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Antonio Tinoco Ardila

Apenas Tinta

La privatización del Código Penal

El diario ‘Abc’ publicó el pasado miércoles una encuesta según la cual el 80% de los españoles son partidarios de mantener en el Código Penal la figura de la prisión permanente revisable para delitos de asesinato con circunstancias agravadas, tales como que la víctima sea menor de edad o especialmente vulnerable; que haya sido violada por su asesino, o cuando el crimen sea de lesa humanidad o genocidio… Quien haya sido condenado en aplicación de ese artículo es sentenciado, en principio, a una cadena perpetua (la prisión permanente), cuyos efectos se revisarán a partir de los 25 años en prisión si el juez lo permite. Cabe señalar que el Código Penal, antes de que se introdujera la prisión para siempre, ya contempla la reclusión por hasta 40 años, es decir, 15 años más que el tiempo mínimo a partir del cual un condenado a prisión permanente puede obtener la libertad. Es teóricamente posible, por tanto, que alguien condenado a prisión permanente revisable obtenga la libertad con un tiempo de cárcel menor que otro al que se le aplique el tope máximo de los 40 años. Lo que quiero decir es que el fondo de la cuestión que se está ventilando aquí no son los años de condena efectiva, sino que nuestro Código Penal incluya, o no, la cárcel de por vida.

La encuesta de ‘Abc’ se ha publicado en el momento más oportuno: cuando el Congreso tiene pendiente de discutir si se deroga o no esa figura, que introdujo Alberto Ruiz Gallardón con los exclusivos votos de su partido, y cuando los familiares de víctimas que han sufrido asesinatos particularmente atroces y de gran impacto en la opinión pública, como los de Diana Quer, Mari Luz, Marta del Castillo, Ruth y José… piden conjuntamente desde la plataforma Change.org que se mantenga la prisión permanente revisable, para lo cual ya han logrado más de 1.300.000 firmas de apoyo.

Es fácil entender el dolor y la desesperación de estas personas; y que, por ello, encuentren más consuelo cuanto más duro sea el castigo. Pero el Estado no puede admitir que sean las víctimas de los delincuentes las que marquen el alcance de la justicia porque si lo hace estará admitiendo también la privatización del Código Penal, que es el marco coercitivo definido por la sociedad en su conjunto y no por determinados grupos de presión. Y sobre todo porque un Estado que consagre la libertad, junto a la vida, como el bien jurídico más alto y, por tanto, más sujeto a protección, no debería dejar que por cualquiera de sus rendijas se cuele la negación de la esperanza en la reinserción. Si una sociedad renuncia –y, sobre todo, como este caso, lo hace de antemano– a recuperar para la vida ciudadana incluso al peor de sus miembros, inmediatamente deja de cumplir uno de sus destinos más honorables: el de ser espacio de redención. Soy pesimista porque me da la sensación de que poco a poco, casi sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en un Estado desalmado, que lo mismo condena a gente a que siga presa de por vida que niega a otras asistencia sanitaria por el aquel de que no ha nacido aquí. El humanismo que alumbró el Estado de derecho parece ser una antigualla.

 

 

 

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Blog personal del periodista Antonio Tinoco.


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