La sentencia del TC sobre el impuesto bancario aliviará el déficit y la tesorería
Diez años y medio. Es el tiempo que ha tardado el Tribunal Constitucional en resolver el recurso presentado en su día por el Gobierno central contra el impuesto extremeño sobre los depósitos de las entidades de crédito. Se lo ha tomado con calma, pero al final ha dado la razón a la Junta de Extremadura. En consecuencia, las entidades bancarias tendrán que hacer por fin efectivo el pago del impuesto, una cantidad que, sin añadir intereses, supera los 180 millones de euros.
El hecho de que la legalidad del impuesto sobre depósitos haya estado en cuestión ha servido de excusa a la gran mayoría de las entidades financieras para no hacer efectivo el pago en todo este tiempo. En su lugar, se han limitado a presentar la liquidación anual avalando las cantidades correspondientes. Desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, el impuesto genera unos derechos reconocidos (ingresos), pero apenas alguna entidad lo paga, de tal forma que la recaudación sólo representa una media del 0,03% de lo que la Administración extremeña debería recibir, según los cálculos que ya expuse en un extenso reportaje publicado en mayo por la desaparecida revista INFORME Semanal de Extremadura. El resto se consideran derechos pendientes de cobro.
¿Cuánto dinero han dejado de pagar en efectivo las entidades de crédito durante estos diez año por no haber sentencia? Entre 2003 (primer año de cobro) y 2010 (último año con liquidación presupuestaria disponible), el impuesto generó unos derechos de 131,5 millones de euros (casi un 23% más de las previsiones iniciales), pero sólo se recaudaron 3,9 millones, por lo que la deuda pendiente de cobro a las entidades financieras era de 127,6 millones de euros. Aún no se ha dado a conocer la Cuenta General del año 2011, pero haciendo una estimación muy conservadora sobre la base de las previsiones presupuestarias se puede calcular que el año pasado se dejaron de cobrar en efectivo al menos 26,5 millones de euros. Por tanto, los derechos pendientes acumulados hasta 2011 superan los 154 millones de euros. Aplicando el mismo cálculo a la cantidad prevista en los Presupuestos de 2012, que estimó la recaudación en algo más de 30 millones, los derechos totales pendientes de cobro hasta el momento, sin contar los intereses, superan con claridad los 180 millones de euros, como se detalla a continuación:
Estas cifras, como digo, son conservadoras. Pero si tenemos en cuenta que los derechos generados han estado siempre por encima de la previsión presupuestaria, la cifra real pendiente de pago está en torno a 200 millones de euros, como ha señalado el presidente de la Junta, José Antonio Monago. Con los intereses, el montante rondará los 240 millones.
Menos déficit
¿Qué repercusiones tendrá esta sentencia favorable a los intereses del Gobierno regional? La primera y más obvia: se levantarán las dudas sobre el impuesto y ello permitirá llevar a cabo una recaudación normal, como la de cualquier otro tributo. La segunda, y más importante, es que autorizará el cobro en efectivo de los más de 180 millones de euros de derechos pendientes, lo cual supondrá un gran respiro para la tesorería autonómica (no computará como ingresos presupuestarios, sino como entradas ‘de caja’).
El cobro de estos atrasos también generará efectos positivos sobre el déficit. Durante todos estos años, al calcular el déficit en términos de Contabilidad Nacional (que sigue las directrices europeas para determinar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad), la Intervención General del Estado ha venido descontando estos derechos pendientes de cobro por considerarlos “recaudación incierta”, en previsión de una posible sentencia desfavorable, lo cual afectaba negativamente al déficit o superávit de cada año. Ahora, en cambio, cuando se recaude lo pendiente, ocurrirá lo contrario: el Estado lo considerará un ajuste a favor, de tal manera que reducirá en buena parte el déficit de este ejercicio.
Una larga historia
Por culpa de la tardanza del Tribunal Constitucional, el Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito ha permanecido durante más de diez años en una especie de limbo. El impuesto, diseñado por la Junta que presidía Juan Carlos Rodríguez Ibarra y aprobado por la Asamblea de Extremadura en noviembre de 2001, nació con la finalidad de “coadyuvar eficazmente al desarrollo económico de Extremadura” con unas medidas que “arraiguen el ahorro regional” y lo impliquen en “el progreso o interés regional”. Los legisladores añadieron en la exposición de motivos que otro objetivo irrenunciable era “atajar el endémico problema de la fuga de ahorro que sufre Extremadura y que ha propiciado durante décadas un proceso de descapitalización y ‘exportación’ del ahorro”.
