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Categoría: Normativa
Los funcionarios mutualistas podrán ir a los centros del SES en zonas rurales

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Los funcionarios mutualistas que necesiten recibir atención médica en las zonas rurales de Extremadura la tienen asegurada, un año más, gracias a un acuerdo que ha aprobado el Gobierno Central mediante el que ratifica autorizaciones provisionales para que varias comunidades mantengan sus convenios para la prestación de servicios sanitarios en los centros médicos de la Junta.

Estas autorizaciones rubrican los convenios para los beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), así como del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).

De esta forma se asegura la prestación sanitaria a los mutualistas que trabajan en las zonas rurales extremeñas o que se desplazan hasta ellas por cualquier motivo. Las comunidades autónomas son las únicas entidades que disponen de los medios necesarios para la prestación, en su ámbito territorial, de los servicios de atención primaria que los mutualistas y beneficiarios precisen en zonas en las que las mutualidades no disponen de medios.

Este acuerdo supone una continuación de la colaboración con diversas autonomías para la prestación de servicios sanitarios en zonas rurales ante la finalización de los convenios el 31 diciembre de 2017.

Asimismo, el Gobierno central ratifica también convenios para doce comunidades con el fin de formalizar encomiendas de gestión prestaciones sanitarias por 160.476 euros.

Las comunidades son: Extremadura (10.223), Andalucía (77.820), Aragón (8.189), Asturias (5.453), Canarias (7.044), Cantabria (2.157), Castilla y León (13.132), Castilla-La Mancha (8.013), Cataluña (9.238), Galicia (11.290), Baleares (2.597) y Murcia (5.314).

Cambio ordinario de entidad médica

Por otra parte, los mutualistas y los beneficiarios con Documento asimilado al de Afiliación, que estén adscritos al INSS (Sistema Sanitario Público) o a las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, pueden solicitar cambio de Entidad durante el mes de enero. Este año como novedad, también lo podrá realizar durante el mes de junio de cada año.

Para efectuar el cambio de Entidad el mutualista deberá presentar junto a su solicitud, el Documento de Afiliación o, en su caso, el Documento asimilado al de Afiliación, para su sustitución en su Servicio Provincial o en la Oficina de MUFACE, ISFAS o MUGEJU, más próxima.

Utilizando los medios de acceso proporcionados por la plataforma Cl@ve (certificado digital, DNI electrónico, claves permanentes y Cl@ve PIN), y a través de las sedes electrónicas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU, se pueden efectuar cambios ordinarios entre Entidades de Seguro Privado de Asistencia Sanitaria, así como al Sistema Nacional de Salud para la percepción de la asistencia sanitaria a través de los Servicios públicos de Salud de su Comunidad Autónoma de residencia.

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Los funcionarios de Justicia de Extremadura cobran 400 euros menos que otros

 

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La brecha salarial de los funcionarios de la Administración de  Justicia en Extremadura llega a más de 400 euros si se compara lo que cobran los funcionarios destinados  en las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas. Así, los trabajadores del llamado Territorio Ministerio (Extremadura, Castilla y León, Baleares, Castilla la Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla así como Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado y Fiscalías Especiales) realizando el mismo trabajo cobran un salario distinto.

Una discriminación que no se entiende cuando los funcionarios de Justicia, independientemente del territorio del país en el que trabajen, son cuerpos nacionales y tienen un estatuto único para todo el Estado regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Ante esta y otras desigualdades, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT han amenazado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, con movilizaciones a comienzos de 2018 si no se convoca de manera urgente la mesa de negociación para abrir el diálogo  sobre los múltiples problemas que padecen los trabajadores de la Administración de Justicia. Un conflicto que  pasa por la mejora general de las condiciones de trabajo relativas a la formación profesional, a la salud laboral, a la solución a los fallos informáticos de las nuevas tecnologías implantadas en los órganos judiciales y a la homologación de las retribuciones.

