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Categoría: Actualidad del funcionario
Los funcionarios tienen derecho a días libres si hacen horas de más

(La Voz De Cadiz//Miguel Gomez)

La Justicia ha declarado el derecho de un empleado público de una residencia de mayores a disfrutar de 19 días de descanso en compensación por el exceso de jornada entre 2016 y 2017. Una sentencia que abre la puerta a que los trabajadores de la Administración puedan reclamar compensaciones, en forma de días de descanso, por exceso de jornada ordinaria.

En este caso, el  Juzgado de lo Social número 31 de Madrid ha estimado íntegramente una demanda interpuesta contra la Consejería de Políticas Sociales y Familia y declara el derecho de un trabajador de la Residencia de Mayores Reina Sofía de Las Rozas a disfrutar de 19 días de descanso en compensación por el exceso de jornada que realizó entre 2016 y 2017.

Esta sentencia abre la puerta a que muchos otros trabajadores puedan reclamar una compensación por los habituales excesos de jornada ordinaria de trabajo en muchos puestos de la administración. La magistrada accede a la pretensión del demandante y le reconoce el exceso de jornada realizado entre el 28 de junio de 2016 y el 28 de junio de 2017. El demandante solicitó que se le compensara con descanso o, subsidiariamente, económicamente, abonándole los 879,70 euros que le corresponderían.

Entre el pasado año y el presente, este trabajador hizo un total de 241 jornadas de trabajo, sobrepasando lo indicado en el Convenio en 22 jornadas, señala la sentencia. De esta forma, tras restar tres días ya disfrutados, la magistrada subraya que el actor ha realizado un exceso de 19 días de jornada “que debe compensarse con tiempo de descanso”.

La Comunidad alegó que el exceso de jornada ya se compensa con días de vacaciones, pero la sentencia no considera probado que el demandante haya disfrutado de más días de vacaciones de los 22 hábiles que le corresponden anualmente. Por ello, la sentencia reconoce totalmente la demanda interpuesta al haber probado el trabajador que ha realizado un exceso de jornada durante los años 2016 y 2017 sin que se le haya compensado en tiempo de vacaciones.

 

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Funcionarios: más trabajo y el 20% menos de poder adquisitivo

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Los empleados públicos han visto su poder adquisitivo reducido en un 20% (hasta el 30% en función de los recortes de las diferentes administraciones) en los últimos diez años tras los recortes y sucesivas congelaciones de los años de la crisis económica. Además, el esfuerzo ha sido soportado con la misma plantilla de trabajadores porque apenas ha existido oferta de empleo público (OEP) por la tasa de reposición cero que impuso el Gobierno Central.

Sanitarios, docentes, trabajadores de la Administración General de la Junta de Extremadura, Funcionarios de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de los Servicios de Empleo, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Prisiones, Administración General del Estado, servicios de emergencias, bomberos, el personal de nuestros ayuntamientos, empresas públicas se merecen un esfuerzo tanto por parte del Gobierno del Estado como del de la Junta para recuperar sus condiciones laborales y económicas.

Para el buen funcionamiento de la Administración Pública es necesario recuperar la estructura salarial y de plantillas previa al inicio de los recortes de 2010.

La plantilla total de empleados públicos,  en el conjunto del Estado, llegó a superar los 3,2 millones de personas en 2010.  Actualmente no se llega a esos niveles a pesar de las pequeñas ofertas de empleo que se han producido. En el primer trimestre de este año la plantilla del sector público ascendía a 2.974.000 personas.

Así, en Extremadura hay actualmente un total 87.300 empleados públicos repartidos entre la administración autonómica, estatal, local y universidad. Una cifra muy lejana de los 98.187 de 2010.

Según el documento que publicó el Gobierno el pasado mes de julio cuando aprobó el Real Decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado para 2017, el mayor número de empleados públicos se contabilizó en 2010, cuando alcanzó los 3,25 millones de personas.

Tres años después, en 2013, se marcó el mínimo de la última década, con 2.909.000 empleados en las administraciones. Estos datos coinciden con la evolución de las ofertas de empleo público, ya que entre 2004 y 2008 se sacaron a concurso más de 170.000 plazas.

