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Autor: fernandolunafernandez_222
¿SON LEGALES LOS VIENTRES DE ALQUILER?
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Fernando Luna | 01-10-2016 | 8:46| 0

Aunque de ordinario se les llame vientres de alquiler, la denominación técnica y más correcta es la de maternidad subrogada o gestación por sustitución, que puede definirse como un acuerdo de voluntades en virtud del cual una mujer acepta portar en su vientre un niño por encargo de otra persona o de una pareja, con el compromiso de que, una vez llevado a término el embarazo, entregará a aquélla o a aquéllas el recién nacido, renunciando a la filiación que pudiera corresponderle sobre el hijo así gestado.

Veamos en qué consiste y qué repercusiones legales tiene.

Lo primero que conviene destacar es que tal práctica es ilegal en España; y así, la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, en su artículo 10, establece que “Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”.

Pero no solo eso, sino que el artículo 221 del Código Penal castiga con penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a 10 años a “los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación”, penas que se extienden “a la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero”.

Sin embargo, todos conocemos casos de maternidad subrogada e, incluso, en mi despacho, en colaboración con otros bufetes extranjeros, hemos tenido ocasión de intervenir en asuntos de esta naturaleza. ¿Qué ha de hacerse, pues? Para sortear la aplicación de la legislación española, se recurre a otros países donde tal práctica es legal y luego solicitan la inscripción de la filiación en el Registro Civil español.

Ciertamente los vericuetos y vaivenes jurídicos y judiciales habidos hasta lograr la inscripción en el Registro Civil han sido variados y complejos de entender para los no juristas, llegando incluso a pronunciarse el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en lo que ahora importa está plenamente consolidada la posibilidad de inscripción de la filiación sin que conste la gestante como madre. La fundamentación –no puede ser otra- es el beneficio del menor.

¿Qué países admiten la maternidad subrogada?

En Europa, la legislación nacional de cada país es muy variada; por ejemplo, se admite en Grecia siempre que se acredite incapacidad médica; en Holanda, Bélgica y Reino Unido, solo si es altruista y bajo estrictas condiciones; y en Dinamarca, si no implica el uso de técnicas de reproducción asistida.

En otras partes del mundo también está permitida; a título ejemplificativo, en Estados Unidos (que suele ser el país al que acuden las familias españolas, pese a su mayor coste), Canadá, Brasil, Australia, Sudáfrica, Ucrania, Rusia, Israel, etc., si bien cada legislación tiene sus particularidades.

¿Qué coste tiene?

Los gastos oscilan, según los países, entre 40.000 y 150.000 euros, e incluye el tratamiento de reproducción asistida, desplazamientos, gastos legales, médicos y compensación económica a la gestante.

No voy a eludir un tema candente, tal es las repercusiones bioéticas muy unidas a las convicciones íntimas. De modo que algunos sectores han considerado que conlleva lesiones a la dignidad y a los derechos de otros sujetos implicados, especialmente de las mujeres más vulnerables y los menores. En este sentido, se han alzado algunas voces que demandan una regulación internacional para proteger a las gestantes y evitar su explotación y abuso y asegurar que un mínimo de obligaciones éticas, médicas y de transparencia se cumplan en todo el mundo. Otros, en cambio,  fundamentalmente los especialistas médicos y legales que han estudiado la técnica a fondo, suelen concluir que no existe base para su prohibición, siempre que se cumplan las exigencias mínimas antes expuestas.

 

 

 

 

 

 

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EL USO DE CÁMARAS OCULTAS EN REPORTAJES PERIODÍSTICOS
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Fernando Luna | 14-08-2016 | 1:41| 0

No es la primera vez en este blog que hablo de la pugna entre derechos fundamentales. Pues bien: esta entrada no va ser una excepción, toda vez que en la utilización de las cámaras ocultas en el periodismo –fundamentalmente en el de investigación- deben ponderarse los derechos a la información y la libertad de presión, por un lado, y los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, de otro. No es fácil determinar en qué condiciones o con qué requisitos deben prevalecer unos y otros, como a continuación expondré.

