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La Reforma Fiscal: el principio de un largo camino
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Javier Galindo - Socio de Garrigues | 21-04-2014 | 15:46| 0
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, atiende ayer las explicaciones del presidente del comité de expertos, Manuel Lagares.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, atiende ayer las explicaciones del presidente del comité de expertos, Manuel Lagares.

El viernes pasado vio la luz el esperado informe encargado por el Gobierno en julio pasado al Comité de Expertos para la Reforma Tributaria , de cuyas principales propuestas les supongo ya enterados a través de los medios de comunicación.

Se inicia por tanto ese camino que tendrá su siguiente hito en la elaboración por parte del Gobierno de los textos normativos de la reforma que presentará a las Cortes Generales en el mes de junio, y que tras la correspondiente tramitación parlamentaria, se convertirán en las Leyes que regularán nuestro sistema tributario, presumiblemente a partir de enero de 2015, especialmente en lo que se refiere al IRPF. Pero tan solo se habrá concluido una etapa, pues el informe prevé una reforma con varias fases para alcanzar los objetivos encomendados.

Cuatro fueron las líneas de revisión fijadas por el Gobierno para el trabajo de la Comisión, dotar al sistema impositivo de mayor simplicidad, garantizar la suficiencia recaudatoria del mismo, favorecer el desarrollo económico, garantizando la unidad de mercado y la neutralidad fiscal, y potenciar el desarrollo social y el ahorro.

La hoja de ruta diseñada, que coincide con las recomendaciones de los principales organismos internacionales, pretende la consecución de estos objetivos de forma gradual. Empieza con una reducción de tipos en los impuestos directos, IRPF e Impuesto sobre Sociedades, que sería compensada en parte con la eliminación de exenciones y deducciones y, principalmente, con una elevación de tipos de IVA que afectaría a los bienes y servicios que tributan a los tipos reducidos y con el incremento de los Impuestos Especiales, como el tabaco y el alcohol; continúa con la homogeneización de los impuestos de carácter medioambiental, establecidos esencialmente por las comunidades autónomas, y con la progresiva sustitución de la imposición sobre la titularidad y transmisión del patrimonio derivándola hacia un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) más potente; y culmina con una futura reducción de las cuotas a la Seguridad Social, cuya recaudación se sustituiría con una subida del tipo general de IVA.

De esta forma, garantizando el nivel de ingresos tributarios e implantando medidas dirigidas a favorecer a determinados colectivos, como las familias y los discapacitados y de impulso del ahorro en cada una de las fases, se favorecería en primer lugar el crecimiento económico con la rebaja de la imposición directa, especialmente en el IRPF, que permitiría un mayor consumo a pesar de la subida de los tipos de IVA reducidos. Posteriormente se acometería la labor de dotar de mayor simplicidad al sistema con la desaparición progresiva de figuras impositivas cuya finalidad es meramente recaudatoria en favor de otras, con finalidad disuasoria de determinados consumos perjudiciales para la salud o el medio ambiente. Paralelamente se produciría la concentración de la imposición patrimonial en un solo impuesto, suprimiéndose el resto al ser claramente ineficientes. Y finalmente, ya en época de crecimiento económico constatado, se trataría de favorecer una mayor creación de empleo rebajando las cotizaciones sociales, una vez que el mayor consumo permita una mayor recaudación por IVA.

El camino se hace al andar, decía el poeta, y casi con toda seguridad habrá circunstancias que impidan seguir la ruta prevista por la Comisión. Además de cambiar radicalmente, aunque de forma progresiva, el sistema tributario español, se pretende conseguir que el cambio de ciclo económico no afecte al nivel de ingresos, como ocurrió a partir de 2007. Si se logra este objetivo, habremos aprendido de los errores cometidos y, al menos, no se habrá perdido el norte, aunque el camino sea otro.

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¿Qué pasará con los servicios municipales tras la Reforma?
Un trabajador de limpieza junto a la oficina comarcal del Sexpe.

Un trabajador de limpieza junto a la oficina comarcal del Sexpe.

Hay muchas ocasiones en las que la aprobación de una Ley tendrá tanta repercusión en nuestras vidas que merecería un poco de debate y reflexión ciudadana pero, por alguna razón, no solemos ser conscientes de ello.

Para quien metido en plenas vacaciones de Navidad se perdiera los titulares de prensa, a finales de diciembre del año pasado, casi para despedirlo, se aprobó una importante norma dirigida a la reforma de la administración local.