Es a partir de 2009 cuando se comienzan a moderar las ofertas de empleo público con años, como 2012, en el que apenas llegan a las 3.000 las plazas convocadas.

Por su parte, desde 2007, los recortes y congelaciones salariales anularon las subidas que hubo, reflejando un descenso acumulado del 1,3 %. Respecto al IPC, esta evolución mermó el poder adquisitivo de los empleados públicos en la última década, con una rebaja acumulada del 20% hasta 2016.

Los datos de 2017 no constan porque se desconoce el impacto sobre el poder adquisitivo que tendrá la inflación de diciembre, teniendo en cuenta que la subida salarial para este año ha sido del 1 %.

La siguiente tabla muestra, en millones de personas, la evolución de las plantillas de empleados públicos durante los últimos diez años, así como la de las nuevas plazas generadas en las ofertas de empleo público aprobadas en el mismo periodo.

 

AÑO                   PLANTILLA             NUEVAS PLAZAS

(millones)

—————————————————————–

2007                       2,97                            35.231

2008                       3,08                            37.760

2009                       3,12                            18.995

2010                       3,25                             6.654

2011                       3,23                             5.399

2012                       3,02                             2.922

2013                       2,90                             3.440

2014                       2,92                             5.364

2015                       3,00                            13.016

2016                       2,98                            19.121

2017                       2,97                            28.249

 

 

La siguiente tabla muestra la evolución del IPC (dato de diciembre en tasa interanual), la de los salarios pactados para los empleados públicos y la consiguiente pérdida o ganancia de poder adquisitivo.

 

 

AÑO                IPC         EVOLUCIÓN         PÉRDIDA/GANANCIA

SALARIAL             PODER ADQUISITIVO

—————————————————————–

2007              4,2%              2,7%                    -1,5%

2008              1,4%              3,5%                     2,1%

2009              0,8%              3,5%                     2,7%

2010              3,0%             -5,0%                    -8,0%

2011              2,4%              0,0%                    -2,4%

2012              2,9%         -7,0% (1)                    -9,9%

2013              0,3%              0,0%                    -0,3%

2014             -1,0%              0,0%                     1,0%

2015              0,0%          0,0% (2)                     0,0%

2016              1,6%              1,0%                    -0,6%

—————————————————————–

15,6%             -1,3%                   -16,9%

 

Estos datos del IPC son los que se manejan desde el Ministerio de Hacienda pero no contabilizan en ningún caso la supresión de diversas condiciones laborales y económicas relativas a bajas por enfermedad, pagas extra, incrementos salariales, días de asuntos particulares (que en muchos casos se concedieron para evitar incrementos de sueldos, como sucedió en la Administración de Justicia), etc.

 

 

 

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Sanitarios y profesores se quedan sin flexibilidad laboral

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Los trabajadores de la Sanidad y la Educación  extremeña quedan fuera de la flexibilidad de la jornada laboral que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. El texto, hecho público por el Ejecutivo regional, explica claramente que esta medida “será de aplicación para  los empleados públicos, funcionarios y laborales, incluidos en el ámbito de la Administración General” ,  sin ni siquiera nombrar a los sanitarios y profesores.

Estas medidas de flexibilidad horaria vienen a solucionar el problema  que surgió meses atrás con la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales ya que el Gobierno central no cede en su concesión y mantiene las 37,5 horas. De hecho, en Andalucía la Junta aprobó esa reducción de jornada y el Ministerio de Hacienda la recurrió ante los Tribunales y la tumbó.

En Extremadura se ha aprobado el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración General y de la Comisión Negociadora que incluye, entre otras, medidas relacionadas con el disfrute fraccionado de los días de asuntos particulares, el cuidado de menores y familiares enfermos, la creación de una bolsa horaria por asuntos personales y el inicio escalonado de actividades lectivas.

Este acuerdo es claramente discriminatorio con los trabajadores de unos sectores tan importantes como el educativo y el sanitario,  más cuando ni siquiera hay previsto que se abra una mesa de negociación para alcanzar un acuerdo para estos trabajadores públicos.

