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El Permiso de Paternidad discrimina a los funcionarios
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Marcelino Ollé | 21-03-2017 | 19:42| 0

Los funcionarios de carrera de cualquier Administración no tienen las mismas opciones que el resto de trabajadores de la empresa privada, e incluso, en la propia Administración -los laborales- ,para poder disfrutar del Permiso de Paternidad.

Actualmente se produce una discriminación porque el trabajador tiene un permiso de cuatro semanas ampliables en caso de parto múltiple en dos días más por cada hijo a partir del segundo, mientras que en el caso de los funcionarios no se contempla esa opción.

Además, el trabajador puede disfrutar de un permiso de paternidad en régimen de jornada completa o parcial previo acuerdo con la empresa, pero no existe esta regulación en el caso del funcionario, por lo que dudosamente se le concederá la jornada parcial.

En este sentido, hay que destacar que donde se acentúa la discriminación es en la fecha del comienzo del permiso. El funcionario lo puede disfrutar sólo a partir de la fecha de nacimiento, mientras que el trabajador tiene más flexibilidad.

Y todo porque así lo establece el artículo 49 del Estatuto Básico del  Empleado Público (EBEP)  en el que se establece que el permiso de paternidad de los funcionarios “tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento”, algo que no está regulado así en el Estatuto de Trabajadores que ordena el régimen laboral del resto de trabajadores.

En este sentido, parece lógico que el Gobierno debería pensar el hacer los trámites necesarios y oportunos para que se cambie ese artículo 49 del EBEP y se consiga un tratamiento legal que homogenice los permisos de paternidad. 

No deja de ser una norma injusta e incongruente en un momento en el que, desde las  Administraciones Públicas, se está promoviendo la sensibilización de sus empleados hacia la igualdad entre hombres y mujeres a través de la realización de cursos. También se está intentando llegar a  una equiparación entre los empleados públicos,  sean funcionarios o laborales.

Por último, indicar que  la entrada en vigor en enero de la ley que amplía el permiso de paternidad ha sido un importante avance en la conciliación de la vida familiar y laboral, si bien la diferencia de regulación según sea funcionario, o no, carece de justificación y se traduce en un peor tratamiento para este colectivo.

 

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Más de 3.500 funcionarios esperan destino desde hace cuatro años
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Marcelino Ollé | 01-03-2017 | 19:50| 4

Un total de 4.000 personas, de las que 3.500 son funcionarios y otras 500, opositores están a la espera, desde hace 4 años, de obtener un nuevo destino laboral dentro de la Administración General de la Junta de Extremadura. Y es que desde que se resolvió el último concurso de traslado en 2008 no se ha vuelto a resolver otro.

A fecha de hoy hay pendientes de resolverse dos convocatorias:  una  es la de puestos singularizados o de estructura, que se convocó en mayo de 2015; y la otra es  la de puestos no singularizados o  puestos base, convocada en diciembre de 2013, hace casi ya cuatro años. Así, no parece muy razonable que los 3.500 funcionarios que  concursaron lleven esperando desde el mes de marzo de 2008, año del último concurso resuelto,  para poder mejorar su situación laboral, familiar y personal.

Además, esta paralización afecta gravemente a la convocatoria de oposiciones del cuerpo funcionarial porque los  aprobados no podrán incorporarse a su puesto de trabajo al no conocerse las plazas que dejarán vacantes  los trabajadores que está concursando.

Tampoco se puede obviar que las bolsas de trabajo se ven afectadas ya que algunas de estas ya están agotadas. Además, los que aprobaron en su día alguna convocatoria de oposición también se encuentran a la espera de que la Junta resuelva este concurso.

Una resolución que debería hacerse de forma urgente porque, según ha denunciado una central sindical, se tiene constancia de que hace más de un mes que la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha terminado de valorar los méritos, y todavía no se ha publicado la relación provisional de aspirantes con destino y los puestos adjudicados. Por tanto, no se entiende a que motivos obedece el que la Junta no quiera publicar la resolución tras nueve años sin que se haya convocado ni resuelto ningún concurso.

