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¿QUÉ ES EL DELITO DE SEDICIÓN?

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En el día de ayer, la abogacía del Estado presentó su escrito de acusación contra los líderes del “procés” en el que calificaba los hechos como constitutivos de un delito de sedición, en tanto que la fiscalía se decantaba por la presunta comisión de uno de rebelión. Como quiera que al delito de rebelión ya le dediqué otra entrada, intentaré aclarar ahora en qué consiste la sedición.

Según el artículo 544 del Código Penal “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

¿Cuáles son los requisitos del delito? Por un lado, hace falta un alzamiento, es decir, una insurrección, sublevación o levantamiento que, además, ha de ser público, debiendo entenderse por tal el que se realiza de modo abierto, exteriorizado, perceptible, patente, manifiesto, y tumultuario, lo que equivale a gregario, caótico, anárquico, y desordenado, aunque nada impediría que de ser organizado y ordenado también se aplicará el delito analizado. Asimismo, es necesarios el empleo de fuerza contra las cosas o las personas mediante el uso de vías no legales.

¿Quién lo comete? Ha de ser necesariamente un grupo de personas, aunque se responda criminalmente a título individual, pues así se deduce el adverbio “tumultuariamente”.

¿Contra quién se perpetra? Solo contra las autoridades, corporaciones oficiales o funcionarios públicos.

¿Cuál es la finalidad de los sediciosos? Los resultados que persigue la acción pueden ser distintos, como por ejemplo impedir la aplicación de las leyes o impedir el ejercicio legítimo de sus funciones o el cumplimiento de los acuerdos que adopten a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, así como también sus resoluciones administrativas o judiciales. No obstante, es un delito de mera actividad, con lo que no es preciso que se produzca ningún resultado concreto.

¿Qué penas lleva aparejadas? Este delito prevé penas de prisión de ocho a 10 años de cárcel para las personas que indujeron o dirigieron la sedición, o aparecieron en ella como autores, y de hasta 15 años si fueran personas revestidas con autoridad pública.

 

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¿PUEDO CAMBIAR DE NOMBRE?

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En el caso de nombres hay libertad de elección, con lo que casi todos los nombres son hoy posibles. Solamente serán rechazados aquellos nombres que infrinjan algunas de las prohibiciones establecidas en la legislación.

LOLA, Concha, Pepe o Manolo han dejado de ser únicamente apelativos familiares para convertirse en nombres propios que se inscriben como tales en el Registro Civil, según informa el Ministerio de Justicia. Pero iré por partes.

¿Cuáles son las limitaciones en la elección de nombres?

1.- No pueden imponerse más de dos nombres simples o de uno compuesto. En este caso, los dos nombres se unirán por medio de un guión.

2.- El nombre no puede perjudicar objetivamente a la persona. Por ello se excluyen los que resulten por si o en combinación con los apellidos, deshonrosos, humillantes, denigrantes, etc.

3.- No se admiten los que hagan confusa la identificación (por ejemplo, un apellido convertido en nombre), ni los induzcan en su conjunto a error sobre el sexo.

4.- No se puede atribuir a un hermano el nombre de otro hermano vivo.

¿En qué consiste el cambio de nombre?

Consiste, en esencia, en la segregación de palabras, supresión de artículos o partículas, traducción o adaptación gráfica o fonética y en sustitución, anteposición o agregación de otro nombre.

¿Cuándo se permite cambiar el nombre propio?

Solo es posible en los siguientes supuestos:

1.- Cuando lo solicite el interesado por usar habitualmente un nombre distinto del que consta en la inscripción de nacimiento, circunstancia que tendrá que acreditar cumplidamente, o por otra justa causa.

2.- Cuando el nombre se hubiese impuesto con infracción de las normas establecidas o las limitaciones antes expuestas.

3.- Cuando se trate de la traducción de un nombre extranjero.

4.- Cuando se trate de la traducción o adaptación gráfica o fonética a las lenguas españolas.

5.- Cuando se rectifique la mención registral del sexo.

¿En qué casos no procede el cambio de nombre?

No es factible el cambio de nombre propio, por falta de justa causa, cuando se pretenden cambios insignificantes, como por ejemplo, Esther por Ester, Débora por Deborah, Cristina por Kristina, o a la inversa. Solo son admisibles estos cambios cuando tienen como fin corregir ortográficamente el nombre propio incorrectamente escrito.

¿Qué otros requisitos es obligado cumplir?

1.- Como hemos visto, ha de concurrir justa causa, es decir, no existe libertad al respecto, y que no se derive un perjuicio para terceras personas

2.- El cambio de nombre se realiza, previo expediente, por el encargado del Registro Civil del domicilio del interesado.