Así dicho, el tema parece aburrido y destinado a los profesionales, técnicos y autoridades del mundo municipal pero nada puede estar más lejos de la realidad. Como prueba de que lo inicialmente aburrido es transcendente, acuérdense de que también sonó equivocadamente aburrida la noticia del lejano verano del año 2011 en que se aprobó, por vía exprés, consenso de los dos grandes partidos y metidos como estábamos en el sopor del estío, la reforma del artículo 135 de la Constitución.

La verdadera lectura de aquella importante reforma constitucional y también la de la normativa local ha de hacerse en clave que nos es duramente próxima, en la de los recortes y rigores presupuestarios que acaban afectando a los servicios públicos esenciales y a las ayudas que reciben los más, y los no tan, necesitados.

Desde entonces y hasta ahora –con otras muchas normas asociadas al dominio del saneamiento de las cuentas públicas– la administración ha seguido un camino que en síntesis puede resumirse como la obligación legal de podar todo aquello que no sea económica y financieramente sostenible a corto, medio y largo plazo, con abstracción total de los efectos que cause la poda, por agresiva que sea.

Este tema sí nos suena y está presente en nuestras conversaciones diarias y es del que trata la reciente Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo objetivo es reestructurar la administración local (municipios, mancomunidades, diputaciones provinciales y demás entes dependientes) con el fin de garantizar la estabilidad presupuestaria y limitar la deuda pública local al cumplimiento de los compromisos europeos.

Anteayer tuvimos en Garrigues la oportunidad de compartir con más de doscientas personas venidas desde toda Extremadura, en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, una mañana de reflexión sobre esta reforma, organizada de la mano de la Diputación Provincial de Cáceres.

Y la conclusión primera que, desde un punto de vista estrictamente personal, extraigo de toda la jornada de trabajo, en la que nos acompañaron alcaldes, secretarios, técnicos, representantes del Ministerio y profesores de universidad, además de autoridades, es la de la incertidumbre.

Y la indefinición es peligrosa cuando:

  • Se afecta directamente a la estructura de la administración local y condicionará su papel en la sociedad y en su evolución en el presente y para las próximas generaciones.
  • La reforma es de calado y no pasará inadvertida si llega a cumplirse completamente, como así debería ser tratándose de una norma en vigor.

Pocos aciertan hoy a ver cómo se andará el estricto vía crucis presupuestario que impone la Ley y qué efectos tendrá sobre los ciudadanos; la frase más repetida por los asistentes a la jornada de reflexión fue algo así como “ya veremos cómo acaba esto”, duda peligrosa por definición.

No debemos despreciar que nuestro contacto más directo con la administración se produce precisamente con la local, con los servicios municipales, mancomunados o no, y con los provinciales. Son éstos los que nos suministran el agua que bebemos, los que tratan nuestros residuos, los que limpian y mantienen nuestras calles, los que las iluminan, los que regulan nuestro tránsito por ellas, los que autorizan y supervisan nuestras obras, nuestros mercados, los que atienden a veces a nuestros mayores y a nuestros hijos, etc.

Tantos y tantos servicios que, gestionados de muy diferentes maneras en cada realidad territorial, y muchas veces considerados como conquistas seguras, ahora se van a ver inevitablemente afectados por el contenido de una reforma que afecta de lleno y directamente a los entes que los prestan.

El Ministerio tendrá que aportar claridad al proceso de reforma y los demás, incluidos los ciudadanos, la racionalidad no económica que pueda en su caso faltar a la Ley.

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Todos somos responsables de nuestros actos… y Hacienda también
Ya ha habido varias sentencias que han dado la razón a los contribuyentes frente a Hacienda.

Ya ha habido varias sentencias que han dado la razón a los contribuyentes frente a Hacienda.

¿Cuántas veces hemos oído que todos somos responsables de nuestros actos o esclavos de nuestras palabras? Pues aunque a veces se le olvide, la Administración Tributaria no es una excepción. Así, bajo el parapeto de la disparidad de órganos y la variedad de personas que integran la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (la conocida AEAT) y, en menor medida, las administraciones tributarias autonómicas y locales, el ciudadano se encuentra a veces con calificaciones jurídicas distintas de un mismo supuesto de hecho, dos interpretaciones diferentes a una misma situación que suponen un cambio de criterio de Hacienda sin explicación aparente. Donde dije digo, digo Diego y aquí no ha pasado nada. Pero sí pasa, sí.