Para conseguir estos objetivos, y como se deduce de su propio nombre, el impuesto grava “la captación de fondos de terceros”, es decir, todo el dinero depositado en las oficinas que tengan los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito en Extremadura. A esos depósitos se les aplica un tipo impositivo que inicialmente iba del 0,3% al 0,5%, según el volumen de esos fondos. Sobre esa base imponible se establecen deducciones por cada sucursal, por tener la sede central en Extremadura, por la obra social y por determinadas inversiones de utilidad pública o interés social que se concierten con la Junta de Extremadura. Gracias a estas deducciones, las cajas de ahorros quedan prácticamente exentas de pago.
La creación del impuesto sobre depósitos salió adelante con los votos a favor del PSOE e IU y el rechazo del PP (que no presentó enmienda a la totalidad), y entró en vigor el 1 de enero de 2002, si bien la recaudación se inició en 2003 porque se hace a año vencido. Pero enseguida se encontró con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, entonces presidido por José María Aznar. El argumento del abogado del Estado era que el impuesto vulnera los artículos 139.2 y 157.2 de la Constitución y los artículos 6 y 9 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), los cuales impiden a las comunidades establecer tributos que supongan un obstáculo para la libre circulación de capitales o que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o por las corporaciones locales. El recurso contra el impuesto fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional el 7 de mayo de 2002 (que el 1 de octubre del mismo año levantó la suspensión de aplicación solicitada por el Gobierno) y ha estado desde entonces pendiente de resolución.
Curiosamente, Andalucía estableció el mismo impuesto el año pasado, pero en esta ocasión el Gobierno decidió no recurrir. Probablemente se debiera a un gesto del Gobierno de Zapatero a una comunidad gobernada por el PSOE, aunque no hay que descartar que el Estado, a la luz de las últimos cambios legislativos sobre fiscalidad autonómica, haya considerado ahora que no hay argumentos sólidos contra el impuesto.
No hay doble imposición
Aunque el Tribunal Constitucional no la publicará en su web oficinal hasta dentro de unos días, la sentencia del Tribunal Constitucionalpor la que se declara la validez del Impuesto sobre los Depósitos de Entidades de Crédito ya se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación. En resumen, los argumentos que utiliza para rechazar el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno son los siguientes: no existe coincidencia con el IVA o el IAE, no grava bienes o actos fuera de Extremadura y no afecta a la libre circulación de capitales. Más detalles sobre los argumentos en esta otra entrada del blog.
Se agravan los malos augurios sobre la evolución demográfica de Extremadura y, en general, de España. El INE acaba de publicar la actualización de sus proyecciones de población para la próxima década, que prevén una notable pérdida de población en el país. De este negro panorama no se salvan ni las migraciones, cuyo saldo negativo irá a menos a medida que pase la crisis, pero serán el factor principal de reducción del número de habitantes, ni el crecimiento vegetativo, pues en España las defunciones comenzarán a superar a los nacimientos en 2018.
Según las previsiones del INE, Extremadura tendrá a 1 de enero de 2022 un total de 1.064.213 habitantes (no hay que olvidar que es un cálculo a partir del último censo, cifra siempre inferior a la oficial del Padrón). Serán 18.854 habitantes menos que a principios de 2012, es decir, una reducción del 1,74%. Además, se prevé que esta tendencia negativa se acreciente con el paso del tiempo: la región pasará de perder 1.305 habitantes este año a 2.394 en 2021. Pero, aun siendo negativa, la evolución extremeña no será tan mala como el total nacional, que perderá un 2,5%: más de 1.150.000 habitantes.
Las nuevas proyecciones del INE son mucho más pesimistas que las publicadas hace un año. Entonces calculaba que Extremadura perdería un 0,69% de la población en el periodo 2011-2021, mientras que ahora será más del doble, el 1,74%, en la década 2012-2022. Lo mismo ocurre con el total de España, que pasa de perder el 1,23% al 2,5%.
