No diré que el asunto de los lazos amarillos no tiene enjundia porque supone la ocupación de un espacio público que por definición es de todos y cuya neutralidad debería protegerse, como lo acaba de recordar el Defensor del Pueblo. Además, es lo más parecido al intolerable ‘la calle es mía’ de Fraga Iribarne. Pero se nos ha olvidado que antes de que eclosionara el fenómeno de los lazos, los partidos que gobiernan Cataluña ya tomaron una decisión cuya gravedad sería suficiente para considerar el ‘procés’ un movimiento incompatible con la democracia: el cierre del Parlamento.

La decisión de clausurar el órgano de representación de la soberanía de Cataluña fue tomada el pasado 24 de julio por la Mesa de ese órgano y su Junta de Portavoces, dominada por Junts per Catalunya y Esquerra, y rige hasta octubre, es decir, estará más de dos meses clausurado. Tan excepcional es esta medida que Quim Torra pronunció ayer un discurso sobre el camino a seguir para lograr la república y lo hizo en el Teatro Nacional de Catalunya. Seguramente el enclave sea el que más se acomoda a la naturaleza del empeño del ‘president’, por cuanto tiene de farsa, pero esto no impide concluir que, salvo que exista una profunda anomalía democrática, un asunto como este, que es político donde los haya, tendría que ser dado a conocer en la sede que le corresponde: el Parlamento.

Esa anomalía existe. Y es más profunda porque no solo lo que dijo Torra ayer quedó fuera del alcance de una respuesta institucional de los grupos políticos, sino porque  tampoco la tendrán los acontecimientos que están en la agenda de los independentistas durante este mes de septiembre, una hoja de ruta para impulsar su espíritu insurreccional.

Que los independentistas cierren el Parlamento no es extraño: va de suyo en una ideología que se basa precisamente en evitar que se oigan voces que les disgustan, y el asunto en Cataluña ha llegado a un punto en el que todo el mundo se ha quitado ya la careta y no es necesario disimular inexistentes compromisos democráticos. Hay suficientes ejemplos en la Historia sobre cómo se conduce el nacionalismo con los que no son afectos. Sí es extraño, en cambio, que el Gobierno no reaccione ante esta violación de las reglas. ¿El Gobierno, como garante del cumplimiento de la Constitución que ampara al Estatuto de Cataluña y a sus instituciones debería exigir la inmediata reapertura de la institución que representa a los ciudadanos? Yo creo que sí. No hacerlo es una dejación de sus funciones; una complicidad por omisión con quienes han tomado una decisión que atenta contra los derechos constitucionales de los catalanes, entre los cuales está el de ser representados políticamente por la opción que hayan elegido sin limitación alguna; y también una oportunidad de establecer un relato consistente que desenmascare la naturaleza antidemocrática de quienes tachan de Estado fascista, Estado delincuente y epítetos semejantes a España. Es un sarcasmo que Torra y Puigdemont se llenen la boca de superioridad democrática con respecto a España y le hayan puesto un candado al Parlament para que no se oiga más voz que la suya.