Vayamos por partes, siendo justos y antes de reprochar comportamientos poco ajustados a Derecho de la Administración Tributaria, desmitifiquemos una creencia muy extendida entre los contribuyentes. Esto es deducible porque a mí nunca me ha dicho Hacienda nada, o esto cuándo ha cambiado porque yo llevo toda la vida haciéndolo así, son frases que oímos constantemente los profesionales del sector y que, por difícil que les resulte de entender a nuestros clientes, se encuentran vacías de contenido en materia tributaria.

Así, la Administración Tributaria por el simple hecho de no haber revisado una declaración no está validando el contenido de la misma o, dicho de otra manera, Hacienda sólo presta conformidad con lo declarado por el contribuyente en relación a un tributo y a un ejercicio cuando procede a comprobarlo, mediante algún procedimiento tributario, y el mismo termina sin regularización.

Dicho lo anterior, conviene indicar que Hacienda se encuentra sometida al principio general de derecho que veda ir contra los actos propios. Es decir, la Administración ha de ser coherente con sus propios actos, y ha de aceptar las consecuencias lógicas de sus decisiones aunque no le resulten favorables. Este hecho, el ser esclava de sus palabras, es algo que con excesiva frecuencia se le olvida a la Administración Tributaria y que, en su labor de control al fisco, los tribunales tienen que recordarle de vez en cuando.

Recientemente han aparecido publicadas en periódicos especializados diversas noticias sobre pronunciamientos del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional que dan la razón a los contribuyentes, anulando las regularizaciones practicadas por la AEAT, puesto que consideran que la Administración ha ido contra sus propios actos.

Para comprender mejor este tipo de actuaciones arbitrarias que han sido reprobadas por los tribunales se pueden poner infinidad de ejemplos: no cuestionar la deducibilidad de un gasto en un ejercicio y, en relación a otro año, considerar ese mismo gasto como no deducible; calificar tributariamente de manera distinta una misma operación, y aplicar consecuencias diferentes al comprador que al vendedor, etc.

Pero no debemos llevarnos a engaño, la opinión de la Administración Tributaria no es inamovible en el tiempo. Lo que los tribunales sancionan no es el hecho de que pueda cambiar de opinión, sino que no explique de manera suficiente dicho cambio de criterio, puesto que lo que no es admisible en Derecho es que un criterio interpretativo fluctúe en una Administración Pública con el único fin de acomodarse a sus intereses en cada supuesto que proceda a analizar.

Así, la actuación de una Administración tiene que estar presidida por la coherencia y la uniformidad y, si considera que se ha equivocado al emitir una opinión, o que la misma debe cambiar o acomodarse a una nueva situación, motivar de manera suficiente ese cambio de criterio para que el contribuyente comprenda por qué se ha quebrado la confianza que legítimamente tenía de estar actuando de manera correcta, toda vez que así se lo había transmitido la Administración.

Conviene recordar que en estos supuestos no es admisible sancionar, porque resulta evidente que este tipo de situaciones adolecen de la culpabilidad que debe acompañar a toda sanción tributaria. Se trata de un simple apunte en materia de derecho sancionador tributario, puesto que el análisis de las buenas y malas praxis de la Administración Tributaria en este campo se escapa del debate de hoy. No obstante, siendo un tema que suscita bastante interés y continuos conflictos, prometemos tratarlo en un futuro post.

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La franquicia: Un modelo en auge
Las franquicias, un modelo de negocio en auge.

Las franquicias, un modelo de negocio en auge.

En una época de crisis económica como la que venimos padeciendo, hay pocos sectores, como la franquicia, que puedan presumir de haber experimentado un crecimiento año tras año. En 2013, las franquicias han facturado en España más de 19.000 millones de euros (un 5,3% más que en 2012), han dado empleo a 217.000 personas y se han abierto 60.000 nuevos establecimientos bajo esta fórmula.

Para aquellos emprendedores que temen empezar de cero o que tienen dudas en cuanto al negocio que quieren montar, la franquicia se revela como una opción interesante, dada la seguridad que proporciona una idea de negocio probada y de éxito.

A este éxito va a contribuir el Decreto promulgado por la Junta de Extremadura para el apoyo, entre otros temas, a la creación y promoción de franquicias (DOE de 2 de enero de 2014), que prevé ayudas de hasta 5.000 euros para la creación de la franquicia y de hasta 30.000 euros, por establecimiento, para la instalación de tiendas piloto.

