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Categoría: Normativa
Los funcionarios que ganen menos tendrán mejoras sociales

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El Ministerio de Hacienda y Función Pública estudia la implantación de mejoras en los sistemas de ayudas asistenciales para funcionarios de rentas bajas, además de ayudas sociales. Unas ayudas que incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año y que se realizarán a través de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

Entre ellas, se contempla la aceleración de la implantación de la receta electrónica, la mejora de la asistencia rural y las urgencias sanitarias, y favorecer la autonomía de gestión de las mutuas en la prestación sanitaria. Además, en lo que hace referencia a las contribuciones estatales en materia de acción social se contemplan, entre otros, los tratamientos odontológicos, gafas, prótesis y algunas ayudas sociales todavía por determinar.

En este sentido, cabe destacar que es importante que se lleven a cabo estas mejoras para compensar la insuficiente subida salarial del 1 % fijada en los PGE de 2017, así como la pérdida de poder adquisitivo desde el comienzo de la crisis.

Aumento de mutualistas los próximos años

Por otra parte, cabe destacar que Muface  aumentará significativamente su número de mutualistas (y, por tanto, de beneficiarios) a corto-medio plazo. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, del que depende este organismo, Muface incorporará a más de 100.000 nuevos mutualistas y a 25.000 nuevos beneficiarios en los próximos tres años como consecuencia del acuerdo para la mejora del empleo público suscrito el pasado 29 de marzo con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT

Con esta Oferta de Empleo Público (OEP), Hacienda espera poner fin a la actual tendencia de reducción del colectivo de Muface, que se ha visto mermado en los últimos años por la falta de incorporación de nuevos profesionales y el envejecimiento de los que ya integran la mutualidad. De hecho, y según datos de CSIF, la mutualidad ha perdido 15 usuarios en los últimos siete años.Una caída que la organización achaca a la falta de financiación que ha tenido en el último periodo, especialmente, durante la época de crisis.

La mayor parte de estos nuevos afiliados procederán del sector de la Docencia, personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas para 2017.

 

 

 

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Jornada intensiva en verano para los funcionarios con hijos discapacitados

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Los empleados públicos que tengan a su cargo hijos con discapacidad, independientemente de su edad, podrán acogerse a la jornada intensiva desde este mes de junio y hasta el próximo 30 de septiembre. Este año es el primero que pueden hacerlo en virtud un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos de la Mesa de la Administración General del Estado (AGE).

Pueden acogerse a esta modalidad de jornada intensiva los empleados públicos al servicio de la AGE con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad. También a los que tengan a su cargo hijos con discapacidad cuya edad cronológica sea superior a 12 años. El único condicionante es que el horario del centro cambie y justifique en ese caso la necesidad de acogerse al empleado público a la jornada intensiva.

Para el resto de funcionarios, con carácter general, la jornada intensiva en la Administración General del Estado abarca el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, y se lleva a cabo a razón de seis horas y media continuadas de trabajo, a desarrollar entre las 8.00 y las 15.00 horas, de lunes a viernes.

Con el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación, los funcionarios que tengan hijos con discapacidad, sea cual sea su edad, verán ampliada en 30 días esta modalidad de jornada intensiva, también a razón de seis horas y media continuadas de trabajo, entre las 8.00 y las 15.00 horas.

Se les equipara así a los empleados públicos que tienen menores de 12 años a su cargo, a quienes el Gobierno amplió la jornada intensiva en 30 días en una instrucción dictada en diciembre de 2015 que tenía por objetivo facilitar la conciliación a los funcionarios, sin menoscabo de sus obligaciones profesionales. No era razonable que se excluyera del disfrute de este derecho a empleados públicos a cuyo cargo están personas que, aunque sean mayores de 12 años, tengan una discapacidad, dejándolos a su suerte, sin su apoyo familiar.

Esta modalidad de jornada intensiva,  por tener al cargo hijos con discapacidad intelectual o físico tan solo es de aplicación para los trabajadores públicos del Estado mientras que en la administración dependiente de la Junta de Extremadura y en la Local no se ha avanzado en su puesta en marcha.

 

 

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Los funcionarios del Estado, peor que los de la Junta

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En Extremadura hay funcionarios, y funcionarios. Aún siendo empleados públicos, no es lo mismo ser funcionario del Gobierno central que funcionario de la Junta de Extremadura. Para todos debe regir El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que acaba de cumplir el décimo aniversario de su publicación, pero no se ha aplicado de igual forma en todas las administraciones. Su desarrollo está incompleto, aunque una de las regiones en las que su implantación ha sido absoluta es en Extremadura; eso sí, sólo en la administración que depende de la Junta. Los empleados públicos del Estado y  en menor medida los de la administración local, no se han podido beneficiar de algunas de las mejoras laborales que comprende este texto legal.

