La destrucción de empleo público, que comenzó en el tercer  trimestre de 2011 coincidiendo con el cambio de Gobierno, ha reducido el número de funcionarios a mínimos históricos. En este momento, el déficit de personal que asciende a 50.000 personas, lo que está provocando la privatización de servicios que se llevan a cabo desde el sistema público.

Esta situación ha generado un incremento de los costes, menor control presupuestario y una reducción de la calidad de los servicios, como por ejemplo la sanidad que se ha convertido en uno de los sectores con mayor trayectoria en la introducción de nuevas fórmulas de gestión privada.

Tras cuatro años de recortes consecutivos, en materia de personal y salarial, el Gobierno central ha iniciado un proceso de privatizaciones que afectarán a Extremadura en ámbitos como el  de la elaboración de vidas laborales, gestión de expedientes en el Fogasa  o los  servicios de traducción del Estado. Otro sector en los que se está privatizando la gestión es en Defensa,  especialmente en las Maestranzas Aéreas de Sevilla, Madrid, Albacete.

El último proceso de privatización se está registrando en el Imserso, donde el Gobierno pretende introducir fórmulas de gestión privada en algunos centros, tal y como ha sucedido en la sanidad en varias comunidades autónomas. Como ejemplo, a nivel nacional,  tenemos el Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave (Valencia).

Esta tendencia en la privatización de lo público se sitúa en un marco de amortización de plazas vacantes, la prácticamente inexistente oferta de empleo público y el desprestigio al que ha sometido el Gobierno la función que realizamos los empleados públicos.

A esto hay que sumar el envejecimiento progresivo de la plantilla de funcionarios del Gobierno central  ya que casi un 10% del personal al servicio de los ministerios tiene entre 60 y 64 años, mientras que otro 42 tiene entre 50 y 59 años. Apenas un 1,4% tiene menos de 30 años, frente al 13,2% de entre 30 y 39 años.

Es decir, la mitad del personal se encuentra muy cerca de retirarse y solicitar la jubilación anticipada, en función de su dependencia a la Seguridad Social o Muface.

Estos datos muestran la delicada situación por la que pasa un sector público en el que las plazas de aquellos trabajadores que se jubilan se quedan sin cubrir por la falta de una oferta suficiente de empleo público y acorde con las necesidades de las distintas administraciones públicas.