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Montesquieu sigue muerto

Desayuno Informativo de Europa Press con Fernando Grande-Marlaska 15 noviembre 2018 15/11/2018/

Montesquieu, el padre reconocido de la separación de poderes, no solo está muerto, como sentenció Alfonso Guerra hace lustros, sino que sigue enterrado y bien enterrado. Al menos en España, donde el espíritu del barón francés aún palidece ante la alargada sombra de Franco y la Santísima Trinidad potestativa es más formal que real. Para muestra, dos botones. El primero, el reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, entre los aún dos grandes partidos del país, con la connivencia de Podemos, que de querer asaltar los cielos ha pasado a arrastrarse por el fango de la ‘realpolitik’. El segundo, la intención de Pedro Sánchez de gobernar, hasta agotar la legislatura, a golpe de decretazo si, como parece, no logra que las Cortes aprueben sus presupuestos para 2019.

Ambos hechos corroboran que los poderes legislativo y judicial más que controlar al ejecutivo están subordinados a él. También confirman que socialistas y populares aparcan sus riñas de gatos cuando toca distribuirse cargos. Por tanto, fue un paripé la ruptura de relaciones entre Sánchez y Casado después de que el líder del PP acusara al presidente del Gobierno de ser «partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España», en alusión al ‘procés’.

El pacto de PSOE y PP para repartirse los vocales del CGJP y poner al frente al magistrado Manuel Marchena ha soliviantado a la judicatura, que tiene una razón de peso más para hacer huelga el día 19. Es más, asociaciones de jueces como la Francisco de Vitoria (AJFV) han anunciado que recurrirán la designación de Marchena y la elevarán hasta la justicia europea, si es necesario. «Ya es hora de que se cumpla la legalidad de una vez por todas», ha dicho Raimundo Prado, portavoz de la AJFV, que ya recurrió la elección del actual presidente del CGJP y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en 2013, tras muñir el bipartidismo una componenda similar. Entonces, como ahora, la AJFV consideraba que tamaño «cambalache» político implicaba una «injerencia» de los partidos y del Gobierno en el Poder Judicial. Sin embargo, el Supremo rechazó su recurso al estimar que «la voluntad libre de los vocales que votaron a favor no puede ponerse en duda a causa de la teórica existencia de tratos previos».

Está bien que los jueces se rasguen las togas ante lo que entienden que es un escándalo, pero que no esperen que el Alto Tribunal cambie de criterio ahora. Dichos «tratos previos» no son nuevos, se han pergeñado desde que nuestra democracia es partitocracia. La realidad es que «en España existe un Poder Judicial débil que está a merced de presiones políticas», como asevera Joaquim Bosch, exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia y coautor del libro ‘El secuestro de la Justicia’ junto al director de eldiario.es, Ignacio Escolar. Además, está a merced de presiones económicas, como dejó patente el Supremo al recular y decidir que el impuesto de actos jurídicos documentados que grava las hipotecas lo siga pagando el cliente y no la banca.

Montesquieu alertaba de que la democracia se corrompe o por la falta de igualdad o cuando los gobernados pierden el respeto a sus gobernantes. Y les pierden el respeto cuando son o se sienten víctimas de sus abusos. El jurista ilustrado recetaba que «para que no se pueda abusar del poder es preciso que (…) el poder frene al poder», porque, como advertía, no hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo.

(Publicado en el diario HOY el 18 de noviembre de 2018)

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