Por provincias, se ve claramente que Cáceres es la que más arrastra a la baja la evolución de la población extremeña. Seguirá perdiendo población año a año, hasta sumar 17.287 habitantes menos en 2022. Badajoz, en cambio, ganará población durante tres años y entrará en negativo a partir de 2015, de modo que al final de la próxima década tendrá 1.567 habitantes menos.
Al igual que ocurre con el total nacional, la evolución de Extremadura va a ser negativa tanto por lo que se refiere al crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones), como por las migraciones.
Entrando en detalles, las proyecciones del INE señalan que Extremadura registrará decrecimientos vegetativos todos los años, y con una fuerte tendencia al alza: de un saldo negativo de 838 habitantes en 2012 se saltará a uno de 2.259 en 2021, casi el triple. La clave está en el descenso de la natalidad, que caerá un 15,6%, mientras que las defunciones apenas bajarán un 1,2% en la próxima década.
La evolución provincial en este terreno es idéntica a la ya mencionada para el total: Cáceres perderá más de mil habitantes al año por saldo vegetativo, mientras que Badajoz registrará crecimiento natural durante tres años, antes de comenzar a tener saldos negativos. Es la misma tendencia que apuntaba la proyección publicada el año pasado.
En cuanto a las migraciones, que habían sido el principal factor de crecimiento de la población extremeña durante los años de bonanza, tendrán un peso negativo en la evolución de la próxima década. Es precisamente aquí donde más se nota la actualización de las previsiones del INE. La proyección que hizo hace un año señalaba que Extremadura iba a registrar saldos migratorios positivos todos los años, ligeramente al alza; ahora, en cambio, pronostica saldos negativos que irán suavizándose con el paso del tiempo: de -468 habitantes en 2012 a -134 en 2021. No cabe duda de que este cambio de previsiones obedece al giro que están dando las migraciones en España con motivo de la crisis, como ya hemos señalado en otras ocasiones en este blog.
En línea con los datos que el INE viene avanzando trimestralmente en sus estimaciones de población actual, las nuevas proyecciones indican que el saldo migratorio con respecto a otros países va a ser negativo durante siete años, aunque con tendencia a mejorar: la emigración exterior superará en 238 personas a la inmigración este año, cifra que se irá reduciendo hasta pasar a un saldo positivo en 2020. Curiosamente, estos saldos negativos exteriores se deberán a la provincia de Badajoz, pues Cáceres ganará habitantes, aunque sean pocos, por esta vía durante toda la década.
También se han tornado negativos los saldos de migraciones con respecto a otras comunidades autónomas. Extremadura perderá una media de 257 habitantes por la mayor emigración, con un repunte hacia la mitad de la década que luego que irá reduciendo. Desde el punto de vista provincial, en este terreno se cambian los papeles: Badajoz ganará población todos los años, aunque con tendencia a la baja, mientras que Cáceres los perderá todos los años.
La confluencia de estos factores señalados (decrecimiento vegetativo y saldos migratorios negativos) hará que la tasa de dependencia, es decir, el porcentaje de población mayor de 64 años con respecto al total en edad de trabajar, siga aumentando tanto en España como en Extremadura. En 2022, el 33,3% de la población española tendrá 65 años o más, un punto más que en la región (32,3%). Si se le suman los menores de 16 años, la tasa de dependencia total sube hasta el 55,3% en Extremadura y el 58,1% en el total nacional, frente al 50% que se ronda en la actualidad. Ello quiere decir que, en diez años, más de la mitad de la población estará fuera de la edad laboral, con lo que ello supone para el sostenimiento de los sistemas de seguridad social.
El tercer trimestre del año ha vuelto a deparar buenas noticias para la hacienda pública en Extremadura, o al menos no tan malas como el arranque del año. La recaudación de impuestos acumulada hasta septiembre en las ventanillas extremeñas de la Agencia Tributaria alcanza los 634,1 millones de euros, que representan un 8% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados hoy por este organismo. La caída sigue siendo importante, pues la media estatal es del 2,1%, pero es mucho más suave que el 12,5% del segundo trimestre o el 21,2% de los tres primeros meses de 2012.