Por su parte, desde la Junta no parece que vayan a darse mucha prisa en solventarlo  según se desprende de las declaraciones de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, que habla de la “complejidad” de su tramitación.

Eso sí, la consejera anuncia también que a pesar de que “el  concurso de traslados de los funcionarios es complejo se trabaja con todos los medios disponibles para concluirlo con brevedad”.

Según la consejera, se trabaja en este asunto con todos los medios precisos, pero es “una tarea compleja ya que hay que evaluar unas 50.000 solicitudes” y, aún así, el proceso se resolverá “con brevedad”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Los funcionarios, a punto de lograr la flexibilidad de horarios
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Marcelino Ollé | 07-02-2017 | 19:53| 0

Cerrar los ministerios a las seis de la tarde, la creación de bolsas de horas o el teletrabajo, son algunas de las medidas a las que ha dado luz verde el Congreso de los Diputados para su implantación en la Administración pública española.

La aprobación de esta proposición no de ley es el primer paso para conseguir la racionalización de horarios en el ámbito público y para la puesta en marcha de medidas efectivas de conciliación laboral y corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

La moción forma parte de un amplio texto del PSOE sobre conciliación y corresponsabilidad que comprende también  la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad (y que sean intransferibles). La propuesta socialista fue aprobada por 195 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís, Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias), 130 en contra (PP y Foro Asturias) y 14 abstenciones (PNV, PDeCAT y UPN).

Así la iniciativa comprende el cierre de los departamentos ministeriales a las 18,00 horas pero sin pérdida efectiva de horas de trabajo, manteniendo por tanto las retribuciones y organizando la jornada laboral de una manera más racional para fomentar la conciliación. Además, se incluye una regulación del teletrabajo o las bolsas de horas (créditos de horas), es decir, flexibilidad horaria que permitan a las trabajadoras y trabajadores disminuir su jornada de trabajo, en determinados periodos y por motivos directamente relacionados con la conciliación y debidamente acreditados, recuperando el tiempo con posterioridad.

Otras medidas a aplicar por el Gobierno central serían las de acortar diferencias entre el número de mujeres y de hombres que disfrutan de las medidas de conciliación: flexibilización de la jornada por guarda legal, para el cuidado de personas mayores, por enfermedad grave de un familiar o para el cuidado de personas con discapacidad. Tampoco se puede olvidar la vuelta a la jornada laboral de las 35 horas semanales, un derecho consolidado por los empleados públicos y que el Ejecutivo estatal suprimió en el año 2012.

Muchas de estas propuestas ya se contemplaban en una orden ministerial promovida por el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla en 2005, que impulsó un plan de conciliación y flexibilidad de horarios en el ámbito público, dirigido especialmente a las personas con hijos, mayores y personas dependientes a cargo.

Hay que recordarle al Gobierno del Partido Popular que muchas de las medidas incluidas en la proposición no de ley aprobada por el Congreso se encuentran incluida sen el II Plan Estratégico de Igualdad que aprobó el propio Ejecutivo, y que no las pone en marcha. Un hecho que no se justifica, ya que la ministra de Empleo, Fátima Bañez, presentó hace un par de meses el Pacto Nacional por la Racionalización de Horarios pero que en la Administración pública se ha quedado, hasta hoy, en papel mojado.

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El 40% de los funcionarios del Estado en Extremadura se jubila en cinco años
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Marcelino Ollé | 11-01-2017 | 21:28| 0

El envejecimiento de las plantillas de la Administración General del Estado en Extremadura empieza a ser preocupante por la falta de una convocatoria de empleo público suficiente para reemplazar las jubilaciones que se están produciendo y que se van a producir.

Así, de los 13.700 empleados públicos que trabajan, a fecha de hoy, para  el Gobierno central en la región, el 60% tiene más de 50 años y el 40% se va a jubilar en los próximos 5 años, con lo cual el problema de la fala de personal se va a agravar hasta situar las plantillas en una situación insostenible.

