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La racionalización de horarios, papel mojado para los funcionarios
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Marcelino Ollé | 20-12-2016 | 12:44| 0

El Pacto Nacional por la Racionalización de Horarios, que presentó hace unos días la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se queda en papel mojado si volvemos la vista hacia la Administración General del Estado. Y es que algunas de las medidas que recoge ese pacto ya están recogidas en el Plan de Igualdad que aprobó el Gobierno central para el sector público, pero no se aplican.

Así,   medidas como la finalización de la jornada laboral a las 18.00 horas, el teletrabajo y las bolsas de horas (que los trabajadores pueden librar de manera justificada y con flexibilidad para posteriormente devolverlas), ya se encuentran recogidas en el II Plan Estratégico de Igualdad al que habría que añadir  la jornada laboral de las 35 horas semanales.​

En este sentido, sería importante la implantación de la Bolsa de Horas para la conciliación de la vida laboral y familiar ya que es un derecho propio de todos los trabajadores y trabajadoras que les permitiría poder conciliar familia y trabajo, desechando de una vez esas jornadas laborales irracionales y eminentemente presentistas. Esta medida  fue incluida como la número 54 en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y como medida número 36 en el II Plan de Igualdad de la Administración General del Estado.

En el caso de la finalización de la jornada laboral con carácter general a las 18:00h también es una medida que recogida en el II Plan de Igualdad de la AGE, la E45 especifica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que sigue sin aplicarse y viene heredada del antiguo plan concilia de Jordi Sevilla, que en su Ministerio, el de Administraciones Públicas, la implantó.

Por último el teletrabajo, ese gran proyecto piloto que no llega de una manera definitiva ahora vuelve a presentarse como una alternativa para implementar fórmulas de teletrabajo, cuando el sector laboral lo permita, para su utilización al menos 1 día por semana. Si bien, en Extremadura, el teletrabajo ya está bastante más avanzada su implantación. En cualquier caso, sería interesante incluir como medida en los Planes de Igualdad, el teletrabajo regulado y siempre con un horario, como modelo complementario a la jornada presencial, y cumpliendo la Ley de Prevención de riesgos laborales.

En definitiva, el Gobierno debe dar ejemplo y poner en marcha este plan. En el caso del teletrabajo, la finalización de la jornada a las 18 horas y la bolsa de horas para la conciliación, son medidas integradas en el II Plan de Igualdad de la AGE, que está ejecutado solo en un 29%.

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Los cinco derechos que quieren recuperar los funcionarios
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Marcelino Ollé | 22-11-2016 | 17:54| 0

“Vamos a mejorar las condiciones” de los empleados públicos porque “merecen ese reconocimiento”, estas declaraciones que ha hecho el ministro de  Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, habrá que ver qué forma les da a lo largo de esta legislatura. No se puede olvidar que desde 2010 han sido muchos los derechos que han perdido los trabajadores de la Administración con una bajada de sueldo incluida.

En este sentido, se debe alcanzar un primer acuerdo de legislatura que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de la crisis y el 5%, de media, de la bajada de los salarios que se produjo en  2010. El Gobierno no puede limitarse a aplicar, tan solo, el incremento de la inflación que se calcula que rondará el año que viene el 1,5%. Desde 2010 a 2015, el salario de los trabajadores públicos no registró ningún incremento, mientras que la inflación repuntó un 8,7%. En consecuencia, los trabajadores de la Administración han sufrido una importante pérdida de poder adquisitivo.

El segundo de los derechos a recuperar es el de la vuelta a la jornada laboral de las 35 horas, el Gobierno debería derogar el decreto que dio lugar a las 37,5 horas y devolver su jornada original a los funcionarios de toda España. Precisamente, la Junta de Andalucía, ha aprobado, recientemente, la vuelta a las 35 horas, aunque se prevé que sea de difícil aplicación por ser una norma de competencia estatal.

