Hoy
img
Autor: marceolle
Siete de cada diez despedidos en la Administración son mujeres
img
Marcelino Ollé | 20-05-2013 | 10:40| 0

Mujer, de nacionalidad española y trabajadora de las diferentes administraciones públicas es el nuevo perfil de riesgo por desempleo según se desprenden al hacer un análisis pormenorizado de los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2013.

Unos datos que reflejan de manera clara que la destrucción de empleo público se centra en las mujeres, ya que sólo en el primer trimestre de este año, el 71% del empleo público destruido, 7 de cada 10, han sido mujeres dentro de la Administración.

Además, si se observa la variación interanual, se comprueba que la evolución es más dramática para las mujeres, ya que en el último año, disgregado por sexo, fueron 155.300 mujeres y 102.900 hombres los que perdieron su puesto de trabajo. Tres de cada cinco empleos perdidos eran desempeñados por mujeres dentro de la Administración.

La ocupación en el sector público disminuyó en 71.400 personas durante el primer trimestre del año, continuando la tendencia de destrucción de puestos de trabajo iniciada desde 2008, cuando comenzó la crisis, según los datos que recoge la EPA.

Así, la destrucción de empleo público respecto al año pasado se ha multiplicado por tres (en el primer trimestre de 2012 se destruyeron 81.800 puestos de trabajo) y ya es más del doble que la destrucción de empleo en el sector privado (8.32 frente al 3.77).

Estas tasas de destrucción de empleo se deben fundamentalmente a la amortización de plazas en las Administraciones Públicas (empleados públicos que se jubilan sin que se cubra su puesto) y por el despido encubierto de miles de interinos, en especial, en los sectores de enseñanza y sanidad que se encuentran fuertemente feminizados.

 

Ver Post >
“Los funcionarios no somos culpables de los retrasos en Justicia”
img
Marcelino Ollé | 13-05-2013 | 11:05| 0

No es lógica la intención del Gobierno central de querer privatizar las diligencias de lanzamiento por impago de hipoteca o los embargos de bienes tal y como recoge el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según ese texto serán los Procuradores de los acreedores quienes dirijan las diligencias de lanzamiento y de embargo en sustitución de los funcionarios de la Administración de Justicia que son los que realizan esta función en la actualidad.

Con esta modificación legislativa, que ojo, supone un coste suplementario al ciudadano ya que tendrá que abonar por este servicio, el Ministerio de Justicia pretende apartar a los funcionarios públicos que, no olvidemos, siempre son ajenos al pleito y tienen la obligación de ser imparciales.

Además, creo que es una barbaridad jurídica que se le atribuya a un particular (Procurador) el carácter de agente de la autoridad, que ahora ostentamos los Funcionarios de Justicia, para que puedan realizar esos actos de ejecución. 

Aun cuando esta intervención se configure como voluntaria para el ciudadano, que podrá elegir si quiere que los actos de comunicación y de ejecución los realice un procurador o un funcionario, se abre la puerta a la privatización de una parte fundamental del procedimiento judicial como es la ejecución.

El objetivo de la reforma según ha dado a conocer el Ministerio de Justicia es agilizar la ejecución; como si los culpables de su lentitud fuéramos los funcionarios, algo que es falso, además de una falta de respeto. 

La mayor o menor rapidez en la ejecución de sentencias tiene mucho más que ver  con el conjunto de normas que se aprueban en el Parlamento que con las personas concretas que lo único que hacen es aplicarlas luchando, día a día, con una falta alarmante de medios. Como dato, a día de hoy existen hasta ocho plataformas informáticas distintas en función de la comunidad autónoma en la que nos encontremos e incompatibles entre sí o con graves problemas de compatibilidad.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la normativa procesal debe respetar los derechos de los ciudadanos. Y estos no pueden someterse a la decisión del representante del ejecutante por mucho control que se establezca por parte del Secretario Judicial.

En este sentido, la presencia en el acto de ejecución, por ejemplo, un desahucio, de un funcionario público ajeno a la relación entre el ejecutante y ejecutado es la mejor manera de proteger los derechos de ambos en el procedimiento.

 

Ver Post >
Los sueldos de los funcionarios no subirán con el IPC
img
Marcelino Ollé | 06-05-2013 | 9:47| 0

La subida de los salarios de empleados públicos no estará ligada a la evolución del índice de precios al consumo (IPC), según contempla el Gobierno en su nuevo paquete de medidas de recorte y que aprobó en el Consejo de Ministros del 26 de abril. A los salarios hay que sumar las subvenciones y las becas que tampoco subirán automáticamente igual que el IPC.

Este hecho ha pasado bastante desapercibido y más, cuando la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, no lo aclaró en el último consejo de ministros en el que anunció entre el nuevo paquete de medidas una Ley de Desindexación de la Economía, con la que desligará la actualización de rentas públicas del IPC.

Se trata de una de las medidas clave del Plan Nacional de Reformas y afectará a los salarios de los 94.000 empleados públicos que trabajamos en las distintas administraciones públicas en Extremadura.

Soraya Sáenz de Santamaría no dio pistas sobre si esta medida tendrá carácter temporal o si se consolidará en el tiempo, estableciendo un índice de evolución de las rentas que paga la Administración por distintos conceptos simplemente diferente al del IPC.

