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Fecha: marzo, 2017
El Permiso de Paternidad discrimina a los funcionarios
Marcelino Ollé 21-03-2017 | 12:19 | 0

Los funcionarios de carrera de cualquier Administración no tienen las mismas opciones que el resto de trabajadores de la empresa privada, e incluso, en la propia Administración -los laborales- ,para poder disfrutar del Permiso de Paternidad.

Actualmente se produce una discriminación porque el trabajador tiene un permiso de cuatro semanas ampliables en caso de parto múltiple en dos días más por cada hijo a partir del segundo, mientras que en el caso de los funcionarios no se contempla esa opción.

Además, el trabajador puede disfrutar de un permiso de paternidad en régimen de jornada completa o parcial previo acuerdo con la empresa, pero no existe esta regulación en el caso del funcionario, por lo que dudosamente se le concederá la jornada parcial.

En este sentido, hay que destacar que donde se acentúa la discriminación es en la fecha del comienzo del permiso. El funcionario lo puede disfrutar sólo a partir de la fecha de nacimiento, mientras que el trabajador tiene más flexibilidad.

Y todo porque así lo establece el artículo 49 del Estatuto Básico del  Empleado Público (EBEP)  en el que se establece que el permiso de paternidad de los funcionarios “tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento”, algo que no está regulado así en el Estatuto de Trabajadores que ordena el régimen laboral del resto de trabajadores.

En este sentido, parece lógico que el Gobierno debería pensar el hacer los trámites necesarios y oportunos para que se cambie ese artículo 49 del EBEP y se consiga un tratamiento legal que homogenice los permisos de paternidad. 

No deja de ser una norma injusta e incongruente en un momento en el que, desde las  Administraciones Públicas, se está promoviendo la sensibilización de sus empleados hacia la igualdad entre hombres y mujeres a través de la realización de cursos. También se está intentando llegar a  una equiparación entre los empleados públicos,  sean funcionarios o laborales.

Por último, indicar que  la entrada en vigor en enero de la ley que amplía el permiso de paternidad ha sido un importante avance en la conciliación de la vida familiar y laboral, si bien la diferencia de regulación según sea funcionario, o no, carece de justificación y se traduce en un peor tratamiento para este colectivo.

 

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Más de 3.500 funcionarios esperan destino desde hace cuatro años
Marcelino Ollé 01-03-2017 | 7:50 | 4

Un total de 4.000 personas, de las que 3.500 son funcionarios y otras 500, opositores están a la espera, desde hace 4 años, de obtener un nuevo destino laboral dentro de la Administración General de la Junta de Extremadura. Y es que desde que se resolvió el último concurso de traslado en 2008 no se ha vuelto a resolver otro.

A fecha de hoy hay pendientes de resolverse dos convocatorias:  una  es la de puestos singularizados o de estructura, que se convocó en mayo de 2015; y la otra es  la de puestos no singularizados o  puestos base, convocada en diciembre de 2013, hace casi ya cuatro años. Así, no parece muy razonable que los 3.500 funcionarios que  concursaron lleven esperando desde el mes de marzo de 2008, año del último concurso resuelto,  para poder mejorar su situación laboral, familiar y personal.

Además, esta paralización afecta gravemente a la convocatoria de oposiciones del cuerpo funcionarial porque los  aprobados no podrán incorporarse a su puesto de trabajo al no conocerse las plazas que dejarán vacantes  los trabajadores que está concursando.

Tampoco se puede obviar que las bolsas de trabajo se ven afectadas ya que algunas de estas ya están agotadas. Además, los que aprobaron en su día alguna convocatoria de oposición también se encuentran a la espera de que la Junta resuelva este concurso.

Una resolución que debería hacerse de forma urgente porque, según ha denunciado una central sindical, se tiene constancia de que hace más de un mes que la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha terminado de valorar los méritos, y todavía no se ha publicado la relación provisional de aspirantes con destino y los puestos adjudicados. Por tanto, no se entiende a que motivos obedece el que la Junta no quiera publicar la resolución tras nueve años sin que se haya convocado ni resuelto ningún concurso.

Por su parte, desde la Junta no parece que vayan a darse mucha prisa en solventarlo  según se desprende de las declaraciones de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, que habla de la “complejidad” de su tramitación.

Eso sí, la consejera anuncia también que a pesar de que “el  concurso de traslados de los funcionarios es complejo se trabaja con todos los medios disponibles para concluirlo con brevedad”.

Según la consejera, se trabaja en este asunto con todos los medios precisos, pero es “una tarea compleja ya que hay que evaluar unas 50.000 solicitudes” y, aún así, el proceso se resolverá “con brevedad”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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