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Categoría: Días de negro
Los funcionarios de Justicia de Extremadura cobran 400 euros menos que otros

 

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La brecha salarial de los funcionarios de la Administración de  Justicia en Extremadura llega a más de 400 euros si se compara lo que cobran los funcionarios destinados  en las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas. Así, los trabajadores del llamado Territorio Ministerio (Extremadura, Castilla y León, Baleares, Castilla la Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla así como Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado y Fiscalías Especiales) realizando el mismo trabajo cobran un salario distinto.

Una discriminación que no se entiende cuando los funcionarios de Justicia, independientemente del territorio del país en el que trabajen, son cuerpos nacionales y tienen un estatuto único para todo el Estado regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Ante esta y otras desigualdades, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT han amenazado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, con movilizaciones a comienzos de 2018 si no se convoca de manera urgente la mesa de negociación para abrir el diálogo  sobre los múltiples problemas que padecen los trabajadores de la Administración de Justicia. Un conflicto que  pasa por la mejora general de las condiciones de trabajo relativas a la formación profesional, a la salud laboral, a la solución a los fallos informáticos de las nuevas tecnologías implantadas en los órganos judiciales y a la homologación de las retribuciones.

Así, los fallos continuos en la modernización de la justicia, que se mantienen a pesar de las inversiones millonarias de dinero público, se han mostrado muy reales con el sistema Lexnet, que hace unos meses tuvo un fallo gravísimo ya que cualquier abogado podía acceder a las carpetas privadas de todos los casos que estaban llevando  todos los abogados de España, ya fuera la Gürtel o cualquier pleito local.

Los sindicatos explican que hace dos semanas presentaron un escrito en el que solicitaban la apertura de negociación y daban un ultimátum al ministro por la inaceptable actitud y el gran desinterés hacia los funcionarios de la Administración de Justicia y el buen servicio a la ciudadanía.

De esta forma, cargan contra Catalá al tachar de falsos los anuncios de oferta de diálogo y de buena disposición porque, según aseguran, el ministro únicamente negocia con las asociaciones de jueces y fiscales pero no con los más de 9.000 funcionarios de justicia (900 en Extremadura) cuyos problemas siguen sin resolverse. El colapso de los Juzgados encargados de las cláusulas suelo, de los Juzgados de Guardia o de los de Violencia de Género deben abordarse también de forma inmediata.

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El Gobierno retrasa la extra a los funcionarios del Estado

¿A que espera el Gobierno en funciones para pagar el 50% pendiente de la Extra de 2012 a los empleados públicos estatales? No hay justificación alguna para que el Ejecutivo en funciones no abone lo que resta de esta paga ya que es una cantidad incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

Resulta sorprendente que a fecha de abril el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, no haya dado explicación alguna de porqué  no se ha realizado el abono de esta paga que se les debe a los trabajadores del Administración estatal. Y es que hay que recordar que antes de las elecciones generales de diciembre, concretamente en el mes de septiembre del año pasado, se dijo que se cobraría a partir del mes de enero de 2016.

Es más, en distintas reuniones,  con los sindicatos más representativos en las administraciones públicas, durante los meses de septiembre y noviembre de 2015, se indicó que se haría en único pago y que el cálculo que habían hecho desde el ministerio de Hacienda ascendía a unos 750 euros de media por trabajador.

Lo que es evidente es que a fecha de hoy el Gobieo en funciones no ha dado orden de incluir este pago en la próxima nómina a pesar de que la Ley de Presupuestos le obliga a ello. Como tampoco ha dado ningún tipo de explicación sobre los motivos para no hacerlo, ni mucho menos la fecha en la que está obligado a pagar ese 48,77% pendiente. A estas alturas de año, el Ejecutivo ha hecho oídos sordos a las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores y se desentiende de cumplir con lo anunciado y prometido antes de las pasadas elecciones.

Mientras en el ámbito de las comunidades autónomas, la Junta de Extremadura ya ha abonado  a los empleados públicos que dependen de ella las cantidades pendientes de la extra como también lo han hecho algunos ayuntamientos y las Diputaciones de Badajoz y Cáceres.

En total son 530.000 trabajadores públicos del Estado, de los que 13.000 desarrollan su labor en Extremadura, los que están pendientes de que el Gobierno en funciones apruebe esta liquidación cuando lo crea conveniente.

