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Categoría: Normativa
El Permiso de Paternidad discrimina a los funcionarios

Los funcionarios de carrera de cualquier Administración no tienen las mismas opciones que el resto de trabajadores de la empresa privada, e incluso, en la propia Administración -los laborales- ,para poder disfrutar del Permiso de Paternidad.

Actualmente se produce una discriminación porque el trabajador tiene un permiso de cuatro semanas ampliables en caso de parto múltiple en dos días más por cada hijo a partir del segundo, mientras que en el caso de los funcionarios no se contempla esa opción.

Además, el trabajador puede disfrutar de un permiso de paternidad en régimen de jornada completa o parcial previo acuerdo con la empresa, pero no existe esta regulación en el caso del funcionario, por lo que dudosamente se le concederá la jornada parcial.

En este sentido, hay que destacar que donde se acentúa la discriminación es en la fecha del comienzo del permiso. El funcionario lo puede disfrutar sólo a partir de la fecha de nacimiento, mientras que el trabajador tiene más flexibilidad.

Y todo porque así lo establece el artículo 49 del Estatuto Básico del  Empleado Público (EBEP)  en el que se establece que el permiso de paternidad de los funcionarios “tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento”, algo que no está regulado así en el Estatuto de Trabajadores que ordena el régimen laboral del resto de trabajadores.

En este sentido, parece lógico que el Gobierno debería pensar el hacer los trámites necesarios y oportunos para que se cambie ese artículo 49 del EBEP y se consiga un tratamiento legal que homogenice los permisos de paternidad. 

No deja de ser una norma injusta e incongruente en un momento en el que, desde las  Administraciones Públicas, se está promoviendo la sensibilización de sus empleados hacia la igualdad entre hombres y mujeres a través de la realización de cursos. También se está intentando llegar a  una equiparación entre los empleados públicos,  sean funcionarios o laborales.

Por último, indicar que  la entrada en vigor en enero de la ley que amplía el permiso de paternidad ha sido un importante avance en la conciliación de la vida familiar y laboral, si bien la diferencia de regulación según sea funcionario, o no, carece de justificación y se traduce en un peor tratamiento para este colectivo.

 

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Los funcionarios, a punto de lograr la flexibilidad de horarios

Cerrar los ministerios a las seis de la tarde, la creación de bolsas de horas o el teletrabajo, son algunas de las medidas a las que ha dado luz verde el Congreso de los Diputados para su implantación en la Administración pública española.

La aprobación de esta proposición no de ley es el primer paso para conseguir la racionalización de horarios en el ámbito público y para la puesta en marcha de medidas efectivas de conciliación laboral y corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

La moción forma parte de un amplio texto del PSOE sobre conciliación y corresponsabilidad que comprende también  la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad (y que sean intransferibles). La propuesta socialista fue aprobada por 195 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís, Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias), 130 en contra (PP y Foro Asturias) y 14 abstenciones (PNV, PDeCAT y UPN).

Así la iniciativa comprende el cierre de los departamentos ministeriales a las 18,00 horas pero sin pérdida efectiva de horas de trabajo, manteniendo por tanto las retribuciones y organizando la jornada laboral de una manera más racional para fomentar la conciliación. Además, se incluye una regulación del teletrabajo o las bolsas de horas (créditos de horas), es decir, flexibilidad horaria que permitan a las trabajadoras y trabajadores disminuir su jornada de trabajo, en determinados periodos y por motivos directamente relacionados con la conciliación y debidamente acreditados, recuperando el tiempo con posterioridad.

Otras medidas a aplicar por el Gobierno central serían las de acortar diferencias entre el número de mujeres y de hombres que disfrutan de las medidas de conciliación: flexibilización de la jornada por guarda legal, para el cuidado de personas mayores, por enfermedad grave de un familiar o para el cuidado de personas con discapacidad. Tampoco se puede olvidar la vuelta a la jornada laboral de las 35 horas semanales, un derecho consolidado por los empleados públicos y que el Ejecutivo estatal suprimió en el año 2012.

Muchas de estas propuestas ya se contemplaban en una orden ministerial promovida por el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla en 2005, que impulsó un plan de conciliación y flexibilidad de horarios en el ámbito público, dirigido especialmente a las personas con hijos, mayores y personas dependientes a cargo.

Hay que recordarle al Gobierno del Partido Popular que muchas de las medidas incluidas en la proposición no de ley aprobada por el Congreso se encuentran incluida sen el II Plan Estratégico de Igualdad que aprobó el propio Ejecutivo, y que no las pone en marcha. Un hecho que no se justifica, ya que la ministra de Empleo, Fátima Bañez, presentó hace un par de meses el Pacto Nacional por la Racionalización de Horarios pero que en la Administración pública se ha quedado, hasta hoy, en papel mojado.

