Hoy

img
Cómo subir los salarios de los funcionarios aunque no haya gobierno
img
Marcelino Ollé | 05-09-2016 | 18:43| 0

Los empleados públicos, una vez más,  volvemos a estar en el punto de mira de nuestros gobernantes en funciones y no precisamente para bien. Intentan utilizar que nuestros sueldos dependen de las cuentas públicas para lanzar veladas amenazas sobre que la falta de presupuestos afectará, otra vez, a nuestros bolsillos y condiciones de trabajo por la no convocatoria de nuevas oposiciones.

Está claro que nos  encontramos en una situación totalmente anómala porque si se prorrogan los presupuestos actuales, que se diseñaron en el verano de 2015  se utilizarán para afrontar el ejercicio 2017, que tiene unas connotaciones económicas y unas necesidades de la Administración totalmente distintas. Esto afectará no solo a las retribuciones de los empleados públicos, sino también a las plantillas; cada vez hay más vacantes por las jubilaciones que se están produciendo.

A pesar de que el Gobierno esté en funciones los decretos Ley pueden dictarse,  lo saben perfectamente en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro, siempre que cuenten con otros grupos parlamentarios para que lo apoyen en el Congreso.

En este sentido, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido claro y ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy que lleve al Parlamento un decreto Ley que permita la actualización de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones para 2017 ya que su formación lo apoyará.

Ante esta propuesta carece de sentido la amenaza más o menos velada de Rajoy en la que avisaba que no podrían actualizar los salarios de los pensionistas y de los funcionarios ante la posibilidad de que unas terceras elecciones paralicen los presupuestos Generales del Estado de 2017.

“Pueden traer a esta Cámara un decreto Ley para actualizarlos y si lo trae el PSOE votará a favor de su convalidación”, ha dicho tras añadir que en caso de que el Gobierno en funciones no apruebe esa normativa el grupo parlamentario socialista presentará una iniciativa para que estos colectivos no se vean perjudicados.

En cualquier caso, hay que recordarle al presidente del Gobierno en funciones que la Administración funciona y funcionará, a pesar de que no haya Gobierno, gracias al trabajo de los empleados públicos que son los que hacen posible que los ciudadanos puedan tener unos servicios públicos que se ocupen de sus necesidades sanitarias, administrativas, judiciales o de seguridad entre otras.

Precisamente para que el ciudadano pueda recibir este servicio se hace necesario una acuerdo entre los grupos políticos que permita la elaboración de los presupuestos generales de 2017 y una oferta de empleo público urgente

Ver Post >
Los fondos de reserva de la Mutua de Funcionarios pierden 1.000 millones en 6 años
img
Marcelino Ollé | 28-06-2016 | 20:35| 0

La ‘hucha’ de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface)  ha sufrido una merma muy importante los últimos seis años, situándose a finales de 2015 en 5,41 millones de euros frente a los 1.143 millones de 2009. Es decir, desde 2009, el remanente de Muface se ha reducido en más de 1.000 millones de euros, momento en el que empezó a decrecer este fondo de reserva.

Así se refleja en la memoria anual de la mutualidad en la que se recoge que el remanente actual de tesorería de la entidad de 5,41 millones de euros es el resultado de la suma de los fondos líquidos (88,3 millones) y los derechos pendientes de cobro (0,56 millones) menos las obligaciones pendientes de pago de la entidad (83,2 millones y los saldos de dudoso cobro (0,25 millones).

Este balance supone una caída muy importante frente a los 29,7 millones de euros con los que contaba Muface en su fondo de reserva en 2014. De hecho, el fondo de reserva de la entidad se ha desplomado de forma continuada desde 2009, cuando ascendía a 1.143 millones de euros.

Estas cifras son preocupantes y ponen en el punto de mira el futuro de la mutualidad a la que se debe garantizar su viabilidad. De hecho, las otras dos mutualidades de funcionarios, Mugeju (Mutualidad General Judicial-Personal al servicio de la Administración de Justicia) e Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), muestran un balance mejor en lo que los números se refiere y no está su futuro, de momento, en entredicho.

Mientras, el número de mutualistas de Muface también está experimentado una fuerte caída situándose en 1.498.098, tanto titulares como beneficiarios, y baja de los 1,5 millones por primera vez desde 1988, según los datos correspondientes a la Memoria de 2015 entidad.

Estos datos son fruto de la evolución a la baja que se viene produciendo desde 2002 (cuando se registró la cifra máxima de titulares y beneficiarios, con un total de 1.615.901) y se debe fundamentalmente al progresivo envejecimiento de las personas adscritas y la congelación de las ofertas públicas de empleo.