En este sentido, desde una Central Sindical ya se apunta la convocatoria de movilizaciones si la jornada laboral de los empleados públicos no es uno de los puntos que se incluya en los Presupuestos autonómicos (PGEx) para 2018. La flexibilidad horaria tiene que ser un hecho en todos los sectores, y ahora mismo Educación y Sanidad no la tienen.

Además, otras de las medidas pendientes de incluir en los PGEx  son la descongelación de la carrera profesional y la reducción de la tasa de temporalidad para los 46.000 trabajadores dependientes de la Junta.

La descongelación de la carrera profesional es necesaria  para evitar que los empleados públicos sigan perdiendo poder adquisitivo. Debe ser una realidad para  los sectores que ya la tienen (Administración General y Sanidad) y sobre todo para aquellos que no la tienen como es el sector de la educación.

Por último, es necesario arbitrar partidas presupuestaria para reducir la alta tasa de temporalidad,  redactando un calendario de oposiciones y realizar un estudio para conocer el número de plazas reales para atajar esa alta tasa de temporalidad que es de un 32 por ciento en nuestra comunidad.

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Los funcionarios que ganen menos tendrán mejoras sociales

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El Ministerio de Hacienda y Función Pública estudia la implantación de mejoras en los sistemas de ayudas asistenciales para funcionarios de rentas bajas, además de ayudas sociales. Unas ayudas que incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año y que se realizarán a través de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

Entre ellas, se contempla la aceleración de la implantación de la receta electrónica, la mejora de la asistencia rural y las urgencias sanitarias, y favorecer la autonomía de gestión de las mutuas en la prestación sanitaria. Además, en lo que hace referencia a las contribuciones estatales en materia de acción social se contemplan, entre otros, los tratamientos odontológicos, gafas, prótesis y algunas ayudas sociales todavía por determinar.

En este sentido, cabe destacar que es importante que se lleven a cabo estas mejoras para compensar la insuficiente subida salarial del 1 % fijada en los PGE de 2017, así como la pérdida de poder adquisitivo desde el comienzo de la crisis.

Aumento de mutualistas los próximos años

Por otra parte, cabe destacar que Muface  aumentará significativamente su número de mutualistas (y, por tanto, de beneficiarios) a corto-medio plazo. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, del que depende este organismo, Muface incorporará a más de 100.000 nuevos mutualistas y a 25.000 nuevos beneficiarios en los próximos tres años como consecuencia del acuerdo para la mejora del empleo público suscrito el pasado 29 de marzo con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT

Con esta Oferta de Empleo Público (OEP), Hacienda espera poner fin a la actual tendencia de reducción del colectivo de Muface, que se ha visto mermado en los últimos años por la falta de incorporación de nuevos profesionales y el envejecimiento de los que ya integran la mutualidad. De hecho, y según datos de CSIF, la mutualidad ha perdido 15 usuarios en los últimos siete años.Una caída que la organización achaca a la falta de financiación que ha tenido en el último periodo, especialmente, durante la época de crisis.

La mayor parte de estos nuevos afiliados procederán del sector de la Docencia, personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas para 2017.

 

 

 

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Jornada intensiva en verano para los funcionarios con hijos discapacitados

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Los empleados públicos que tengan a su cargo hijos con discapacidad, independientemente de su edad, podrán acogerse a la jornada intensiva desde este mes de junio y hasta el próximo 30 de septiembre. Este año es el primero que pueden hacerlo en virtud un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos de la Mesa de la Administración General del Estado (AGE).

Pueden acogerse a esta modalidad de jornada intensiva los empleados públicos al servicio de la AGE con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad. También a los que tengan a su cargo hijos con discapacidad cuya edad cronológica sea superior a 12 años. El único condicionante es que el horario del centro cambie y justifique en ese caso la necesidad de acogerse al empleado público a la jornada intensiva.

Para el resto de funcionarios, con carácter general, la jornada intensiva en la Administración General del Estado abarca el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, y se lleva a cabo a razón de seis horas y media continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 8.00 y las 15.00 horas, de lunes a viernes.

Con el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación, los funcionarios que tengan hijos con discapacidad, sea cual sea su edad, verán ampliada en 30 días esta modalidad de jornada intensiva, también a razón de seis horas y media continuadas de trabajo, entre las 8.00 y las 15.00 horas.