Así, los fallos continuos en la modernización de la justicia, que se mantienen a pesar de las inversiones millonarias de dinero público, se han mostrado muy reales con el sistema Lexnet, que hace unos meses tuvo un fallo gravísimo ya que cualquier abogado podía acceder a las carpetas privadas de todos los casos que estaban llevando  todos los abogados de España, ya fuera la Gürtel o cualquier pleito local.

Los sindicatos explican que hace dos semanas presentaron un escrito en el que solicitaban la apertura de negociación y daban un ultimátum al ministro por la inaceptable actitud y el gran desinterés hacia los funcionarios de la Administración de Justicia y el buen servicio a la ciudadanía.

De esta forma, cargan contra Catalá al tachar de falsos los anuncios de oferta de diálogo y de buena disposición porque, según aseguran, el ministro únicamente negocia con las asociaciones de jueces y fiscales pero no con los más de 9.000 funcionarios de justicia (900 en Extremadura) cuyos problemas siguen sin resolverse. El colapso de los Juzgados encargados de las cláusulas suelo, de los Juzgados de Guardia o de los de Violencia de Género deben abordarse también de forma inmediata.

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Los funcionarios tienen derecho a días libres si hacen horas de más

(La Voz De Cadiz//Miguel Gomez)

La Justicia ha declarado el derecho de un empleado público de una residencia de mayores a disfrutar de 19 días de descanso en compensación por el exceso de jornada entre 2016 y 2017. Una sentencia que abre la puerta a que los trabajadores de la Administración puedan reclamar compensaciones, en forma de días de descanso, por exceso de jornada ordinaria.

En este caso, el  Juzgado de lo Social número 31 de Madrid ha estimado íntegramente una demanda interpuesta contra la Consejería de Políticas Sociales y Familia y declara el derecho de un trabajador de la Residencia de Mayores Reina Sofía de Las Rozas a disfrutar de 19 días de descanso en compensación por el exceso de jornada que realizó entre 2016 y 2017.

Esta sentencia abre la puerta a que muchos otros trabajadores puedan reclamar una compensación por los habituales excesos de jornada ordinaria de trabajo en muchos puestos de la administración. La magistrada accede a la pretensión del demandante y le reconoce el exceso de jornada realizado entre el 28 de junio de 2016 y el 28 de junio de 2017. El demandante solicitó que se le compensara con descanso o, subsidiariamente, económicamente, abonándole los 879,70 euros que le corresponderían.

Entre el pasado año y el presente, este trabajador hizo un total de 241 jornadas de trabajo, sobrepasando lo indicado en el Convenio en 22 jornadas, señala la sentencia. De esta forma, tras restar tres días ya disfrutados, la magistrada subraya que el actor ha realizado un exceso de 19 días de jornada “que debe compensarse con tiempo de descanso”.

La Comunidad alegó que el exceso de jornada ya se compensa con días de vacaciones, pero la sentencia no considera probado que el demandante haya disfrutado de más días de vacaciones de los 22 hábiles que le corresponden anualmente. Por ello, la sentencia reconoce totalmente la demanda interpuesta al haber probado el trabajador que ha realizado un exceso de jornada durante los años 2016 y 2017 sin que se le haya compensado en tiempo de vacaciones.

 

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Funcionarios: más trabajo y el 20% menos de poder adquisitivo

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Los empleados públicos han visto su poder adquisitivo reducido en un 20% (hasta el 30% en función de los recortes de las diferentes administraciones) en los últimos diez años tras los recortes y sucesivas congelaciones de los años de la crisis económica. Además, el esfuerzo ha sido soportado con la misma plantilla de trabajadores porque apenas ha existido oferta de empleo público (OEP) por la tasa de reposición cero que impuso el Gobierno Central.

Sanitarios, docentes, trabajadores de la Administración General de la Junta de Extremadura, Funcionarios de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de los Servicios de Empleo, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Prisiones, Administración General del Estado, servicios de emergencias, bomberos, el personal de nuestros ayuntamientos, empresas públicas se merecen un esfuerzo tanto por parte del Gobierno del Estado como del de la Junta para recuperar sus condiciones laborales y económicas.

