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Autor: marceolle
Prohibido fotografiar a los funcionarios
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Marcelino Ollé | 19-10-2016 | 11:39| 0

Una sentencia del Tribunal Constitucional ha avalado, recientemente, el uso de cámaras en el puesto de trabajo, sin consentimiento expreso del empleado pero en el ámbito de la empresa privada. Así, el alto tribunal ha considerado que la grabación a un trabajador sin su permiso no ha vulnerado el artículo 18, párrafos 1 y 4, de la Constitución, que protegen los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen.

Sin embargo, esta sentencia no es aplicable al ámbito de los empleados públicos porque un informe de la Agencia Española de Protección de Datos ha señalado que está prohibida, por parte de particulares o incluso de un jefe, la captación de imágenes de estos trabajadores porque no es una actividad doméstica, particular o privada sino pública .

En este sentido, el informe es claro ya que dictamina que la captación por particulares de la imagen de empleados públicos, generalmente a través de teléfonos móviles, y con la finalidad incluso después de la difusión por Internet, no puede enmarcarse en una actividad estrictamente personal o doméstica.

Por tanto -añade-, entra en juego la Ley Orgánica de Protección de Datos, que prohíbe dicha toma de imágenes si no media el consentimiento del afectado (aquel que es fotografiado o grabado). De esta forma, se intenta evitar que los ciudadanos graben dentro de las dependencias oficiales para fines privados o de distribución por  redes sociales.

Tampoco los jefes de los funcionarios podrán grabarles tal y como sí hizo el superior de la empleada a la que alude la sentencia del Tribunal Constitucional ya que según Agencia de Protección de datos la toma de imágenes no podrá ser utilizada para fines concretos. Cita, expresamente, que  las grabaciones no servirán para presentar denuncias en expedientes disciplinarios o incluso penales contra los empleados públicos por parte de sus superiores.

Además, en el ámbito de la videovigilancia, el informe de la agencia afirma que debe asegurarse que las acciones dirigidas a la seguridad y vigilancia en los centros de trabajo no contravengan el derecho fundamental de captación y grabación de imágenes personales evitando que permitan, por ejemplo, la identificación del sujeto.

Por último, indicar que este informe de la Agencia Española de Protección de datos ha sido asumido en el nuevo protocolo contra las agresiones a los empleados públicos, que entró en vigor este año, y que  recoge de forma expresa la prohibición de grabar a los funcionarios mientras desempeñan su trabajo.

 

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Unos 1.500 policías extremeños podrán pedir la jubilación anticipada
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Marcelino Ollé | 05-10-2016 | 10:26| 0

La jubilación anticipada de los policías locales a los 59 año está más cerca de conseguirse, lo que  les equipararía con las ventajas de las que ya disfrutan en España otros colectivos de riesgo, como la Policía Nacional o los bomberos. El  Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) -el máximo órgano de esta institución-  ha dado el visto bueno a esta medida, que afectará a unos 1.500 policías en Extremadura.

Una decisión que ha adoptado la FEMP tras recabar informes positivos de las Comisiones de Seguridad y Función Pública encargadas de este asunto, y que abarcará a los cerca de 70.000 policías locales que hay en España. De estos, 3.200 tienen más de 60 años, y 4.000 tienen entre 55 y 60. Se trata por tanto, de una plantilla envejecida que se hace preciso renovar con nuevos efectivos.

En este sentido,  estos informes se suman a los de la Seguridad Social, que también avalan la aplicación de los coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación al colectivo de policías locales. Por tanto, ya es cuestión de  la voluntad del Gobierno aprobar definitivamente el decreto que permita el adelanto a la jubilación mediante la elaboración de un Real Decreto que permitiera  regularizar esta situación.

Otro de los puntos en los que la FEMP incide es en que el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición de efectivos (es decir, que se cubran todas las jubilaciones), y que establezca medidas compensatorias o bonificaciones por aquellos que, habiendo generado el derecho de poder jubilarse al alcanzar la edad correspondiente, no ejerciten su derecho.

Cabe recordar, según informaron en su día las Centrales Sindicales, que el Ministerio de Empleo cuenta ya con los informes técnicos realizados por la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de la Inspección de Trabajo, que indican que este colectivo cuenta con los requisitos legales exigidos para aprobar esta jubilación anticipada.

