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Marcelino Ollé

Funcionario Hoy

La carrera profesional de los funcionarios, un reto para 2019

La valoración, el desbloqueo y desarrollo de la Carrera Profesional para los 90.000 empleados públicos que trabajan, en Extremadura, en la administración autonómica, estatal y local, debería ser una prioridad para los responsables políticos para que este año 2019 comiencen a recuperar  las condiciones laborales que la crisis se llevó por delante.

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En este sentido, señalar que es necesario que se unifiquen criterios para que la valoración de la carrera profesional se haga de forma uniforme en las tres administraciones y evitar agravios comparativos como los que se dan actualmente como por ejemplo con el ayuntamiento de Badajoz  que ha comenzado a desbloquear  el Nivel III de la Carrera Profesional habiendo abonado ya el Nivel II a todos sus empleados públicos.

Así, debe desarrollarse y desbloquear la carrera profesional en el ámbito de gestión de la Junta de Extremadura en el sector de Administración General y el Servicio Extremeño de Salud (SES) en los que se ha estancado entre distintos niveles así como en el área docente que no dispone, siquiera, de carrera profesional.

Tampoco se ha empezado a valorar la carrera profesional para los empleados públicos de la Administración General del Estado a los que los sucesivos gobiernos los han dejado al margen de unas negociaciones que en las comunidades autónomas y ayuntamientos están ya en marcha e implantadas.

Este retraso se ve claramente en el caso de los funcionarios de la Administración de Justicia, que tras muchos años de reclamaciones, las centrales sindicales junto con las movilizaciones de sus trabajadores han logrado que se incluya el concepto de carrera profesional en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se aprobó y publicó la semana pasada en el BOE.

Estabilización del Empleo

Otro de los objetivos principales para 2019, es del de estabilizar el empleo en el ámbito público para reducir la tasa de temporalidad que supera el 20 por ciento en sectores como la Sanidad, por lo que es necesario que las tres administraciones realicen un estudio pormenorizado de las plantillas existentes, servicios y sectores con el fin de ofrecer ofertas de empleo público acordes a las necesidades de cada centro de trabajo y que se traducirá en un mejor servicio a la ciudadanía extremeña.

Hay que destacar que en la Administración General del Estado el problema se acentúa ya que, a nivel nacional, un total de 31.801 empleados públicos de esta administración tienen más de 60 años (3.494 tienen más de 64) y por tanto se encuentran a las puertas de la jubilación. Una razón suficiente para que el Gobierno que concrete la oferta de empleo público (aún no ha salido la convocatoria de 2018 pese a estar aprobada y es preciso definir la de 2019) y que se agilicen los procesos de estabilización de plazas interinas.

Así, es preciso un plan de choque específico para la Administración General del Estado, con un Plan Integral de Recursos Humanos que analice las carencias y determine la oferta de empleo público necesaria sin tasa de reposición. Aunque las ofertas recientes han sido mejores en comparación a la época de la crisis, por el envejecimiento de las plantillas no van a ser suficientes.

Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle


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