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Autor: marceolle
Los funcionarios que ganen menos tendrán mejoras sociales
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Marcelino Ollé | 27-06-2017 | 11:12| 0

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El Ministerio de Hacienda y Función Pública estudia la implantación de mejoras en los sistemas de ayudas asistenciales para funcionarios de rentas bajas, además de ayudas sociales. Unas ayudas que incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año y que se realizarán a través de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

Entre ellas, se contempla la aceleración de la implantación de la receta electrónica, la mejora de la asistencia rural y las urgencias sanitarias, y favorecer la autonomía de gestión de las mutuas en la prestación sanitaria. Además, en lo que hace referencia a las contribuciones estatales en materia de acción social se contemplan, entre otros, los tratamientos odontológicos, gafas, prótesis y algunas ayudas sociales todavía por determinar.

En este sentido, cabe destacar que es importante que se lleven a cabo estas mejoras para compensar la insuficiente subida salarial del 1 % fijada en los PGE de 2017, así como la pérdida de poder adquisitivo desde el comienzo de la crisis.

Aumento de mutualistas los próximos años

Por otra parte, cabe destacar que Muface  aumentará significativamente su número de mutualistas (y, por tanto, de beneficiarios) a corto-medio plazo. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, del que depende este organismo, Muface incorporará a más de 100.000 nuevos mutualistas y a 25.000 nuevos beneficiarios en los próximos tres años como consecuencia del acuerdo para la mejora del empleo público suscrito el pasado 29 de marzo con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT

Con esta Oferta de Empleo Público (OEP), Hacienda espera poner fin a la actual tendencia de reducción del colectivo de Muface, que se ha visto mermado en los últimos años por la falta de incorporación de nuevos profesionales y el envejecimiento de los que ya integran la mutualidad. De hecho, y según datos de CSIF, la mutualidad ha perdido 15 usuarios en los últimos siete años.Una caída que la organización achaca a la falta de financiación que ha tenido en el último periodo, especialmente, durante la época de crisis.

La mayor parte de estos nuevos afiliados procederán del sector de la Docencia, personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas para 2017.

 

 

 

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Jornada intensiva en verano para los funcionarios con hijos discapacitados
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Marcelino Ollé | 05-06-2017 | 10:19| 0

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Los empleados públicos que tengan a su cargo hijos con discapacidad, independientemente de su edad, podrán acogerse a la jornada intensiva desde este mes de junio y hasta el próximo 30 de septiembre. Este año es el primero que pueden hacerlo en virtud un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos de la Mesa de la Administración General del Estado (AGE).

Pueden acogerse a esta modalidad de jornada intensiva los empleados públicos al servicio de la AGE con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad. También a los que tengan a su cargo hijos con discapacidad cuya edad cronológica sea superior a 12 años. El único condicionante es que el horario del centro cambie y justifique en ese caso la necesidad de acogerse al empleado público a la jornada intensiva.

Para el resto de funcionarios, con carácter general, la jornada intensiva en la Administración General del Estado abarca el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, y se lleva a cabo a razón de seis horas y media continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 8.00 y las 15.00 horas, de lunes a viernes.

Con el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación, los funcionarios que tengan hijos con discapacidad, sea cual sea su edad, verán ampliada en 30 días esta modalidad de jornada intensiva, también a razón de seis horas y media continuadas de trabajo, entre las 8.00 y las 15.00 horas.

Se les equipara así a los empleados públicos que tienen menores de 12 años a su cargo, a quienes el Gobierno amplió la jornada intensiva en 30 días en una instrucción dictada en diciembre de 2015 que tenía por objetivo facilitar la conciliación a los funcionarios, sin menoscabo de sus obligaciones profesionales. No era razonable que se excluyera del disfrute de este derecho a empleados públicos a cuyo cargo están personas que, aunque sean mayores de 12 años, tengan una discapacidad, dejándolos a su suerte, sin su apoyo familiar.