Además, desde ese año también se ha producido un cambio en la distribución entre el colectivo de titulares (funcionarios) y los beneficiarios de la póliza (pareja e hijos). Así, mientras hace dos décadas el número de beneficiarios superaba a los titulares (872.944 frente a 740.638), en la actualidad la situación es a la inversa (956.401 titulares, frente a 541.697 beneficiarios).

Esto se debe a que, también como consecuencia del envejecimiento de la población, el número de mutualistas jubilados asciende a 236.372, casi una tercera parte de los titulares, y ya no suelen tener tiene hijos a su cargo.

Ver Post >
El Supremo avala la jubilación de un médico a los 70 años
img
Marcelino Ollé | 16-06-2016 | 04:41| 0

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado contra la jubilación forzosa de un médico a los 65 años, y avala que pueda seguir en el servicio activo hasta cumplir los 70 años debido a su condición de funcionario de carrera.

Esta sentencia del alto tribunal  sienta jurisprudencia  y, entre otros asuntos, considera que obligar a este sanitario a jubilarse a los 65 años infringe el artículo 67.3 de del Estatuto Básico del Empleado Público puesto que el afectado pertenece a la escala sanitaria del Cuerpo Facultativo Superior de la administración especial (médico), por lo que tiene derecho a prorrogar su situación en el servicio activo hasta como máximo los 70 años de edad.

Este auto del Tribunal Supremo, que hace referencia a un médico de La Rioja, se dicta en un momento en el que el Servicio Extremeño de Salud (SES) se encuentra inmerso en un proceso de negociación con los sindicatos de un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos para determinar de qué forma se va a regular la jubilación de los sanitarios que trabajan en Extremadura.

En este sentido, los responsables de esta materia de la Consejería de Sanidad han propuesto que la edad de jubilación pueda prolongarse hasta los 67 años de forma anual, si bien, podría alcanzar a los 70 años de forma excepcional y sólo en aquellos servicios de referencia donde puedan faltar profesionales.

La sentencia del Supremo aunque se refiere a un sanitario de La Rioja sienta jurisprudencia y podría ser tenida en cuenta en cualquier parte del territorio español. Así, se motiva en el auto que a este médico “en su condición de funcionario de carrera no le sería aplicable el III Plan de Ordenación  de Recursos Humanos del SERIS en materia de jubilación, como pretendía la Administración que, además, no ha motivado suficientemente su jubilación”.

El citado III Plan de Ordenación de RRHH del Servicio Riojano de Salud (SERIS), en materia de jubilación y prórroga en el servicio activo para el periodo 2013-2015, determinaba que la jubilación forzosa del personal estatutario fijo de los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Servicio Riojano de Salud para el año 2014 es de 65 años y 2 meses.

Precisamente, este fallo del Tribunal debería valorarse por parte del Ejecutivo extremeño ya que sienta jurisprudencia y más cuando en nuestro país ya existen tres antecedentes en Alicante, Murcia y la de un funcionario de la Universidad de A Coruña lo que abre la posibilidad de otras reclamaciones del mismo tipo que se puedan producir en nuestra comunidad autónoma.

 

 

 

 

Ver Post >
Horario flexible en verano para funcionarios del Estado con hijos discapacitados
img
Marcelino Ollé | 30-05-2016 | 18:46| 0

Los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) que tengan a su cargo hijos con discapacidad intelectual o física podrán acogerse a la modalidad de jornada intensiva desde el próximo 1 de junio y hasta el 30 de septiembre siempre que exista un cambio de horario durante el verano.

Así se recoge en la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones, sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la AGE y sus organismos públicos, para los empleados públicos que tuviesen a su cargo hijos con discapacidad intelectual o física. La aplicación de esta resolución, que será efectiva a partir de este verano, contempla la posibilidad de acogerse a la modalidad de jornada intensiva siempre que exista un cambio de horario en el centro durante el verano o incluso cierre del centro.

La Administración ha confirmado que esta medida será efectiva a partir del 1 de junio de este año pero, además, amplía el ámbito de aplicación no solo a los empleados públicos con hijos menores de 12 años sino también a los que tengan a su cargo hijos con discapacidad cuya edad cronológica sea superior a 12 años. El único condicionante es que el horario del centro cambie y justifique en ese caso la necesidad de acogerse al empleado público a la jornada intensiva.

Esta medida que avanza en la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la flexibilidad horaria, “en el marco de las necesidades del servicio”, contempla otros supuestos además de la jornada intensiva.

