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Categoría: Datos económicos
El error de interpretar los datos de movilidad laboral como emigrantes

Desde hace ya algún tiempo, las agencias de trabajo temporal vienen desarrollando una estrategia de márketing que consiste en difundir informes estadísticos. Y no habría ningún problema en ello si no fuera porque muchos de esos informes, aparentemente rigurosos, se sustentan en interpretaciones y cálculos erróneos que pasan inadvertidos para quienes no conocen a fondo las estadísticas laborales. Ya ha ocurrido reiteradamente con Adecco y sus supuestos informes sobre emigración al exterior con datos extraídos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, como ya comenté aquí hace más de dos años: ¿Cuántos extremeños emigran al extranjero?

Pues volvemos a tener un ejemplo reciente. Ayer mismo, la agencia Randstad publicó una nota de prensa con el siguiente titular: “Los trabajadores de Castilla La Mancha, Castilla y León y Aragón son los que más emigran por motivos laborales”. El contenido toma como base las cifras del Boletín trimestral de datos básicos de movilidad que publica el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), correspondiente al primer trimestre de 2014, en el que se recogen todos aquellos contratos que implican que el trabajador consigue un empleo en una provincia distinta a la de residencia.

Pero la agencia (o quienes preparan el informe por encargo) mete la pata al convertir el número de contratos con movilidad en trabajadores emigrantes. Y el problema es que, con la confianza de que ese informe lo ha elaborado alguien experto, casi ningún medio se para a comprobar los datos y se hace eco sin más contemplaciones. Empiezan las agencias (por ejemplo, Efe: “La tasa de movilidad laboral en España se sitúo en el 12,48% durante el primer trimestre“), que luego crean una nota en cada comunidad autónoma con sus respectivos datos (en Extremadura, “Casi 6.000 trabajadores emigraron de la región en el primer trimestre“), y hasta se hacen grandes reportajes incluso en la prensa económica, que debería ser la entendida en estas cuestiones (Cinco Días: “Obligados a cambiar de provincia“). De este modo, la equivocación va en cadena sin que nadie la detenga.

Veamos cuáles son los principales errores de interpretación de la supuesta noticia:

1.- Los datos de movilidad laboral solo reflejan número de contratos, no personas. El hecho de que en España se hayan firmado más de 440.000 contratos que implican movilidad provincia no significa que 440.000 trabajadores hayan encontrado empleo en otras provincias. Hay trabajadores, por ejemplo en el sector agrario, que en un periodo firman varios contratos de corta duración. Es el mismo error que si se dijera que, puesto que en julio se firmaron 58.256 contratos en Extremadura, hubo 58.256 trabajadores que encontraron empleo. Por tanto, el número de contratos no puede interpretarse como número de trabajadores.

2.- La suma de los saldos provinciales no es  igual al saldo autonómico total. Los datos que facilita el SEPE son a exclusivamente a escala provincial y contabilizan contratos que implican salida o entrada del trabajador en la provincia. De la diferencia entre esas dos cifras se obtiene el saldo, que puede ser positivo (hay más contratos de entrada) o negativo (más contratos de salida). Lo que no se puede hacer es sumar los saldos de cada provincia para hallar el saldo autonómico, puesto que en las cifras de cada provincia se incluyen aquellos contratos que suponen entrada o salida con respecto a otras provincias de la misma comunidad.

Si Badajoz tiene un saldo de -3.720 y Cáceres tiene -2.243, el saldo autonómico de Extremadura no puede ser -5.943, puesto que se están contabilizando contratos que implican movimientos entre ambas provincias. Este problema crece cuantas más provincias tenga la comunidad autónoma en cuestión. En conclusión, los saldos autonómicos calculados por Randstad están inflados. ¿Cuál sería la cifra real? Todavía no podemos saberlo, porque los datos publicados trimestralmente no detallan el cruce provincial. El informe exhaustivo del SEPE se publica con carácter anual y con cierto retraso, pues el último disponible corresponde al año 2012.