Así, el ejemplo más claro lo tenemos en Castilla La Mancha, que fue la primera comunidad que intentó dar la vuelta a la decisión del Gobierno central de imponer 2,5 horas más de trabajo a los empleados públicos pero el Ejecutivo recurrió al Tribunal Constitucional que le dio la razón a Rajoy. En Extremadura, la Junta todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto, mientras que en las diputaciones y algunos ayuntamientos se ha vuelto a la jornada original dejando esas 2,5 horas para tareas de formación.

El tercer  y cuarto acuerdo deben abordar, por injustos, la eliminación definitiva  de los descuentos retributivos en todas la bajas por enfermedad y la recuperación de las prestaciones y nivel de coberturas sanitarias de Muface, Mugeju e Isfas. En nuestra comunidad el número de mutualistas asciende a más de 15.000 y han sufrido recortes muy importantes en la atención sanitaria que reciben.

Por último, el quinto acuerdo sería sobre la apuesta por un empleo público de calidad. Se debe optar por la eliminación de las tasas de reposición para que se puedan convocar ofertas de empleo público acordes con las necesidades de nuestra comunidad en la que las tasas de temporalidad alcanzan ya el 21%.

En total son 5 derechos que volverán a tener los empleados públicos si hacemos caso a las palabras del ministro Montoro cuando dice que “va a dignificar  la función pública y a agradecerle su profesionalidad”.

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La Justicia reconoce los trienios a un trabajador laboral fijo
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Marcelino Ollé | 07-11-2016 | 09:16| 0

Una sentencia judicial ha reconocido los trienios a un trabajador laboral fijo al que la Administración, en este caso la Comunidad de Madrid, no le reconocía la antigüedad pero que podría ser de aplicación en Extremadura,  tanto en la administración local como autonómica, siempre, según las individualidades de cada trabajador.

Así, el Juzgado de lo Social número 33 de Madrid ha emitido un auto a favor de un trabajador fijo del Hospital de El Escorial al que el Gobierno regional madrileño no le reconocía la antigüedad porque, entre algunos de los contratos que tuvo como empleado laboral, pasaron más de tres meses. De esta forma, la sentencia reconoce el derecho a la antigüedad y termina con la pretendida obligación de que tiene que existir  una continuidad de los contratos de un mínimo de tres meses.

En este sentido, ya se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha establecido en una sentencia que el periodo entre contratos deber ser indiferente para reconocer la antigüedad de un trabajador. En cualquier caso, en estos momentos se está a la espera del fallo del Tribunal Supremo cuya Sala IV votó en Pleno el pasado día 13 para adoptar una decisión sobre la solución de continuidad entre contratos para trabajadores laborales.

Hay que señalar que cada ayuntamiento extremeño regula mediante convenios o acuerdos marco las condiciones de trabajo y contractuales de sus empleados laborales por lo que habría que ver si coinciden con las que hace referencia la sentencia del juzgado madrileño.

Mientras el “V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura”no es claro en ese sentido y señala, sin más especificaciones, lo que abre la puerta a la discrecionalidad de la administración, que ” el complemento de antigüedad se reconocerá a todos los trabajadores cada tres años de permanencia en  la Administración de la Junta de Extremadura, siempre que se trate de la misma relación laboral”.

En cualquier caso, esta sentencia viene a sumarse a las emitidas recientemente sobre interinos y laborales por lo que es cada vez más necesario promover  las reformas legislativas necesarias para evitar la discriminación de este colectivo. Una reforma que pasaría por una modificación del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado Público, porque de lo contrario, previsiblemente, los tribunales de justicia podrían afrontar miles de demandas.

 

 

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Prohibido fotografiar a los funcionarios
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Marcelino Ollé | 19-10-2016 | 11:39| 0

Una sentencia del Tribunal Constitucional ha avalado, recientemente, el uso de cámaras en el puesto de trabajo, sin consentimiento expreso del empleado pero en el ámbito de la empresa privada. Así, el alto tribunal ha considerado que la grabación a un trabajador sin su permiso no ha vulnerado el artículo 18, párrafos 1 y 4, de la Constitución, que protegen los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen.