Esta modalidad de jornada intensiva,  por tener al cargo hijos con discapacidad intelectual o físico tan solo es de aplicación para los trabajadores públicos del Estado mientras que en la administración dependiente de la Junta de Extremadura y en la Local no se ha avanzado en su puesta en marcha.

 

 

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Los funcionarios del Estado, peor que los de la Junta
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Marcelino Ollé | 17-05-2017 | 1:52| 0

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En Extremadura hay funcionarios, y funcionarios. Aún siendo empleados públicos, no es lo mismo ser funcionario del Gobierno central que funcionario de la Junta de Extremadura. Para todos debe regir El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que acaba de cumplir el décimo aniversario de su publicación, pero no se ha aplicado de igual forma en todas las administraciones. Su desarrollo está incompleto, aunque una de las regiones en las que su implantación ha sido absoluta es en Extremadura; eso sí, sólo en la administración que depende de la Junta. Los empleados públicos del Estado y  en menor medida los de la administración local, no se han podido beneficiar de algunas de las mejoras laborales que comprende este texto legal.

La entrada en vigor de este texto el 13 de abril de 2007 abrió la puerta a la carrera profesional, la promoción y la clasificación de los trabajadores en sus ámbitos administrativos e hizo posible el cobro de los trienios para los interinos y temporales. Estas materias que ya están implantadas en la administración autonómica extremeña no se dan en la Central.

En este sentido, la falta de desarrollo más llamativa es la relativa a la Administración General del Estado, por ser competencia exclusiva del Gobierno central que, en estos 10 años, no ha mostrado compromiso alguno con los empleados públicos que de él dependen. Es más, desde el Ejecutivo central  con la excusa de la crisis económica no solo no ha desarrollado el texto sino que  todos los derechos y mejoras laborales que el EBEP recoge las ha suprimido, tales como vacaciones, permisos, bajas laborales y su regulación, etc.

En estos 10 años, las plantillas del conjunto de las Administraciones Públicas han perdido 320.000 empleos, a los que se sumarán otros 232.000 que están a punto de jubilarse. Una tendencia a la baja que no se detiene porque según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el empleo en el sector público se ha reducido en 14.600 personas en el último año, mientras que ha aumentado en 428.500 personas en el privado.

Esta falta de oferta de empleo público ha ocasionado que  el nivel de precariedad de las administraciones se haya disparado con 680.900 personas con empleo temporal en todo el estado de las que 14.000 corresponderían a Extremadura. Estas cifras tan altas plantean volver al texto del EBEP y abordar el problema de la interinidad en ámbitos como la sanidad o la educación, así como la consecución de la jornada de 35 horas semanales y la recuperación del poder adquisitivo que acumula una pérdida del 20% con una bajada de sueldo y varias  congelaciones salariales.

Todas estas cifras hacen necesario adaptar el EBEP a las nueva realidad socioeconómica y profesional de los empleados públicos, para lo que hay establecer equivalencias entre todas las carreras mediante la coordinación de las distintas Administraciones; conceder el derecho a hacer carrera al personal temporal de larga duración; extender la jubilación parcial a los empleados públicos, introducir una mayor seguridad jurídica para el personal laboral o la planificación de los recursos humanos incidiendo en la consolidación o la movilidad voluntaria entre administraciones.

El Gobierno Central tiene la obligación de recordar que el  EBEP dio respuesta a las necesidades que, durante muchos años, tenían las Administraciones Públicas al democratizar el marco de relaciones laborales del conjunto de empleados públicos y establecer un modelo homogéneo de Función Pública pero respetando la realidad territorial, competencial y sectorial.

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El Permiso de Paternidad discrimina a los funcionarios
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Marcelino Ollé | 21-03-2017 | 12:19| 0

Los funcionarios de carrera de cualquier Administración no tienen las mismas opciones que el resto de trabajadores de la empresa privada, e incluso, en la propia Administración -los laborales- ,para poder disfrutar del Permiso de Paternidad.

Actualmente se produce una discriminación porque el trabajador tiene un permiso de cuatro semanas ampliables en caso de parto múltiple en dos días más por cada hijo a partir del segundo, mientras que en el caso de los funcionarios no se contempla esa opción.

