacer el progenitor a quien no le abonan los alimentos? Para evitar la incoación de procedimientos judiciales, debe intentar su cobro por vía amistosa: primero verbalmente y posteriormente por escrito (mediante burofax, preferentemente). Si no surte efecto, hay que acudir al juzgado; en tal caso caben dos vías:

a) Vía civil: mediante la ejecución de la sentencia en la que se establece la pensión alimenticia, que comprenderá la suma debida más un 30% presupuestados para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación. Ello conllevará el inmediato embargo de bienes y derechos del obligado al pago, pudiendo trabarse prestaciones o emolumentos aunque sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Asimismo, se podrán imponer por el juzgado al progenitor incumplidor multas coercitivas, si persiste en el impago.

b) Vía penal: una vez despenalizadas las faltas por incumplimiento de los deberes familiares, tras la reforma del Código Penal de 2015, únicamente cabe denunciar por la comisión de un delito, que lo comete el que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos; la pena será de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. Conjuntamente con la vía penal, puede ejercitarse la acción civil, es decir, que la condena conllevará la correspondiente indemnización por el importe de las pensiones impagadas, más intereses y costas. La jurisdicción penal, que es más lenta, debe dejarse para los casos más graves.

¿Qué debe hacer el progenitor que no puede atender el pago de la pensión alimenticia? Sin demora debe instar un procedimiento de modificación de medidas para acreditar que su situación económica ha empeorado sustancialmente y que, en consecuencia, no puede abonar todo o parte de la pensión.

¿Cómo se reclaman los gastos extraordinarios? La ley nos dice que cuando deban ser objeto de ejecución forzosa gastos extraordinarios no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, deberá solicitarse previamente al despacho de ejecución la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario. Un vez resuelto por el juzgado que en efecto es gasto extraordinario la partida que se reclama, se podrá acudir a la vía ejecutiva civil antes expuesta. En consecuencia, es muy importante que quede detallado en la sentencia o convenio qué se considera gasto extraordinario para evitar el procedimiento previo de determinación de la naturaleza del gasto.

¿Y si el progenitor obligado al pago es insolvente? En tal circunstancia, quienes tengan la guarda y custodia de los menores con derecho al pago de alimentos reconocido en resoluciones dictadas por tribunales españoles y donde conste la exigencia de haber instado la ejecución de esa sentencia sin haber obtenido el pago, puede solicitarlo al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, organismo que, cumplimiento una serie de requisitos, pagará un máximo de 100 euros por hijo (salvo que la resolución judicial establezca una cantidad inferior) y durante un plazo 18 meses.

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FOTOS DE MENORES EN LAS REDES SOCIALES
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Fernando Luna | 23-07-2017 | 1:48| 0

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Es habitual ver en las redes sociales las publicaciones de fotos de menores, realizadas por padres, madres y familiares. La pregunta que cabe hacerse es si se ajusta a la legalidad, cuestión que se me antoja harto compleja por las diversas circunstancias que es obligado analizar.

Como punto de partida vale subrayar que los menores gozan de su derecho a su propia imagen (artículo 18.1 de la Constitución), como ha venido reconociendo sin ambages la jurisprudencia, siendo por tanto un derecho de la personalidad. O dicho sea con otras palabras (las usadas por nuestro Tribunal Supremo): todas las personas gozan de la facultad exclusiva de difundir o publicar su propia imagen pudiendo en consecuencia evitar o impedir la reproducción y difusión, con independencia de cuál sea la finalidad de esta difusión. En el caso de menores siempre que no medie el consentimiento de sus padres o de sus representantes legales, la difusión de cualquier imagen de estos ha de ser reputada contraria a derecho. En definitiva, es la propia norma la que objetiva el interés del menor y la que determina las consecuencias de su incumplimiento.

Naturalmente, si ambos progenitores están de acuerdo en publicar las fotos de la prole en las redes sociales, no existe problema alguno: al fin y al cabo, están haciendo un uso conjunto de la patria potestad o responsabilidad parental (término este más moderno).

Pero el problema se plantea cuando no existe consenso entre ambos padres a hora de publicar una foto del hijo, y ello con independencia de que estén en feliz armonía convivencial o divorciados, separados o que se rijan por medidas paterno-filiales, en el caso de parejas de hecho. Pues bien: en estos casos, si un progenitor desea publicar fotos de sus hijos en las redes sociales debe recabar el consentimiento del otro y, en caso de desacuerdo, deberá solicitar autorización judicial.

Pero, ¿qué sucede si cualquiera de los padres ha acudido a las vías de hecho y ha publicado la foto del hijo sin pedir permiso al otro? En tal supuesto, el padre o la madre no consultado puede instar del juez que condene al otro progenitor a retirar las fotografías.

Existe, no obstante, una excepción para los hijos mayores de 14 años:  en este caso, es el propio menor -y no sus padres- el que debe dar su consentimiento para que su imagen sea publicada.