Así, esta resolución recoge que los empleados públicos que tengan “a su cargo personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrán disponer de dos horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin de conciliar los horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de educación especial, de los centros de habilitación y rehabilitación, de los servicios sociales y centros ocupacionales, así como otros centros específicos donde la persona con discapacidad reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo.”

Esta modalidad de jornada intensiva,  por tener al cargo hijos con discapacidad intelectual o físico tan solo es de aplicación para los trabajadores públicos del Estado mientras que en la administración dependiente de la Junta de Extremadura y en la Local no se ha avanzado en su puesta en marcha.

Ver Post >
¿Qué funcionarios tienen derecho al 47,8% de la extra pendiente?
img
Marcelino Ollé | 16-05-2016 | 18:57| 0

Los empleados públicos(funcionarios y laborales) de la Administración General del Estado (AGE)  que hayan cambiado de destino desde 2012 deberán reclamar mediante un escrito, dirigido a su órgano de gestión de personal, el abono del 47,8% de la extra pendiente de cobrar. Así se establece en una resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicada en el Boletín Oficial del Estado(BOE).

Una reclamación personal, y por escrito,  que también tendrán que hacer los empleados públicos que se hayan jubilado desde 2012 y los herederos de los que hayan fallecido desde entonces para poder cobrar la cantidad que les corresponda. Estos últimos, según la resolución del BOE remitirán “la petición al órgano de gestión de personal correspondiente conforme al derecho civil”.

También tienen derecho a recibir su parte de la extra aquellos empleados públicos que en la fecha en la que se suprimió esa paga prestaban servicios en AGE pero que posteriormente hayan pasado a prestar servicios en una Administración Pública distinta. Eso sí, están obligados  a presentar el escrito de petición a su actual departamento de personal que se lo comunicará al ministerio, organismo o entidad a la que corresponda hacer el abono.

La disposición del BOE también especifica que tienen derecho al cobro de esta cantidad pendiente los trabajadores de la empresas y entes públicos. El Ejecutivo no se olvida de incluir en la misma orden un apartado  en la que incluye a los Altos Cargos de la época y establece unas “instrucciones” desglosadas en 5 puntos para que opten a ese 47,8% algunos de ellos y al 49,73% otros.

La cuantía de esa cantidad pendiente asciende a unos 700 euros de media por trabajador. En total son 530.000 trabajadores públicos del Estado, de los que 13.000 desarrollan su labor en Extremadura, los que están pendientes de que el Gobierno en funciones liquide en la próxima nómina el dinero adeudado.

Mientras, en el ámbito de las comunidades autónomas, la Junta de Extremadura ya ha abonado  a los empleados públicos que dependen de ella las cantidades pendientes de la extra como también lo han hecho algunos ayuntamientos y las Diputaciones de Badajoz y Cáceres.

Ver Post >
Las elecciones dejan sin fecha las oposiciones del Estado
img
Marcelino Ollé | 03-05-2016 | 18:38| 0

Las 19.121 plazas de la Oferta Pública de Empleo (OEP) estatal para 2016  aprobadas por el Gobierno central el pasado mes de marzo, no podrán ser  cubiertas, como mínimo, hasta muy pasado 2017. Y es que la repetición de las elecciones ha dejado en el aire la convocatoria oficial de las pruebas selectivas que suele hacerse en el mes siguiente al anuncio de la OEP.

En el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los técnicos trabajan pensando en que la convocatoria oficial de las pruebas se realice, en el mejor de los casos, a finales del mes de septiembre, aunque la perspectiva es que se retrase hasta octubre. Con este retraso, los opositores del turno libre y los funcionarios de promoción interna  no tienen posibilidad de preparar los temarios en su totalidad ya que no se sabrá ni el número de temas ni el contenido de los mismos, y mucho menos, la fecha de los exámenes hasta que el nuevo Gobierno esté constituido.

Los exámenes, como muy pronto, empezarían realizarse a partir del mes de febrero de 2017 lo que podría alargar el proceso de superación de las pruebas y adjudicación de las plazas hasta 2018, lo que condicionará también la convocatoria de empleo público del próximo ejercicio.

Cabe recordar que, de esas 19.121 plazas de la OEP, 13.427 son nuevas y 5.694 están destinadas a promoción interna para empleados públicos en activo. La mayoría de las plazas libres se han convocado en los ámbitos de la lucha contra el fraude fiscal y laboral, la Justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o la asistencia directa a los usuarios de servicios sociales.

Esta OEP cubre aproximadamente, el 85% de las plazas de funcionarios que se ha jubilado este año, porcentaje insuficiente teniendo en cuenta el envejecimiento de las plantillas, y la  destrucción de puestos de trabajo acumulada a lo largo de los últimos años de la crisis económica.