A nivel nacional, los datos no son mejores, un total de 119.174 personas en la Administración del Estado tienen más de 50 años y de estos más de 27.000 se encuentran ya a las puertas de la jubilación. Eso sí, se supone que la Administración Autonómica y municipal está más rejuvenecida, sin embargo, los datos de empleo en todo el sector público de la Encuesta de Población Activa (EPA) confirmar una envejecimiento rapidísimo y generalizado de las plantillas actuales.

Por ministerios, los más afectados son los de Empleo y Seguridad Social, Defensa, Fomento, Justicia y la Agencia Tributaria además de Patrimonio Nacional. También, la edad de un alto porcentaje de  los trabajadores de los Centros Penitenciarios supera ya la barrera de los 50 años.

Al envejecimiento de las plantillas hay que sumar el alto número de jubilaciones anticipadas que se están produciendo ante la inquietud por el futuro gracias a los muchos recortes que ha habido en los derechos de los empleados públicos. Los funcionarios del régimen de clases pasivas pueden pedir la jubilación a los 60 años.

Estos datos demuestran que las convocatorias de empleo público deben asumir una tasa de reposición del 100 por ciento en el caso de las plazas de los funcionarios jubilados para alcanzar estabilidad al empleo y  reforzar los servicios públicos que requieren nuestros ciudadanos. Es urgente que se apruebe una oferta de empleo público que acabe con la tradicional tasa de reposición, cubriendo todas las bajas por jubilación.

En estos momentos las contrataciones en las administraciones públicas arrojan una temporalidad cercana al 25 por ciento y una fluctuación mensual en el empleo que afecta a la calidad que se ofrece al ciudadano en los servicios públicos. En Extremadura también se debe apostar por la eliminación de las tasas de reposición para que se puedan convocar ofertas de empleo público acordes con las necesidades de nuestra comunidad en la que las tasas de temporalidad alcanzan ya el 21%.

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La racionalización de horarios, papel mojado para los funcionarios
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Marcelino Ollé | 20-12-2016 | 19:52| 0

El Pacto Nacional por la Racionalización de Horarios, que presentó hace unos días la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se queda en papel mojado si volvemos la vista hacia la Administración General del Estado. Y es que algunas de las medidas que recoge ese pacto ya están recogidas en el Plan de Igualdad que aprobó el Gobierno central para el sector público, pero no se aplican.

Así,   medidas como la finalización de la jornada laboral a las 18.00 horas, el teletrabajo y las bolsas de horas (que los trabajadores pueden librar de manera justificada y con flexibilidad para posteriormente devolverlas), ya se encuentran recogidas en el II Plan Estratégico de Igualdad al que habría que añadir  la jornada laboral de las 35 horas semanales.​

En este sentido, sería importante la implantación de la Bolsa de Horas para la conciliación de la vida laboral y familiar ya que es un derecho propio de todos los trabajadores y trabajadoras que les permitiría poder conciliar familia y trabajo, desechando de una vez esas jornadas laborales irracionales y eminentemente presentistas. Esta medida  fue incluida como la número 54 en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y como medida número 36 en el II Plan de Igualdad de la Administración General del Estado.

En el caso de la finalización de la jornada laboral con carácter general a las 18:00h también es una medida que recogida en el II Plan de Igualdad de la AGE, la E45 especifica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que sigue sin aplicarse y viene heredada del antiguo plan concilia de Jordi Sevilla, que en su Ministerio, el de Administraciones Públicas, la implantó.

Por último el teletrabajo, ese gran proyecto piloto que no llega de una manera definitiva ahora vuelve a presentarse como una alternativa para implementar fórmulas de teletrabajo, cuando el sector laboral lo permita, para su utilización al menos 1 día por semana. Si bien, en Extremadura, el teletrabajo ya está bastante más avanzada su implantación. En cualquier caso, sería interesante incluir como medida en los Planes de Igualdad, el teletrabajo regulado y siempre con un horario, como modelo complementario a la jornada presencial, y cumpliendo la Ley de Prevención de riesgos laborales.

En definitiva, el Gobierno debe dar ejemplo y poner en marcha este plan. En el caso del teletrabajo, la finalización de la jornada a las 18 horas y la bolsa de horas para la conciliación, son medidas integradas en el II Plan de Igualdad de la AGE, que está ejecutado solo en un 29%.