La entrada en vigor de este texto el 13 de abril de 2007 abrió la puerta a la carrera profesional, la promoción y la clasificación de los trabajadores en sus ámbitos administrativos e hizo posible el cobro de los trienios para los interinos y temporales. Estas materias que ya están implantadas en la administración autonómica extremeña no se dan en la Central.

En este sentido, la falta de desarrollo más llamativa es la relativa a la Administración General del Estado, por ser competencia exclusiva del Gobierno central que, en estos 10 años, no ha mostrado compromiso alguno con los empleados públicos que de él dependen. Es más, desde el Ejecutivo central  con la excusa de la crisis económica no solo no ha desarrollado el texto sino que  todos los derechos y mejoras laborales que el EBEP recoge las ha suprimido, tales como vacaciones, permisos, bajas laborales y su regulación, etc.

En estos 10 años, las plantillas del conjunto de las Administraciones Públicas han perdido 320.000 empleos, a los que se sumarán otros 232.000 que están a punto de jubilarse. Una tendencia a la baja que no se detiene porque según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el empleo en el sector público se ha reducido en 14.600 personas en el último año, mientras que ha aumentado en 428.500 personas en el privado.

Esta falta de oferta de empleo público ha ocasionado que  el nivel de precariedad de las administraciones se haya disparado con 680.900 personas con empleo temporal en todo el estado de las que 14.000 corresponderían a Extremadura. Estas cifras tan altas plantean volver al texto del EBEP y abordar el problema de la interinidad en ámbitos como la sanidad o la educación, así como la consecución de la jornada de 35 horas semanales y la recuperación del poder adquisitivo que acumula una pérdida del 20% con una bajada de sueldo y varias  congelaciones salariales.

Todas estas cifras hacen necesario adaptar el EBEP a las nueva realidad socioeconómica y profesional de los empleados públicos, para lo que hay establecer equivalencias entre todas las carreras mediante la coordinación de las distintas Administraciones; conceder el derecho a hacer carrera al personal temporal de larga duración; extender la jubilación parcial a los empleados públicos, introducir una mayor seguridad jurídica para el personal laboral o la planificación de los recursos humanos incidiendo en la consolidación o la movilidad voluntaria entre administraciones.

El Gobierno Central tiene la obligación de recordar que el  EBEP dio respuesta a las necesidades que, durante muchos años, tenían las Administraciones Públicas al democratizar el marco de relaciones laborales del conjunto de empleados públicos y establecer un modelo homogéneo de Función Pública pero respetando la realidad territorial, competencial y sectorial.

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El Permiso de Paternidad discrimina a los funcionarios

Los funcionarios de carrera de cualquier Administración no tienen las mismas opciones que el resto de trabajadores de la empresa privada, e incluso, en la propia Administración -los laborales- ,para poder disfrutar del Permiso de Paternidad.

Actualmente se produce una discriminación porque el trabajador tiene un permiso de cuatro semanas ampliables en caso de parto múltiple en dos días más por cada hijo a partir del segundo, mientras que en el caso de los funcionarios no se contempla esa opción.

Además, el trabajador puede disfrutar de un permiso de paternidad en régimen de jornada completa o parcial previo acuerdo con la empresa, pero no existe esta regulación en el caso del funcionario, por lo que dudosamente se le concederá la jornada parcial.

En este sentido, hay que destacar que donde se acentúa la discriminación es en la fecha del comienzo del permiso. El funcionario lo puede disfrutar sólo a partir de la fecha de nacimiento, mientras que el trabajador tiene más flexibilidad.

Y todo porque así lo establece el artículo 49 del Estatuto Básico del  Empleado Público (EBEP)  en el que se establece que el permiso de paternidad de los funcionarios “tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento”, algo que no está regulado así en el Estatuto de Trabajadores que ordena el régimen laboral del resto de trabajadores.

En este sentido, parece lógico que el Gobierno debería pensar el hacer los trámites necesarios y oportunos para que se cambie ese artículo 49 del EBEP y se consiga un tratamiento legal que homogenice los permisos de paternidad. 

No deja de ser una norma injusta e incongruente en un momento en el que, desde las  Administraciones Públicas, se está promoviendo la sensibilización de sus empleados hacia la igualdad entre hombres y mujeres a través de la realización de cursos. También se está intentando llegar a  una equiparación entre los empleados públicos,  sean funcionarios o laborales.

Por último, indicar que  la entrada en vigor en enero de la ley que amplía el permiso de paternidad ha sido un importante avance en la conciliación de la vida familiar y laboral, si bien la diferencia de regulación según sea funcionario, o no, carece de justificación y se traduce en un peor tratamiento para este colectivo.

 

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Los funcionarios, a punto de lograr la flexibilidad de horarios

Cerrar los ministerios a las seis de la tarde, la creación de bolsas de horas o el teletrabajo, son algunas de las medidas a las que ha dado luz verde el Congreso de los Diputados para su implantación en la Administración pública española.