No se puede obviar que en los próximos 10-15 años se jubilarán en la Administración General del Estado, Prisiones, Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cerca de 120.000 personas, 26.000  lo harán de de manera inminente al tener más de 60 años.

 

Ver Post >
Próximas oposiciones, pero ¿cuándo?
img
Marcelino Ollé | 18-04-2016 | 18:17| 0

Ahora que se ha aprobado la oferta de empleo público en el ámbito de la Junta de Extremadura es más necesario que nunca que se elabore un calendario de oposiciones que de certidumbre y seguridad jurídica a los opositores. Es necesario que la administración establezca aquellos mecanismos que considere oportunos para que tanto los opositores del turno libre como los de promoción interna sepan a qué atenerse cuando se trata de enfrentarse a un proceso selectivo.

No es de recibo que estos procesos sean distintos dentro de la propia Junta según se trate del ámbito de Administración General,  Sanidad o Educación.

De hecho el que se dé luz verde a la convocatoria de oposiciones no supone que los exámenes se realicen a renglón seguido, baste recordar que aún no se ha resuelto la última convocatoria ya que falta por resolver el turno de ascenso y los exámenes para el personal laboral. Por no hablar de la judicialización a la que están sometidos actualmente algunos procesos selectivos en fase de resolución.

Oposiciones a maestros sin normativa

O más cercano, las oposiciones al Cuerpo de Maestros que se van a celebrar este año están también llenas de interrogantes para los opositores ya que todavía no se han hecho públicos, desde la Consejería de Educación, los anexos sobre el contenido de las pruebas a las que tienen que enfrentarse.

Y es que siendo en pocos meses el examen se desconoce cómo va a ser esa convocatoria ya que no contempla todavía la normativa aplicable, los criterios de evaluación y calificación. Que a dos meses de enfrentarte a una oposición todavía desconozcas como te van a evaluar y con qué criterio origina una incertidumbre que no es necesaria.

Cualquier proceso selectivo debe desarrollarse con los plazos adecuados y habiendo publicado todo lo concerniente a ese proceso selectivo con la mayor antelación y difusión posible.

A este calendario de oposiciones debe sumarse también una convocatoria de empleo público suficiente para cubrir todas las vacantes que existen en la Junta de Extremadura ya que la tasa de temporalidad es muy alta. Los últimos 4 años las tasas de reposición han prácticamente inexistentes con lo que ni siquiera las jubilaciones que se han producido en los distintos ámbitos de la administración regional se han cubierto.

 

 

Ver Post >
El Gobierno retrasa la extra a los funcionarios del Estado
img
Marcelino Ollé | 03-04-2016 | 18:42| 0

¿A que espera el Gobierno en funciones para pagar el 50% pendiente de la Extra de 2012 a los empleados públicos estatales? No hay justificación alguna para que el Ejecutivo en funciones no abone lo que resta de esta paga ya que es una cantidad incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

Resulta sorprendente que a fecha de abril el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, no haya dado explicación alguna de porqué  no se ha realizado el abono de esta paga que se les debe a los trabajadores del Administración estatal. Y es que hay que recordar que antes de las elecciones generales de diciembre, concretamente en el mes de septiembre del año pasado, se dijo que se cobraría a partir del mes de enero de 2016.

Es más, en distintas reuniones,  con los sindicatos más representativos en las administraciones públicas, durante los meses de septiembre y noviembre de 2015, se indicó que se haría en único pago y que el cálculo que habían hecho desde el ministerio de Hacienda ascendía a unos 750 euros de media por trabajador.

Lo que es evidente es que a fecha de hoy el Gobieo en funciones no ha dado orden de incluir este pago en la próxima nómina a pesar de que la Ley de Presupuestos le obliga a ello. Como tampoco ha dado ningún tipo de explicación sobre los motivos para no hacerlo, ni mucho menos la fecha en la que está obligado a pagar ese 48,77% pendiente. A estas alturas de año, el Ejecutivo ha hecho oídos sordos a las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores y se desentiende de cumplir con lo anunciado y prometido antes de las pasadas elecciones.

Mientras en el ámbito de las comunidades autónomas, la Junta de Extremadura ya ha abonado  a los empleados públicos que dependen de ella las cantidades pendientes de la extra como también lo han hecho algunos ayuntamientos y las Diputaciones de Badajoz y Cáceres.

En total son 530.000 trabajadores públicos del Estado, de los que 13.000 desarrollan su labor en Extremadura, los que están pendientes de que el Gobierno en funciones apruebe esta liquidación cuando lo crea conveniente.

