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Categoría: No hay derecho
El Permiso de Paternidad discrimina a los funcionarios

Los funcionarios de carrera de cualquier Administración no tienen las mismas opciones que el resto de trabajadores de la empresa privada, e incluso, en la propia Administración -los laborales- ,para poder disfrutar del Permiso de Paternidad.

Actualmente se produce una discriminación porque el trabajador tiene un permiso de cuatro semanas ampliables en caso de parto múltiple en dos días más por cada hijo a partir del segundo, mientras que en el caso de los funcionarios no se contempla esa opción.

Además, el trabajador puede disfrutar de un permiso de paternidad en régimen de jornada completa o parcial previo acuerdo con la empresa, pero no existe esta regulación en el caso del funcionario, por lo que dudosamente se le concederá la jornada parcial.

En este sentido, hay que destacar que donde se acentúa la discriminación es en la fecha del comienzo del permiso. El funcionario lo puede disfrutar sólo a partir de la fecha de nacimiento, mientras que el trabajador tiene más flexibilidad.

Y todo porque así lo establece el artículo 49 del Estatuto Básico del  Empleado Público (EBEP)  en el que se establece que el permiso de paternidad de los funcionarios “tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento”, algo que no está regulado así en el Estatuto de Trabajadores que ordena el régimen laboral del resto de trabajadores.

En este sentido, parece lógico que el Gobierno debería pensar el hacer los trámites necesarios y oportunos para que se cambie ese artículo 49 del EBEP y se consiga un tratamiento legal que homogenice los permisos de paternidad. 

No deja de ser una norma injusta e incongruente en un momento en el que, desde las  Administraciones Públicas, se está promoviendo la sensibilización de sus empleados hacia la igualdad entre hombres y mujeres a través de la realización de cursos. También se está intentando llegar a  una equiparación entre los empleados públicos,  sean funcionarios o laborales.

Por último, indicar que  la entrada en vigor en enero de la ley que amplía el permiso de paternidad ha sido un importante avance en la conciliación de la vida familiar y laboral, si bien la diferencia de regulación según sea funcionario, o no, carece de justificación y se traduce en un peor tratamiento para este colectivo.

 

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Más de 3.500 funcionarios esperan destino desde hace cuatro años

Un total de 4.000 personas, de las que 3.500 son funcionarios y otras 500, opositores están a la espera, desde hace 4 años, de obtener un nuevo destino laboral dentro de la Administración General de la Junta de Extremadura. Y es que desde que se resolvió el último concurso de traslado en 2008 no se ha vuelto a resolver otro.

A fecha de hoy hay pendientes de resolverse dos convocatorias:  una  es la de puestos singularizados o de estructura, que se convocó en mayo de 2015; y la otra es  la de puestos no singularizados o  puestos base, convocada en diciembre de 2013, hace casi ya cuatro años. Así, no parece muy razonable que los 3.500 funcionarios que  concursaron lleven esperando desde el mes de marzo de 2008, año del último concurso resuelto,  para poder mejorar su situación laboral, familiar y personal.

Además, esta paralización afecta gravemente a la convocatoria de oposiciones del cuerpo funcionarial porque los  aprobados no podrán incorporarse a su puesto de trabajo al no conocerse las plazas que dejarán vacantes  los trabajadores que está concursando.

Tampoco se puede obviar que las bolsas de trabajo se ven afectadas ya que algunas de estas ya están agotadas. Además, los que aprobaron en su día alguna convocatoria de oposición también se encuentran a la espera de que la Junta resuelva este concurso.

Una resolución que debería hacerse de forma urgente porque, según ha denunciado una central sindical, se tiene constancia de que hace más de un mes que la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha terminado de valorar los méritos, y todavía no se ha publicado la relación provisional de aspirantes con destino y los puestos adjudicados. Por tanto, no se entiende a que motivos obedece el que la Junta no quiera publicar la resolución tras nueve años sin que se haya convocado ni resuelto ningún concurso.

Por su parte, desde la Junta no parece que vayan a darse mucha prisa en solventarlo  según se desprende de las declaraciones de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, que habla de la “complejidad” de su tramitación.

Eso sí, la consejera anuncia también que a pesar de que “el  concurso de traslados de los funcionarios es complejo se trabaja con todos los medios disponibles para concluirlo con brevedad”.

