Hoy

img
Prohibido fotografiar a los funcionarios
img
Marcelino Ollé | 19-10-2016 | 11:39| 0

Una sentencia del Tribunal Constitucional ha avalado, recientemente, el uso de cámaras en el puesto de trabajo, sin consentimiento expreso del empleado pero en el ámbito de la empresa privada. Así, el alto tribunal ha considerado que la grabación a un trabajador sin su permiso no ha vulnerado el artículo 18, párrafos 1 y 4, de la Constitución, que protegen los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen.

Sin embargo, esta sentencia no es aplicable al ámbito de los empleados públicos porque un informe de la Agencia Española de Protección de Datos ha señalado que está prohibida, por parte de particulares o incluso de un jefe, la captación de imágenes de estos trabajadores porque no es una actividad doméstica, particular o privada sino pública .

En este sentido, el informe es claro ya que dictamina que la captación por particulares de la imagen de empleados públicos, generalmente a través de teléfonos móviles, y con la finalidad incluso después de la difusión por Internet, no puede enmarcarse en una actividad estrictamente personal o doméstica.

Por tanto -añade-, entra en juego la Ley Orgánica de Protección de Datos, que prohíbe dicha toma de imágenes si no media el consentimiento del afectado (aquel que es fotografiado o grabado). De esta forma, se intenta evitar que los ciudadanos graben dentro de las dependencias oficiales para fines privados o de distribución por  redes sociales.

Tampoco los jefes de los funcionarios podrán grabarles tal y como sí hizo el superior de la empleada a la que alude la sentencia del Tribunal Constitucional ya que según Agencia de Protección de datos la toma de imágenes no podrá ser utilizada para fines concretos. Cita, expresamente, que  las grabaciones no servirán para presentar denuncias en expedientes disciplinarios o incluso penales contra los empleados públicos por parte de sus superiores.

Además, en el ámbito de la videovigilancia, el informe de la agencia afirma que debe asegurarse que las acciones dirigidas a la seguridad y vigilancia en los centros de trabajo no contravengan el derecho fundamental de captación y grabación de imágenes personales evitando que permitan, por ejemplo, la identificación del sujeto.

Por último, indicar que este informe de la Agencia Española de Protección de datos ha sido asumido en el nuevo protocolo contra las agresiones a los empleados públicos, que entró en vigor este año, y que  recoge de forma expresa la prohibición de grabar a los funcionarios mientras desempeñan su trabajo.

 

Ver Post >
Unos 1.500 policías extremeños podrán pedir la jubilación anticipada
img
Marcelino Ollé | 05-10-2016 | 10:26| 0

La jubilación anticipada de los policías locales a los 59 año está más cerca de conseguirse, lo que  les equipararía con las ventajas de las que ya disfrutan en España otros colectivos de riesgo, como la Policía Nacional o los bomberos. El  Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) -el máximo órgano de esta institución-  ha dado el visto bueno a esta medida, que afectará a unos 1.500 policías en Extremadura.

Una decisión que ha adoptado la FEMP tras recabar informes positivos de las Comisiones de Seguridad y Función Pública encargadas de este asunto, y que abarcará a los cerca de 70.000 policías locales que hay en España. De estos, 3.200 tienen más de 60 años, y 4.000 tienen entre 55 y 60. Se trata por tanto, de una plantilla envejecida que se hace preciso renovar con nuevos efectivos.

En este sentido,  estos informes se suman a los de la Seguridad Social, que también avalan la aplicación de los coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación al colectivo de policías locales. Por tanto, ya es cuestión de  la voluntad del Gobierno aprobar definitivamente el decreto que permita el adelanto a la jubilación mediante la elaboración de un Real Decreto que permitiera  regularizar esta situación.

Otro de los puntos en los que la FEMP incide es en que el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición de efectivos (es decir, que se cubran todas las jubilaciones), y que establezca medidas compensatorias o bonificaciones por aquellos que, habiendo generado el derecho de poder jubilarse al alcanzar la edad correspondiente, no ejerciten su derecho.

Cabe recordar, según informaron en su día las Centrales Sindicales, que el Ministerio de Empleo cuenta ya con los informes técnicos realizados por la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de la Inspección de Trabajo, que indican que este colectivo cuenta con los requisitos legales exigidos para aprobar esta jubilación anticipada.

Así, la FEMP considera que el Gobierno debe aprobar  con la mayor diligencia y celeridad posible el Real Decreto que contemple esta jubilación anticipada. Esta petición es significativa, teniendo en cuenta que los propios ayuntamientos deberán costear parte del sobrecoste de la cotización.

Ver Post >
Los calendarios de oposiciones bajan el absentismo y los juicios
img
Marcelino Ollé | 20-09-2016 | 17:59| 0

Los opositores y los tribunales encargados de examinarlos necesitan un calendario de oposiciones para evitar la judicialización de las pruebas selectivas tal y como ha pasado los últimos años en las de la Administración extremeña. Además, si ese calendario existiera, el absentismo descendería de forma considerable ya que se podría planificar la preparación del temario.

La certeza de saber cuándo te vas a examinar es fundamental para evitar abandonos durante la preparación de una oposición, y además se daría estabilidad a la plantilla de Empleados Públicos en Extremadura.

La falta de una fecha concreta para cada examen desde que se convoca está ocasionando un grave perjuicio a los opositores ya que no se puede olvidar que, salvo casos puntuales, pagan por cada solicitud, por  un temario o  por un preparador. Unos gastos que no pueden alargarse en el tiempo sin motivo alguno.