Al parecer las intenciones del Gobierno son que la nueva Ley contemple que ni salarios de empleados públicos, ni ayudas como becas o subvenciones suban en adelante conforme al IPC. En definitiva, se trataría de una nueva bajada de sueldo de todos los funcionarios y además, nos llevará a una eterna congelación de nuestros salarios. Volvemos a ser los pagadores de una crisis que nosotros no hemos originado.

En nuestro caso, la aplicación de esta nueva ley romperá por completo el esquema de incremento de los sueldos anuales en función del coste de la vida.

Ahora, desde el Ministerio de Economía dicen que la indexación al IPC en el ámbito de las administraciones públicas debe contemplarse, no como norma sino como excepción, pero no aclara si dejará de utilizar el IPC de noviembre como referencia para compensar a los pensionistas por la pérdida de poder adquisitivo.

La vicepresidenta del Gobierno sólo aclaró tras el último consejo de ministros de abril que la nueva normativa se aplicará a todos los contratos públicos, de forma que dejarán de estar automáticamente indexados al Índice de Precios al Consumo (IPC), como hasta ahora, es decir, su prórroga no conllevará la consolidación de la inflación directamente.

 

Ver Post >
El Gobierno reconoce que debe abonar el 20% de la extra
img
Marcelino Ollé | 22-04-2013 | 9:00| 0

El Gobierno, a través del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha reconocido que se tendrá que abonar a funcionarios y personal laboral los días devengados de la paga de Navidad suprimida en 2012, siguiendo la línea marcada por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y que supone entre un 15% y un 20% de lo que nos quitaron.

Así, según ha reconocido Beteta en un encuentro mantenido con el líder sindical de un sindicato de la Función Pública, el Gobierno estaría estudiando la devolución de los días devengados de la paga extra que eliminó para contener el elevado déficit público en 2012. Desde el propio Ministerio de Hacienda ya se reconoce que los procedimientos judiciales en marcha advierten que una norma no puede aplicarse con carácter retroactivo.

Es decir, la supresión de esta paga debió aplicarse en el momento en que se publicó el Real Decreto Ley 20/2012 (15 de julio), ya que una parte de la paga suprimida correspondería a un trabajo ya realizado.

El decreto que suprimió la paga extra se aprobó a mediados de julio, si bien la paga de Navidad había empezado a devengarse, en el caso de los funcionarios, desde el 1 de junio, por lo que los días de paga que podrían recuperarse son 44. En el caso del personal laboral, se podrían recuperar entre 14 y 44 días de paga, dependiendo del organismo al que estén adscritos.

Lo que no hay es fecha para que se nos reintegre, al menos, ese porcentaje devengado, aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, parece que apuesta por prorrogarlo todo para 2015 aunque los recursos abiertos en los tribunales podrían obligarle a abonarlo bastante antes.

De momento, debería tomar nota lo sucedido en Eslovenia que es el segundo país de la UE, tras Portugal, que se ve obligado a devolver la paga extra que le habían retirado a sus empleados públicos por decisión del Alto Tribunal de ese país.

 

 

 

Ver Post >
La sentencia sobre la lactancia, un precedente para la Administración
img
Marcelino Ollé | 15-04-2013 | 10:57| 0

La importante decisión de la Audiencia Nacional de reconocer el derecho de los funcionarios a compartir el periodo de lactancia sienta un precedente y marca el camino a seguir a todas las Administraciones públicas del Estado.

Pero no sólo afecta a los empleados públicos si no que también puede beneficiar a los trabajadores de la empresa privada. Gracias a este auto judicial, a partir de ahora cualquier otro trabajador, en las mismas condiciones, esté su pareja trabajando o no puede pedir este permiso de lactancia y se le tiene que reconocer.

La lactancia debe considerarse como un tiempo de cuidado en favor del hijo y por lo tanto, una medida conciliadora de la vida familiar y laboral.

Desde este momento,  gracias a esta resolución judicial, en la Función Pública y previsiblemente en la empresa privada, se desvinculará el permiso de lactancia del hecho biológico de dar el pecho, entre otras cosas, porque hoy en día la lactancia natural se puede sustituir por un biberón de leche artificial o un sacaleches.

La  Audiencia Nacional, en su sentencia, da la razón a un matrimonio de funcionarios que querían compartir el tiempo de lactancia. La madre, juez en ejercicio, solicitó a la Administración un permiso de 5 semanas y renunció a las tres semanas restantes a favor de su marido, funcionario de Policía. Sin embargo, la Administración denegó el permiso al padre.

Una resolución que desde un sindicato de la función pública se recurrió por sexista y discriminatoria. Tras las alegaciones, el Ministerio de Hacienda ha reconsiderado la decisión, y reconoce el derecho de estos padres a compartir el periodo de lactancia del menor.

En cualquier caso, se trata de un  avance en el reparto de roles y de tareas; aunque la mujer no trabaje, no tiene por qué dedicarse de manera exclusiva al cuidado del recién nacido. También puede buscar un empleo, formarse y por supuesto disfrutar de su tiempo libre. El varón, de manera paralela, puede ejercer su condición de padre corresponsable.

Ver Post >
Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

Otros Blogs de Autor