Según la consejera, se trabaja en este asunto con todos los medios precisos, pero es “una tarea compleja ya que hay que evaluar unas 50.000 solicitudes” y, aún así, el proceso se resolverá “con brevedad”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El 40% de los funcionarios del Estado en Extremadura se jubila en cinco años

El envejecimiento de las plantillas de la Administración General del Estado en Extremadura empieza a ser preocupante por la falta de una convocatoria de empleo público suficiente para reemplazar las jubilaciones que se están produciendo y que se van a producir.

Así, de los 13.700 empleados públicos que trabajan, a fecha de hoy, para  el Gobierno central en la región, el 60% tiene más de 50 años y el 40% se va a jubilar en los próximos 5 años, con lo cual el problema de la fala de personal se va a agravar hasta situar las plantillas en una situación insostenible.

A nivel nacional, los datos no son mejores, un total de 119.174 personas en la Administración del Estado tienen más de 50 años y de estos más de 27.000 se encuentran ya a las puertas de la jubilación. Eso sí, se supone que la Administración Autonómica y municipal está más rejuvenecida, sin embargo, los datos de empleo en todo el sector público de la Encuesta de Población Activa (EPA) confirmar una envejecimiento rapidísimo y generalizado de las plantillas actuales.

Por ministerios, los más afectados son los de Empleo y Seguridad Social, Defensa, Fomento, Justicia y la Agencia Tributaria además de Patrimonio Nacional. También, la edad de un alto porcentaje de  los trabajadores de los Centros Penitenciarios supera ya la barrera de los 50 años.

Al envejecimiento de las plantillas hay que sumar el alto número de jubilaciones anticipadas que se están produciendo ante la inquietud por el futuro gracias a los muchos recortes que ha habido en los derechos de los empleados públicos. Los funcionarios del régimen de clases pasivas pueden pedir la jubilación a los 60 años.

Estos datos demuestran que las convocatorias de empleo público deben asumir una tasa de reposición del 100 por ciento en el caso de las plazas de los funcionarios jubilados para alcanzar estabilidad al empleo y  reforzar los servicios públicos que requieren nuestros ciudadanos. Es urgente que se apruebe una oferta de empleo público que acabe con la tradicional tasa de reposición, cubriendo todas las bajas por jubilación.

En estos momentos las contrataciones en las administraciones públicas arrojan una temporalidad cercana al 25 por ciento y una fluctuación mensual en el empleo que afecta a la calidad que se ofrece al ciudadano en los servicios públicos. En Extremadura también se debe apostar por la eliminación de las tasas de reposición para que se puedan convocar ofertas de empleo público acordes con las necesidades de nuestra comunidad en la que las tasas de temporalidad alcanzan ya el 21%.

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Cómo subir los salarios de los funcionarios aunque no haya gobierno

Los empleados públicos, una vez más,  volvemos a estar en el punto de mira de nuestros gobernantes en funciones y no precisamente para bien. Intentan utilizar que nuestros sueldos dependen de las cuentas públicas para lanzar veladas amenazas sobre que la falta de presupuestos afectará, otra vez, a nuestros bolsillos y condiciones de trabajo por la no convocatoria de nuevas oposiciones.

Está claro que nos  encontramos en una situación totalmente anómala porque si se prorrogan los presupuestos actuales, que se diseñaron en el verano de 2015  se utilizarán para afrontar el ejercicio 2017, que tiene unas connotaciones económicas y unas necesidades de la Administración totalmente distintas. Esto afectará no solo a las retribuciones de los empleados públicos, sino también a las plantillas; cada vez hay más vacantes por las jubilaciones que se están produciendo.

A pesar de que el Gobierno esté en funciones los decretos Ley pueden dictarse,  lo saben perfectamente en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro, siempre que cuenten con otros grupos parlamentarios para que lo apoyen en el Congreso.

En este sentido, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido claro y ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy que lleve al Parlamento un decreto Ley que permita la actualización de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones para 2017 ya que su formación lo apoyará.

Ante esta propuesta carece de sentido la amenaza más o menos velada de Rajoy en la que avisaba que no podrían actualizar los salarios de los pensionistas y de los funcionarios ante la posibilidad de que unas terceras elecciones paralicen los presupuestos Generales del Estado de 2017.

“Pueden traer a esta Cámara un decreto Ley para actualizarlos y si lo trae el PSOE votará a favor de su convalidación”, ha dicho tras añadir que en caso de que el Gobierno en funciones no apruebe esa normativa el grupo parlamentario socialista presentará una iniciativa para que estos colectivos no se vean perjudicados.