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La racionalización de horarios, papel mojado para los funcionarios

El Pacto Nacional por la Racionalización de Horarios, que presentó hace unos días la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se queda en papel mojado si volvemos la vista hacia la Administración General del Estado. Y es que algunas de las medidas que recoge ese pacto ya están recogidas en el Plan de Igualdad que aprobó el Gobierno central para el sector público, pero no se aplican.

Así,   medidas como la finalización de la jornada laboral a las 18.00 horas, el teletrabajo y las bolsas de horas (que los trabajadores pueden librar de manera justificada y con flexibilidad para posteriormente devolverlas), ya se encuentran recogidas en el II Plan Estratégico de Igualdad al que habría que añadir  la jornada laboral de las 35 horas semanales.​

En este sentido, sería importante la implantación de la Bolsa de Horas para la conciliación de la vida laboral y familiar ya que es un derecho propio de todos los trabajadores y trabajadoras que les permitiría poder conciliar familia y trabajo, desechando de una vez esas jornadas laborales irracionales y eminentemente presentistas. Esta medida  fue incluida como la número 54 en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y como medida número 36 en el II Plan de Igualdad de la Administración General del Estado.

En el caso de la finalización de la jornada laboral con carácter general a las 18:00h también es una medida que recogida en el II Plan de Igualdad de la AGE, la E45 especifica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que sigue sin aplicarse y viene heredada del antiguo plan concilia de Jordi Sevilla, que en su Ministerio, el de Administraciones Públicas, la implantó.

Por último el teletrabajo, ese gran proyecto piloto que no llega de una manera definitiva ahora vuelve a presentarse como una alternativa para implementar fórmulas de teletrabajo, cuando el sector laboral lo permita, para su utilización al menos 1 día por semana. Si bien, en Extremadura, el teletrabajo ya está bastante más avanzada su implantación. En cualquier caso, sería interesante incluir como medida en los Planes de Igualdad, el teletrabajo regulado y siempre con un horario, como modelo complementario a la jornada presencial, y cumpliendo la Ley de Prevención de riesgos laborales.

En definitiva, el Gobierno debe dar ejemplo y poner en marcha este plan. En el caso del teletrabajo, la finalización de la jornada a las 18 horas y la bolsa de horas para la conciliación, son medidas integradas en el II Plan de Igualdad de la AGE, que está ejecutado solo en un 29%.

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Los cinco derechos que quieren recuperar los funcionarios

“Vamos a mejorar las condiciones” de los empleados públicos porque “merecen ese reconocimiento”, estas declaraciones que ha hecho el ministro de  Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, habrá que ver qué forma les da a lo largo de esta legislatura. No se puede olvidar que desde 2010 han sido muchos los derechos que han perdido los trabajadores de la Administración con una bajada de sueldo incluida.

En este sentido, se debe alcanzar un primer acuerdo de legislatura que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de la crisis y el 5%, de media, de la bajada de los salarios que se produjo en  2010. El Gobierno no puede limitarse a aplicar, tan solo, el incremento de la inflación que se calcula que rondará el año que viene el 1,5%. Desde 2010 a 2015, el salario de los trabajadores públicos no registró ningún incremento, mientras que la inflación repuntó un 8,7%. En consecuencia, los trabajadores de la Administración han sufrido una importante pérdida de poder adquisitivo.

El segundo de los derechos a recuperar es el de la vuelta a la jornada laboral de las 35 horas, el Gobierno debería derogar el decreto que dio lugar a las 37,5 horas y devolver su jornada original a los funcionarios de toda España. Precisamente, la Junta de Andalucía, ha aprobado, recientemente, la vuelta a las 35 horas, aunque se prevé que sea de difícil aplicación por ser una norma de competencia estatal.

Así, el ejemplo más claro lo tenemos en Castilla La Mancha, que fue la primera comunidad que intentó dar la vuelta a la decisión del Gobierno central de imponer 2,5 horas más de trabajo a los empleados públicos pero el Ejecutivo recurrió al Tribunal Constitucional que le dio la razón a Rajoy. En Extremadura, la Junta todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto, mientras que en las diputaciones y algunos ayuntamientos se ha vuelto a la jornada original dejando esas 2,5 horas para tareas de formación.

El tercer  y cuarto acuerdo deben abordar, por injustos, la eliminación definitiva  de los descuentos retributivos en todas la bajas por enfermedad y la recuperación de las prestaciones y nivel de coberturas sanitarias de Muface, Mugeju e Isfas. En nuestra comunidad el número de mutualistas asciende a más de 15.000 y han sufrido recortes muy importantes en la atención sanitaria que reciben.

Por último, el quinto acuerdo sería sobre la apuesta por un empleo público de calidad. Se debe optar por la eliminación de las tasas de reposición para que se puedan convocar ofertas de empleo público acordes con las necesidades de nuestra comunidad en la que las tasas de temporalidad alcanzan ya el 21%.