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Los cinco derechos que quieren recuperar los funcionarios
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Marcelino Ollé | 23-11-2016 | 18:36| 0

“Vamos a mejorar las condiciones” de los empleados públicos porque “merecen ese reconocimiento”, estas declaraciones que ha hecho el ministro de  Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, habrá que ver qué forma les da a lo largo de esta legislatura. No se puede olvidar que desde 2010 han sido muchos los derechos que han perdido los trabajadores de la Administración con una bajada de sueldo incluida.

En este sentido, se debe alcanzar un primer acuerdo de legislatura que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de la crisis y el 5%, de media, de la bajada de los salarios que se produjo en  2010. El Gobierno no puede limitarse a aplicar, tan solo, el incremento de la inflación que se calcula que rondará el año que viene el 1,5%. Desde 2010 a 2015, el salario de los trabajadores públicos no registró ningún incremento, mientras que la inflación repuntó un 8,7%. En consecuencia, los trabajadores de la Administración han sufrido una importante pérdida de poder adquisitivo.

El segundo de los derechos a recuperar es el de la vuelta a la jornada laboral de las 35 horas, el Gobierno debería derogar el decreto que dio lugar a las 37,5 horas y devolver su jornada original a los funcionarios de toda España. Precisamente, la Junta de Andalucía, ha aprobado, recientemente, la vuelta a las 35 horas, aunque se prevé que sea de difícil aplicación por ser una norma de competencia estatal.

Así, el ejemplo más claro lo tenemos en Castilla La Mancha, que fue la primera comunidad que intentó dar la vuelta a la decisión del Gobierno central de imponer 2,5 horas más de trabajo a los empleados públicos pero el Ejecutivo recurrió al Tribunal Constitucional que le dio la razón a Rajoy. En Extremadura, la Junta todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto, mientras que en las diputaciones y algunos ayuntamientos se ha vuelto a la jornada original dejando esas 2,5 horas para tareas de formación.

El tercer  y cuarto acuerdo deben abordar, por injustos, la eliminación definitiva  de los descuentos retributivos en todas la bajas por enfermedad y la recuperación de las prestaciones y nivel de coberturas sanitarias de Muface, Mugeju e Isfas. En nuestra comunidad el número de mutualistas asciende a más de 15.000 y han sufrido recortes muy importantes en la atención sanitaria que reciben.

Por último, el quinto acuerdo sería sobre la apuesta por un empleo público de calidad. Se debe optar por la eliminación de las tasas de reposición para que se puedan convocar ofertas de empleo público acordes con las necesidades de nuestra comunidad en la que las tasas de temporalidad alcanzan ya el 21%.

En total son 5 derechos que volverán a tener los empleados públicos si hacemos caso a las palabras del ministro Montoro cuando dice que “va a dignificar  la función pública y a agradecerle su profesionalidad”.

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La Justicia reconoce los trienios a un trabajador laboral fijo
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Marcelino Ollé | 07-11-2016 | 19:55| 0

Una sentencia judicial ha reconocido los trienios a un trabajador laboral fijo al que la Administración, en este caso la Comunidad de Madrid, no le reconocía la antigüedad pero que podría ser de aplicación en Extremadura,  tanto en la administración local como autonómica, siempre, según las individualidades de cada trabajador.

Así, el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid ha emitido un auto a favor de un trabajador fijo del Hospital de El Escorial al que el Gobierno regional madrileño no le reconocía la antigüedad porque, entre algunos de los contratos que tuvo como empleado laboral, pasaron más de tres meses. De esta forma, la sentencia reconoce el derecho a la antigüedad y termina con la pretendida obligación de que tiene que existir  una continuidad de los contratos de un mínimo de tres meses.

En este sentido, ya se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha establecido en una sentencia que el periodo entre contratos deber ser indiferente para reconocer la antigüedad de un trabajador. En cualquier caso, en estos momentos se está a la espera del fallo del Tribunal Supremo cuya Sala IV votó en Pleno el pasado día 13 para adoptar una decisión sobre la solución de continuidad entre contratos para trabajadores laborales.