3.- Encontrar un trabajo en otra provincia no supone ser un emigrante. Con mucha frecuencia, la gente se desplaza a otra provincia a trabajar sin cambiar su domicilio real. Es el caso de cientos de funcionarios que cada día viajan de Cáceres a Mérida para trabajar en el Gobierno regional. Yo mismo hago ese trayecto a diario. Siguiendo el criterio de Randstad, todos seríamos emigrantes, pero es obvio que esto no es así. De hecho, las provincias limítrofes son las que más contratos mueven en una y otra dirección, lo que demuestra que son mayoritariamente desplazamientos laborales, no emigraciones.

En definitiva, estamos ante una noticia plagada de errores que anulan su validez. Puede parecer una tontería, pero es demasiado frecuente ver en los medios de comunicación ciertas informaciones que se basan en cifras mal calculadas o en errores de interpretación propios de quien se lanza a manejar datos sin antes conocer a fondo el significado real, el alcance y la metodología de las estadísticas que maneja. Éticamente, esto debería ser un fraude para cualquier periodista.

Y para terminar, retomo algo de lo que ya advertí en este blog hace un año: “Nunca os fiéis de una estadística manejada por una empresa de trabajo temporal, sea Randstad o Adecco, que las carga el diablo”.

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¿Por qué se hunde o dispara la producción industrial de Extremadura?

Esta mañana hemos conocido el dato de producción industrial de Extremadura correspondiente al pasado mes de diciembre. Según el INE, la industria extremeña ha producido un 34,8% menos que el mismo mes de 2011, mientras que la media nacional solo ha retrocedido el 8,5%. Este mal dato ya tuvo su anticipo en noviembre, cuando la producción industrial cayó un 25,4% con respecto al año anterior. A primera vista, estas cifras parecen poner en evidencia un hundimiento del sector industrial extremeño en los dos últimos mesdes de 2012. Pero si ampliamos el foco y vemos la variación interanual de cada uno de los meses del año, nos encontramos con que en junio se produjo un crecimiento del 30%. Es decir, que la producción se hunde tan pronto como se dispara. Estos datos, puestos sobre un gráfico, nos muestran una evolución conocida como dientes de sierra, con enormes altibajos.

 Evolución del Índice de Producción Industrial de Extremadura

 

¿A qué se deben estos bandazos? Para entender la explicación, primero hay que saber que el Índice de Producción Industrial (IPI) es, como señala el INE, “un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la construcción”. Para su obtención se realiza una encuesta continua de periodicidad mensual que investiga todos los meses más de 13.200 establecimientos de todo el país. Una vez obtenidos los datos de estas empresas, el INE construye un índice que permite conocer el comportamiento del sector industrial. Para elaborar ese índice global, se otorga una determinada ponderación a cada uno de las ramas o subsectores industriales, en proporción a su peso real sobre el total de la industria. Este mismo procedimiento se realiza para obtener el dato de cada comunidad autónoma. Ahora bien, como la industria no tiene el mismo perfil en todas las regiones, hay que ajustar la ponderación de cada subsector al peso que cada uno tiene, no sobre el total del país, sino sobre la industria de cada comunidad. Por eso, un mismo sector puede tener una trascendencia muy diferente en dos regiones distintas.

El distinto peso de los subsectores industriales en cada comunidad es, precisamente, la clave que explica esos ‘dientes de sierra’ del IPI extremeño. Y, por concretar más, el sector energético. En el índice general de España, la energía representa un 13% del total. Pero en Extremadura su peso se eleva hasta casi el 47%. Eso quiere decir que las variaciones del sector energético tienen en Extremadura una repercusión casi cuatro veces mayor que en el total del país. En principio, este protagonismo de la energía beneficia a la región, porque es un sector que está viviendo una gran expansión en los últimos años. Pero, aun con ese crecimiento, la mayor parte de la producción energética extremeña procede de la Central Nuclear de Almaraz, que periódicamente tiene que someterse a paradas para proceder a la recarga de combustible nuclear. Y he aquí la segunda clave: la incidencia de estas paradas en la producción energética de la región y, en última instancia, en la producción industrial total de Extremadura.