Para el buen funcionamiento de la Administración Pública es necesario recuperar la estructura salarial y de plantillas previa al inicio de los recortes de 2010.

La plantilla total de empleados públicos,  en el conjunto del Estado, llegó a superar los 3,2 millones de personas en 2010.  Actualmente no se llega a esos niveles a pesar de las pequeñas ofertas de empleo que se han producido. En el primer trimestre de este año la plantilla del sector público ascendía a 2.974.000 personas.

Así, en Extremadura hay actualmente un total 87.300 empleados públicos repartidos entre la administración autonómica, estatal, local y universidad. Una cifra muy lejana de los 98.187 de 2010.

Según el documento que publicó el Gobierno el pasado mes de julio cuando aprobó el Real Decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado para 2017, el mayor número de empleados públicos se contabilizó en 2010, cuando alcanzó los 3,25 millones de personas.

Tres años después, en 2013, se marcó el mínimo de la última década, con 2.909.000 empleados en las administraciones. Estos datos coinciden con la evolución de las ofertas de empleo público, ya que entre 2004 y 2008 se sacaron a concurso más de 170.000 plazas.

Es a partir de 2009 cuando se comienzan a moderar las ofertas de empleo público con años, como 2012, en el que apenas llegan a las 3.000 las plazas convocadas.

Por su parte, desde 2007, los recortes y congelaciones salariales anularon las subidas que hubo, reflejando un descenso acumulado del 1,3 %. Respecto al IPC, esta evolución mermó el poder adquisitivo de los empleados públicos en la última década, con una rebaja acumulada del 20% hasta 2016.

Los datos de 2017 no constan porque se desconoce el impacto sobre el poder adquisitivo que tendrá la inflación de diciembre, teniendo en cuenta que la subida salarial para este año ha sido del 1 %.

La siguiente tabla muestra, en millones de personas, la evolución de las plantillas de empleados públicos durante los últimos diez años, así como la de las nuevas plazas generadas en las ofertas de empleo público aprobadas en el mismo periodo.

 

AÑO                   PLANTILLA             NUEVAS PLAZAS

(millones)

—————————————————————–

2007                       2,97                            35.231

2008                       3,08                            37.760

2009                       3,12                            18.995

2010                       3,25                             6.654

2011                       3,23                             5.399

2012                       3,02                             2.922

2013                       2,90                             3.440

2014                       2,92                             5.364

2015                       3,00                            13.016

2016                       2,98                            19.121

2017                       2,97                            28.249

 

 

La siguiente tabla muestra la evolución del IPC (dato de diciembre en tasa interanual), la de los salarios pactados para los empleados públicos y la consiguiente pérdida o ganancia de poder adquisitivo.

 

 

AÑO                IPC         EVOLUCIÓN         PÉRDIDA/GANANCIA

SALARIAL             PODER ADQUISITIVO

—————————————————————–

2007              4,2%              2,7%                    -1,5%

2008              1,4%              3,5%                     2,1%

2009              0,8%              3,5%                     2,7%

2010              3,0%             -5,0%                    -8,0%

2011              2,4%              0,0%                    -2,4%

2012              2,9%         -7,0% (1)                    -9,9%

2013              0,3%              0,0%                    -0,3%

2014             -1,0%              0,0%                     1,0%

2015              0,0%          0,0% (2)                     0,0%

2016              1,6%              1,0%                    -0,6%

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15,6%             -1,3%                   -16,9%

 

Estos datos del IPC son los que se manejan desde el Ministerio de Hacienda pero no contabilizan en ningún caso la supresión de diversas condiciones laborales y económicas relativas a bajas por enfermedad, pagas extra, incrementos salariales, días de asuntos particulares (que en muchos casos se concedieron para evitar incrementos de sueldos, como sucedió en la Administración de Justicia), etc.