La libertad de expresión consagra el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; en tanto que el derecho a la información se concreta en comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

La diferencia entre ambos derechos no siempre es fácil, pero, resumiendo, puede sintetizarse de la siguiente manera: la libertad de expresión se refiere a los pensamientos, ideas y opiniones, es decir, es un concepto amplio dentro del que deben incluirse también las creencias y los juicios de valor; y los derechos a comunicar y recibir libremente información tienen por objeto hechos o, afinando más, hechos que puedan considerarse noticiables.

Por su parte, los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen son conceptos jurídicos que dependen en su concreción de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento, por lo que son conceptos jurídicos indeterminados y susceptibles de evolución que afectan, en definitiva, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad.

Sin embargo, los derechos fundamentales no son plenos; por tanto, se debe armonizar el interés público de la información con el privado del honor, intimidad y propia imagen. En general, para que el derecho a la información prevalezca sobre los derechos de la personalidad es necesario que concurran en la información los siguientes requisitos: veracidad, interés general y proporcionalidad.

Particularizando en el uso de cámaras ocultas, es obvio que el periodista se vale de una treta (oculta su quehacer para obtener la información), mientras que el afectado desconoce que está siendo objeto de grabación y actúa con total espontaneidad y naturalidad.

En una primera aproximación, la Ley Orgánica 1/1982, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, considera una intromisión ilegítima las grabaciones audiovisuales. Pero, ¿qué dicen al respecto nuestros tribunales?

Nuestro Tribunal Constitucional considera ilegal la utilización de la cámara oculta, esto es, el método en sí. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha matizado su doctrina y singularmente en lo relativo a la ponderación de derechos, de modo que admite que el uso de la cámara oculta pueda ser legítimo cuando lo justifique el interés público en el conocimiento de los hechos y ese medio sea imprescindible para obtener la información y, además, proporcionado para que la lesión de los derechos fundamentales sea la menor posible.

En consecuencia, a priori no puede fijarse la supremacía de ninguno de los derechos mencionados y que entran en conflicto, sino que habrá que estarse a las circunstancias de cada caso en concreto.

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REDES SOCIALES: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y RESPONSABILIDAD LEGAL
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Fernando Luna | 16-07-2016 | 7:06| 0

En muchas de las publicaciones que se realizan en las redes sociales existe una confrontación de derechos fundamentales: de un lado, la libertad de expresión; y de otro, el derecho al honor o a la dignidad de las personas.

Para tratar adecuadamente este asunto debemos partir de la dificultad esencial que entraña la tarea, pues la frontera entre la libertad de expresión y la protección del honor es muy etérea y, por consiguiente, debe analizarse caso por caso, teniendo en cuenta si los comentarios vertidos recogen expresiones vejatorias o denigrantes, con relación a una persona o a un grupo concreto de personas. No obstante, en esta entrada nos detendremos en criterios generales que, con suma cautela, pueden aplicarse a diferentes supuestos.

La libertad de expresión se concreta en la posibilidad de haber públicas las ideas y manifestaciones del pensamiento. La RAE lo define como el derecho de manifestar, defender y propagar las opiniones propias que, en este caso, se realiza a través de la redes sociales, cuya particularidad radica en que se convierten en un vehículo de difusión indiscriminado, ilimitado y, en ocasiones, anónimo.

En lo que ahora importa, la libertad de expresión tiene dos dimensiones: una primera comprensiva de la prohibición de que cualquier persona pueda ser arbitrariamente censurada a la hora de difundir sus propias ideas; y una segunda que implica un derecho de todos a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

Por su parte, el derecho al honor concilia la idea subjetiva del honor (el valor que cada cual tiene de su propia personalidad), con su estimación social y no limita la protección legal a las cualidades morales de la personalidad, sino que la extiende a las condiciones profesionales, sociales y políticas; en tanto que la dignidad adquiere un valor espiritual y moral inherente a la persona, íntimamente vinculado al libre desarrollo de la personalidad y a los derechos a la integridad física y moral, a la libertad de ideas y creencias, al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión de respeto por parte de los demás.

Antes de entrar a conocer las responsabilidades legales que pueden cometerse a través de las redes sociales, aflora enseguida una pregunta: ¿Son responsables las redes sociales –Facebook, Twitter, Linkedin, etc.- de los comentarios que se publican en ellas? La respuesta, como pueden comprender, no es sencilla, máxime cuando existen millones de usuarios y muchos de los mensajes cruzados son privados. A mi entender, en principio no existe responsabilidad, salvo cuando conozcan de forma efectiva que se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales de una persona y no actúen con la diligencia suficiente para minimizar los daños en la victima, hecho que requiere una conducta activa del perjudicado y la consiguiente diligencia por la plataforma digital. Sería indudable, desde luego, cuando desatendiera un requerimiento judicial al efecto, ya sea como medida cautelar o en una resolución firme y ejecutable.