Cada vez que la Central Nuclear de Almaraz para la producción de alguna de sus dos unidades, el índice de la rama energética de Extremadura experimenta un fuerte descenso que arrastra a la baja al índice general, debido, como hemos dicho, a su repercusión sobre el total. Si estas recargas se produjeran siempre en los mismos meses del año, las repentinas variaciones no producirían grandes oscilaciones, porque se compararían entre sí meses con baja producción energética o, en otros momentos, meses con una producción normal. El problema es que las recargas no siempre se producen en los mismos meses. De hecho, cada una de las unidades se somete a una renovación del combustible cada año y medio, aproximadamente. Esto supone que hay ocasiones en las que se comparan meses de baja producción energética con otros de alta, o viceversa. Por eso, la variación interanual del índice energético y del IPI general se dispara unas veces y se hunde otras, como se ve en los siguientes gráficos:

 

En este segundo gráfico se ve que la producción industrial se ha hundido en Extremadura en diciembre (un 34,8% interanual) porque en el mes de diciembre de 2011 no hubo ninguna parada en Almaraz y, por tanto, entonces la producción energética era normal.

¿Qué dato del IPI se debería analizar para reducir el efecto causado por las paradas de Almaraz? Desde el punto de vista del análisis económico, lo más riguroso es hacer medias trimestrales o, como hace el INE, medias de lo que va de año. En diciembre, esa media coincide con la media anual. Su comparación con respecto a la media de 2011 indica que la producción industrial de Extremadura bajó un 7,7% (no el 34,8% que dicen algunos teletipos, que confunden la variación interanual de diciembre con la variación del año), frente al 5,8% de la media. Hasta noviembre, la media de lo que va de año había ido mejor en Extremadura que la media, pero el mal dato de diciembre ha perjudicado al dato anual.

Otra fórmula es fijarse en el índice no energético. En diciembre, la variación interanual reflejaba una caída del 23,3% (11,5 puntos menos con respecto al índice global), frente al 10,3% de retroceso del total del país. En media anual, la producción industrial no energética de Extremadura ha bajado en 2012 el 7,6%, solo seis décimas más que la media del país (7%).

En resumen, a la hora de valorar la evolución de la producción industrial extremeña hay que tener en cuenta las distorsiones introducidas por las paradas de Almaraz. Y, por supuesto, no confundir nunca la variación interanual de un mes, un dato más sometido a ‘dientes de sierra’, con la variación de la media acumulada, que es un dato de evolución más estable y refleja mejor la tendencia del sector industrial.

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La sentencia del TC sobre el impuesto bancario aliviará el déficit y la tesorería

Diez años y medio. Es el tiempo que ha tardado el Tribunal Constitucional en resolver el recurso presentado en su día por el Gobierno central contra el impuesto extremeño sobre los depósitos de las entidades de crédito. Se lo ha tomado con calma, pero al final ha dado la razón a la Junta de Extremadura. En consecuencia, las entidades bancarias tendrán que hacer por fin efectivo el pago del impuesto, una cantidad que, sin añadir intereses, supera los 180 millones de euros.

El hecho de que la legalidad del impuesto sobre depósitos haya estado en cuestión ha servido de excusa a la gran mayoría de las entidades financieras para no hacer efectivo el pago en todo este tiempo. En su lugar, se han limitado a presentar la liquidación anual avalando las cantidades correspondientes. Desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, el impuesto genera unos derechos reconocidos (ingresos), pero apenas alguna entidad lo paga, de tal forma que la recaudación sólo representa una media del 0,03% de lo que la Administración extremeña debería recibir, según los cálculos que ya expuse en un extenso reportaje publicado en mayo por la desaparecida revista INFORME Semanal de Extremadura. El resto se consideran derechos pendientes de cobro.

