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Autor: marceolle
Cada vez más trabajadores precarios en la Administración
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Marcelino Ollé | 04-05-2015 | 6:54| 0

 

 Las administraciones públicas pretenden cubrir la falta de personal con empleo precario y contratos inferiores a un año. Así se desprende de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que fija un incremento de puestos de trabajo en el sector público de 25.300 personas pero el déficit real es de 349.900 perdidos desde finales de 2011, cuando empezó la sangría en la administración como consecuencia de los ajustes del Gobierno.

Estos datos muestran que este pequeño crecimiento en el empleo público no palia la  tremenda destrucción de tejido humano que se ha producido durante estos años. La administración local, la sanidad o la educación son los sectores en los que la pérdida de empleo ha sido más importante.  Sin olvidar el personal administrativo (sin ir más lejos en las oficinas de empleo), Administración de Justicia o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Todas las administraciones están aumentando la ocupación de sus centros de trabajo con empleo temporal y precario. En total hay 622.500 ocupados con un contrato temporal (21 por ciento). De estos, 213.300 tienen menos de un año de duración y un 62,9 por ciento son mujeres, lo que indica también la feminización en la precariedad del empleo.

La única forma de superar estas cifras de empleo interino es la convocatoria de oposiciones ya que el buen funcionamiento de la administración pasa por el refuerzo de sus  plantillas donde sea necesario y de manera estable. El Gobierno debe ampliar la oferta de empleo público,  así como las comunidades autónomas deben aplicar al máximo la tasa de reposición que les permite el Ejecutivo (hasta el 50 por ciento, dependiendo del sector).

No se debe olvidar que casi uno de cada dos empleados públicos de la Administración General del Estado se encuentra a punto de jubilarse lo que puede provocar un colapso de de los servicios que presta el Gobierno central. Casi un 10% del personal al servicio de los ministerios tiene entre 60 y 64 años, mientras que otro 42 tiene entre 50 y 59 años. Apenas un 1,4% tiene menos de 30 años, frente al 13,2% de entre 30 y 39 años. Es decir, la mitad del personal se encuentra muy cerca de retirarse y solicitar la jubilación anticipada.

Se trata de una situación delicada sector público en el que las plazas de aquellos trabajadores que se jubilan se quedan sin cubrir por la que la tasa de reposición aprobada por el Ejecutivo sigue sin ser suficiente lo que repercute en la calidad del servicio que se presta al ciudadano

 

 

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Los altos cargos de la Administración esquivan los recortes
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Marcelino Ollé | 20-04-2015 | 6:43| 0

El sueldo de los altos cargos de la Administración General del Estado se ha incrementado a lo largo del último año en un 5,6% mientras que el de los empleados públicos bajó un 3%. Si analizamos el periodo que va de 2010 hasta 2015 nos encontramos con unos datos que certifican que, mientras la masa salarial se reducía a nivel general en un 11,2%,  la de los altos cargos se incrementaba en un 37,60%.

Estas cifras muestran claramente como los sueldos de los altos directivos (447 personas) no han sufrido merma alguna mientras que los salarios de los 523.137 trabajadores públicos de la administración Central siguen la tendencia descendente. Unos recortes que comenzaron en mayo de 2010 cuando el ejecutivo de Zapatero aprobó una rebaja media del 5% de los salarios y que no cesaron con la supresión de la paga extra de Navidad de 2012 impuesta por el Gobierno de Rajoy y la congelación permanente de los sueldos los últimos 4 años.

Como dato que corrobora este análisis, según un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los funcionarios de la Administración General del Estado recibieron en 2014 un total de de 3.225,34 millones de euros en concepto de masa salarial frente a los 3.306,67 millones de 2013. De ese total, 922,37 millones de esa masa salarial correspondieron a sueldos, lo que supuso el 3,42% menos que el año anterior (955,13).

Pero no sólo en el tema de los salarios han esquivado, los altos cargos, los recortes que el Ejecutivo de Rajoy ha aplicado a los empleados públicos ya que también han salido beneficiados en el incremento de su plantilla.

Así del año 2014 a 2015 se han producido recortes de personal en todas las categorías profesionales de la administración del Estado, desde funcionarios hasta laborales fijos o interinos excepto en el caso de los altos cargos que se ha pasado de 443 a 447, con un incremento del 0,9%.

En definitiva, los empleados públicos, sin puestos de alta dirección, no hemos esquivado ningún tipo de recorte lo que nos ha supuesto una pérdida del 29 % de nuestros salarios desde 2009 hasta 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Muface apercibirá a las aseguradoras que recorten sus servicios médicos
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Marcelino Ollé | 07-04-2015 | 6:29| 0

Muface penalizará a aquellas aseguradoras que incumplan el concierto sanitario pactado para los funcionarios. Así lo ha asegurado el director general de la Mutualidad, Gustavo Blanco, que añade que también serán apercibidas las que no garanticen el acceso a los medios asistenciales y a las que vulneren el principio de continuidad asistencial para los pacientes en tratamiento con patologías graves.

Con esta decisión, los responsables de Muface, tras las quejas de los funcionarios, pretenden evitar  que los recortes que ha sufrido la mutua obliguen a los trabajadores públicos con enfermedades severas a cambiar de médico y hospital en 6 meses (un año en el caso de los pacientes con cáncer o enfermedades psiquiátricas).

Esta respuesta de la mutua se ha producido en el marco de la reunión del Consejo General de esta entidad, celebrado hace unos días,  en el que los responsables de Muface negaron que exista una situación de desprotección total, pero admite la evidencia de las quejas individuales, y aseguró que serán atendidas para subsanar la situación.