A este retraso en el pago se añade la incertidumbre de si se cobrará o no ya que la desviación del déficit anunciada la semana pasada por Montoro, siempre ha servido de excusa para castigar al colectivo de empleados públicos con recortes, merma de las plantillas y  con el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos (sanidad, educación, justicia, servicios sociales o seguridad, entre otros).

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Crecen las agresiones contra los examinadores de Tráfico

Denunciar las agresiones, tanto físicas como verbales, que sufren los examinadores de tráfico, es el motivo por el que el próximo 21 de octubre irán a una huelga de 24 horas, acompañada por una concentración  en Madrid ante la sede central de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Una protesta a la que están llamados 700 funcionarios de todo el Estado de los que 20 corresponden a Extremadura, 13 en la provincia de Badajoz y 7 en la de Cáceres, y que se suma a los paros de 3 horas diarias que se llevan realizando desde el pasado 14 de septiembre y que ha provocado la suspensión de muchos exámenes.

Este colectivo de empleados públicos es el último que se suma las estadísticas de agresiones que vienen sufriendo, desde que comenzó la crisis económica, otros colectivos como los de los servicios de empleo, juzgados, las delegaciones de Hacienda o los funcionarios de prisiones.

Así , el año pasado se produjeron hacia los examinadores de tráfico ocho agresiones con lesiones y que llegaron a juicio, en tanto que en lo que va de año la cifra es ya de 15, a las que hay que añadir las verbales y otras menos graves.

Del total de agresiones físicas no se ha contabilizado ninguna en Extremadura aunque sí son muy habituales las amenazas verbales por parte de los alumnos suspendidos hacia los examinadores.

Ante esto, una solución que plantea el colectivo es no tener que dar el resultado al aspirante en “caliente”  e informar al alumno “en diferido”, es decir, al día siguiente, y en un lugar seguro. Y es que el actual sistema de informar al alumno dentro del coche en el que se ha examinado, en un habitáculo tan pequeño, conlleva un mayor riesgo de sufrir una agresión.

La pérdida de valores, la situación económica, el coste de las clases o la necesidad de contar con el carné para encontrar un puesto de trabajo son algunas de las razones que podrían explicar esas agresiones, que en su mayoría se producen en zonas aisladas, polígonos industriales o caminos alejados de las ciudades.

Como dato, señalar  que en el conjunto de todos los Ministerios según datos oficiales de 12 ministerios y organismos públicos, sobre las agresiones y la violencia contra empleados públicos, en 2014 se produjeron 357 casos de agresiones(insultos, amenazas, daños al mobiliario de la oficina…), de los que el 11% supusieron violencia física. Los datos del primer trimestre de 2015 muestran un agravamiento de la situación, porque sólo en esos tres meses ya se han dado 121 casos. 

 

 

 

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Los funcionarios con cáncer recuperan su terapia tras los recortes

Un importante grupo de funcionarios, policías y militares enfermos de cáncer  o con otras patologías graves que vieron interrumpido su tratamiento desde comienzos de año, como consecuencia de los recortes del Gobierno en las mutuas sanitarias, recuperan ahorasu continuidad asistencial.

Muface ha anunciado formalmente que se restablece a los mutualistas  una decena de centros sanitarios pertenecientes a los grupos Quirón, HM y Ruber Internacional, que eran referencia para los pacientes de cáncer y otras graves patologías, muchos de ellos con lugar de residencia en nuestra comunidad.

De esta forma, funcionarios, policías y militares (esta decisión también afecta a la mutua de las Fuerzas Armadas ISFAS), alrededor de 44.000 personas en Extremadura, recuperan toda la oferta hospitalaria de referencia en Madrid y de otras prestaciones sanitarias anuladas en el resto de España, que fueron recortadas como consecuencia de los recortes en su financiación.

Esta decisión, afecta a todo el colectivo, pero especialmente a un grupo de pacientes con enfermedades graves (oncológicos y cardiacos) que de la noche a la mañana se enteraron in situ, en su propio centro sanitario, que ya no tenían derecho a recibir la asistencia sanitaria. En cualquier caso es una buena noticia para los mutualistas extremeños (17.000 en Cáceres y 27.000 en Badajoz) y sus familias que ven cómo se les han restaurado sus derechos.