¿Cuánto dinero han dejado de pagar en efectivo las entidades de crédito durante estos diez año por no haber sentencia? Entre 2003 (primer año de cobro) y 2010 (último año con liquidación presupuestaria disponible), el impuesto generó unos derechos de 131,5 millones de euros (casi un 23% más de las previsiones iniciales), pero sólo se recaudaron 3,9 millones, por lo que la deuda pendiente de cobro a las entidades financieras era de 127,6 millones de euros. Aún no se ha dado a conocer la Cuenta General del año 2011, pero haciendo una estimación muy conservadora sobre la base de las previsiones presupuestarias se puede calcular que el año pasado se dejaron de cobrar en efectivo al menos 26,5 millones de euros. Por tanto, los derechos pendientes acumulados hasta 2011 superan los 154 millones de euros. Aplicando el mismo cálculo a la cantidad prevista en los Presupuestos de 2012, que estimó la recaudación en algo más de 30 millones, los derechos totales pendientes de cobro hasta el momento, sin contar los intereses, superan con claridad los 180 millones de euros, como se detalla a continuación:

Datos del Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito

 

Estas cifras, como digo, son conservadoras. Pero si tenemos en cuenta que los derechos generados han estado siempre por encima de la previsión presupuestaria, la cifra real pendiente de pago está en torno a 200 millones de euros, como ha señalado el presidente de la Junta, José Antonio Monago. Con los intereses, el montante rondará los 240 millones.

Menos déficit

¿Qué repercusiones tendrá esta sentencia favorable a los intereses del Gobierno regional? La primera y más obvia: se levantarán las dudas sobre el impuesto y ello permitirá llevar a cabo una recaudación normal, como la de cualquier otro tributo. La segunda, y más importante, es que autorizará el cobro en efectivo de los más de 180 millones de euros de derechos pendientes, lo cual supondrá un gran respiro para la tesorería autonómica (no computará como ingresos presupuestarios, sino como entradas ‘de caja’).

El cobro de estos atrasos también generará efectos positivos sobre el déficit. Durante todos estos años, al calcular el déficit en términos de Contabilidad Nacional (que sigue las directrices europeas para determinar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad), la Intervención General del Estado ha venido descontando estos derechos pendientes de cobro por considerarlos “recaudación incierta”, en previsión de una posible sentencia desfavorable, lo cual afectaba negativamente al déficit o superávit de cada año. Ahora, en cambio, cuando se recaude lo pendiente, ocurrirá lo contrario: el Estado lo considerará un ajuste a favor, de tal manera que reducirá en buena parte el déficit de este ejercicio.

Una larga historia

Por culpa de la tardanza del Tribunal Constitucional, el Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito ha permanecido durante más de diez años en una especie de limbo. El impuesto, diseñado por la Junta que presidía Juan Carlos Rodríguez Ibarra y aprobado por la Asamblea de Extremadura en noviembre de 2001, nació con la finalidad de “coadyuvar eficazmente al desarrollo económico de Extremadura” con unas medidas que “arraiguen el ahorro regional” y lo impliquen en “el progreso o interés regional”. Los legisladores añadieron en la exposición de motivos que otro objetivo irrenunciable era “atajar el endémico problema de la fuga de ahorro que sufre Extremadura y que ha propiciado durante décadas un proceso de descapitalización y ‘exportación’ del ahorro”.

Para conseguir estos objetivos, y como se deduce de su propio nombre, el impuesto grava “la captación de fondos de terceros”, es decir, todo el dinero depositado en las oficinas que tengan los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito en Extremadura. A esos depósitos se les aplica un tipo impositivo que inicialmente iba del 0,3% al 0,5%, según el volumen de esos fondos. Sobre esa base imponible se establecen deducciones por cada sucursal, por tener la sede central en Extremadura, por la obra social y por determinadas inversiones de utilidad pública o interés social que se concierten con la Junta de Extremadura. Gracias a estas deducciones, las cajas de ahorros quedan prácticamente exentas de pago.