Esta desaceleración supone un cierto alivio frente a los malos augurios de principios de año, si bien habrá que esperar a ver en el último trimestre el comportamiento del IVA tras la subida de tipos del pasado mes de septiembre. Pero por el momento la evolución es positiva y ello se traduce en que Extremadura vuelve a mejorar posiciones con respecto a otras comunidades autónomas: ahora es la quinta región con mayor caída, por detrás de Cantabria (-23%), Asturias (-16,6%), Castilla y León (-13,2%) y Murcia (-12,2%).
Del total recaudado por la Agencia Tributaria en Extremadura, 489,1 millones de euros corresponden a impuestos directos, 134 millones a indirectos y 11 millones a tasas y precios públicos.
La mejora de la recaudación extremeña se debe, fundamentalmente, a la notable recuperación del IVA. Hasta junio acumulaba un descenso del 29,5%, pero en el tercer trimestre se limita al 11,7% (la media estatal es del 5,3%), con un total de 137,2 millones de euros. Buena parte de este cambio de rumbo se explica por la subida del impuesto, que animó el adelanto de compras al mes de agosto. No obstante, el verdadero efecto recaudatorio de la subida se constatará en lo que queda del año. En este sentido, la fuerte caída del comercio minorista registrada en septiembre (10% en Extremadura, 12,6% de media estatal) no invita al optimismo, a pesar de que el Gobierno confía en que el incremento del IVA tendrá resultados recaudatorios positivos.
Por su parte, el IRPF, que es la partida de mayor peso, mejora ligeramente y se sitúa en 427,6 millones, un 5,4% menos que en el mismo periodo de 2011, frente al aumento del 1,6% del total del país.
Todos estos datos corresponden exclusivamente a lo recaudado por la Agencia Tributaria estatal, no por la Junta. A este respecto, los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, correspondientes al mes de agosto, señalan que la caída interanual de la recaudación por impuestos cedidos es también muy notable: un 9,59% en el caso de Sucesiones y Donaciones y un 19,28% en el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos. No hay, sin embargo, datos detallados sobre la evolución de los tributos propios regionales.
El año 2012 será el secundo consecutivo en que Extremadura perderá población. En esta dirección apuntan los datos sobre estimaciones de población actual del tercer trimestre del año que el INE acaba de dar a conocer. Según esas cifras, tanto el movimiento natural de la población como las migraciones están contribuyendo conjuntamente a reducir el número de habitantes de la región. Y se confirma, como ya comentamos en este blog, que la emigración de los extranjeros está resultando decisiva en la negativa evolución de la población extremeña.
El INE calcula que, a 1 de octubre de 2012, Extremadura tiene 1.081.322 habitantes (no hay que olvidar que esta estadística siempre da cifras inferiores a las del Padrón). En comparación con el inicio del año, la región ha perdido 1.745 personas, un 0,16%. En esta reducción pesa más la peor evolución de la provincia de Cáceres, que se deja 1.580 habitantes (-0,39%), frente a los 165 menos de la provincia de Badajoz (-0,02%).
Uno de los factores que explican esta desfavorable tendencia es el movimiento natural de la población. La diferencia entre nacimientos y defunciones en los tres primeros trimestres del año arroja un saldo negativo de 629 habitantes. Si se tiene en cuenta que el saldo de todo 2011 fue de 711 personas menos, parece razonable pensar que el saldo vegetativo va a ser más negativo en 2012. Y en este asunto la clave está en la provincia de Cáceres, que en lo que va de año ha perdido 754 habitantes, mientras que Badajoz ha ganado 124.
Pero la razón principal del retroceso de la población extremeña está en las migraciones, tanto las interiores como las exteriores. Por lo que se refiere a las producidas dentro del país, y según estas estimaciones del INE, Extremadura venía registrando saldos interautonómicos positivos hasta 2010. Pero en 2011 se invirtió la tendencia, puesto que las salidas a otras regiones superaron en 610 personas a las entradas. Y en los tres primeros trimestres de 2012 ya se ha llegado a las 664 personas menos.
Por el lado de las migraciones exteriores, el INE confirma lo que apuntaba el trimestre anterior: que Extremadura está registrando en 2012 un saldo negativo, fundamentalmente por los extranjeros. Si en 2011 la región ganó 1.510 extranjeros, entre enero y septiembre de este año ya ha perdido 257. Es decir, que este año se marchan a otros países más inmigrantes que los que llegan. Ello es fruto tanto de la mayor emigración como de la menor inmigración de extranjeros.