Lo anteriormente expuesto es de aplicación a las fotos de menores publicadas, por ejemplo, en la web del colegio o el instituto, de modo que deben estar autorizadas por los padres.

No me resisto a realizar unas breves consideraciones finales: antes de publicar una foto de su hijo en internet, considere si es razonable una sobreexposición del menor en las redes y las consecuencias que puede acarrear, y no me refiero ahora a las legales. Piense si a su hijo le gustaría comprobar cuando tenga uso de razón que carece de intimidad porque sus papás, con tal de coleccionar “me gusta (o me encanta)” en Facebook, no han protegido adecuadamente su imagen y que, en consecuencia, han expuesto su infancia a la pública y desmesurada exhibición o escrutinio de terceros desconocidos.

No es descabellada la posibilidad de que los hijos en un futuro -cuando esos inocentes retoños sean mayores de edad y comprueben que conocemos su vida y milagros: desde su primera deposición pañalera o sus baños hasta su graduación o sus suspensos, que también los he visto publicados- se sientan avergonzados y acaben demandando a sus propios padres. Al tiempo…

 

 

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EL MOBBING INMOBILIARIO
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Fernando Luna | 24-05-2017 | 9:29| 0

key-2114044_640¿Qué es el mobbing inmobiliario o blockbusting? Aquellas acciones en las que una persona acosa a otra para forzar que abandone su vivienda, con independencia del título que ampare su posesión, si bien los casos más habituales se dan en personas mayores en régimen de alquiler con renta antigua.

¿Cuáles son las conductas más habituales? La tipología de acciones es de lo más variopinta, aunque las más comunes son las siguientes:

1.- Las que alientan la inseguridad en el inmueble, es decir, el acoso personal, permitiendo la presencia de ocupas, el alquiler a vecinos conflictivos a los que, incluso, se les encarga que provoquen molestias.

2.- Las que persiguen la insalubridad del inmueble, mediante el alquiler a otros arrendatarios que no respeten las normas de higiene o la acumulación de basuras o animales.

3.- Las que inciden en la inhabitabilidad de la vivienda no realizando las obras de conservación necesarias, corte de suministros, inutilización de accesos o de los elementos comunes.

4.- Las que provocan molestias en el pacífico disfrute de la casa, a través del alquiler a inquilinos ruidosos.

5.- Las que inciden en cuestiones jurídico-arrendaticias, como el negarse a percibir la renta o de cualquier cantidad a la que el arrendatario venga obligado en virtud del contrato para posteriormente reclamar una y otra vez la resolución judicial del contrato por impago. En estos casos, la mejor vía para contrarrestar el acoso es la consignación de las rentas o cantidades asimiladas.

¿Cómo nos podemos proteger del acoso inmobiliario?

1.- Lo primero es hacerse de pruebas que demuestren la actuación antijurídica del acosador. A título ejemplificativo: testigos, fotos, actas notariales o informes periciales.

2.- Acto seguido hay que requerir al acosador de manera fehaciente para que cese en su actitud (burofax con certificación de recepción y de contenido, requerimiento notarial o acto de conciliación judicial).

3.- A partir de aquí podemos acudir a la vía civil amparados en la Ley de Arrendamientos Urbanos o, para las conductas más graves y continuadas, interponer una denuncia que dará lugar al procedimiento penal correspondiente. A este respecto, el artículo 173.1 del Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a dos años de prisión “al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.” Al margen de la pena, como delito contra la integridad moral que es, podrá reclamarse la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, siempre que resulten probados, por ejemplo, mediante informes médicos acreditativos de padecimientos psicológicos.

 

 

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MORATORIA DE DESAHUCIOS: REQUISITOS Y BENEFICIARIOS
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Fernando Luna | 02-04-2017 | 12:37| 0

En fechas recientes, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que, a su vez, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

En esta norma, básicamente se ha ampliado tres años, hasta 2020, la moratoria de las ejecuciones hipotecarias que afectan a determinadas familias y, asimismo, en el Código de Buenas Prácticas se establece el alquiler de la vivienda ejecutada a precio reducido para estos casos.

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la norma? Se aplicará a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión.

¿Cuál es el umbral de exclusión? Para ello han de darse estos requisitos:

1.- Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas (IPREM), es decir, 7.455,14 euros/año. A estos efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.

La norma admite alguna excepción; y así, el límite previsto en el párrafo anterior será de cuatro veces el IPREM anual de catorce pagas en caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral; o de cinco veces el IPREM, en el caso de que un deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

2.- Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

a) Se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga hipotecaria en el momento de la concesión del préstamo era igual o superior a la carga hipotecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas Prácticas.

B) Concurren circunstancias familiares de especial vulnerabilidad en estos supuestos:

-La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

-La unidad familiar monoparental con hijos a cargo.

-La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.

-La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral.

-La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

-La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género.

-El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar según lo previsto en la letra a) de este número.