Hay que señalar que cada ayuntamiento extremeño regula mediante convenios o acuerdos marco las condiciones de trabajo y contractuales de sus empleados laborales por lo que habría que ver si coinciden con las que hace referencia la sentencia del juzgado madrileño.

Mientras el “V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura”no es claro en ese sentido y señala, sin más especificaciones, lo que abre la puerta a la discrecionalidad de la administración, que ” el complemento de antigüedad se reconocerá a todos los trabajadores cada tres años de permanencia en  la Administración de la Junta de Extremadura, siempre que se trate de la misma relación laboral”.

En cualquier caso, esta sentencia viene a sumarse a las emitidas recientemente sobre interinos y laborales por lo que es cada vez más necesario promover  las reformas legislativas necesarias para evitar la discriminación de este colectivo. Una reforma que pasaría por una modificación del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado Público, porque de lo contrario, previsiblemente, los tribunales de justicia podrían afrontar miles de demandas.

 

 

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Prohibido fotografiar a los funcionarios
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Marcelino Ollé | 19-10-2016 | 18:51| 0

Una sentencia del Tribunal Constitucional ha avalado, recientemente, el uso de cámaras en el puesto de trabajo, sin consentimiento expreso del empleado pero en el ámbito de la empresa privada. Así, el alto tribunal ha considerado que la grabación a un trabajador sin su permiso no ha vulnerado el artículo 18, párrafos 1 y 4, de la Constitución, que protegen los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen.

Sin embargo, esta sentencia no es aplicable al ámbito de los empleados públicos porque un informe de la Agencia Española de Protección de Datos ha señalado que está prohibida, por parte de particulares o incluso de un jefe, la captación de imágenes de estos trabajadores porque no es una actividad doméstica, particular o privada sino pública .

En este sentido, el informe es claro ya que dictamina que la captación por particulares de la imagen de empleados públicos, generalmente a través de teléfonos móviles, y con la finalidad incluso después de la difusión por Internet, no puede enmarcarse en una actividad estrictamente personal o doméstica.

Por tanto -añade-, entra en juego la Ley Orgánica de Protección de Datos, que prohíbe dicha toma de imágenes si no media el consentimiento del afectado (aquel que es fotografiado o grabado). De esta forma, se intenta evitar que los ciudadanos graben dentro de las dependencias oficiales para fines privados o de distribución por  redes sociales.

Tampoco los jefes de los funcionarios podrán grabarles tal y como sí hizo el superior de la empleada a la que alude la sentencia del Tribunal Constitucional ya que según Agencia de Protección de datos la toma de imágenes no podrá ser utilizada para fines concretos. Cita, expresamente, que  las grabaciones no servirán para presentar denuncias en expedientes disciplinarios o incluso penales contra los empleados públicos por parte de sus superiores.

Además, en el ámbito de la videovigilancia, el informe de la agencia afirma que debe asegurarse que las acciones dirigidas a la seguridad y vigilancia en los centros de trabajo no contravengan el derecho fundamental de captación y grabación de imágenes personales evitando que permitan, por ejemplo, la identificación del sujeto.

Por último, indicar que este informe de la Agencia Española de Protección de datos ha sido asumido en el nuevo protocolo contra las agresiones a los empleados públicos, que entró en vigor este año, y que  recoge de forma expresa la prohibición de grabar a los funcionarios mientras desempeñan su trabajo.

 

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Unos 1.500 policías extremeños podrán pedir la jubilación anticipada
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Marcelino Ollé | 05-10-2016 | 19:51| 0

La jubilación anticipada de los policías locales a los 59 año está más cerca de conseguirse, lo que  les equipararía con las ventajas de las que ya disfrutan en España otros colectivos de riesgo, como la Policía Nacional o los bomberos. El  Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) -el máximo órgano de esta institución-  ha dado el visto bueno a esta medida, que afectará a unos 1.500 policías en Extremadura.

Una decisión que ha adoptado la FEMP tras recabar informes positivos de las Comisiones de Seguridad y Función Pública encargadas de este asunto, y que abarcará a los cerca de 70.000 policías locales que hay en España. De estos, 3.200 tienen más de 60 años, y 4.000 tienen entre 55 y 60. Se trata por tanto, de una plantilla envejecida que se hace preciso renovar con nuevos efectivos.