Además, el trabajador puede disfrutar de un permiso de paternidad en régimen de jornada completa o parcial previo acuerdo con la empresa, pero no existe esta regulación en el caso del funcionario, por lo que dudosamente se le concederá la jornada parcial.

En este sentido, hay que destacar que donde se acentúa la discriminación es en la fecha del comienzo del permiso. El funcionario lo puede disfrutar sólo a partir de la fecha de nacimiento, mientras que el trabajador tiene más flexibilidad.

Y todo porque así lo establece el artículo 49 del Estatuto Básico del  Empleado Público (EBEP)  en el que se establece que el permiso de paternidad de los funcionarios “tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento”, algo que no está regulado así en el Estatuto de Trabajadores que ordena el régimen laboral del resto de trabajadores.

En este sentido, parece lógico que el Gobierno debería pensar el hacer los trámites necesarios y oportunos para que se cambie ese artículo 49 del EBEP y se consiga un tratamiento legal que homogenice los permisos de paternidad. 

No deja de ser una norma injusta e incongruente en un momento en el que, desde las  Administraciones Públicas, se está promoviendo la sensibilización de sus empleados hacia la igualdad entre hombres y mujeres a través de la realización de cursos. También se está intentando llegar a  una equiparación entre los empleados públicos,  sean funcionarios o laborales.

Por último, indicar que  la entrada en vigor en enero de la ley que amplía el permiso de paternidad ha sido un importante avance en la conciliación de la vida familiar y laboral, si bien la diferencia de regulación según sea funcionario, o no, carece de justificación y se traduce en un peor tratamiento para este colectivo.

 

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Más de 3.500 funcionarios esperan destino desde hace cuatro años
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Marcelino Ollé | 01-03-2017 | 7:50| 0

Un total de 4.000 personas, de las que 3.500 son funcionarios y otras 500, opositores están a la espera, desde hace 4 años, de obtener un nuevo destino laboral dentro de la Administración General de la Junta de Extremadura. Y es que desde que se resolvió el último concurso de traslado en 2008 no se ha vuelto a resolver otro.

A fecha de hoy hay pendientes de resolverse dos convocatorias:  una  es la de puestos singularizados o de estructura, que se convocó en mayo de 2015; y la otra es  la de puestos no singularizados o  puestos base, convocada en diciembre de 2013, hace casi ya cuatro años. Así, no parece muy razonable que los 3.500 funcionarios que  concursaron lleven esperando desde el mes de marzo de 2008, año del último concurso resuelto,  para poder mejorar su situación laboral, familiar y personal.

Además, esta paralización afecta gravemente a la convocatoria de oposiciones del cuerpo funcionarial porque los  aprobados no podrán incorporarse a su puesto de trabajo al no conocerse las plazas que dejarán vacantes  los trabajadores que está concursando.

Tampoco se puede obviar que las bolsas de trabajo se ven afectadas ya que algunas de estas ya están agotadas. Además, los que aprobaron en su día alguna convocatoria de oposición también se encuentran a la espera de que la Junta resuelva este concurso.

Una resolución que debería hacerse de forma urgente porque, según ha denunciado una central sindical, se tiene constancia de que hace más de un mes que la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha terminado de valorar los méritos, y todavía no se ha publicado la relación provisional de aspirantes con destino y los puestos adjudicados. Por tanto, no se entiende a que motivos obedece el que la Junta no quiera publicar la resolución tras nueve años sin que se haya convocado ni resuelto ningún concurso.

Por su parte, desde la Junta no parece que vayan a darse mucha prisa en solventarlo  según se desprende de las declaraciones de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, que habla de la “complejidad” de su tramitación.

Eso sí, la consejera anuncia también que a pesar de que “el  concurso de traslados de los funcionarios es complejo se trabaja con todos los medios disponibles para concluirlo con brevedad”.

Según la consejera, se trabaja en este asunto con todos los medios precisos, pero es “una tarea compleja ya que hay que evaluar unas 50.000 solicitudes” y, aún así, el proceso se resolverá “con brevedad”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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