3.- En el caso de que la causa del cambio sea el uso de nombre distinto del inscrito y no resulte probado el uso habitual, corresponde la competencia al ministro de Justicia y, por delegación, a la Dirección General de los Registros y del Notariado

4.- La inscripción del cambio de nombre se realiza en el Registro Civil donde conste la inscripción de nacimiento. Puede solicitarse en el Registro Civil del domicilio del interesado para que se remita al del lugar de nacimiento.

¿Quién puede solicitarlo?

El cambio de nombre puede solicitarlo el interesado mayor de edad y los representantes legales de los menores o incapacitados judicialmente.

¿Cómo se solicita?

Pueden realizarse los trámites presencialmente o por correo.

¿Qué sucede con los extranjeros nacionalizados?

1.- En la inscripción de nacimiento se tiene que consignar el nombre que aparezca en la certificación extranjera, salvo que se pruebe la utilización habitual de un nombre distinto. Si el nombre que consta en la certificación extranjera o el usado habitualmente está incluido en alguna de las limitaciones establecidas deberá ser sustituido, de conformidad con las normas españolas, por el elegido por el interesado o su representante legal y, en último término, por uno impuesto de oficio.

2.- En el caso de nombres propios que consten en sistema de escritura distinto al nuestro (chino, japonés, árabe, etc.) se consignarán mediante su transcripción o transliteración, de manera que se consiga una adaptación gráfica y una equivalencia fonética. También en nombres propios escritos con caracteres latinos cabría hacer adaptaciones ortográficas a petición del interesado para facilitar su escritura y fonética.

 

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NUEVO CRITERIO DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN LAS HIPOTECAS

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En una sentencia del 16 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo (TS) ha modificado su criterio sobre a quién corresponde el pago del Impuesto Sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de las hipotecas.

¿Qué legislación regula el AJD? Es un tributo regulado en los artículos 27 a 44 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprobó el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

¿Qué grava? El AJD grava, grosso modo, los actos formalizados en escrituras públicas, como por ejemplo la constitución de una hipoteca, y los que se documenten en documentos mercantiles y documentos administrativos.

¿Qué gastos conlleva la constitución de una hipoteca? Los aranceles notariales y registrales, la gestoría (que la impone el banco), la tasación de la vivienda y el AJD, siendo esta la partida más onerosa.

¿Qué establecía la anterior jurisprudencia del TS? En una sentencia de fecha 15 de marzo de 2018 estableció que a) por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario; y b) por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

¿Qué nueva jurisprudencia se consagra en la nueva sentencia? El TS acaba de corregir su doctrina y fallar que es el banco, y no el cliente, quien debe abonar los impuestos del préstamo. Este gravamen varía en función de la Comunidad Autónoma y fluctúa entre el 0,5% y el 2% sobre el importe del préstamo.

¿Qué argumenta en esencia la sentencia? Textualmente el TS razona que “No nos cabe la menor duda de que el beneficiario del documento que nos ocupa [la escritura del préstamo hipotecario] no es otro que el acreedor hipotecario, pues él (y solo él) está legitimado para ejercitar las acciones (privilegiadas) que el ordenamiento ofrece  a los titulares de los derechos inscritos”. Además, la resolución judicial anula el artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto, a cuyo tenor “Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”.

¿Qué efectos puede tener sobre los procedimientos ya resueltos con sentencias firmes y los pendientes de resolución? Es más que dudoso que la sentencia tenga efectos retroactivos sobre los procedimientos en los que haya recaído resolución firme (no recurrida), pero la nueva doctrina debe aplicarse a los nuevos litigios que se insten o a los que están en curso.

 

 

 

 

 

 

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¿SE PUEDE PROHIBIR LA EXHIBICIÓN DE ANIMALES EN LOS CIRCOS?

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Como bien es sabido, hace ya algunos años que se ha abierto el debate social en torno al uso de animales -ya sean salvajes o domésticos- en los circos que de ordinario circulan por nuestra geografía. De hecho, algunos municipios y Comunidades Autónomas están legislado al respecto prohibiendo su exhibición en sus respectivos ámbitos competenciales geográficos.

Pues bien: hace unos días he recibido una interesante sentencia del TSJ de Castilla La Mancha a través de “Actualidad Jurídica Ambiental” que viene a poner algo de orden en esta materia. Lo que se ventila en la resolución es un recurso interpuesto por la asociación CIRCOS REUNIDOS contra una ordenanza municipal de Talavera de la Reina en la que se prohibía la instalación de circos con animales –silvestres y domésticos- dentro de su término municipal. Los empresarios alegaban que tal prohibición afecta a la libertad de empresa, a la libre circulación y al derecho al trabajo, en esencia.

Sucede que la sentencia acaba dando la razón a los empresarios sobre la base de argumentos competenciales, pues las corporaciones municipales tienen reconocida su autonomía en la Constitución, pero sin delimitar sus competencias, al contrario de lo que acontece con las Comunidades Autónomas.