Sin embargo, esta sentencia no es aplicable al ámbito de los empleados públicos porque un informe de la Agencia Española de Protección de Datos ha señalado que está prohibida, por parte de particulares o incluso de un jefe, la captación de imágenes de estos trabajadores porque no es una actividad doméstica, particular o privada sino pública .

En este sentido, el informe es claro ya que dictamina que la captación por particulares de la imagen de empleados públicos, generalmente a través de teléfonos móviles, y con la finalidad incluso después de la difusión por Internet, no puede enmarcarse en una actividad estrictamente personal o doméstica.

Por tanto -añade-, entra en juego la Ley Orgánica de Protección de Datos, que prohíbe dicha toma de imágenes si no media el consentimiento del afectado (aquel que es fotografiado o grabado). De esta forma, se intenta evitar que los ciudadanos graben dentro de las dependencias oficiales para fines privados o de distribución por  redes sociales.

Tampoco los jefes de los funcionarios podrán grabarles tal y como sí hizo el superior de la empleada a la que alude la sentencia del Tribunal Constitucional ya que según Agencia de Protección de datos la toma de imágenes no podrá ser utilizada para fines concretos. Cita, expresamente, que  las grabaciones no servirán para presentar denuncias en expedientes disciplinarios o incluso penales contra los empleados públicos por parte de sus superiores.

Además, en el ámbito de la videovigilancia, el informe de la agencia afirma que debe asegurarse que las acciones dirigidas a la seguridad y vigilancia en los centros de trabajo no contravengan el derecho fundamental de captación y grabación de imágenes personales evitando que permitan, por ejemplo, la identificación del sujeto.

Por último, indicar que este informe de la Agencia Española de Protección de datos ha sido asumido en el nuevo protocolo contra las agresiones a los empleados públicos, que entró en vigor este año, y que  recoge de forma expresa la prohibición de grabar a los funcionarios mientras desempeñan su trabajo.

 

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Unos 1.500 policías extremeños podrán pedir la jubilación anticipada
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Marcelino Ollé | 05-10-2016 | 10:26| 0

La jubilación anticipada de los policías locales a los 59 año está más cerca de conseguirse, lo que  les equipararía con las ventajas de las que ya disfrutan en España otros colectivos de riesgo, como la Policía Nacional o los bomberos. El  Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) -el máximo órgano de esta institución-  ha dado el visto bueno a esta medida, que afectará a unos 1.500 policías en Extremadura.

Una decisión que ha adoptado la FEMP tras recabar informes positivos de las Comisiones de Seguridad y Función Pública encargadas de este asunto, y que abarcará a los cerca de 70.000 policías locales que hay en España. De estos, 3.200 tienen más de 60 años, y 4.000 tienen entre 55 y 60. Se trata por tanto, de una plantilla envejecida que se hace preciso renovar con nuevos efectivos.

En este sentido,  estos informes se suman a los de la Seguridad Social, que también avalan la aplicación de los coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación al colectivo de policías locales. Por tanto, ya es cuestión de  la voluntad del Gobierno aprobar definitivamente el decreto que permita el adelanto a la jubilación mediante la elaboración de un Real Decreto que permitiera  regularizar esta situación.

Otro de los puntos en los que la FEMP incide es en que el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición de efectivos (es decir, que se cubran todas las jubilaciones), y que establezca medidas compensatorias o bonificaciones por aquellos que, habiendo generado el derecho de poder jubilarse al alcanzar la edad correspondiente, no ejerciten su derecho.

Cabe recordar, según informaron en su día las Centrales Sindicales, que el Ministerio de Empleo cuenta ya con los informes técnicos realizados por la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de la Inspección de Trabajo, que indican que este colectivo cuenta con los requisitos legales exigidos para aprobar esta jubilación anticipada.

Así, la FEMP considera que el Gobierno debe aprobar  con la mayor diligencia y celeridad posible el Real Decreto que contemple esta jubilación anticipada. Esta petición es significativa, teniendo en cuenta que los propios ayuntamientos deberán costear parte del sobrecoste de la cotización.