En este sentido, destacar que ha sido la contención del gasto que ha realizado el Ministerio de Hacienda a esta mutualidad la que ha propiciado que las aseguradoras privadas con las que tiene concierto recorten sus cuadros médicos y servicios sanitarios. Así, en Madrid y Barcelona  salen del cuadro asistencial los hospitales del grupo HM (Montepríncipe, Valle de Suchil, Torrelodones, Sanchinarro y Puerta del Sur) y en los del grupo Quirón (Pozuelo, San Camilo, San José y la Clínica Quirón en Barcelona).

En Extremadura, se han reducido también horarios de atención médica en las clínicas privadas concertadas así como el número de profesionales disponibles. Y lo que es peor, la atención de urgencias médicas en ciudades pequeñas y medias como Mérida quedan suprimidas entre las 22,00 horas y las 8,30 de la mañana.

Desde principio de este año, los recortes en las mutuas de funcionarios (Muface, Isfas y Mugeju) han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros, como consecuencia de la reducción de la oferta hospitalaria y de los cuadros médicos.

No hay que olvidar que si los funcionarios deciden trasladarse a la Seguridad Social, el sistema tendría que asumir de golpe al menos a 1,5 millones de personas (de las tres mutualidades: Muface, Mugeju e Isfas) y se generaría una situación que insostenible.

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La oferta de empleo público estatal se queda a la mitad
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Marcelino Ollé | 23-03-2015 | 8:11| 0

La oferta de empleo público aprobada por el Gobierno central para este año es insuficiente a pesar de las 7.416 plazas convocadas porque no cubre la totalidad de las jubilaciones. El Ejecutivo debería ofertar, como mínimo, las mismas plazas de las personas que se jubilan si quiere solucionar las necesidades de la Administración.

Es más, un total de 3.834 plazas que también se ha ofertado corresponden a las destinadas a la promoción interna de los empleados públicos. Es decir, funcionarios y trabajadores que ya están en la Administración del Estado y que, por lo tanto, van a ascender en su puesto. No son  plazas que vengan a reforzar la plantilla sino más bien al contrario, ya que volverá a quedar otra cantidad similar vacante.

Así, que el Gobierno pase del 10% al 50 % en la tasa de reposición de efectivos en algunos colectivos de la administración -especialmente en la Agencia Tributaria-, no deja de ser  un intento de justificar como incremento neto lo que es sólo reducción de empleo.

En este sentido, indicar que la tasa de reposición supone la destrucción de la mitad de las plazas de personal que se jubile este año, que se suman a los puestos de trabajo que ya se han destruido desde que comenzó la crisis (400.000). Así, el Ejecutivo está enredando con las cifras de empleo púlbio porque  cada año se pierden en torno a 15.000 puestos de trabajo en la Administración General del Estado; solo en Sanidad se han perdido 40.000 puestos de trabajo desde el pasado verano, y en la Enseñanza, 20.000 en los últimos cuatro años.

Lo que está claro es que, ante la falta de una oferta de empleo público adecuada a las necesidades de la Administración, el primer afectado es el ciudadano que es el que  va a sufrir la falta de seguridad en la calle, menores niveles de calidad en las escuelas, hospitales y centros de trabajo, o una justicia más lenta.

Por último, indicar que  sumadas las plazas de las dos ofertas, la ordinaria y la extraordinaria, las plazas del turno libre se reparten en 3.058 para la Administración General del Estado, 1.430 para Justicia, 1.374 para la Policía Nacional, 820 para la Guardia Civil, 484 para la Agencia Tributaria y 250 para funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. En la promoción interna destacan las 2.708 plazas en la Administración General del Estado, 596 en Justicia y 480 para Policía y Guardia Civil.

 

 

 

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El dinero recaudado en los juzgados, para los juzgados
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Marcelino Ollé | 11-03-2015 | 7:52| 0

Los 512 millones de euros que el Gobierno central, a través del Ministerio de Justicia, ha recaudado gracias al cobro de de las tasas judiciales deben invertirse en la mejora la mejora de la justicia, la ampliación de las plantillas, la interconexión informática  o la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos.

Es una cantidad importante de dinero que debe revertir en la propia mejora de la Administración de Justicia.Ahora no hay excusas, los 512 millones de euros recaudados con estas tasas  se pueden invertir en la mejora de las sedes de los Juzgados y Tribunales. Además, este dinero se verá incrementado  porque las tasas han desaparecido para las personas físicas, pero no para las empresas, que deberán seguir pagando impuestos para acceder a los tribunales.

El Ministerio de Justicia tiene ahora la oportunidad de mejorar el Registro Civil y  abortar su privatización. Hay que profundizar en la modernización de un modelo que viene funcionando razonablemente bien desde hace 145 años con funcionarios de Justicia, y que no cuesta un solo euro al contribuyente. A partir de su privatización, volverán los aranceles.

Todo apunta a que el Ministerio de Justicia con esta reforma introducirá un aumento de hechos registrales obligatorios, el incremento de los aranceles que cobran los Registradores, por su trabajo en el Registro de la Propiedad, la aparición de aranceles por trámites del Registro civil y la financiación directa a través de los presupuestos generales del Estado.

No es de recibo que desde el Ministerio se haya reducido cualquier inversión en los Registros Civiles en lo que va de legislatura para justificar su privatización, sin tener en cuenta la dignidad profesional de miles de funcionarios de Justicia, su experiencia, formación y potencial para gestionarlo.

 

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Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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