En cualquier caso, hay que recordarle al presidente del Gobierno en funciones que la Administración funciona y funcionará, a pesar de que no haya Gobierno, gracias al trabajo de los empleados públicos que son los que hacen posible que los ciudadanos puedan tener unos servicios públicos que se ocupen de sus necesidades sanitarias, administrativas, judiciales o de seguridad entre otras.

Precisamente para que el ciudadano pueda recibir este servicio se hace necesario una acuerdo entre los grupos políticos que permita la elaboración de los presupuestos generales de 2017 y una oferta de empleo público urgente

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El Gobierno retrasa la extra a los funcionarios del Estado

¿A que espera el Gobierno en funciones para pagar el 50% pendiente de la Extra de 2012 a los empleados públicos estatales? No hay justificación alguna para que el Ejecutivo en funciones no abone lo que resta de esta paga ya que es una cantidad incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

Resulta sorprendente que a fecha de abril el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, no haya dado explicación alguna de porqué  no se ha realizado el abono de esta paga que se les debe a los trabajadores del Administración estatal. Y es que hay que recordar que antes de las elecciones generales de diciembre, concretamente en el mes de septiembre del año pasado, se dijo que se cobraría a partir del mes de enero de 2016.

Es más, en distintas reuniones,  con los sindicatos más representativos en las administraciones públicas, durante los meses de septiembre y noviembre de 2015, se indicó que se haría en único pago y que el cálculo que habían hecho desde el ministerio de Hacienda ascendía a unos 750 euros de media por trabajador.

Lo que es evidente es que a fecha de hoy el Gobieo en funciones no ha dado orden de incluir este pago en la próxima nómina a pesar de que la Ley de Presupuestos le obliga a ello. Como tampoco ha dado ningún tipo de explicación sobre los motivos para no hacerlo, ni mucho menos la fecha en la que está obligado a pagar ese 48,77% pendiente. A estas alturas de año, el Ejecutivo ha hecho oídos sordos a las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores y se desentiende de cumplir con lo anunciado y prometido antes de las pasadas elecciones.

Mientras en el ámbito de las comunidades autónomas, la Junta de Extremadura ya ha abonado  a los empleados públicos que dependen de ella las cantidades pendientes de la extra como también lo han hecho algunos ayuntamientos y las Diputaciones de Badajoz y Cáceres.

En total son 530.000 trabajadores públicos del Estado, de los que 13.000 desarrollan su labor en Extremadura, los que están pendientes de que el Gobierno en funciones apruebe esta liquidación cuando lo crea conveniente.

A este retraso en el pago se añade la incertidumbre de si se cobrará o no ya que la desviación del déficit anunciada la semana pasada por Montoro, siempre ha servido de excusa para castigar al colectivo de empleados públicos con recortes, merma de las plantillas y  con el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos (sanidad, educación, justicia, servicios sociales o seguridad, entre otros).

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¿Eres madre funcionaria con un hijo? No te suben la pensión

El Gobierno central ha excluido a las madres empleadas públicas que tengan un solo hijo del complemento de maternidad que se creó a finales de 2015 y que entró en vigor el 1 de enero de este año y cuya vigencia será indefinida.

Este complemento de pensión, recogido en los Presupuestos Generales del Estado,  tiene a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública y  consiste en incrementar la cuantía de la pensión en función del número de hijos nacidos o adoptados y se calcula aplicando a la pensión los siguientes porcentajes: en el casos de dos hijos (5%), tres hijos (10%), cuatro o más hijos (15%).

Hay que recordar que el Gobierno reformó la Ley de Clases Pasivas del Estado y del Régimen de la Seguridad Social, a través de los últimos Presupuestos Generales del Estado (Disposición Final Primera de la Ley), para reconocer un complemento de pensión a las empleadas públicas jubiladas y a las retiradas por incapacidad permanente, por la que pretende reconocer la contribución demográfica a las mujeres que hayan compatibilizado su carrera profesional con la maternidad.

Pues bien, este beneficio no se va a hacer extensivo a las empleadas públicas que solo tienen un hijo. Una medida que es discriminatoria y abre la puerta, inicialmente, a presentar quejas y reclamaciones ante la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda para que este beneficio se extienda al conjunto de empleadas públicas y, también, a todas las madres trabajadoras de este país.

Indicar además que la cuantía de este complemento de la pensión tiene un techo ya que  en ningún caso podrá superar el límite máximo de las pensiones públicas. Además, en los casos en que legal o reglamentariamente esté permitida por otras causas la superación del tope máximo, el complemento se calculará en los términos indicados en la  legislación vigente en materia pensiones, estimando como cuantía inicial de la pensión el importe del límite máximo vigente en cada momento.

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Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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