La creación del impuesto sobre depósitos salió adelante con los votos a favor del PSOE e IU y el rechazo del PP (que no presentó enmienda a la totalidad), y entró en vigor el 1 de enero de 2002, si bien la recaudación se inició en 2003 porque se hace a año vencido. Pero enseguida se encontró con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, entonces presidido por José María Aznar. El argumento del abogado del Estado era que el impuesto vulnera los artículos 139.2 y 157.2 de la Constitución y los artículos 6 y 9 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), los cuales impiden a las comunidades establecer tributos que supongan un obstáculo para la libre circulación de capitales o que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por las corporaciones locales. El recurso contra el impuesto fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el 7 de mayo de 2002 (que el 1 de octubre del mismo año levantó la suspensión de aplicación solicitada por el Gobierno) y ha estado desde entonces pendiente de resolución.

Curiosamente, Andalucía estableció el mismo impuesto el año pasado, pero en esta ocasión el Gobierno decidió no recurrir. Probablemente se debiera a un gesto del Gobierno de Zapatero a una comunidad gobernada por el PSOE, aunque no hay que descartar que el Estado, a la luz de las últimos cambios legislativos sobre fiscalidad autonómica, haya considerado ahora que no hay argumentos sólidos contra el impuesto.

No hay doble imposición

Aunque el Tribunal Constitucional no la publicará en su web oficinal hasta dentro de unos días, la sentencia del Tribunal Constitucionalpor la que se declara la validez del Impuesto sobre los Depósitos de Entidades de Crédito ya se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación. En resumen, los argumentos que utiliza para rechazar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno son los siguientes: no existe coincidencia con el IVA o el IAE, no grava bienes o actos fuera de Extremadura y no afecta a la libre circulación de capitales. Más detalles sobre los argumentos en esta otra entrada del blog.

 

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La deuda pública extremeña echó el freno en el segundo trimestre

El endeudamiento de las comunidades autónomas continuó creciendo en el segundo trimestre del año, aunque lo hizo a un menor ritmo que a principios de 2012. Y entre las regiones que más echaron el freno en ese periodo se encuentra Extremadura. Según los datos publicados hoy por el Banco de España, referidos al pasado 30 de junio, la deuda pública extremeña acumula un total de 2.078,6 millones de euros, solo un 0,3% más que en marzo, mientras que la media nacional avanzó el 2,6%. Extremadura es la tercera comunidad con mejor evolución en el segundo trimestre. Con respecto al PIB, la deuda extremeña equivale al 11,9% de la economía regional, lo que supone 3,5 puntos menos que la media.

Con respecto a junio de 2011, la deuda pública extremeña ha crecido un 2%, frente a un incremento del 8,7% de la media autonómica, de modo que la región se sitúa como la cuarta con menor avance en los últimos doce meses.

El grueso de la deuda pública extremeña corresponde a la Administración regional, que alcanza los 2.053,1 millones de euros. Es solo un 0,4% más que trimestre anterior, un crecimiento siete veces menor que la media. En el último año sube un 1,8%, frente al 11% de la media nacional. Esta deuda representa el 11,8% del PIB extremeño, 2,4 puntos inferior a la media.

Mejor evolución presenta en el segundo trimestre el endeudamiento de las empresas públicas extremeñas, que cae un 5,4%, hasta los 25,5 millones de euros, mientras que el total nacional se mantuvo sin cambios. Con respecto al PIB, la deuda de las empresas públicas extremeñas baja al 0,1%, frente al 1,2% de la media autonómica.

Extremadura se mantiene como la región con menor deuda pública total por habitante, con 1.878 euros, muy lejos de los 3.463 euros de la media nacional. En el otro extremo se encuentra Cataluña, con 6.651 euros, más del triple de la extremeña.

Si se analiza con detalle la estructura de la deuda pública de la Administración extremeña, de los 2.053 millones de euros, solo 185 millones, es decir, el 9%, son préstamos a corto plazo (con vencimiento inferior a un año) con las instituciones financieras.