En este sentido,  estos informes se suman a los de la Seguridad Social, que también avalan la aplicación de los coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación al colectivo de policías locales. Por tanto, ya es cuestión de  la voluntad del Gobierno aprobar definitivamente el decreto que permita el adelanto a la jubilación mediante la elaboración de un Real Decreto que permitiera  regularizar esta situación.

Otro de los puntos en los que la FEMP incide es en que el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición de efectivos (es decir, que se cubran todas las jubilaciones), y que establezca medidas compensatorias o bonificaciones por aquellos que, habiendo generado el derecho de poder jubilarse al alcanzar la edad correspondiente, no ejerciten su derecho.

Cabe recordar, según informaron en su día las Centrales Sindicales, que el Ministerio de Empleo cuenta ya con los informes técnicos realizados por la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de la Inspección de Trabajo, que indican que este colectivo cuenta con los requisitos legales exigidos para aprobar esta jubilación anticipada.

Así, la FEMP considera que el Gobierno debe aprobar  con la mayor diligencia y celeridad posible el Real Decreto que contemple esta jubilación anticipada. Esta petición es significativa, teniendo en cuenta que los propios ayuntamientos deberán costear parte del sobrecoste de la cotización.

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Los calendarios de oposiciones bajan el absentismo y los juicios
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Marcelino Ollé | 20-09-2016 | 19:06| 0

Los opositores y los tribunales encargados de examinarlos necesitan un calendario de oposiciones para evitar la judicialización de las pruebas selectivas tal y como ha pasado los últimos años en las de la Administración extremeña. Además, si ese calendario existiera, el absentismo descendería de forma considerable ya que se podría planificar la preparación del temario.

La certeza de saber cuándo te vas a examinar es fundamental para evitar abandonos durante la preparación de una oposición, y además se daría estabilidad a la plantilla de Empleados Públicos en Extremadura.

La falta de una fecha concreta para cada examen desde que se convoca está ocasionando un grave perjuicio a los opositores ya que no se puede olvidar que, salvo casos puntuales, pagan por cada solicitud, por  un temario o  por un preparador. Unos gastos que no pueden alargarse en el tiempo sin motivo alguno.

En este sentido, señalar que no es entendible que una vez publicada la oferta de empleo público se pueda tardar, como ocurre actualmente,  más de dos años o dos años y medio en celebrar los exámenes. Y es que, en Extremadura, en general, los opositores no saben cuándo se van a llevar a cabo esas convocatorias ni mucho menos la fecha de las pruebas selectivas.

Como dato, en aquellas oposiciones que tienen un calendario ya fijado y que se cumple, como es el caso de las de Educación, el índice de presentados se acerca al 90 por ciento mientras que en el resto baja de forma considerable el número de presentados.

En cuanto a la seguridad jurídica indicar que los ejercicios deben ser claros y transparentes, mientras que el criterio de evaluación y puntuación del temario debe estar perfectamente indicado en la convocatoria para que disponga de ella el opositor y los miembros de los tribunales ya que muchas veces se les deja a su libre albedrío lo que ocasiona numerosas impugnaciones ante la propia administración y ante los tribunales.

Esta falta de calendario lo demuestra al alto absentismo en las últimas oposiciones celebradas por la Junta de Extremadura, ya que tal y como apunta la agencia EFE, las dos únicas pruebas selectivas celebradas hasta el momento este año, las de ATE-Cuidador (17 de julio), para las que se habían admitido 6.487 solicitudes y a la que solo se presentaron 1.841 personas, y sobre todo la de Ordenanza (24 de julio), con 11.163 solicitudes y 1.693 aspirantes presentados.

En su conjunto, de 17.650 potenciales aspirantes solo 3.534 se presentaron a realizar el examen (el 20 por ciento), una situación que conlleva no solo gastos innecesarios en material de oficina o preparación de aulas, sino también en la organización de tribunales o los grupos de vigilantes para estos exámenes.

 

 

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Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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