A este retraso en el pago se añade la incertidumbre de si se cobrará o no ya que la desviación del déficit anunciada la semana pasada por Montoro, siempre ha servido de excusa para castigar al colectivo de empleados públicos con recortes, merma de las plantillas y  con el deterioro de los servicios que reciben los ciudadanos (sanidad, educación, justicia, servicios sociales o seguridad, entre otros).

Ver Post >
Los funcionarios pueden jubilarse a los 70 años, según el Tribunal Supremo
img
Marcelino Ollé | 15-03-2016 | 19:46| 0

Los funcionarios que quieran alargar la edad de jubilación hasta los 70 años podrán hacerlo. Así se desprende de una sentencia del Tribunal Supremo que termina, de esta forma, con la discrecionalidad de la Administración para conceder a unos funcionarios la posibilidad de retrasar la edad de jubilación y a otros no.

Esta resolución judicial da carpetazo a la disparidad de criterios que existía entre las distintas administraciones, tras la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para que aquellos funcionarios que al alcanzar la edad de jubilación  pretendieran prolongar su permanencia en el servicio activo. Aunque el EBEP ya recoge esta situación,  al carecer de desarrollo normativo ha dado lugar a esas discrepancias a la hora de aplicarla.

Sin embargo, la sentencia expone que ha de tenerse en cuenta el artículo 67.3 del EBEP ya que “su desarrollo legal es no solo un mandato del legislador, sino deseable desde el punto de vista de la seguridad jurídica”.

En este sentido el citado artículo es claro al respecto “la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación. De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación”.

El alto Tribunal sí fija que los solicitantes deberán tener cumplidos los 65 años de edad y solicitar alargar la vida laboral con al menos dos meses de antelación  a su jubilación normal. Si se cumplen estos dos requisitos la administración competente no puede denegar la  “petición de prolongación de permanencia en el servicio activo al solicitante”.

Esta sentencia de casación se ocupa del caso de un funcionario de la Administración del Estado, concretamente de la Agencia Tributaria (AEAT), que solicitó al alcanzar la edad de jubilación (65 años) la prolongación de su servicio activo  hasta los 70 años y que le fue denegada por la administración pero que ahora el Supremo le concede: “reconociendo el derecho del recurrente a la prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo y, por ende, la reposición a su puesto de trabajo en la  AEAT, con abono de las percepciones económicas de cualquier clase que hubiere debido percibir por el desempeño del mismo durante el tiempo que ha estado privado de estas funciones”.

Ver Post >
La subida del 1% bajará el sueldo de funcionarios por el aumento del IRPF
img
Marcelino Ollé | 02-03-2016 | 10:33| 0

La subida salarial del 1% para los empleados públicos dependientes de la Junta de Extremadura que, tras la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad, se hará efectiva a partir del próximo 1 de abril no se notará hasta mayo y hará perder dinero, otra vez, a los trabajadores.

Es decir, el pago de ese 1% ya viene con retraso porque a los empleados públicos del Gobierno Central y de algunas otras administraciones, ya  se les  hizo efectivo en la nómina de enero de este año, sin embargo a los de la Junta se les incluirá en la nómina de abril el total de los 4 meses de retraso. De esta forma el IRPF que se les retendrá será superior al que tendrán en la siguiente nómina, la de mayo. Los trabajadores, según pasa el tiempo, pierden dinero. Además, este exiguo  incremento salarial del 1% no compensa la pérdida del poder adquisitivo superior al 25% que han acumulado los empleados públicos durante los  últimos 5 años.

Las medidas tomadas por los distintos gobiernos desde 2010, como la rebaja media del 5% en los salarios base, la congelación de las nóminas, la supresión de una paga extra en el año 2012, el aumento de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, la modificación de retribuciones para casos de incapacidad temporal y la reducción o supresión de días de libre disposición, han dado como resultado que la pérdida de poder adquisitivo supera el 25%, teniendo en cuenta la evolución de los precios y la subida de impuestos.

En este sentido, y tal como ha quedado patente con el bloqueo de los presupuestos de nuestra comunidad, los perjudicados de los problemas  políticos han vuelto a ser los empleados públicos.

Y todavía quedan pendientes de recuperar muchos de los derechos perdidos durante la crisis como  la recuperación del poder adquisitivo, incluido la recuperación, en algunas administraciones,  de la paga extra íntegra que se nos eliminó en 2012, la eliminación de los recortes (como los descuentos por baja médica) o la jornada de 35 horas.

Ver Post >
Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

Otros Blogs de Autor