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Extremadura cobrará 92,7 millones por la liquidación del sistema de financiación de 2010

La liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2010 no va a suponer un varapalo económico para las regiones como lo fue en los dos años anteriores, cuando se vieron obligadas a empezar a devolver lo cobrado de más en los ejercicios 2008 y 2009. Según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la liquidación de 2010 arroja un resultado positivo de 10.010,9 millones de euros, a favor de las comunidades. Descontados los anticipos concedidos con cargo a esa cuantía, el saldo pendiente de pagar a las regiones es de 5.102,1 millones de euros.

Por lo que se refiere a Extremadura, la liquidación del ejercicio 2010 le concede el derecho a cobrar 190,1 millones de euros, de los que 92,7 millones están pendientes de pago por parte del Estado, puesto que el resto ya lo ha recibido la Administración extremeña en distintos anticipos.

Estas liquidaciones positivas indican que el dinero adelantado por el Estado a las comunidades autónomas en 2010 ha sido finalmente inferior a la suma de los rendimientos tributarios definitivos y de los fondos de convergencia correspondientes a ese ejercicio. En 2008 y 2009, ocurrió lo contrario, de tal manera que a Extremadura (como al resto de comunidades) le resultó a devolver 252,3 y 764,4 millones, respectivamente.

En general, el sistema de financiación autonómica generó en 2010 para Extremadura unos recursos totales de 3.100,6 millones de euros, con el siguiente desglose:

 

IRPF (50%) 525,1
IVA (50%) 527,5
Impuestos Especiales (58%) 338,2
Tributos no sujetos a liquidación* 279,1
Fondo de Garantía 679,6
Fondo de Suficiencia Global 586,7
Fondo de Convergencia 164,5
Recursos totales 3.100,6

* Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el Juego, Tasas por servicios transferidos, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

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La economía extremeña cayó un 1,8% en el primer trimestre de 2012

El Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) confirma lo que ya se temía: que la economía extremeña está experimentando una recesión mucho más dur0 que la media nacional. En concreto, y según los datos de la Contabilidad Trimestral de Extremadura recién publicados -con la nueva base 2008 del INE-, el PIB extremeño cayó un 1,8% interanual en el primer trimestre de 2012, un desplome más de cuatro veces mayor que el de la economía nacional, que bajó el 0,4% en el mismo periodo. El retroceso calculado por el IEEX es una décima superior al que hace dos semanas dio a conocer la Fundación Caja Extremadura en su Boletín de Coyuntura Económica.

Con respecto al último trimestre de 2011, el PIB regional ha descendido un 0,4%, una décima más que la media del país.

El único sector que está tirando de la economía extremeña es el agroganadero. A pesar de que ha retrocedido un 0,1% intertrimestral, en los últimos doce meses acumula un avance del 3,1%, casi cuatro veces más que la agricultura nacional. Entre los sectores que retroceden, la industria baja un 0,2% interanual, un dato relativamente positivo si se compara con la caída del 3% de la industria nacional. La construcción, que es el sector con peor evolución, desciende un 4,9%, cuatro décimas menos que la media del país. El sector decisivo en la abultada caída interanual de la economía es el de los servicios, pues pierde un 2,3%, que contrasta con la subida del 0,8% de la media nacional. Los positivos datos del turismo y el comercio exterior no parecen suficientes para amortiguar este duro retroceso del sector con más peso de la economía extremeña.

El IEEX no ofrece previsiones oficiales para los siguientes trimestres, pero, si se dan por buenas las estimaciones de la Fundación Caja Extremadura, cabe esperar que la caída del PIB extremeño se vaya aminorando a medida que avanza 2012, en una tendencia inversa a la media nacional, de tal forma que Extremadura podría cerrar el año con una caída interanual de ‘sólo’ el 0,7%, frente a un retroceso del 3,5% de la economía española.

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