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Vestigios de lo viejo

(FILES) Photo taken 11 November 2005 of the basilica of the Valle de los Caidos (The Valley of the Fallen) a monument to the Francoist combatants who died during the Spanish civil war and Franco's final resting place just outside Madrid. Spanish congress are to approve, 31 October 2007 a controversial bill, the Law of Historical Memory, which condems the Franco regime and demands the removal of statues and monuments put up by the regime. AFP PHOTO/PHILIPPE DESMAZES/

Nací cuando el dictador y la dictadura agonizaban, el 12 de febrero de 1974, justo el día en que el entonces presidente del Gobierno, el pusilánime Carlos Arias Navarro, pronunció ante las Cortes el discurso más liberal jamás oído a un jerarca franquista y puso las bases para una apertura tímida y controlada del régimen. Fue lo que se conoció como el ‘espíritu del 12 de febrero’. Pero este sucumbió rápido bajo la bota del sector más inmovilista del franquismo, el búnker. Solo con la arribada de Adolfo Suárez a la Moncloa comenzaría a abrirse de verdad la puerta a la democracia, es decir, la transición, ese tiempo claroscuro en el que, parafraseando a Gramsci, lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo no acababa de nacer.

Esa apertura no fue de golpe, pero acabó con un golpe el 23-F de 1981, último coletazo de lo viejo, o eso parecía. Y lo nuevo germinó, al fin, con la victoria socialista en las elecciones del 28-O de 1982. No obstante, lo viejo no expiró del todo; se convirtió en un zombi cuyos vestigios aún se ven no solo en callejeros, topónimos o el valle de Cuelgamuros, sino también en nuestras instituciones, algún que otro partido y alguna que otra ley, incluida la fundamental.

Así, vestigios de lo viejo son artículos constitucionales medievales como el 56.3, que establece que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», o sea, está por encima de la Ley y no puede ser juzgada; o el 57.1, que da preferencia al varón sobre la mujer en la sucesión al trono. Ambos entran en contradicción con el 14, por el que «los españoles son iguales ante la ley (…)».

Vestigios de lo viejo también encontramos en el Código Penal, como los artículos 490.3 y 491, que tipifican los delitos de injurias a la Corona, por los que han sido condenados los raperos Hasel y Valtònyc, ‘El Jueves’ o dos manifestantes que quemaron una foto del Rey. El Tribunal de Estrasburgo nos condenó en marzo por violar la libertad de expresión de dichos manifestantes, al igual que hizo tras ser sentenciado Arnaldo Otegi a una pena de prisión por el mismo delito al llamar «jefe de los torturadores» al rey Juan Carlos. Para la corte europea, «la protección especial» de la Corona no se ajusta al Convenio Europeo de Derechos Humanos, suscrito por España. Es más, entra en colisión con los artículos 20 (libertad de expresión), 16 (libertad ideológica, religiosa y de culto) y 14 de la Constitución. Con estos tampoco son conciliables los artículos 524 y 525 del Código Penal, que recogen como delitos que ofenden los sentimientos religiosos la profanación y el escarnio (camuflaje legal del delito de blasfemia desde que se eliminó en 1988). Acusándolo de ello, un juez ha procesado al actor Willy Toledo.

Ahora que nuestra democracia atraviesa la crisis de los 40, manifestada con una ruptura del bipartidismo, es el momento de actualizarla a través de una reforma de su Carta Magna que, sin perder la memoria histórica, entierre definitivamente al zombi, para lo que no basta con exhumar su cadáver del Valle de los Caídos. Imbuido del gatopardista ‘espíritu del 12 de febrero’, Pedro Sánchez ha planteado una timorata enmienda constitucional para restringir los aforamientos. Con todo, puede ser el leve empujón preciso para poner en marcha ese ‘aggiornamento’. Esta segunda transición no será fácil, pues se topa con la contumaz resistencia del búnker genovés y su muleta naranja, pero es inevitable. Mas, ojo, como advierte Gramsci, en interregnos como el que vivimos surgen los monstruos.

(Publicado en el diario HOY el 30 de septiembre de 2018)

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