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Los calendarios de oposiciones bajan el absentismo y los juicios
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Marcelino Ollé | 20-09-2016 | 17:59| 0

Los opositores y los tribunales encargados de examinarlos necesitan un calendario de oposiciones para evitar la judicialización de las pruebas selectivas tal y como ha pasado los últimos años en las de la Administración extremeña. Además, si ese calendario existiera, el absentismo descendería de forma considerable ya que se podría planificar la preparación del temario.

La certeza de saber cuándo te vas a examinar es fundamental para evitar abandonos durante la preparación de una oposición, y además se daría estabilidad a la plantilla de Empleados Públicos en Extremadura.

La falta de una fecha concreta para cada examen desde que se convoca está ocasionando un grave perjuicio a los opositores ya que no se puede olvidar que, salvo casos puntuales, pagan por cada solicitud, por  un temario o  por un preparador. Unos gastos que no pueden alargarse en el tiempo sin motivo alguno.

En este sentido, señalar que no es entendible que una vez publicada la oferta de empleo público se pueda tardar, como ocurre actualmente,  más de dos años o dos años y medio en celebrar los exámenes. Y es que, en Extremadura, en general, los opositores no saben cuándo se van a llevar a cabo esas convocatorias ni mucho menos la fecha de las pruebas selectivas.

Como dato, en aquellas oposiciones que tienen un calendario ya fijado y que se cumple, como es el caso de las de Educación, el índice de presentados se acerca al 90 por ciento mientras que en el resto baja de forma considerable el número de presentados.

En cuanto a la seguridad jurídica indicar que los ejercicios deben ser claros y transparentes, mientras que el criterio de evaluación y puntuación del temario debe estar perfectamente indicado en la convocatoria para que disponga de ella el opositor y los miembros de los tribunales ya que muchas veces se les deja a su libre albedrío lo que ocasiona numerosas impugnaciones ante la propia administración y ante los tribunales.

Esta falta de calendario lo demuestra al alto absentismo en las últimas oposiciones celebradas por la Junta de Extremadura, ya que tal y como apunta la agencia EFE, las dos únicas pruebas selectivas celebradas hasta el momento este año, las de ATE-Cuidador (17 de julio), para las que se habían admitido 6.487 solicitudes y a la que solo se presentaron 1.841 personas, y sobre todo la de Ordenanza (24 de julio), con 11.163 solicitudes y 1.693 aspirantes presentados.

En su conjunto, de 17.650 potenciales aspirantes solo 3.534 se presentaron a realizar el examen (el 20 por ciento), una situación que conlleva no solo gastos innecesarios en material de oficina o preparación de aulas, sino también en la organización de tribunales o los grupos de vigilantes para estos exámenes.

 

 

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Cómo subir los salarios de los funcionarios aunque no haya gobierno
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Marcelino Ollé | 05-09-2016 | 15:53| 0

Los empleados públicos, una vez más,  volvemos a estar en el punto de mira de nuestros gobernantes en funciones y no precisamente para bien. Intentan utilizar que nuestros sueldos dependen de las cuentas públicas para lanzar veladas amenazas sobre que la falta de presupuestos afectará, otra vez, a nuestros bolsillos y condiciones de trabajo por la no convocatoria de nuevas oposiciones.

Está claro que nos  encontramos en una situación totalmente anómala porque si se prorrogan los presupuestos actuales, que se diseñaron en el verano de 2015  se utilizarán para afrontar el ejercicio 2017, que tiene unas connotaciones económicas y unas necesidades de la Administración totalmente distintas. Esto afectará no solo a las retribuciones de los empleados públicos, sino también a las plantillas; cada vez hay más vacantes por las jubilaciones que se están produciendo.

A pesar de que el Gobierno esté en funciones los decretos Ley pueden dictarse,  lo saben perfectamente en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro, siempre que cuenten con otros grupos parlamentarios para que lo apoyen en el Congreso.

En este sentido, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido claro y ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy que lleve al Parlamento un decreto Ley que permita la actualización de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones para 2017 ya que su formación lo apoyará.

Ante esta propuesta carece de sentido la amenaza más o menos velada de Rajoy en la que avisaba que no podrían actualizar los salarios de los pensionistas y de los funcionarios ante la posibilidad de que unas terceras elecciones paralicen los presupuestos Generales del Estado de 2017.