Se les equipara así a los empleados públicos que tienen menores de 12 años a su cargo, a quienes el Gobierno amplió la jornada intensiva en 30 días en una instrucción dictada en diciembre de 2015 que tenía por objetivo facilitar la conciliación a los funcionarios, sin menoscabo de sus obligaciones profesionales. No era razonable que se excluyera del disfrute de este derecho a empleados públicos a cuyo cargo están personas que, aunque sean mayores de 12 años, tengan una discapacidad, dejándolos a su suerte, sin su apoyo familiar.

Esta modalidad de jornada intensiva,  por tener al cargo hijos con discapacidad intelectual o físico tan solo es de aplicación para los trabajadores públicos del Estado mientras que en la administración dependiente de la Junta de Extremadura y en la Local no se ha avanzado en su puesta en marcha.

 

 

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Los funcionarios del Estado, peor que los de la Junta

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En Extremadura hay funcionarios, y funcionarios. Aún siendo empleados públicos, no es lo mismo ser funcionario del Gobierno central que funcionario de la Junta de Extremadura. Para todos debe regir El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que acaba de cumplir el décimo aniversario de su publicación, pero no se ha aplicado de igual forma en todas las administraciones. Su desarrollo está incompleto, aunque una de las regiones en las que su implantación ha sido absoluta es en Extremadura; eso sí, sólo en la administración que depende de la Junta. Los empleados públicos del Estado y  en menor medida los de la administración local, no se han podido beneficiar de algunas de las mejoras laborales que comprende este texto legal.

La entrada en vigor de este texto el 13 de abril de 2007 abrió la puerta a la carrera profesional, la promoción y la clasificación de los trabajadores en sus ámbitos administrativos e hizo posible el cobro de los trienios para los interinos y temporales. Estas materias que ya están implantadas en la administración autonómica extremeña no se dan en la Central.

En este sentido, la falta de desarrollo más llamativa es la relativa a la Administración General del Estado, por ser competencia exclusiva del Gobierno central que, en estos 10 años, no ha mostrado compromiso alguno con los empleados públicos que de él dependen. Es más, desde el Ejecutivo central  con la excusa de la crisis económica no solo no ha desarrollado el texto sino que  todos los derechos y mejoras laborales que el EBEP recoge las ha suprimido, tales como vacaciones, permisos, bajas laborales y su regulación, etc.

En estos 10 años, las plantillas del conjunto de las Administraciones Públicas han perdido 320.000 empleos, a los que se sumarán otros 232.000 que están a punto de jubilarse. Una tendencia a la baja que no se detiene porque según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el empleo en el sector público se ha reducido en 14.600 personas en el último año, mientras que ha aumentado en 428.500 personas en el privado.

Esta falta de oferta de empleo público ha ocasionado que  el nivel de precariedad de las administraciones se haya disparado con 680.900 personas con empleo temporal en todo el estado de las que 14.000 corresponderían a Extremadura. Estas cifras tan altas plantean volver al texto del EBEP y abordar el problema de la interinidad en ámbitos como la sanidad o la educación, así como la consecución de la jornada de 35 horas semanales y la recuperación del poder adquisitivo que acumula una pérdida del 20% con una bajada de sueldo y varias  congelaciones salariales.

Todas estas cifras hacen necesario adaptar el EBEP a las nueva realidad socioeconómica y profesional de los empleados públicos, para lo que hay establecer equivalencias entre todas las carreras mediante la coordinación de las distintas Administraciones; conceder el derecho a hacer carrera al personal temporal de larga duración; extender la jubilación parcial a los empleados públicos, introducir una mayor seguridad jurídica para el personal laboral o la planificación de los recursos humanos incidiendo en la consolidación o la movilidad voluntaria entre administraciones.

El Gobierno Central tiene la obligación de recordar que el  EBEP dio respuesta a las necesidades que, durante muchos años, tenían las Administraciones Públicas al democratizar el marco de relaciones laborales del conjunto de empleados públicos y establecer un modelo homogéneo de Función Pública pero respetando la realidad territorial, competencial y sectorial.

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Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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