En total son 5 derechos que volverán a tener los empleados públicos si hacemos caso a las palabras del ministro Montoro cuando dice que “va a dignificar  la función pública y a agradecerle su profesionalidad”.

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La Justicia reconoce los trienios a un trabajador laboral fijo

Una sentencia judicial ha reconocido los trienios a un trabajador laboral fijo al que la Administración, en este caso la Comunidad de Madrid, no le reconocía la antigüedad pero que podría ser de aplicación en Extremadura,  tanto en la administración local como autonómica, siempre, según las individualidades de cada trabajador.

Así, el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid ha emitido un auto a favor de un trabajador fijo del Hospital de El Escorial al que el Gobierno regional madrileño no le reconocía la antigüedad porque, entre algunos de los contratos que tuvo como empleado laboral, pasaron más de tres meses. De esta forma, la sentencia reconoce el derecho a la antigüedad y termina con la pretendida obligación de que tiene que existir  una continuidad de los contratos de un mínimo de tres meses.

En este sentido, ya se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha establecido en una sentencia que el periodo entre contratos deber ser indiferente para reconocer la antigüedad de un trabajador. En cualquier caso, en estos momentos se está a la espera del fallo del Tribunal Supremo cuya Sala IV votó en Pleno el pasado día 13 para adoptar una decisión sobre la solución de continuidad entre contratos para trabajadores laborales.

Hay que señalar que cada ayuntamiento extremeño regula mediante convenios o acuerdos marco las condiciones de trabajo y contractuales de sus empleados laborales por lo que habría que ver si coinciden con las que hace referencia la sentencia del juzgado madrileño.

Mientras el “V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura”no es claro en ese sentido y señala, sin más especificaciones, lo que abre la puerta a la discrecionalidad de la administración, que ” el complemento de antigüedad se reconocerá a todos los trabajadores cada tres años de permanencia en  la Administración de la Junta de Extremadura, siempre que se trate de la misma relación laboral”.

En cualquier caso, esta sentencia viene a sumarse a las emitidas recientemente sobre interinos y laborales por lo que es cada vez más necesario promover  las reformas legislativas necesarias para evitar la discriminación de este colectivo. Una reforma que pasaría por una modificación del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado Público, porque de lo contrario, previsiblemente, los tribunales de justicia podrían afrontar miles de demandas.

 

 

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Prohibido fotografiar a los funcionarios

Una sentencia del Tribunal Constitucional ha avalado, recientemente, el uso de cámaras en el puesto de trabajo, sin consentimiento expreso del empleado pero en el ámbito de la empresa privada. Así, el alto tribunal ha considerado que la grabación a un trabajador sin su permiso no ha vulnerado el artículo 18, párrafos 1 y 4, de la Constitución, que protegen los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen.

Sin embargo, esta sentencia no es aplicable al ámbito de los empleados públicos porque un informe de la Agencia Española de Protección de Datos ha señalado que está prohibida, por parte de particulares o incluso de un jefe, la captación de imágenes de estos trabajadores porque no es una actividad doméstica, particular o privada sino pública .

En este sentido, el informe es claro ya que dictamina que la captación por particulares de la imagen de empleados públicos, generalmente a través de teléfonos móviles, y con la finalidad incluso después de la difusión por Internet, no puede enmarcarse en una actividad estrictamente personal o doméstica.

Por tanto -añade-, entra en juego la Ley Orgánica de Protección de Datos, que prohíbe dicha toma de imágenes si no media el consentimiento del afectado (aquel que es fotografiado o grabado). De esta forma, se intenta evitar que los ciudadanos graben dentro de las dependencias oficiales para fines privados o de distribución por  redes sociales.

Tampoco los jefes de los funcionarios podrán grabarles tal y como sí hizo el superior de la empleada a la que alude la sentencia del Tribunal Constitucional ya que según Agencia de Protección de datos la toma de imágenes no podrá ser utilizada para fines concretos. Cita, expresamente, que  las grabaciones no servirán para presentar denuncias en expedientes disciplinarios o incluso penales contra los empleados públicos por parte de sus superiores.

Además, en el ámbito de la videovigilancia, el informe de la agencia afirma que debe asegurarse que las acciones dirigidas a la seguridad y vigilancia en los centros de trabajo no contravengan el derecho fundamental de captación y grabación de imágenes personales evitando que permitan, por ejemplo, la identificación del sujeto.

Por último, indicar que este informe de la Agencia Española de Protección de datos ha sido asumido en el nuevo protocolo contra las agresiones a los empleados públicos, que entró en vigor este año, y que  recoge de forma expresa la prohibición de grabar a los funcionarios mientras desempeñan su trabajo.

 

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Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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