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Justicia real
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El Zurdo | 20-02-2017 | 19:01

La sentencia del caso Nóos ha dejado claro que Iñaki Urdangarin y su exsocio de fechorías Diego Torres eran unos golfos apandadores, pero también que Cristina de Borbón era «una mujer florero», como ha dicho el juez instructor, José Castro, y que ni Hacienda somos todos, como admitió en el mismo juicio la abogada del Estado, ni todos somos iguales ante la ley.

La Audiencia de Palma estima que la infanta se lucró de los chanchullos de su marido pero no fue cómplice ni cooperadora necesaria, pese a que compartían a medias la sociedad Aizoon, el arma y escudo del delito. Por ende, la absuelve de fraude fiscal alguno y solo le impone una multa de 265.088 euros. Da por buena la tesis que siempre sostuvo el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y la defensa. Es decir, que la pobre no se enteraba de nada, era una ingenua y tan ciega como la justicia.

El juez Castro no se la cree. Para él, «consintió, participó y se benefició de los delitos de Nóos». Además, ha sugerido que la justicia no es igual para todos al decir que «se le pregunte a Isabel Pantoja» si considera que ha recibido el mismo trato. Al parecer de la justicia, la morena tonadillera era más lista que la rubia infanta y sí estaba al tanto de los negocios de su entonces pareja, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, y la envió al trullo para «servir de freno» a actuaciones similares futuras, o sea, de ejemplo y aviso para corruptos y consortes. Porque otorgarle la libertad condicional podría identificarse con la «cuasi impunidad material» que parecen tener «banqueros, políticos y personas poderosas o de relevancia pública». Visto lo visto, doña Cristina no entra en estas categorías. Ni su esposo, pues su castigo no es ejemplarizante, precisamente. Irá a la cárcel, pero menos de lo que quisiera Anticorrupción. Esta pedía 19 años para el yerno y cuñado de reyes, cuya pena al final es de poco más de seis. Por menos ha sido condenada a nueve años la exconsejera de Turismo valenciana Milagrosa Martínez en el primer fallo del caso Gürtel.

Va a tener razón el magistrado del Supremo Joaquín Giménez, quien emitió un voto discrepante contra la absolución de Francisco Camps en el caso de los trajes, «quien diga que la justicia es igual para todos no sabe de qué está hablando; claro que la justicia no es igual para todos», pues «no hay una clase de delincuentes, hay delincuentes de clase». Y la exduquesa de Palma, aun caída en desgracia, pertenece a la más alta, la de los intocables. Es más, de casta le viene…

Así lo denuncia sin tapujos el periodista Gregorio Morán en su polémico libro ‘El precio de la Transición’, publicado en 1991 y reeditado en 2015 con la reconstrucción de fragmentos censurados dedicados al rey Juan Carlos. «El rey –afirma y reafirma– era el primer operador fraudulento del país, como lo habían sido todos sus predecesores», gracias «a la impunidad que le concedía el Estado y la de su real gana. Y así siguió hasta que los suyos hubieron de cesarle porque ponía en peligro la supervivencia de la institución».

La abdicación de don Juan Carlos y la condena de Urdangarin son el colofón a lo que en realidad ha sido un proceso contra la Monarquía; era el mínimo precio que esta debía pagar para salvarse. Mas, como dice Castro, la sentencia del caso Nóos «deja un montón de incógnitas» sin despejar, incluida la principal, la X.

(Publicado en el diario HOY el 19 de febrero de 2017)

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