La aprobación de esta proposición no de ley es el primer paso para conseguir la racionalización de horarios en el ámbito público y para la puesta en marcha de medidas efectivas de conciliación laboral y corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

La moción forma parte de un amplio texto del PSOE sobre conciliación y corresponsabilidad que comprende también  la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad (y que sean intransferibles). La propuesta socialista fue aprobada por 195 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís, Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias), 130 en contra (PP y Foro Asturias) y 14 abstenciones (PNV, PDeCAT y UPN).

Así la iniciativa comprende el cierre de los departamentos ministeriales a las 18,00 horas pero sin pérdida efectiva de horas de trabajo, manteniendo por tanto las retribuciones y organizando la jornada laboral de una manera más racional para fomentar la conciliación. Además, se incluye una regulación del teletrabajo o las bolsas de horas (créditos de horas), es decir, flexibilidad horaria que permitan a las trabajadoras y trabajadores disminuir su jornada de trabajo, en determinados periodos y por motivos directamente relacionados con la conciliación y debidamente acreditados, recuperando el tiempo con posterioridad.

Otras medidas a aplicar por el Gobierno central serían las de acortar diferencias entre el número de mujeres y de hombres que disfrutan de las medidas de conciliación: flexibilización de la jornada por guarda legal, para el cuidado de personas mayores, por enfermedad grave de un familiar o para el cuidado de personas con discapacidad. Tampoco se puede olvidar la vuelta a la jornada laboral de las 35 horas semanales, un derecho consolidado por los empleados públicos y que el Ejecutivo estatal suprimió en el año 2012.

Muchas de estas propuestas ya se contemplaban en una orden ministerial promovida por el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla en 2005, que impulsó un plan de conciliación y flexibilidad de horarios en el ámbito público, dirigido especialmente a las personas con hijos, mayores y personas dependientes a cargo.

Hay que recordarle al Gobierno del Partido Popular que muchas de las medidas incluidas en la proposición no de ley aprobada por el Congreso se encuentran incluida sen el II Plan Estratégico de Igualdad que aprobó el propio Ejecutivo, y que no las pone en marcha. Un hecho que no se justifica, ya que la ministra de Empleo, Fátima Bañez, presentó hace un par de meses el Pacto Nacional por la Racionalización de Horarios pero que en la Administración pública se ha quedado, hasta hoy, en papel mojado.

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La racionalización de horarios, papel mojado para los funcionarios

El Pacto Nacional por la Racionalización de Horarios, que presentó hace unos días la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se queda en papel mojado si volvemos la vista hacia la Administración General del Estado. Y es que algunas de las medidas que recoge ese pacto ya están recogidas en el Plan de Igualdad que aprobó el Gobierno central para el sector público, pero no se aplican.

Así,   medidas como la finalización de la jornada laboral a las 18.00 horas, el teletrabajo y las bolsas de horas (que los trabajadores pueden librar de manera justificada y con flexibilidad para posteriormente devolverlas), ya se encuentran recogidas en el II Plan Estratégico de Igualdad al que habría que añadir  la jornada laboral de las 35 horas semanales.​

En este sentido, sería importante la implantación de la Bolsa de Horas para la conciliación de la vida laboral y familiar ya que es un derecho propio de todos los trabajadores y trabajadoras que les permitiría poder conciliar familia y trabajo, desechando de una vez esas jornadas laborales irracionales y eminentemente presentistas. Esta medida  fue incluida como la número 54 en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y como medida número 36 en el II Plan de Igualdad de la Administración General del Estado.

En el caso de la finalización de la jornada laboral con carácter general a las 18:00h también es una medida que recogida en el II Plan de Igualdad de la AGE, la E45 especifica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que sigue sin aplicarse y viene heredada del antiguo plan concilia de Jordi Sevilla, que en su Ministerio, el de Administraciones Públicas, la implantó.

Por último el teletrabajo, ese gran proyecto piloto que no llega de una manera definitiva ahora vuelve a presentarse como una alternativa para implementar fórmulas de teletrabajo, cuando el sector laboral lo permita, para su utilización al menos 1 día por semana. Si bien, en Extremadura, el teletrabajo ya está bastante más avanzada su implantación. En cualquier caso, sería interesante incluir como medida en los Planes de Igualdad, el teletrabajo regulado y siempre con un horario, como modelo complementario a la jornada presencial, y cumpliendo la Ley de Prevención de riesgos laborales.

En definitiva, el Gobierno debe dar ejemplo y poner en marcha este plan. En el caso del teletrabajo, la finalización de la jornada a las 18 horas y la bolsa de horas para la conciliación, son medidas integradas en el II Plan de Igualdad de la AGE, que está ejecutado solo en un 29%.

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Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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