¿Qué dicen nuestros tribunales? La jurisprudencia es clara al respecto: la libertad de expresión no un derecho indiscriminado al insulto. En una reciente sentencia del Tribunal Supremo se matiza que, incluso, ciertas expresiones no se pueden enmarcar dentro de la libertad ideológica o de expresión y sí dentro del llamado discurso del odio. La resolución indica además que con tal conclusión no trata de “criminalizar opiniones discrepantes sino de combatir actuaciones dirigidas a la promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y daño en la paz de la comunidad con sus actos criminales”.

¿Qué delitos pueden cometerse en las redes sociales?

En términos genéricos, las redes sociales son canal donde se pueden perpetrar los mismos delitos y realizar las mismas conductas que en cualquier otro lugar; por tanto, no tienen una regulación específica, salvo para algunos delitos tecnológicos o informáticos. La diferencia es que proporciona una mayor difusión o publicidad a los actos, por un lado, y el peculiar “lugar del crimen”, por otro.

Los más corrientes y que últimamente han saltado a los medios de comunicación son los siguientes: injurias, calumnias, acoso, incitación al odio, delitos contra la intimidad, humillación a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo.

La defensa del derecho violado se hará mediante la interposición de una denuncia o querella ante la autoridad judicial competente.

¿Qué acciones caben en la vía civil?

La acciones civiles se pueden ejercitar conjuntamente con las penales o bien acudiendo directamente a la jurisdicción civil. En tal caso, se interpondrá la correspondiente demanda en defensa del honor, la intimidad o la propia imagen, solicitando una indemnización y la supresión o rectificación de las publicaciones injuriosas.

 

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LA SUCESIÓN INTESTADA O ABINTESTATO
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Fernando Luna | 09-07-2016 | 3:13| 0

Como complemento del post anterior en el que hablaba de la sucesión testamentaria y sus límites, debemos de ver qué sucede en los supuestos de sucesión intestada o abintestato.

¿ Cuáles son los casos de sucesión abintestato?

1.- Cuando uno muere sin testamento, o con testamento nulo, o que haya perdido después su validez.

2.- Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes, o no dispone de todos los que corresponden al testador. En este caso la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que no hubiese dispuesto.

3.- Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o este muere antes que el testador, o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecer (percibir los bienes) a los restantes herederos.

4.- Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder.

¿Cómo se determinan los herederos?

Debe acudirse al correspondiente procedimiento de declaración de herederos abintestato que, en la actualidad, se tramita en las notarías, a la que habrán de aportarse los siguientes documentos:

1. – Certificado de defunción del causante.

2.- Certificado de empadronamiento del causante (determina la competencia territorial de la notaría).

3.- Certificado del Registro General de Actos de Ultima Voluntad, que acredite que no hay testamento.

4.- Certificado de nacimiento de los hijos del fallecido o de los padres o de los parientes en línea colateral, si no hubiera hijos y vivieran.

5.- Certificado de defunción de los hijos que hubiesen muerto y de nacimiento de los hijos de estos.

6.- Certificado de matrimonio del fallecido.

7.- DNI del fallecido o, en su defecto, certificado de empadronamiento del fallecido, a fin de acreditar su domicilio habitual.

También deberán comparecer ante el notario dos testigos, mayores de edad, que deberán testificar sobre las circunstancias personales y familiares del fallecido.

Desde la fecha en que se firma el requerimiento inicial del acta notarial, deberán transcurrir obligatoriamente 20 días hábiles, pasados los cuales se podrá expedir la copia del acta de declaración de herederos intestados y realizar la partición de la herencia.

¿Quiénes son los herederos?

Al margen de las especiales del derecho foral, en el derecho común, son las siguientes personas por el orden que se indica:

1.- Hijos y descendientes. Los primeros heredan “por cabezas” y los segundos “por estirpes”. Es decir, los nietos y demás descendientes heredan por el llamado “derecho de representación” (heredan por partes iguales entre ellos, la parte que le hubiera correspondido a su padre). Esto es sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria del cónyuge viudo.