No está de más recordar que la franquicia se implementa por medio de un contrato, en virtud del cual una persona (el franquiciador), que es titular de una determinada marca, patente, método o técnica de fabricación, concede a otra (el franquiciado) el derecho a explotarla durante un tiempo, en un lugar determinado y bajo ciertas condiciones de control, a cambio de una prestación económica (que normalmente consiste en el pago de un canon inicial o de entrada, que se complementa con sucesivos pagos –‘royalties’– en función de las ventas realizadas).

El hecho de que cada vez haya más inversores dispuestos a probar fortuna bajo el manto protector de la franquicia, se debe fundamentalmente a tres elementos que caracterizan este contrato: (i) la obligación del franquiciador de ceder al franquiciado sus derechos de propiedad industrial (tales como la marca, el nombre comercial o el rótulo del establecimiento); (ii) la transmisión del saber hacer –‘know how’– del franquiciador; y (iii) la prestación de asistencia comercial y técnica al franquiciado de manera continuada.

Ahora bien, es indudable que no todo son ventajas. El franquiciador impone un método de trabajo y unas condiciones, a veces exigentes, que el franquiciado debe estar dispuesto a asumir, condiciones que diferirán en función de la franquicia de que se trate, pues cada franquiciador tiene sus particularidades que exigirán compromisos comerciales determinados y manuales operativos más o menos extensos.

Por ello, es aconsejable que antes de abrir una franquicia se lleve a cabo un análisis riguroso, valorando aspectos tales como la situación del mercado, los sectores más atractivos (hasta ahora lo están siendo fundamentalmente el ocio y hostelería), las condiciones contractuales, el endeudamiento que hay que soportar, la formación y el apoyo previo a la apertura, etc. De esta forma se evitará generar expectativas inalcanzables y que un buen negocio se convierta en una pesadilla.

Por último, debemos señalar que, con la crisis, el perfil del franquiciado ha cambiado en estos últimos años, ahora nos hallamos ante emprendedores que buscan autoempleo, con lo que orientan el negocio hacia marcas de fácil gestión y limitan al mínimo la inversión a realizar.

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Hacienda podría tener que devolver impuestos cobrados por determinadas herencias
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Javier Galindo - Socio de Garrigues | 14-01-2014 | 10:29| 4
Justicia podría obligar a devolver impuestos sobre herencias cobrados de forma indebida.

Justicia podría obligar a devolver impuestos sobre herencias cobrados de forma indebida.

Hace tiempo que la Comisión Europea demandó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la vulneración del derecho comunitario en que incurre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones al discriminar a los no residentes en España. La noticia es que pronto habrá sentencia, y, según los expertos, parece ser que será condenatoria.

Ya les expliqué en nuestro post del pasado 10 de septiembre de 2013  los motivos por los que existen desigualdades en los impuestos que soportamos según se resida en una comunidad autónoma o en otra.

Sin duda el ejemplo más conocido es el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que tiene una normativa básica estatal y las comunidades autónomas tienen capacidad para aumentar o disminuir la cuota resultante de la aplicación de esta normativa.

Todas han venido estableciendo medidas para disminuir el impuesto hasta el punto de que, por ejemplo, existe una práctica supresión del mismo en Madrid, mientras que en Extremadura las reducciones afectan exclusivamente a las herencias de cuantía más baja.

El Impuesto se paga en la comunidad en que residiera el fallecido, de manera que todos los herederos aplicarían los mismos beneficios aunque residan en comunidades autónomas distintas.

Sin embargo, existe una excepción que es la que ha motivado la demanda de la Comisión Europea. Efectivamente, si uno o varios de los herederos no residen en España, la competencia para recaudar el tributo corresponde al Estado, el cual aplica su normativa, y no la de la comunidad autónoma de residencia del fallecido, de manera que en el caso de dos hermanos que heredan por partes iguales, pero uno de ellos reside fuera de España, este último pagará mucho más que el otro al no poder aplicar las reducciones y bonificaciones de la comunidad autónoma.

Y no se trata de casos aislados. Muchos españoles han ido a buscar trabajo fuera de nuestras fronteras, especialmente en estos últimos años y tenemos en España muchos ciudadanos europeos que decidieron residir en España una vez jubilados, mientras sus hijos permanecen en sus países de origen.

Si finalmente se confirma que la sentencia declare la normativa española como discriminatoria para los no residentes, las consecuencias serían evidentes. Se abriría la posibilidad de pedir la devolución del impuesto pagado para quienes no les haya prescrito esta posibilidad, con los intereses correspondientes al 5% anual. Si se concreta la devolución, quien pagó en su día hizo una buena “inversión”, pues recupera el capital, actualizado por un buen tipo de interés.