Así, la FEMP considera que el Gobierno debe aprobar  con la mayor diligencia y celeridad posible el Real Decreto que contemple esta jubilación anticipada. Esta petición es significativa, teniendo en cuenta que los propios ayuntamientos deberán costear parte del sobrecoste de la cotización.

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Los calendarios de oposiciones bajan el absentismo y los juicios
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Marcelino Ollé | 20-09-2016 | 5:59| 0

Los opositores y los tribunales encargados de examinarlos necesitan un calendario de oposiciones para evitar la judicialización de las pruebas selectivas tal y como ha pasado los últimos años en las de la Administración extremeña. Además, si ese calendario existiera, el absentismo descendería de forma considerable ya que se podría planificar la preparación del temario.

La certeza de saber cuándo te vas a examinar es fundamental para evitar abandonos durante la preparación de una oposición, y además se daría estabilidad a la plantilla de Empleados Públicos en Extremadura.

La falta de una fecha concreta para cada examen desde que se convoca está ocasionando un grave perjuicio a los opositores ya que no se puede olvidar que, salvo casos puntuales, pagan por cada solicitud, por  un temario o  por un preparador. Unos gastos que no pueden alargarse en el tiempo sin motivo alguno.

En este sentido, señalar que no es entendible que una vez publicada la oferta de empleo público se pueda tardar, como ocurre actualmente,  más de dos años o dos años y medio en celebrar los exámenes. Y es que, en Extremadura, en general, los opositores no saben cuándo se van a llevar a cabo esas convocatorias ni mucho menos la fecha de las pruebas selectivas.

Como dato, en aquellas oposiciones que tienen un calendario ya fijado y que se cumple, como es el caso de las de Educación, el índice de presentados se acerca al 90 por ciento mientras que en el resto baja de forma considerable el número de presentados.

En cuanto a la seguridad jurídica indicar que los ejercicios deben ser claros y transparentes, mientras que el criterio de evaluación y puntuación del temario debe estar perfectamente indicado en la convocatoria para que disponga de ella el opositor y los miembros de los tribunales ya que muchas veces se les deja a su libre albedrío lo que ocasiona numerosas impugnaciones ante la propia administración y ante los tribunales.

Esta falta de calendario lo demuestra al alto absentismo en las últimas oposiciones celebradas por la Junta de Extremadura, ya que tal y como apunta la agencia EFE, las dos únicas pruebas selectivas celebradas hasta el momento este año, las de ATE-Cuidador (17 de julio), para las que se habían admitido 6.487 solicitudes y a la que solo se presentaron 1.841 personas, y sobre todo la de Ordenanza (24 de julio), con 11.163 solicitudes y 1.693 aspirantes presentados.

En su conjunto, de 17.650 potenciales aspirantes solo 3.534 se presentaron a realizar el examen (el 20 por ciento), una situación que conlleva no solo gastos innecesarios en material de oficina o preparación de aulas, sino también en la organización de tribunales o los grupos de vigilantes para estos exámenes.

 

 

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Cómo subir los salarios de los funcionarios aunque no haya gobierno
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Marcelino Ollé | 05-09-2016 | 3:53| 0

Los empleados públicos, una vez más,  volvemos a estar en el punto de mira de nuestros gobernantes en funciones y no precisamente para bien. Intentan utilizar que nuestros sueldos dependen de las cuentas públicas para lanzar veladas amenazas sobre que la falta de presupuestos afectará, otra vez, a nuestros bolsillos y condiciones de trabajo por la no convocatoria de nuevas oposiciones.

Está claro que nos  encontramos en una situación totalmente anómala porque si se prorrogan los presupuestos actuales, que se diseñaron en el verano de 2015  se utilizarán para afrontar el ejercicio 2017, que tiene unas connotaciones económicas y unas necesidades de la Administración totalmente distintas. Esto afectará no solo a las retribuciones de los empleados públicos, sino también a las plantillas; cada vez hay más vacantes por las jubilaciones que se están produciendo.