En este sentido, señalar que en Extremadura se han reducido también horarios de atención médica en las clínicas privadas concertadas así como el número de profesionales disponibles. Y lo que es peor, la atención de urgencias médicas en ciudades pequeñas y medias como Mérida quedan suprimidas entre las 22,00 horas y las 8,30 de la mañana.

En definitiva, desde  principio de este año, los recortes en las mutuas de funcionarios (Muface, Isfas y Mugeju) han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros.

No hay que olvidar que si los funcionarios deciden trasladarse a la Seguridad Social, el sistema tendría que asumir de golpe al menos a 1,5 millones de personas y se generaría una situación que insostenible.

 

 

 

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Sanidad y Administración las que más empleo destruyen

La destrucción de puestos de trabajo públicos es tan alta que  como no se detenga se colapsará la Administración. Hasta el propio ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reconocido que desde el  primer trimestre de  2011prácticamente desde que gobierna el PP- se han perdido más de 300.000 empleos públicos.  

Así, según datos de la Seguridad Social, Administración Pública y Sanidad ocupan el tercer puesto en destrucción de puestos de trabajo en el mes de septiembre, con un saldo de -10.170 (cinco veces más que el mes anterior) y -19.411, respectivamente. Administración y Sanidad han destruido  en lo que va de año un total de 175.255 puestos de trabajo y lideran el escalafón de sectores con mayor número de bajas respecto al mismo periodo del año anterior, por encima de la construcción, la industria y el comercio.

Especialmente grave es la situación de las Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, que el pasado septiembre volvió a perder 19.411 empleos y 164.280 acumulados respecto al año pasado.

Estos datos son un indicador de la sangría de empleo que se está produciendo y muestran una situación que se agrava por la nueva congelación de las oposiciones exceptuando una tasa de reposición de hasta el 10 por ciento en algunos sectores que es claramente insuficiente para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos.

Mientras, en el sector educativo el saldo  del pasado mes de septiembre fue positivo, con  47.157 altas, aunque eso sí, la mayoría son interinos que vuelven a incorporarse tras las vacaciones de verano.

En cualquier caso, el que los servicios públicos funcionen bien y no se colapsen en un futuro cercano depende de la voluntad del Gobierno central de, como mínimo, detener la destrucción de empleo y reponer las vacantes que se están produciendo.

Y es que según los datos del propio Ejecutivo,  se espera que a lo largo de este año el número de efectivos se reduzca en 13.335 en la Administración General del Estado sólo por jubilaciones y amortización de plazas.

 

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La congelación de oposiciones ¿una reforma encubierta?

Era un secreto a voces. Un año más y ya van cuatro, el Gobierno Central congelará el sueldos a todos los empleados públicos del Estado, demostrando, una vez más, que son la caja  registradora a la que acudir en los momentos de falta de liquidez. 

Si esto es grave, aún lo es más otra congelación, la de  la Oferta Pública de Empleo (OPE) ya que va repercutir directamente en la atención que reciben los ciudadanos de la Administración porque cada vez hay menos funcionarios para atender adecuadamente el servicio público.

El problema que trae aparejado esta nueva congelación de la OEP es que está provocando la entrada de forma lenta, pero constante, de la empresa privada a través de la externalización de servicios hasta  ahora reservados a los empleados públicos. Un hecho preocupante porque el Gobierno está modificando, de forma encubierta, el modelo actual de nuestra administración.

El Ejecutivo central debe convocar oposiciones, aumentar la tasa de reposición hasta donde sea necesaria porque si no las Administraciones se verán abocadas a corto medio plazo al colapso o a la privatización. Si se recorta el servicio público se abre la puerta al sector privado que siempre estará dispuesto a asumir esas funciones, tal y como ha ocurrido en la privatización de la vigilancia del perímetro exterior de las prisiones. 

Mantener la tasa de reposición en cero, exceptuando algunos servicios esenciales como seguridad del Estado o Inspección de Hacienda, tendrá efectos muy negativos ya que elevará la carga de trabajo en sectores muy sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Prisiones, Sanidad o la enseñanza.  No se puede olvidar tampoco a la Justicia que aunque se van ofertar 300 plazas son totalmente insuficientes para cubrir las vacantes que existen actualmente en los órganos judiciales españoles.

La oferta pública es insuficiente de por sí, pero además, las pocas plazas convocadas están mal distribuidas,limitándose fundamentalmente a empleados públicos de titulación superior y congelando las relacionadas con puestos de gestión y servicios.

 

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Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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