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Condena por casita en el campo: ¿Unos sí y otros no?

Hoy nos desayunábamos leyendo en el HOY que alguien ha sido condenado a pena de prisión, multa y prohibición de promover y edificar por haberse construido, sin licencia ni autorización administrativa alguna, una casita de campo en un terreno no autorizado y con protección ambiental.

Muchos lectores habrán visto con asombro esta noticia y su primera reflexión habrá sido: ¿por qué él sí, y tantos otros, que tienen edificado en las mismas condiciones, en sitios de unas condiciones ambientales parecidas, no son objeto de sanción alguna?

Objetivamente y con seguridad, en el supuesto de la noticia, se reunirán todos los requisitos para que proceda la sanción impuesta pero el ciudadano medio no llega a comprender dónde está el límite que origina un tipo de sanción u otra, o incluso ninguna, si los elementos objetivos que concurren son muy similares.

Detrás de ello hay un problema social y cultural relevante. Creo que a todos escandalizan esas urbanizaciones de chabolas de alto “standing” que surgen de un mes para otro y se plantan ante nosotros en las proximidades de las ciudades más importantes de la Región.

Entre Badajoz y Cáceres hay varias: Edificaciones apelotonadas, en parcelas ilegales, sin ningún tipo de elemento de urbanización (conexiones peligrosas con carreteras inmediatas, pozos de sondeo ilegales por doquier, nulo tratamiento de aguas residuales, …), con tipologías y usos dispares: chalecitos humildísimos, cuasi chabolas, casas pretenciosas de tejados negros en la insolada dehesa extremeña, pequeñas naves para guardar caballos o vehículos, etc… todo ello conforme al gusto y criterio de cada cual, y transformando lo que es el medio natural que se busca para el ocio de vacaciones y fines de semanas en un adefesio que se perpetuará durante varias generaciones.

Este fenómeno, que está siendo ya objeto de alguna tesis doctoral, y no es para menos porque es relevante, y con efectos graves sobre el medio natural,  es reflejo del concurso de varias causas y el tratamiento de algunas de ellas deberíamos acometerlo cuanto antes.

La segunda residencia tiene una demanda social amplia y, sin embargo, nuestro ordenamiento urbanístico ha vivido de espaldas a ella, ofreciendo las mismas herramientas que en el desarrollo urbano, cuando se trata de necesidades que requieren  tratamientos diferenciados.

La falta de una normativa reguladora válida ha originado que una parte de la sociedad haya buscado soluciones al margen de la legalidad, y a ello ha contribuido que durante muchos años no se haya perseguido debidamente por las administraciones competentes este tipo de conductas.

Cuando se persigue, no se entiende por qué hay supuestos en los que se ha consentido, generando con ello desorientación en el ciudadano que quiere acceder a su “casita de campo” y no sabe cómo, que ve cómo un conocido, a las bravas,  compró una parcela ilegal en contrato privado y en ella se construyó como quiso, pues no había reglas ni autorizaciones que lo controlaran, la vivienda, casa de día o lo que fuera, con sus anejos y que no pasaba nada por ello.

Además, lo normal, es que todo lo invertido se pagara sin IVA, porque para qué factura, si no había control de ningún tipo.

No es ya que el desarrollo inmobiliario del mundo rural, dirigido no sólo a extremeños que buscan su segunda residencia, sino a población foránea, sea una fuente de riqueza económica a la que no estemos haciendo el caso que merece, es que, posiblemente, al condenado en la noticia de esta mañana si hubiera dispuesto de un ordenamiento razonable que le hubiera permitido construir su “casita de campo” se hubiera atenido a la legalidad.

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Un deseo para el nuevo año: CREAR EMPLEO

Si preguntáramos a los lectores un deseo para el año nuevo, la respuesta mayoritaria seguramente sería la misma: trabajo. Pues bien, parece que últimamente el legislador, convertido en un rara avis de Rey Mago, comienza a responden a ese ruego aprobando leyes que pretenden favorecer la creación de empleo. Así, Melchor trajo la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y Gaspar acaba de aprobar la Ley extremeña de medidas de impulso de la economía, leyes que en sí mismas parecen algo limitadas, pero que esperemos que, junto con las que nos traiga Baltasar, consigan crear empleo de una vez por todas.