El saldo de españoles también es negativo en este periodo, en 195 personas, pero la cifra podría quedar la final por debajo de los 382 del año anterior. Este dato rompe con la idea generalizada de que hay una emigración masiva de extremeños -como el resto de los españoles- al extranjero. En general, el saldo negativo total por salidas al extranjero, de 452 habitantes menos, es uno de los más bajos del país.
Los datos aquí expuestos proceden, como se ha apuntado, de los saldos migratorios, es decir, de la diferencia entre emigraciones e inmigraciones. Este aspecto es importante, porque mirar solo una parte de la estadística puede conducir -y conduce, de hecho- a conclusiones erróneas. Por ejemplo, con motivo de la publicación de estos datos, numerosos medios de comunicación han alertado de que 420.150 españoles se han marchado del país en lo que va de año, como una consecuencia lógica de la crisis. Y aquí hay dos errores. El primero está en que de esos emigrantes, solo 54.912 son españoles. Y el segundo error consiste en no restar las más de 282.000 personas que han llegado a España en ese mismo periodo. En rigor, habría que decir que el país ha perdido 137.628 habitantes por las migraciones al extranjero. Y de ellos solo 25.539 son españoles. Son cifras importantes, sí, pero menos alarmistas y más cercanas a la realidad.
Los créditos rozan una caída interanual del 7% en Extremadura
La reducción de los créditos pendientes de los extremeños se aceleró en el segundo trimestre de este año y acumula ya una caída interanual del 6,8%. Según los datos publicados hoy por el Banco de España, referidos al 30 de junio, los extremeños debían a las entidades financieras un total de 21.690,2 millones de euros. De ellos, 19.828,4 millones correspondían a particulares y empresas, que son quienes están rebajando más su deuda en el último año, con un 6,9%. El resto, 1.861,8 millones, estaba en manos de las administraciones públicas, que han recortado sus créditos pendientes un 4,9% con respecto a junio de 2011.
Extremadura es la cuarta región con mayor disminución de los créditos, más del doble que la media nacional, situada en el 3,3%. No obstante, esta rebaja del endeudamiento, sobre todo el privado, es señalada por los economistas como un elemento positivo, pues va en la línea de la corrección de los desequilibrios de fondo de la economía española.
En cuando a los depósitos de los extremeños en entidades financieras, la caída interanual se ha suavizado hasta el 4,3%, la segunda menor de todo el país, gracias a que en el segundo trimestre se produjo un aumento del 0,9%. El volumen acumulado a finales de junio es de 17.019 millones de euros. A esta mejora trimestral han contribuido con mayor fuerza las administraciones públicas extremeñas, con un aumento del 23%, hasta casi alcanzar los 674 millones de euros, mientras que particulares y empresas han aportado un 0,2% más que en marzo y se quedan en 16.345 millones.
En comparación con junio de 2011, las administraciones extremeñas han conseguido aumentar sus depósitos un 1%, mientras que empresas y particulares los reducen un 4,5%. Entre estos últimos, el mayor descenso se produce entre los depósitos a plazo fijo, que se sitúan en 8.321,6 millones, un 7,1% menos, seguidos de las cuentas a la vista (2.304 millones, un 4% menos) y de las libretas de ahorro (5.719,4 millones, un 0,6% menos).
La deuda pública extremeña echó el freno en el segundo trimestre
El endeudamiento de las comunidades autónomas continuó creciendo en el segundo trimestre del año, aunque lo hizo a un menor ritmo que a principios de 2012. Y entre las regiones que más echaron el freno en ese periodo se encuentra Extremadura. Según los datos publicados hoy por el Banco de España, referidos al pasado 30 de junio, la deuda pública extremeña acumula un total de 2.078,6 millones de euros, solo un 0,3% más que en marzo, mientras que la media nacional avanzó el 2,6%. Extremadura es la tercera comunidad con mejor evolución en el segundo trimestre. Con respecto al PIB, la deuda extremeña equivale al 11,9% de la economía regional, lo que supone 3,5 puntos menos que la media.