En este sentido, el artículo 25 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL) dispone que “Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera”. En definitiva, el artículo 25 contiene una cláusula general que solo es efectiva cuando hay una específica atribución de competencias por la legislación sectorial.

La sentencia es un buen ejemplo de las limitaciones con las que cuentan los municipios para imponer este tipo de prohibiciones en el supuesto de que no cuenten con una Ley que les preste cobertura que, en el caso examinado, no existe.

No cabe duda que la competencia para prohibir este tipo de espectáculos de manera general es de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la posibilidad de los ayuntamientos de regular e impedir la celebración en casos muy concretos en el supuesto de que exista crueldad con los animales, por ejemplo cuando se les dispensa un tratamiento contrario a sus necesidades fisiológicas y etológicas, un trato indigno o vejatorio o se haga una utilización abusiva.

En España, Cataluña, Baleares, Galicia, Murcia y Valencia han prohibido la presencia de circos que utilizan animales salvajes en sus espectáculos.

En tanto que en Europa, la Federación Europea de Veterinarios señala que los Estados miembro de la Unión Europea deberían “prohibir el uso de todos los animales salvajes en los circos y zoológicos ambulantes, en reconocimiento del hecho de que las condiciones no satisfacen probablemente las necesidades básicas y específicas de cada especie”.

En este sentido, Chipre, Grecia y Malta son los únicos países que prohíben el empleo de animales en el circo. Otro grupo de países como Austria, Croacia y Eslovenia vetan los espectáculos en los que se emplearan animales silvestres. La prohibición parcial está recogida por países como Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Holanda, Polonia, Portugal y Suecia.

Más allá de la polémica jurídica, es cierto que el uso de especies salvajes (tigres, leones o elefantes) es un escaparate que llama la atención del público infantil, es decir, es un reclamo comercial, pero que, en caso de no prohibición, debe compatibilizarse con las normas de bienestar animal.

 

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CÓMO RECLAMAR LAS PRESTACIONES POR MATERNIDAD

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Finalmente, el Tribunal Supremo (TS) ha venido a poner orden en los criterios dispares que mantenían los diferentes Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, sentenciando que las prestaciones públicas por maternidad de 16 semanas que abona la Seguridad Social están exentas de pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Una vez unificada la doctrina, cabe preguntase el por qué de tal decisión y cómo reclamar esas sumas abonadas indebidamente.

¿Cuál es el fundamento de la sentencia? La Abogacía del Estado argumentó que la prestación por maternidad tenía la función de sustituir la retribución normal que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que había dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso y que, por consiguiente, debía estar sujeta al pago del IRPF. Pues bien: a tenor del artículo 7, apartado H), de la Ley del IRPF, “Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad. También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”. El TS, interpretando tal norma, concluye que “la exención que se establece comprende la prestación de maternidad y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo”, para continuar argumentando que “Se refiere expresamente a la prestación por maternidad y no parece pretender que su alcance se limite a las concedidas por las comunidades autónomas o entidades locales, sino que trata de establecer la exención de todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban”.

¿Quién puede beneficiarse? El derecho de los contribuyentes a solicitar la modificación de la declaración de la renta prescribe a los cuatro años. En consecuencia, los interesados –padres y madres que hayan compartido la baja por maternidad- pueden recuperar el dinero tributado por las prestaciones cobradas desde el año 2014 en adelante. Si es preciso puntualizar que también pueden solicitarla aquellos contribuyentes que reclamen ejercicios anteriores siempre que lo hayan hecho con anterioridad y su expediente -administrativo o judicial- continúe sin resolverse.

¿Qué cantidad se reclama? La diferencia entre la declaración presentada y la que correspondía sin la tributación al IRPF.

¿Cómo se reclama? El interesado debe comenzar un procedimiento administrativo para solicitar la devolución de ingresos indebidos, para lo cual debe acudir a una oficina de la Administración Tributaria y solicitar un impreso de “rectificación de autoliquidaciones de Gestión Tributaria”. Para los ejercicios de 2016 y 2017, se puede realizar online.

¿Tiene algún coste? No, la reclamación es gratuita; cuestión distinta es que se deniegue ya haya que acudir a profesionales del derecho para reclamarla judicialmente.

¿Qué plazo tiene la Administración para resolver? La Agencia Tributaria dispone de 6 meses para contestar la solicitudes en sentido afirmativo o negativo.

¿Conviene presentar la reclamación cuanto antes? Es probable que, dada la avalancha de solicitudes, la Administración prevea un procedimiento ágil y rápido para tramitar las devoluciones. Por tanto, conviene esperar un tiempo prudencial para ver si se arbitra algún cauce procedimental.

¿Qué sucede con las prestaciones por maternidad recibidas en 2018? No tributarán en la declaración del IRPF (que se presenta en 2019), pues la Agencia Tributaria acatará la sentencia del TS.