Centrándonos en la norma autonómica extremeña, el objetivo de la Ley es, en un primer momento, proteger el empleo y en un segundo, incentivarlo. En palabras del propio legislador, recogidas en la exposición de motivos, se procurará reactivar la actividad económica introduciendo diversas modificaciones en la normativa tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que se concretan en el establecimiento de beneficios fiscales a las actividades empresariales favorecedoras de la inversión y del mantenimiento o incremento del empleo.

La Ley toca todos los impuestos cedidos sobre los que tiene competencias el legislador: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosos y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), pero también introduce cambios en la Ley de Tasas y Precios Públicos, que consisten en el establecimiento de exenciones y bonificaciones en las tasas que van vinculadas al inicio y ampliación de una actividad económica a favor de los sujetos pasivos que comiencen o amplíen sus actividades empresariales en los años 2013, 2014 y 2015. De igual modo se establecen exenciones con la finalidad de potenciar las fusiones y constituciones de cooperativas de segundo o ulterior grado como resultado de la participación en procesos de integración cooperativa.

No nos engañemos, no se trata de una norma innovadora, sino que sigue la misma tendencia de las recientes legislaciones estatales y autonómicas. Así, apuesta por el inversor particular que patrocina una idea de negocio incipiente (los tan de moda Business Angels y capital semilla) mediante la introducción de una deducción autonómica en el IRPF, y como las personas que más creen en nuestros proyectos son nuestros familiares, fomenta las donaciones realizadas por pariente, en dinero o inmuebles que vayan a afectarse a una actividad económica, en el momento de creación de una empresa.

También pretende asegurar la pervivencia de negocios y empresas en funcionamiento, favoreciendo el relevo generacional entre parientes y permitiendo, como gran novedad, donar o legar empresas a los trabajadores de la misma. Por último se reduce la tributación indirecta en el ITPAJD en la transmisión de inmuebles afectos o que se van a afectar al desarrollo de una actividad económica.

Conviene recordar que la obtención de estos beneficios económicos está sujeta a la estricta observancia de los requisitos que los acompañan, por lo que el cumplimiento de todos y cada uno de ellos se convierte en una imperiosa necesidad que evitará sorpresas desagradables de última hora que pueden dar al traste con el proyecto empresarial.

Sólo el tiempo dirá si estas u otras medidas consiguen transformar estos buenos deseos en realidades palpables para el ciudadano, pero al menos disfrutemos de la ilusión de que nos toque el gordo de Navidad convertido en el tan necesario trabajo.

Felices fiestas a todos y próspero año nuevo.

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Límite judicial al impuesto municipal sobre plusvalía
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Javier Galindo - Socio de Garrigues | 03-12-2013 | 12:39| 2
No puede haber plusvalía si el precio de la vivienda ha bajado, según la sentencia.

No puede haber plusvalía si el precio de la vivienda ha bajado, según la sentencia.

Son varias las sentencias de distintos tribunales las que están poniendo límites a las liquidaciones tributarias de los Ayuntamientos en relación al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como Plusvalía Municipal. Un claro ejemplo lo constituye la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de julio de 2013, que niega el derecho a exigir el tributo si efectivamente no se ha producido de forma efectiva plusvalía alguna.

Ya les comentaba en nuestro post del pasado 21 de mayo, que a pesar de que el precio de la vivienda había sufrido un descenso continuado en los últimos años, los impuestos que recaen sobre la misma habían subido. Los motivos de esta mayor presión fiscal se debían, principalmente, a que los valores que Hacienda toma como referencia habían permanecido invariables en estos años de crisis del sector.

Efectivamente, la Ley Reguladora de Haciendas Locales viene a establecer como hecho imponible el incremento del valor experimentado por un terreno puesto de manifiesto como consecuencia de su transmisión. El problema radica en que la propia Ley, cuyos orígenes se remontan a 1988, presuponía que los terrenos urbanos siempre iban a subir de valor, y con la finalidad de simplificar el cálculo del incremento, estableció un sistema de cálculo objetivo de la plusvalía, que no tenía por qué coincidir con la real.

De esta forma la plusvalía gravada es un porcentaje aplicado al valor catastral, que ha permanecido invariable en los últimos años, si no ha llegado a subir. Dicho porcentaje viene determinado por la antigüedad en la titularidad, y, por lógica, va a determinar que siempre habrá incremento de valor. En definitiva, aunque no existiera plusvalía real, los Ayuntamientos siempre podrían exigir el tributo.