2.- Padres y ascendientes. El padre y la madre heredan por partes iguales. Si solo vive uno de los padres este hereda todo. Si no vive ninguno de los padres y sobreviven abuelos estos heredan dividiendo la herencia por mitad entre la línea paterna y materna. Asimismo sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria del cónyuge viudo (si también sobrevive).

3.- Cónyuge. Este tiene derecho a heredar siempre que no esté separado judicialmente o de hecho. En el derecho común la pareja de hecho no tiene derecho a heredar abintestato.

4.- Hermanos y sobrinos. Como en el caso de los nietos, los primeros heredan “por cabezas” y los segundos “por estirpes”, es decir, los sobrinos se reparten entre sí lo que hubiera correspondido a su ascendiente (hermano del fallecido). No obstante en el caso de que solo haya sobrinos todos heredarían por partes iguales.

5.- Tíos carnales. En defecto de todos los parientes anteriores heredarán los tíos del fallecido con preferencia a otros parientes y por partes iguales.

6.- Resto de parientes colaterales de 4º grado (todos por partes iguales): primos, tíos segundos (hermanos de los abuelos) y sobrinos segundos (nietos de los hermanos del causante).

7.- A falta de todos los anteriores, heredaría el Estado.

 

 

 

 

 

 

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LIMITACIONES A LA HORA DE HACER TESTAMENTO
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Fernando Luna | 03-07-2016 | 12:56| 0

El testador no es completamente libre a la hora de testar, puesto que con la institución de la legítima debe dejar parte de sus bienes obligatoriamente a los ascendientes, descendientes y cónyuge, a lo que también se denominan herederos forzosos. La cuestión se complica cuando concurren ascendientes y descendientes con el viudo o viuda. Estas restricciones operan en tanto no existan causas de desheredación, como ya indiqué en otro post.

Antes de entrar en la casuística, vale apuntar, por un lado, que las normas que regulan el testamento no son iguales en toda España; en esta entrada me referiré al régimen común que establece nuestro Código Civil, pero también existen otros territorios (Cataluña, País Vasco, Navarra, Aragón, Galicia y Baleares) con Derechos Forales que regulan de modo diferente todo lo relativo al testamento y a las herencias.

Por otro lado, el caudal hereditario se divide en tres partes: la legítima estricta, la mejora (que, junto con la legítima estricta, conforman legítima larga) y el tercio de libre disposición.

Veamos quiénes son los herederos forzosos y qué parte del testamento hay que dejarles a quienes obviamente no les afecta el tercio de libre disposición, sino únicamente la legítima.

1.- Los hijos o descendientes sin que concurran con el cónyuge viudo: dos tercios de la herencia: la legítima, que hay que repartirla por partes iguales entre los hijos, y la mejora, que se destinará a los hijos y nietos, entre los cuales se puede distribuir libremente o dejárselo a uno solo de los descendientes.

2.- Los hijos o descendientes que concurran con el cónyuge viudo: el reparto de la legítima y la mejora no varía entre los hijos y descendientes, si bien al viudo o viuda le corresponde el usufructo de un tercio, que recae sobre la mejora.

3.- Padres o ascendientes sin cónyuge viudo: habiendo hijos o descendientes no tienen la naturaleza de herederos forzosos; por tanto, sucederán al finado en ausencia de los primeros. En tal caso, tienen derecho al menos a la mitad de la herencia.

4.- Padres o ascendientes con cónyuge viudo: se les adjudicará necesariamente un tercio de la herencia, correspondiéndole al viudo el usufructo de la mitad.

5.- Cónyuge sin concurrir con ascendientes ni descendientes: en este supuesto habrá de adjudicársele el usufructo de dos tercios de la herencia como mínimo.

En otra entrada veremos qué sucede cuando no existe testamento.

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Sobre el autor Fernando Luna
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Abogado especialista en derecho civil, mercantil, penal y agrario, así como en mediación familiar judicial y extrajudicial. En este blog pretende explicar con un lenguaje claro la actualidad jurídica y judicial tanto extremeña como nacional e internacional. Puede enviar sus sugerencias a blogdefernandoluna@gmail.com o a través de la siguiente web: www.luna-ferrezuelo.com