“Pueden traer a esta Cámara un decreto Ley para actualizarlos y si lo trae el PSOE votará a favor de su convalidación”, ha dicho tras añadir que en caso de que el Gobierno en funciones no apruebe esa normativa el grupo parlamentario socialista presentará una iniciativa para que estos colectivos no se vean perjudicados.

En cualquier caso, hay que recordarle al presidente del Gobierno en funciones que la Administración funciona y funcionará, a pesar de que no haya Gobierno, gracias al trabajo de los empleados públicos que son los que hacen posible que los ciudadanos puedan tener unos servicios públicos que se ocupen de sus necesidades sanitarias, administrativas, judiciales o de seguridad entre otras.

Precisamente para que el ciudadano pueda recibir este servicio se hace necesario una acuerdo entre los grupos políticos que permita la elaboración de los presupuestos generales de 2017 y una oferta de empleo público urgente

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Los fondos de reserva de la Mutua de Funcionarios pierden 1.000 millones en 6 años
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Marcelino Ollé | 28-06-2016 | 20:34| 0

La ‘hucha’ de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface)  ha sufrido una merma muy importante los últimos seis años, situándose a finales de 2015 en 5,41 millones de euros frente a los 1.143 millones de 2009. Es decir, desde 2009, el remanente de Muface se ha reducido en más de 1.000 millones de euros, momento en el que empezó a decrecer este fondo de reserva.

Así se refleja en la memoria anual de la mutualidad en la que se recoge que el remanente actual de tesorería de la entidad de 5,41 millones de euros es el resultado de la suma de los fondos líquidos (88,3 millones) y los derechos pendientes de cobro (0,56 millones) menos las obligaciones pendientes de pago de la entidad (83,2 millones y los saldos de dudoso cobro (0,25 millones).

Este balance supone una caída muy importante frente a los 29,7 millones de euros con los que contaba Muface en su fondo de reserva en 2014. De hecho, el fondo de reserva de la entidad se ha desplomado de forma continuada desde 2009, cuando ascendía a 1.143 millones de euros.

Estas cifras son preocupantes y ponen en el punto de mira el futuro de la mutualidad a la que se debe garantizar su viabilidad. De hecho, las otras dos mutualidades de funcionarios, Mugeju (Mutualidad General Judicial-Personal al servicio de la Administración de Justicia) e Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), muestran un balance mejor en lo que los números se refiere y no está su futuro, de momento, en entredicho.

Mientras, el número de mutualistas de Muface también está experimentado una fuerte caída situándose en 1.498.098, tanto titulares como beneficiarios, y baja de los 1,5 millones por primera vez desde 1988, según los datos correspondientes a la Memoria de 2015 entidad.

Estos datos son fruto de la evolución a la baja que se viene produciendo desde 2002 (cuando se registró la cifra máxima de titulares y beneficiarios, con un total de 1.615.901) y se debe fundamentalmente al progresivo envejecimiento de las personas adscritas y la congelación de las ofertas públicas de empleo.

Además, desde ese año también se ha producido un cambio en la distribución entre el colectivo de titulares (funcionarios) y los beneficiarios de la póliza (pareja e hijos). Así, mientras hace dos décadas el número de beneficiarios superaba a los titulares (872.944 frente a 740.638), en la actualidad la situación es a la inversa (956.401 titulares, frente a 541.697 beneficiarios).

Esto se debe a que, también como consecuencia del envejecimiento de la población, el número de mutualistas jubilados asciende a 236.372, casi una tercera parte de los titulares, y ya no suelen tener tiene hijos a su cargo.

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El Supremo avala la jubilación de un médico a los 70 años
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Marcelino Ollé | 15-06-2016 | 11:27| 0

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado contra la jubilación forzosa de un médico a los 65 años, y avala que pueda seguir en el servicio activo hasta cumplir los 70 años debido a su condición de funcionario de carrera.