Con respecto a junio de 2011, la deuda pública extremeña ha crecido un 2%, frente a un incremento del 8,7% de la media autonómica, de modo que la región se sitúa como la cuarta con menor avance en los últimos doce meses.
El grueso de la deuda pública extremeña corresponde a la Administración regional, que alcanza los 2.053,1 millones de euros. Es solo un 0,4% más que trimestre anterior, un crecimiento siete veces menor que la media. En el último año sube un 1,8%, frente al 11% de la media nacional. Esta deuda representa el 11,8% del PIB extremeño, 2,4 puntos inferior a la media.
Mejor evolución presenta en el segundo trimestre el endeudamiento de las empresas públicas extremeñas, que cae un 5,4%, hasta los 25,5 millones de euros, mientras que el total nacional se mantuvo sin cambios. Con respecto al PIB, la deuda de las empresas públicas extremeñas baja al 0,1%, frente al 1,2% de la media autonómica.
Extremadura se mantiene como la región con menor deuda pública total por habitante, con 1.878 euros, muy lejos de los 3.463 euros de la media nacional. En el otro extremo se encuentra Cataluña, con 6.651 euros, más del triple de la extremeña.
Si se analiza con detalle la estructura de la deuda pública de la Administración extremeña, de los 2.053 millones de euros, solo 185 millones, es decir, el 9%, son préstamos a corto plazo (con vencimiento inferior a un año) con las instituciones financieras.
Los extremeños siguen confiando en que las Loterías y Apuestas del Estado les ayuden con un golpe de suerte a salir de la crisis. Y los obligados recortes de gasto los aplican a los juegos de la Once y de otros operadores privados. Ése es el retrato de Extremadura que se extrae de la Memoria Anual del Juego correspondiente al año 2011 publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los números globales muestran que los extremeños se gastaron el año pasado un total de 501 millones de euros en juegos de azar. Esta cifra supone un 15,7% menos que en 2010, frente a un descenso del 9,3% del total nacional regionalizado (sin contar el juego online). Pese a ello, Extremadura no está a la cabeza de los recortes, pues hay seis comunidades con mayor reducción del gasto en juego.
Desde el inicio de la crisis, la caída acumulada en la región se aproxima más a la media nacional: el 21,5%, frente al 19,9% del total regionalizado. Pero, al contrario de lo que se podría pensar, el descenso del gasto no ha sido más o menos lineal a lo largo de esta dilatada crisis. De hecho, en 2008 se alcanzó el máximo histórico, con 679 millones de euros en Extremadura y 32.309 millones en España, y 2009 también cerró con cifras muy altas. El desplome comenzó en 2010 y continuó en 2011.
Ahora bien, no todos los juegos han corrido igual suerte. En líneas generales, como el resto de los españoles, los extremeños han mantenido el gasto en Loterías y Apuestas del Estado, que representa más de un tercio del total. En 2011 apostaron en los juegos estatales 192 millones de euros, un 1,6% más que el año anterior, e idéntico incremento con respecto a 2007. Entrando en más detalle, los extremeños son fieles a la Lotería Nacional (93 millones) y a la Bono-Loto (14 millones), que no registraron variaciones en 2011, y han cambiado la Primitiva (48 millones, -5,9%) y la Quiniela (8 millones, -20%) por el Euromillones, que alcanzó una recaudación de 29 millones de euros, un 38% más que el año anterior.
Por el contrario, los mayores recortes de gasto se acumulan en los juegos de los operadores privados, especialmente en las máquinas ‘tipo B’, las conocidas como tragaperras, que suponen otro tercio del gasto total en juego. Los extremeños se gastaron unos 196 millones de euros en estas máquinas, que han perdido en torno a un 30% desde el inicio de la crisis. En bingos se jugaron unos 34 millones de euros, un 40% menos que el año anterior y un 52% menos desde 2007. Y en casinos se apostaron 33 millones, un 17,5% en el último año y un 28% menos con respecto al inicio de la crisis.
La Once es el único operador en el que hay ciertas diferencias entre Extremadura y el total nacional. Los extremeños se gastaron en los juegos de esta organización 45,8 millones de euros, el 90% de los cuales corresponden al tradicional cupón en sus múltiples variantes. La cifra supone un 5,2% menos que en 2010 y casi un 15% menos desde 2007. En cambio, el total nacional creció un 5% en el último año, y la caída acumulada durante la crisis no llega al 10%.