3.- Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho porcentaje será del 40 por cien cuando alguno de dichos miembros sea una persona en la que concurren las circunstancias que hemos visto para la aplicación de cuatro o cinco veces el IPREM (discapacidad, dependencia, etc.).

Por último, el RDL también permite, mediante la modificación del Código de Buenas Prácticas, que las familias que han perdido su vivienda puedan vivir en ella en régimen de alquiler por una renta anual que no supere el 3% del valor de tasación en el momento de la ejecución del crédito o que puedan recuperar la vivienda compartiendo pérdidas con el banco. La duración del alquiler puede llegar a cinco años prorrogables otros cinco.

 

 

 

 

 

 

 

 

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CUENTAS BANCARIAS DE FALLECIDOS
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Fernando Luna | 19-03-2017 | 5:51| 0

Cuando una persona fallece, uno de los focos de conflicto suele ser el que mantienen los herederos con el banco, toda vez que la entidad financiera veda el acceso de estos últimos al saldo de los activos financieros si no se cumplen determinados requisitos documentales.

Por de pronto, conviene distinguir entre cuentas en las que el finado era el único titular de aquellas en cotitularidad. En el primer caso, el saldo queda bloqueado desde el momento en que el banco tiene constancia del fallecimiento y, si había algún autorizado, dicha autorización cesa con la muerte del titular, con lo que no podrá disponer del saldo. En los casos de cotitularidad, el resto de cotitulares pueden apropiarse libremente de su parte; y así, si existe otro cotitular, podrá disponer del 50% del remanente y, si existen 2 más, del 33% cada uno; salvo que cualquier interesado acredite que esa presunción de participación por iguales partes no obedece a la realidad, por ejemplo en el supuesto de que el saldo lo engrose dinero exclusivamente privativo del finado. La parte de los cotitulares vivos no tributa a Hacienda.

Si existe la más mínima posibilidad de que algún autorizado o cotitular “distraiga” dinero de la cuenta, debemos poner en conocimiento del banco por escrito el fallecimiento del titular o cotitular para que bloquee de inmediato las cuentas; si la entidad financiera no actúa diligentemente le podremos reclamar daños y perjuicios.

¿Qué pasos hay que dar? Lo primero que han de hacer los herederos es acreditar ante el bando su condición de tales, ya sea con los certificados de defunción y de actos de última voluntad, así como copia del testamento o mediante acta de declaración de herederos, si el finado no ha otorgado testamento. Con tal documentación, se solicitará al banco la relación de cuentas y activos financieros y su saldo a la fecha de fallecimiento y el extracto de movimientos en el año inmediatamente anterior; si sospechamos que ha habido algún movimiento no autorizado tras la muerte, el extracto se solicitará hasta la fecha actual.

La documentación facilitada por el banco servirá para liquidar el Impuesto de Sucesiones y para formalizar la liquidación de la herencia o para interponer el procedimiento judicial oportuno en caso de desacuerdo entre los herederos.

No obstante, para disponer del dinero es preciso acreditar la adjudicación concreta realizada en documento privado, escritura notarial o en sentencia judicial firme, junto con el justificante de haber liquidado el impuesto o acreditar que se está exento. Si bien, antes de la adjudicación, excepcionalmente y siempre que exista conformidad de todos los herederos, el banco admitirá ciertas disposiciones, como por ejemplo los referidos a los gastos de entierro o funeral.

Si las entidades de crédito no actúan con la debida diligencia y perjudican con su actitud a un heredero, responderán ante este y, en el supuesto de que no soliciten el pago o exención del Impuesto de Sucesiones, pueden ser declaradas responsables subsidiarios del impuesto.

Pero, ¿qué sucede si el banco se niega a facilitar la información? Ante todo, siempre recomiendo dejar constancia por escrito cumplimentando una hoja de reclamaciones, con la advertencia de que se le hará responsable de los posibles daños y perjuicios. Posteriormente, se puede acudir a la Agencia Tributaria y solicitar copia de la última declaración de la renta del fallecido, en la que aparecerán los rendimientos del capital mobiliario que ayudarán a localizar las cuentas y activos financieros.

Por último, si no aparece ningún heredero el banco seguirá cargando en la cuenta los recibos que el finado tuviera domiciliados, incluso aunque la cuenta esté en descubierto, hasta que se localice o aparezca algún interesado al que, tras acreditar su condición, pondrá a su disposición el remanente o reclamará el saldo negativo, salvo que haya renunciado a la herencia.

 

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Sobre el autor Fernando Luna
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Abogado especialista en derecho civil, mercantil, penal y agrario, así como en mediación familiar judicial y extrajudicial. En este blog pretende explicar con un lenguaje claro la actualidad jurídica y judicial tanto extremeña como nacional e internacional. Puede enviar sus sugerencias a blogdefernandoluna@gmail.com o a través de la siguiente web: www.luna-ferrezuelo.com