 

 

 

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Los funcionarios que ganen menos tendrán mejoras sociales

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El Ministerio de Hacienda y Función Pública estudia la implantación de mejoras en los sistemas de ayudas asistenciales para funcionarios de rentas bajas, además de ayudas sociales. Unas ayudas que incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año y que se realizarán a través de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

Entre ellas, se contempla la aceleración de la implantación de la receta electrónica, la mejora de la asistencia rural y las urgencias sanitarias, y favorecer la autonomía de gestión de las mutuas en la prestación sanitaria. Además, en lo que hace referencia a las contribuciones estatales en materia de acción social se contemplan, entre otros, los tratamientos odontológicos, gafas, prótesis y algunas ayudas sociales todavía por determinar.

En este sentido, cabe destacar que es importante que se lleven a cabo estas mejoras para compensar la insuficiente subida salarial del 1 % fijada en los PGE de 2017, así como la pérdida de poder adquisitivo desde el comienzo de la crisis.

Aumento de mutualistas los próximos años

Por otra parte, cabe destacar que Muface  aumentará significativamente su número de mutualistas (y, por tanto, de beneficiarios) a corto-medio plazo. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, del que depende este organismo, Muface incorporará a más de 100.000 nuevos mutualistas y a 25.000 nuevos beneficiarios en los próximos tres años como consecuencia del acuerdo para la mejora del empleo público suscrito el pasado 29 de marzo con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT

Con esta Oferta de Empleo Público (OEP), Hacienda espera poner fin a la actual tendencia de reducción del colectivo de Muface, que se ha visto mermado en los últimos años por la falta de incorporación de nuevos profesionales y el envejecimiento de los que ya integran la mutualidad. De hecho, y según datos de CSIF, la mutualidad ha perdido 15 usuarios en los últimos siete años.Una caída que la organización achaca a la falta de financiación que ha tenido en el último periodo, especialmente, durante la época de crisis.

La mayor parte de estos nuevos afiliados procederán del sector de la Docencia, personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas para 2017.

 

 

 

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Jornada intensiva en verano para los funcionarios con hijos discapacitados

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Los empleados públicos que tengan a su cargo hijos con discapacidad, independientemente de su edad, podrán acogerse a la jornada intensiva desde este mes de junio y hasta el próximo 30 de septiembre. Este año es el primero que pueden hacerlo en virtud un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos de la Mesa de la Administración General del Estado (AGE).

Pueden acogerse a esta modalidad de jornada intensiva los empleados públicos al servicio de la AGE con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad. También a los que tengan a su cargo hijos con discapacidad cuya edad cronológica sea superior a 12 años. El único condicionante es que el horario del centro cambie y justifique en ese caso la necesidad de acogerse al empleado público a la jornada intensiva.

Para el resto de funcionarios, con carácter general, la jornada intensiva en la Administración General del Estado abarca el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, y se lleva a cabo a razón de seis horas y media continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 8.00 y las 15.00 horas, de lunes a viernes.

Con el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación, los funcionarios que tengan hijos con discapacidad, sea cual sea su edad, verán ampliada en 30 días esta modalidad de jornada intensiva, también a razón de seis horas y media continuadas de trabajo, entre las 8.00 y las 15.00 horas.

Se les equipara así a los empleados públicos que tienen menores de 12 años a su cargo, a quienes el Gobierno amplió la jornada intensiva en 30 días en una instrucción dictada en diciembre de 2015 que tenía por objetivo facilitar la conciliación a los funcionarios, sin menoscabo de sus obligaciones profesionales. No era razonable que se excluyera del disfrute de este derecho a empleados públicos a cuyo cargo están personas que, aunque sean mayores de 12 años, tengan una discapacidad, dejándolos a su suerte, sin su apoyo familiar.

Esta modalidad de jornada intensiva,  por tener al cargo hijos con discapacidad intelectual o físico tan solo es de aplicación para los trabajadores públicos del Estado mientras que en la administración dependiente de la Junta de Extremadura y en la Local no se ha avanzado en su puesta en marcha.

 

 

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Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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