¿Y qué hay de los premios? A falta de cifras totales, el informe señala que las Loterías y Apuestas del Estado repartieron en Extremadura 95 millones de euros (dos menos que en 2010), la Once dejó 26 millones (cinco más) y los bingos devolvieron 21 millones, frente a los 36 millones del año anterior, una caída directamente relacionada con el desplome del gasto registrado por estos operadores en la región.
La mejora de la recaudación tributaria registrada en el segundo trimestre del año ha permitido al Estado y, en particular, a Extremadura reducir la notable caída de ingresos con la que arrancó este 2012. Según los datos publicados hoy por la Agencia Tributaria, la recaudación de impuestos acumula a finales de junio en la región un descenso del 12,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado, muy por debajo del 21,2% que se registró en el primer trimestre. El Estado, por su parte, ha obtenido un 3,6% menos, lo que supone una mejora de 2,3 puntos con respecto al trimestre anterior.
Extremadura, además, deja de ser la región con la mayor caída de la recaudación tributaria del país, pues Cantabria, Asturias y Castilla y León han experimentado una peor evolución, aunque los ingresos impositivos en Extremadura se siguen viendo lastrados por la negativa marcha de la economía extremeña.
En total, las administraciones públicas han recaudado en la región 344,9 millones de euros, frente a los 394,3 millones del mismo semestre del año anterior. Por capítulos, 261,3 millones corresponden a impuestos directos, 76,6 a indirectos y 7 por tasas y precios públicos.
De nuevo, el IVA es, con diferencia, el impuesto con peor recaudación: 78,7 millones, un 29,5% menos que el año anterior, mientras que la media cae solo el 10%. El Estado prevé corregir esta reducción con la subida de tipos que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, aunque esa mejora está supeditada a una condición: que no se hunda el consumo.
Por el IRPF, que es la partida de mayor peso, se han obtenido 236,9 millones de euros, un 5,8% menos que en 2011, en contraste con el aumento del 1,9% del total del país.
Hay que recordar, no obstante, que estas caídas de la recaudación, que no incluyen la evolución de los impuestos cedidos (como Sucesiones o Transmisiones) ni los tributos propios (como el ‘impuesto a las eléctricas’), no tendrán una incidencia inmediata en los ingresos de la Junta de Extremadura, pues el Estado continuará realizando sus transferencia con arreglo a las previsiones presupuestarias. El efecto, si la tendencia negativa no se corrige, se notará dentro de dos años, cuando se liquide el actual ejercicio del sistema de financiación autonómica y, en su caso, haya que devolver lo ingresado de más.
La ejecución presupuestaria de la Administración extremeña parece que avanza dentro de los cauces previstos. Según el informe de ejecución trimestral publicado hoy por el Gobierno regional en el Diario Oficial de Extremadura, la ejecución de los ingresos y los gastos no financieros en el primer semestre de 2012 muestra un nivel casi idéntico: 37,7% y 37,4% del presupuesto inicial, respectivamente. Ello supone que la aplicación de los gastos se está manteniendo por debajo del ritmo de ingresos de las arcas regionales, un factor positivo si se tiene en cuenta que impedir el crecimiento descontrolado de los gastos es requisito imprescindible para poder cumplir las previsiones y los compromisos de déficit.
De enero a junio, por operaciones no financieras (corrientes y de capital) se han reconocido unos derechos (ingresos) de 1.626.952.267,60 euros y unas obligaciones (gastos) de 1.778.853.460,99 euros. El resultado de estas operaciones no financieras arroja un déficit presupuestario de 151.901.193,39 euros. La cifra es alta, pero representa apenas un tercio del déficit no financiero previsto para todo el ejercicio (443 millones), es decir, el mismo nivel que la ejecución presupuestaria.
Esos casi 152 millones de euros serán la base que tomará la Intervención General del Estado para calcular, aplicando determinados ajustes, el déficit en términos de Contabilidad Nacional, que es la cifra oficial de referencia y se dará a conocer en septiembre. En el primer trimestre, según los datos del Ministerio de Hacienda, Extremadura registró un déficit de 40 millones de euros, equivalente al 0,23% del PIB.