 

 

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LA POLÉMICA REFORMA DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD Y DE LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO

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En el BOE de 4 de agosto de 2018 –con vigencia desde el día 5- se ha publicado una polémica reforma del Código Civil (CC) en relación con el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores de edad no emancipados y la Ley de Violencia de Género, mediante el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Como argumentaré, no se cuestiona por los juristas la bondad de la reforma, sino la forma de llevarse a cabo, así como algunos matices de técnica legislativa.

Como siempre, iré por partes en aras de la necesaria claridad.

¿Qué es la patria potestad? Como decía recientemente en otra entrada de este blog, la patria potestad (o la responsabilidad parental) es el conjunto de derechos que la ley confiere a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos no emancipados, así como el conjunto de deberes que también deben cumplir los progenitores respecto de sus hijos y que comprenden (i) velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral; y (ii) representarlos y administrar sus bienes. Siempre se debe ejercer que en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad y con respecto a su integridad física y psicológica.

¿A quién corresponde ejercicio de la patria potestad? Salvo que alguno de los cónyuges esté privado de la patria potestad o inhabilitado para su ejercicio en los casos previstos legalmente, “La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad”, tal y como dispone el art. 156 CC.

¿En qué consiste la reforma? El Gobierno ha introducido el siguiente párrafo en el citado art. 156 CC: “Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de éste para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de dieciséis años se precisará en todo caso el consentimiento expreso de éstos”.

¿Por qué ha sido criticada la reforma? Como adelantaba al comienzo de esta entrada, no se cuestiona la idoneidad de la modificación legislativa, pero sí la manera en que se ha llevado a cabo, es decir, mediante un Real Decreto-ley. A diferencia de las leyes ordinarias, cuya tramitación y aprobación corresponde al Parlamento, esta norma es dictada por el Gobierno en supuestos muy específicos previstos en el art. 86 de nuestra Constitución (CE): en caso de extraordinaria y urgente necesidad y siempre que, entre otros requisitos, no afecte a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I.

¿Qué se entiende por extraordinaria y urgente necesidad? Según la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, son situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las Leyes. En mi opinión, compartida por otros juristas, no concurre este supuesto habilitante.

¿Afecta la reforma al los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I? Sin duda, puesto que en dicho título se insertan el art. 32 CE, que regula “los derechos y deberes de los cónyuges”, y el art. 39 CE, según el cual “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”. En consecuencia, tampoco concurre este condicionante exigido por el art. 86 CE y, por tanto, la norma puede ser tachada de inconstitucional.

¿Qué otra reforma polémica incluye el Real Decreto-ley? La norma también contiene la modificación del art. 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, entre otras cuestiones, en punto a la acreditación de la violencia de género a los efectos de que se puedan otorgar a la víctima derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social. Pues bien: con anterioridad a la reforma, esta se comprobaba con la orden de protección a favor de la víctima y, excepcionalmente, por un informe del Ministerio Fiscal que indicara la existencia de indicios de que la demandante era víctima de violencia de género hasta tanto se dictara la orden de protección. Pero ahora esta constatación se amplía a las sentencias condenatorias (lo que es bastante lógico), pero también puede adverarse mediante “informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título”.

¿Por qué es criticable esta manera de acreditación de las situaciones de violencia de género? En primer lugar, porque quedan extramuros del control judicial o de la fiscalía y, por tanto, se están preconstituyendo pruebas contra el presunto agresor sin las más mínimas garantías jurídicas; y en segundo término, por su indeterminación normativa, pues ¿qué ha de entenderse por “cualquier otro título”?

En conclusión, siendo plausible la reforma, una norma de tanta importancia como el Código Civil y en una materia de vital transcendencia como el derecho de familia o la normativa sobre violencia de género, que obedece a un pacto de Estado, hubiera requerido de un reflexivo debate en el Parlamento en el que, además, se podrían haber corregido algunas cuestiones atinentes a deficiencias en la técnica legislativa. Sin embargo, dada la fórmula legislativa elegida (Real Decreto-ley), solo puede ser sometida a debate y votación de totalidad en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, es decir, sin posibilidad de admitir enmiendas.

Pero ya se sabe el uso y abuso que los gobiernos de todos los signos políticos hacen del Real Decreto-ley; y el Ejecutivo que esté libre de culpa que tire el primer BOE.

 

 

 

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Sobre el autor Fernando Luna
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Abogado especialista en derecho civil, mercantil, penal y agrario, así como en mediación familiar judicial y extrajudicial. En este blog pretende explicar con un lenguaje claro la actualidad jurídica y judicial tanto extremeña como nacional e internacional. Puede enviar sus sugerencias a blogdefernandoluna@gmail.com o a través de la siguiente web: www.luna-ferrezuelo.com