A pesar de que el Gobierno esté en funciones los decretos Ley pueden dictarse,  lo saben perfectamente en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro, siempre que cuenten con otros grupos parlamentarios para que lo apoyen en el Congreso.

En este sentido, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido claro y ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy que lleve al Parlamento un decreto Ley que permita la actualización de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones para 2017 ya que su formación lo apoyará.

Ante esta propuesta carece de sentido la amenaza más o menos velada de Rajoy en la que avisaba que no podrían actualizar los salarios de los pensionistas y de los funcionarios ante la posibilidad de que unas terceras elecciones paralicen los presupuestos Generales del Estado de 2017.

“Pueden traer a esta Cámara un decreto Ley para actualizarlos y si lo trae el PSOE votará a favor de su convalidación”, ha dicho tras añadir que en caso de que el Gobierno en funciones no apruebe esa normativa el grupo parlamentario socialista presentará una iniciativa para que estos colectivos no se vean perjudicados.

En cualquier caso, hay que recordarle al presidente del Gobierno en funciones que la Administración funciona y funcionará, a pesar de que no haya Gobierno, gracias al trabajo de los empleados públicos que son los que hacen posible que los ciudadanos puedan tener unos servicios públicos que se ocupen de sus necesidades sanitarias, administrativas, judiciales o de seguridad entre otras.

Precisamente para que el ciudadano pueda recibir este servicio se hace necesario una acuerdo entre los grupos políticos que permita la elaboración de los presupuestos generales de 2017 y una oferta de empleo público urgente

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Los fondos de reserva de la Mutua de Funcionarios pierden 1.000 millones en 6 años
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Marcelino Ollé | 28-06-2016 | 8:34| 0

La ‘hucha’ de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface)  ha sufrido una merma muy importante los últimos seis años, situándose a finales de 2015 en 5,41 millones de euros frente a los 1.143 millones de 2009. Es decir, desde 2009, el remanente de Muface se ha reducido en más de 1.000 millones de euros, momento en el que empezó a decrecer este fondo de reserva.

Así se refleja en la memoria anual de la mutualidad en la que se recoge que el remanente actual de tesorería de la entidad de 5,41 millones de euros es el resultado de la suma de los fondos líquidos (88,3 millones) y los derechos pendientes de cobro (0,56 millones) menos las obligaciones pendientes de pago de la entidad (83,2 millones y los saldos de dudoso cobro (0,25 millones).

Este balance supone una caída muy importante frente a los 29,7 millones de euros con los que contaba Muface en su fondo de reserva en 2014. De hecho, el fondo de reserva de la entidad se ha desplomado de forma continuada desde 2009, cuando ascendía a 1.143 millones de euros.

Estas cifras son preocupantes y ponen en el punto de mira el futuro de la mutualidad a la que se debe garantizar su viabilidad. De hecho, las otras dos mutualidades de funcionarios, Mugeju (Mutualidad General Judicial-Personal al servicio de la Administración de Justicia) e Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), muestran un balance mejor en lo que los números se refiere y no está su futuro, de momento, en entredicho.

Mientras, el número de mutualistas de Muface también está experimentado una fuerte caída situándose en 1.498.098, tanto titulares como beneficiarios, y baja de los 1,5 millones por primera vez desde 1988, según los datos correspondientes a la Memoria de 2015 entidad.

Estos datos son fruto de la evolución a la baja que se viene produciendo desde 2002 (cuando se registró la cifra máxima de titulares y beneficiarios, con un total de 1.615.901) y se debe fundamentalmente al progresivo envejecimiento de las personas adscritas y la congelación de las ofertas públicas de empleo.

Además, desde ese año también se ha producido un cambio en la distribución entre el colectivo de titulares (funcionarios) y los beneficiarios de la póliza (pareja e hijos). Así, mientras hace dos décadas el número de beneficiarios superaba a los titulares (872.944 frente a 740.638), en la actualidad la situación es a la inversa (956.401 titulares, frente a 541.697 beneficiarios).

Esto se debe a que, también como consecuencia del envejecimiento de la población, el número de mutualistas jubilados asciende a 236.372, casi una tercera parte de los titulares, y ya no suelen tener tiene hijos a su cargo.

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Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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