Si al déficit presupuestario no financiero se las variaciones de activos y pasivos financieros (estas últimas son las de endeudamiento), se obtiene un saldo presupuestario negativo de 110,2 millones de euros.
En cuanto a las operaciones relacionadas con la tesorería, en el primer semestre del año se ha registrado un déficit de caja no financiero de 11.860.383,39 euros. Sumadas las operaciones financieras, el saldo de caja es positivo en 34,3 millones de euros.
La crisis está haciendo mella en la evolución de la población extremeña. Durante los últimos años, la llegada de extranjeros había sido un factor decisivo para el crecimiento del número de habitantes en Extremadura, al igual que en el resto de España. Sin embargo, el elevado volumen de paro causado por la crisis está dando la vuelta a este fenómeno, puesto que está disminuyendo la entrada de inmigrantes y, al mismo tiempo, está aumentando su salida de España. Así lo reflejan las estimaciones sobre población y evolución demográfica actual correspondientes al primer semestre de 2012 que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística.
En cifras globales, y a fecha de 1 de julio de 2012, Extremadura cuenta con 1.081.821 habitantes (hay que recordar que este número es inferior al del padrón oficial debido a la diferente metodología estadística, como ya explicamos en este blog). Ello supone una reducción del 0,12% en comparación con el inicio del año y también con respecto a los habitantes que había hace un año en la región. Por provincias, Badajoz tiene 679.028 (-0,01% en el semestre) y Cáceres 402.793 (-0,29%).
Por lo que se refiere al movimiento natural de la población extremeña, las estimaciones apenas reflejan variaciones sobre el año anterior. Se calcula que en el primer semestre ha habido 4.927 nacimientos y 5.295 defunciones, cifras que suponen aproximadamente el 50% de lo acumulado en 2011, por lo que cabe deducir que hay una cierta estabilidad. De todos modos, el saldo sigue siendo negativo, en concreto en 368 personas. Ahora bien, si se analizan los datos por provincias, en Badajoz hay 117 nacimientos más que defunciones, mientras que en Cáceres la mortalidad supera en 485 personas a la natalidad, un contraste que se viene repitiendo desde hace tiempo.
En cuanto a las migraciones, Extremadura está empezando a perder lo ganado en los últimos años. Por un lado, las migraciones dentro del país arrojan un resultado negativo de 424 personas. Si se compara este semestre con las 610 acumuladas en todo 2011, parece claro que se está acentuando la pérdida de población. Pero hay que hacer un matiz importante: el saldo negativo no aumenta por el crecimiento de las emigraciones (7.031, que alcanzan el 47,5% del año anterior), sino por el desdenso de las inmigraciones (6.606, que sólo llegan hasta el 45,6% de lo registrado en todo 2011). Por provincias, Badajoz pierde 62 habitantes y Cáceres 363.
Las migraciones exteriores son las que muestran la peor evolución. En Extremadura, los datos acumulados en el primer semestre registran un saldo negativo de 453 personas, debido a que las emigraciones (1.714) superaron a las inmigraciones (1.261). Las cifras llaman mucho más la atención si se comparan con las registradas en todo 2011, cuando se alcanzó un saldo positivo de 1.129 personas. ¿A qué se debe esa diferencia? A los extranjeros. Es cierto que el saldo negativo de españoles está creciendo, pues en el primer semestre ha sido de 209 frente a los 382 totales del año anterior. Estos datos vuelven a enfriar la repetida idea de que se está produciendo una emigración más o menos masiva desde Extremadura a otros países.
Pero la clave está en el cambio radical de tendencia de los extranjeros. En 2011, la llegada de inmigrantes desde otros países superó en 1.510 personas a las salidas, lo cual suponía una importante inyección de población para Extremadura. En cambio, en los seis primeros meses del año aparece un saldo negativo de 245 personas, por lo que la salida de extranjeros comienza a ser un factor decisivo en la evolución negativa de la población extremeña. No obstante, este cambio de tendencia es muy similar al que se está produciendo en otras comunidades españolas.
Habrá que esperar a las próximas estimaciones del INE para ver si este crecimiento de la emigración, sobre todo de extranjeros, se potencia aún más (como es fácil esperar) en el segundo semestre del año, en vista de las malas perspectivas económicas que nos aguardan.