La Sentencia viene a decir que si se demuestra que no ha habido plusvalía, no cabe acudir a las normas establecidas para su cálculo, pues no existe presupuesto que habilite al Ayuntamiento para exigir el impuesto. Es más, si la plusvalía calculada es superior a la real, el impuesto ha de exigirse sobre esta última, de manera que la resultante de aplicar la normativa del Impuesto funcionaría como un límite máximo, para el caso de que la real fuera superior.

En definitiva, si se confirma esta línea jurisprudencial, las ya exiguas arcas de los distintos municipios pueden sufrir un revés importante en estos próximos años. No obstante no debe olvidarse la premisa fundamental que debe tener quien transmita un inmueble y crea que no debe pagar el Impuesto: debe estar en condiciones de probar que desde que se adquirió, el terreno asociado al mismo no ha subido de valor.

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Nuevos tiempos para las cooperativas

 

Protesta de trabajadores de Edesa y Fagor, cooperativistas de Mondragon.

Protesta de trabajadores de Edesa y Fagor, cooperativistas de Mondragon.

Autores:
Fabriciano de Pablos, Socio de Garrigues.
Patricio Molina-Spínola, Asociado Senior.

En tiempos de corrupción es cuando más leyes se dan (y también cuando más se incumplen).  No olvidemos que las mejores leyes nacen de las costumbres, y que son innecesarias cuando las conductas son ejemplares.

Hace unos meses, se aprobó la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura y, hace unas semanas, se publicó el Proyecto de Ley estatal de Transparencia. Con estas iniciativas legislativas, se pretenden desarrollar la transparencia de la actividad pública, el acceso a la información y las normas de buen gobierno.

Estas iniciativas en el sector público se inscriben en una tendencia general previa a la crisis (ya son más de 90 países los que ya han publicado algún tipo de código, principios o recomendaciones de buen gobierno corporativo), pero que se va a desarrollar sin duda porque la crisis trae causa -en gran medida- de una mala gestión de las organizaciones públicas y privadas (empresas, administraciones públicas, partidos políticos, fundaciones, cooperativas, etc.)

Existe una conciencia general de que hay que establecer unas nuevas reglas del juego. Así se pide desde distintos sectores porque las consecuencias del modelo de gestión que nos ha llevado a la crisis son de todos conocidas: destrucción de empleo, desconfianza en las instituciones, pérdida del dinero invertido, etc.

Nos hemos dado cuenta, entre otras cosas, de que los recursos son limitados, y hay que usarlos de forma responsable; que no pueden prevalecer los intereses personales en la gestión; que la estrategia debe fijarse a largo plazo y con altura de miras pensando en el interés social; que no se puede consentir una gestión que prime los resultados a corto plazo, sin considerar los riesgos que se asumen; que deben existir mecanismos de supervisión y control y que deben exigirse responsabilidades cuando proceda.

La instauración de nuevos modelos de gestión que incorporen buenas prácticas de gobierno y sistemas de control se va a producir en todos los ámbitos. Lo que hasta ahora eran meras recomendaciones sobre buenas prácticas se van a convertir progresivamente en obligaciones legales, en el ámbito de lo público y en otros sectores. Y cómo no, también en el cooperativo.

La implantación de buenas prácticas tiene de por sí una serie de ventajas para las cooperativas: ofrece mecanismos de control; permite detectar riesgos; supone una ventaja competitiva en el mercado que puede favorecer la obtención de financiación y el desarrollo de proyectos; ayuda a profesionalizar la gestión; reduce el riesgo de responsabilidad y los conflictos; mejora la transparencia y la comunicación con los grupos de interés y también la imagen y apreciación social de la cooperativa. En definitiva, genera confianza.

Cuáles son esas buenas prácticas. En primer lugar, conviene ordenar las relaciones entre la Asamblea General, el Consejo Rector, los Interventores y otros comités o comisiones que se puedan haber creado, definir sus competencias, sus responsabilidades y sus normas de funcionamiento.

A título de ejemplo, es recomendable implantar mecanismos de seguimiento y de responsabilidad (que cada uno responda de sus actuaciones) más allá de las obligaciones legales; que se celebren reuniones periódicas, convocadas con un orden del día previamente distribuido, que se suministre la documentación necesaria, que la información sea medible y comparable (presupuestos, cuadros de tesorerías, etc.), que se trabaje en equipo y que estas reuniones no se limiten sólo a informar de decisiones ya tomadas al margen de los órganos competentes, sino que se adopten los acuerdos de forma colegiada. Además, es importante definir cómo se usa el dinero, gestionar los conflictos de intereses y las oportunidades de negocio y cómo no aportar información fiable a los grupos de interés.

