Hoy

img
Amnistía judicial
img
El Zurdo | 13-06-2017 | 17:51

GRA491. MADRID, 13/06/2017.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su asistencia al Pleno del Senado, que debate las enmiendas de veto a la totalidad registradas por los grupos a los Presupuestos Generales del Estado de 2017. EFE/Kiko Huesca

 

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado un tirón de orejas al Gobierno de Rajoy por la amnistía fiscal que aprobó en 2012. El guardián de la Carta Magna ha anulado la medida de gracia concedida por decreto a los defraudadores que afloraron dinero negro que guardaban en paraísos fiscales o bajo un colchón de plumas de ganso a cambio de tributar solo un 10% de lo declarado, que al final se quedó en un 3%. Considera que vulnera el artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe el uso del decreto ley cuando las medidas aprobadas afecten a los deberes consagrados en el Título I, como es el «de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos» (artículo 31.1).

No obstante, además de fallar contra la forma de la amnistía, los sumos magistrados arremeten contra el fondo, al advertir que sus perpetradores, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la cabeza, «en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica». En plata, el fin (la reducción del déficit) no justifica los medios (la amnistía), que, para más inri, poco ayudaron a lograr dicho fin, pues solo reportaron al erario público 1.200 millones de euros, menos de la mitad de lo previsto. De esta forma, subrayan, se legitima como una opción válida «la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir». O sea, se avala que todos no somos iguales ante la ley ni ante Hacienda.

Lo insólito es que justo eso, legitimar esa conducta insolidaria y el malfacer de Montoro (por mucho menos se dimite en otros países) y compañía, hace el TC al dejarlos sin castigo. Y es que su reprimenda no tendrá consecuencias para el Ejecutivo ni los sospechosos habituales de cuello blanco (Rato, Bárcenas, el clan Pujol y Granados, entre otros) y alguno de cuello azul, como el líder sindical minero José Ángel Fernández Villa, que se beneficiaron de, en palabras del alto tribunal, «la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos». Más claro, los doce hombres sin piedad del TC no sancionan al Gobierno por la amnistía ni invalidan la regularización de casi 40.000 millones de origen, cuando menos, dudoso que salieron a la luz con ella. Alegan la necesidad de preservar «la seguridad jurídica», misma razón que adujo el Supremo cuando anuló las cláusulas suelo en 2013 pero sin carácter retroactivo y luego llegó el Tribunal de la UE a enmendarle la plana.

Todo lo contrario. El dejar impunes a esos golfos apandadores y a sus cómplices monclovitas aumenta la inseguridad jurídica, pues de facto se les indulta o amnistía. Como dice el filósofo italiano Paolo Flores d’Arcais en ‘¡Democracia!’, el defraudador es «el parásito que burla a su vecino» y «una fuerza política que no lleve a cabo una lucha sin cuartel contra el fraude fiscal es enemiga de la democracia». Y advierte: «Toda violación o atenuación del principio de legalidad desfigura y pone en mora la democracia». Porque en la democracia la ley es el poder de los sin poder y el Gobierno que la incumple abusa del poder.

(Publicado en el diario HOY el domingo 11 de junio de 2017)

Sobre el autor El Zurdo

Últimos Comentarios

veintitresydoce 25-05-2016 | 16:46 en:
Regreso al futuro

Otros Blogs de Autor