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Marcelino Ollé

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El Estado pierde 1.000 funcionarios en Extremadura en un año

Un total de 1009 funcionarios ha perdido la plantilla de la Administración General del Estado en Extremadura en un año, según los datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El número de empleados públicos ha descendido de los 13.720 efectivos que tenía en enero de 2018 a los 12.711 que refleja en este 2019.

En estos datos, se contabilizan los trabajadores  públicos que prestan servicio en nuestra comunidad en la Administración General del Estado, Administración de Justicia, Entes Públicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

Por provincias, la mayor reducción de la plantilla ha sido en la provincia de Cáceres, que ha perdido 890 funcionarios. En concreto, en 2018 contaba con 4.471 efectivos por 3.581 de este año 2019. Mientras que en la provincia de Badajoz la merma ha sido de 119 efectivos, se ha pasado de una plantilla de 9.249 efectivos a una de 9.130.

A esta merma de plantilla hay que sumar otro problema importante que es el de las jubilaciones. Los trabajadores del Estado que se pueden jubilar en la región, de aquí a diez años, ascienda al 42% del total de la plantilla. Como dato, a nivel estatal la cifra se sitúa en el 50,63% y corresponde a la franja de edad entre los 50 y 59 años.

Estos datos reflejan la urgencia de reponer las vacantes que se están produciendo, principalmente por jubilaciones, para evitar el deterioro de los servicios públicos en Extremadura. El Gobierno, a pesar de estar en funciones, sabe que la pérdida de efectivos afecta directamente a la atención al ciudadano ya que supone un empeoramiento por falta de medios en la Administración de Justicia, en el Servicio Públicos de Empleo Estatal, en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, en Prisiones o Tráfico, entre otros.

Ante esta situación se hace urgente la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para acelerar las ofertas de empleo, empezar a diseñar la del año que viene y garantizar la subida salarial de 2% en enero por la vía del Real Decreto-ley.

En este sentido, es necesario que la parálisis de la Administración se afronte con el concurso del Gobierno en funciones y las comunidades autónomas, a través de la Mesa General de las Administraciones Públicas para cuestiones como el refuerzo de las plantillas en los servicios que reciben los ciudadanos (Sanidad, Educación, Seguridad, Servicios Sociales y Administración del Estado)

Precisamente  el pasado 11 de diciembre, los sindicatos CSIF, CCOO y UGT firmaron con Función Pública un acuerdo para desarrollar el proceso de estabilización de los empleos temporales correspondientes a 2018 y 2019, un total de 6.598 plazas que todavía se encontraban congeladas  ante la inercia política y que por fin se pondrán en marcha. Eso sí, hace falta acelerar el proceso de oposiciones porque la situación es complicada ante la avalancha de jubilaciones.

 

Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle


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