Cuando quieren, nuestros representantes pueden ponerse de acuerdo en un santiamén. Una prueba real es la ratificación por ley de la abdicación del rey. No se recuerda una tramitación legislativa tan rápida desde que se retocó la sacrosanta Constitución el verano de 2011 para, siguiendo el mandato de Berlín y los mercados, fijar el límite del déficit público y garantizarle a nuestros usureros que les pagaremos hasta el último céntimo que les debemos aunque nos vaya la vida en ello. Zapatero y Rajoy necesitaron apenas unos minutos para pactar dicha componenda y aprovecharon que más de medio país estaba de vacaciones para colárnosla de matute.

De nuevo, los líderes de los dos partidos dinásticos, Cánovas Rajoy y Sagasta Rubalcaba, se han compinchado para rubricar un nuevo Pacto de El Pardo que deje atada y bien atada la continuidad de la Monarquía. Gracias a este juego de compadres, el sucesor y ahijado de Franco será sucedido el día 19 por su hijo Felipe sin sobresaltos. Solo falta un detallito para que don Juan Carlos tenga un retiro dorado: su aforamiento una vez ceda la corona y deje de ser inviolable. Por muchas prisas que sus señorías se den para hacerle un traje nuevo que cubra sus vergüenzas ante la tuerta Justicia, al menos un par de semanas el aún rey estará desnudo. Tiempo que los niños terribles republicanos pueden aprovechar para señalarle con el índice. ¿Pero tiene algo de que avergonzarse su majestad? ‘Excusatio non petita…’.

Qué más da un aforado más o un aforado menos. Donde caben 10.000, caben 10.001, y más si es monarca emérito. En eso España sigue siendo una campeona. No hay democracia que se precie con tanto aforado. Ni en Alemania ni en Reino Unido ni en Estados Unidos hay aforados. En Portugal e Italia solo lo es el presidente de la República; en Francia, además de este, lo son el primer ministro y sus ministros. Quizás es que aún no somos una democracia que se precie, porque tanto aforado contradice un principio democrático básico consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución: la igualdad de todos ante la ley.

Sin embargo, nuestros gerifaltes se pasan ese artículo por el arco del triunfo, pues los aforados son cargos públicos (entre ellos, más de 2.000 políticos) con el privilegio de que solo pueden ser juzgados por un tribunal superior de justicia autonómico o el Supremo, como será el caso del ‘rey honorífico’. Es como si en un partido de fútbol a ciertos jugadores no los puede juzgar el árbitro sino solo el comité de competición o de disciplina deportiva. La razón que se alega para justificar el aforamiento es evitar las presiones políticas que puede sufrir un tribunal ordinario cuando juzga a un alto cargo. Se entiende que uno superior es más independiente ante estas presiones. No obstante, los principales miembros de los tribunales superiores autonómicos son elegidos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), elegido a propuesta de los principales partidos. El CGPJ también nombra a los magistrados del Supremo. Por tanto, al final es el vigilado el que vigila al vigilante. Con razón proclamó Alfonso Guerra la muerte de Montesquieu. Mas, hasta el CGPJ admite que hay sobreaforo de aforados.

En fin, nuestra Carta Magna necesita un buen repaso, pero más necesita ser respetada, sobre todo por los encargados de velar por ella. El problema es que hemos puesto a la zorra al cuidado del gallinero.

(Publicado en el diario HOY el 15/6/2014)