Esta sentencia del alto tribunal  sienta jurisprudencia  y, entre otros asuntos, considera que obligar a este sanitario a jubilarse a los 65 años infringe el artículo 67.3 de del Estatuto Básico del Empleado Público puesto que el afectado pertenece a la escala sanitaria del Cuerpo Facultativo Superior de la administración especial (médico), por lo que tiene derecho a prorrogar su situación en el servicio activo hasta como máximo los 70 años de edad.

Este auto del Tribunal Supremo, que hace referencia a un médico de La Rioja, se dicta en un momento en el que el Servicio Extremeño de Salud (SES) se encuentra inmerso en un proceso de negociación con los sindicatos de un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos para determinar de qué forma se va a regular la jubilación de los sanitarios que trabajan en Extremadura.

En este sentido, los responsables de esta materia de la Consejería de Sanidad han propuesto que la edad de jubilación pueda prolongarse hasta los 67 años de forma anual, si bien, podría alcanzar a los 70 años de forma excepcional y sólo en aquellos servicios de referencia donde puedan faltar profesionales.

La sentencia del Supremo aunque se refiere a un sanitario de La Rioja sienta jurisprudencia y podría ser tenida en cuenta en cualquier parte del territorio español. Así, se motiva en el auto que a este médico “en su condición de funcionario de carrera no le sería aplicable el III Plan de Ordenación  de Recursos Humanos del SERIS en materia de jubilación, como pretendía la Administración que, además, no ha motivado suficientemente su jubilación”.

El citado III Plan de Ordenación de RRHH del Servicio Riojano de Salud (SERIS), en materia de jubilación y prórroga en el servicio activo para el periodo 2013-2015, determinaba que la jubilación forzosa del personal estatutario fijo de los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Servicio Riojano de Salud para el año 2014 es de 65 años y 2 meses.

Precisamente, este fallo del Tribunal debería valorarse por parte del Ejecutivo extremeño ya que sienta jurisprudencia y más cuando en nuestro país ya existen tres antecedentes en Alicante, Murcia y la de un funcionario de la Universidad de A Coruña lo que abre la posibilidad de otras reclamaciones del mismo tipo que se puedan producir en nuestra comunidad autónoma.

 

 

 

 

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Horario flexible en verano para funcionarios del Estado con hijos discapacitados
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Marcelino Ollé | 30-05-2016 | 17:43| 0

Los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) que tengan a su cargo hijos con discapacidad intelectual o física podrán acogerse a la modalidad de jornada intensiva desde el próximo 1 de junio y hasta el 30 de septiembre siempre que exista un cambio de horario durante el verano.

Así se recoge en la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones, sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la AGE y sus organismos públicos, para los empleados públicos que tuviesen a su cargo hijos con discapacidad intelectual o física. La aplicación de esta resolución, que será efectiva a partir de este verano, contempla la posibilidad de acogerse a la modalidad de jornada intensiva siempre que exista un cambio de horario en el centro durante el verano o incluso cierre del centro.

La Administración ha confirmado que esta medida será efectiva a partir del 1 de junio de este año pero, además, amplía el ámbito de aplicación no solo a los empleados públicos con hijos menores de 12 años sino también a los que tengan a su cargo hijos con discapacidad cuya edad cronológica sea superior a 12 años. El único condicionante es que el horario del centro cambie y justifique en ese caso la necesidad de acogerse al empleado público a la jornada intensiva.

Esta medida que avanza en la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la flexibilidad horaria, “en el marco de las necesidades del servicio”, contempla otros supuestos además de la jornada intensiva.

Así, esta resolución recoge que los empleados públicos que tengan “a su cargo personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrán disponer de dos horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin de conciliar los horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de educación especial, de los centros de habilitación y rehabilitación, de los servicios sociales y centros ocupacionales, así como otros centros específicos donde la persona con discapacidad reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo.”

Esta modalidad de jornada intensiva,  por tener al cargo hijos con discapacidad intelectual o físico tan solo es de aplicación para los trabajadores públicos del Estado mientras que en la administración dependiente de la Junta de Extremadura y en la Local no se ha avanzado en su puesta en marcha.

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Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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