Las iniciativas legales en materia de buen gobierno avanzan en esta senda, pero la mejor manera de acabar con las malas prácticas está en la suma de muchos esfuerzos individuales. No se trata tanto de reformar las leyes como de que los gestores asuman nuevos hábitos de conducta, que incorporen prácticas de buen gobierno a su actividad, que actúen de forma prudente y responsable, con criterios a largo plazo y buscando el interés social.

Entramos en un tiempo nuevo en el que se van a valorar no sólo aspectos económicos, sino que también se van a ponderar otros como la transparencia, la responsabilidad social, la calidad o la profesionalidad, generadores todos ellos de confianza. Desde aquí se invita al sector cooperativo a coger esa bandera, a tomar la iniciativa, revisando sus propias prácticas de gobierno para dar así ejemplo al resto de organizaciones.

 

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IVA de caja ¿realidad o ficción?
El IVA de caja podrá empezar a aplicarse a partir del 1 de enero.

El IVA de caja podrá empezar a aplicarse a partir del 1 de enero.

Más de un lector se preguntará ¿qué es esto del IVA de caja? Ni más ni menos que pagar el IVA a Hacienda cuando se cobra del cliente. Dicho así, la medida parece el vehículo idóneo para atenuar parte de los efectos tributarios de la alta morosidad de nuestra economía ¿verdad? Pues esperen a leer la letra pequeña y juzguen ustedes mismos si el criterio de caja aplicado al IVA se convertirá en una realidad que aliviará financieramente a algunos contribuyentes o en una ficción que nace con escasa esperanza de vida.

Así, lo primero que hay que resaltar es que la medida no es aplicable a todos los empresarios o profesiones, sino solo a aquellos cuyo volumen de operaciones (grosso modo, ventas) del año anterior no supere los 2.000.000 € de euros.

En segundo lugar, la medida viene acompañada de importantes obligaciones de información que conllevarán nuevos y variados problemas de gestión (administrativos e informáticos principalmente) que suponen costes adicionales. Además, claro está, de los costes fiscales derivados de su incorrecta aplicación en forma de sanción tributaria.

Un tercer punto a destacar es que el derecho de no ingresar el impuesto hasta que no se haya abonado el importe íntegro de la factura viene acompañado, a su vez, de la obligación de no deducirse el IVA hasta que no se haya pagado al proveedor.

Y por último, pero no por ello menos relevante, hay que indicar que las obligaciones de información, así como la deducibilidad del impuesto en el momento del pago, afectan no sólo a los empresarios que decidan aplicar el criterio de caja, sino a todos aquellos que contraten con ellos en relación con las facturas emitidas bajo este Régimen especial.

Pues bien, ahora visualicen los efectos de la aplicación del criterio de caja con el siguiente ejemplo práctico:

Supongan que su negocio factura más de 2.000.000 € al año, por lo que, con carácter general, usted ingresa el IVA que repercute y se deduce el impuesto que soporta cuando presta un servicio o entrega un bien. Ahora suponga que va a realizar un pedido de material de oficinas y ha solicitado presupuesto a dos de sus proveedores habituales: uno de los cuales no aplica el criterio de caja, es decir, no le genera nuevos costes de gestión y le permite deducir el impuesto cuando le entreguen la mercancía; y otro que le comunica que se ha acogido a este Régimen especial, por lo que contratar con él provocaría que tuviera que modificar sus sistemas informáticos, aumentaría la información a incluir en sus declaraciones de IVA, separando entre las que siguen el criterio general y en las que se utiliza el criterio de caja, y le obligaría a deducirse el IVA de esa compra, que no del resto, cuando abone esa factura (so pena de sanción si por un despiste se equivoca y aplica el criterio general a esa operación en concreto).

Ahora contesten sinceramente, ante la alternativa de contratar con un empresario que no aplica este Régimen especial y uno que lo aplica ¿quién parece que parte con ventaja?

Aunque la medida se encuentra a la fecha pendiente de desarrollo reglamentario, mucho nos tememos que en nada se van a corregir las consecuencias perniciosas que su aplicación conllevaría para la mayoría de los contribuyentes del IVA, por lo que los efectos prácticos serán escasos, y su impacto sobre la economía real mucho más limitado de lo que en principio cabría esperar.

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