En este sentido, señalar que no es entendible que una vez publicada la oferta de empleo público se pueda tardar, como ocurre actualmente,  más de dos años o dos años y medio en celebrar los exámenes. Y es que, en Extremadura, en general, los opositores no saben cuándo se van a llevar a cabo esas convocatorias ni mucho menos la fecha de las pruebas selectivas.

Como dato, en aquellas oposiciones que tienen un calendario ya fijado y que se cumple, como es el caso de las de Educación, el índice de presentados se acerca al 90 por ciento mientras que en el resto baja de forma considerable el número de presentados.

En cuanto a la seguridad jurídica indicar que los ejercicios deben ser claros y transparentes, mientras que el criterio de evaluación y puntuación del temario debe estar perfectamente indicado en la convocatoria para que disponga de ella el opositor y los miembros de los tribunales ya que muchas veces se les deja a su libre albedrío lo que ocasiona numerosas impugnaciones ante la propia administración y ante los tribunales.

Esta falta de calendario lo demuestra al alto absentismo en las últimas oposiciones celebradas por la Junta de Extremadura, ya que tal y como apunta la agencia EFE, las dos únicas pruebas selectivas celebradas hasta el momento este año, las de ATE-Cuidador (17 de julio), para las que se habían admitido 6.487 solicitudes y a la que solo se presentaron 1.841 personas, y sobre todo la de Ordenanza (24 de julio), con 11.163 solicitudes y 1.693 aspirantes presentados.

En su conjunto, de 17.650 potenciales aspirantes solo 3.534 se presentaron a realizar el examen (el 20 por ciento), una situación que conlleva no solo gastos innecesarios en material de oficina o preparación de aulas, sino también en la organización de tribunales o los grupos de vigilantes para estos exámenes.

 

 

Ver Post >
Cómo subir los salarios de los funcionarios aunque no haya gobierno
img
Marcelino Ollé | 05-09-2016 | 15:53| 0

Los empleados públicos, una vez más,  volvemos a estar en el punto de mira de nuestros gobernantes en funciones y no precisamente para bien. Intentan utilizar que nuestros sueldos dependen de las cuentas públicas para lanzar veladas amenazas sobre que la falta de presupuestos afectará, otra vez, a nuestros bolsillos y condiciones de trabajo por la no convocatoria de nuevas oposiciones.

Está claro que nos  encontramos en una situación totalmente anómala porque si se prorrogan los presupuestos actuales, que se diseñaron en el verano de 2015  se utilizarán para afrontar el ejercicio 2017, que tiene unas connotaciones económicas y unas necesidades de la Administración totalmente distintas. Esto afectará no solo a las retribuciones de los empleados públicos, sino también a las plantillas; cada vez hay más vacantes por las jubilaciones que se están produciendo.

A pesar de que el Gobierno esté en funciones los decretos Ley pueden dictarse,  lo saben perfectamente en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro, siempre que cuenten con otros grupos parlamentarios para que lo apoyen en el Congreso.

En este sentido, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido claro y ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy que lleve al Parlamento un decreto Ley que permita la actualización de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones para 2017 ya que su formación lo apoyará.

Ante esta propuesta carece de sentido la amenaza más o menos velada de Rajoy en la que avisaba que no podrían actualizar los salarios de los pensionistas y de los funcionarios ante la posibilidad de que unas terceras elecciones paralicen los presupuestos Generales del Estado de 2017.

“Pueden traer a esta Cámara un decreto Ley para actualizarlos y si lo trae el PSOE votará a favor de su convalidación”, ha dicho tras añadir que en caso de que el Gobierno en funciones no apruebe esa normativa el grupo parlamentario socialista presentará una iniciativa para que estos colectivos no se vean perjudicados.

En cualquier caso, hay que recordarle al presidente del Gobierno en funciones que la Administración funciona y funcionará, a pesar de que no haya Gobierno, gracias al trabajo de los empleados públicos que son los que hacen posible que los ciudadanos puedan tener unos servicios públicos que se ocupen de sus necesidades sanitarias, administrativas, judiciales o de seguridad entre otras.

Precisamente para que el ciudadano pueda recibir este servicio se hace necesario una acuerdo entre los grupos políticos que permita la elaboración de los presupuestos generales de 2017 y una oferta de empleo público urgente

Ver Post >
Los fondos de reserva de la Mutua de Funcionarios pierden 1.000 millones en 6 años
img
Marcelino Ollé | 28-06-2016 | 20:34| 0

La ‘hucha’ de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface)  ha sufrido una merma muy importante los últimos seis años, situándose a finales de 2015 en 5,41 millones de euros frente a los 1.143 millones de 2009. Es decir, desde 2009, el remanente de Muface se ha reducido en más de 1.000 millones de euros, momento en el que empezó a decrecer este fondo de reserva.

Así se refleja en la memoria anual de la mutualidad en la que se recoge que el remanente actual de tesorería de la entidad de 5,41 millones de euros es el resultado de la suma de los fondos líquidos (88,3 millones) y los derechos pendientes de cobro (0,56 millones) menos las obligaciones pendientes de pago de la entidad (83,2 millones y los saldos de dudoso cobro (0,25 millones).

Este balance supone una caída muy importante frente a los 29,7 millones de euros con los que contaba Muface en su fondo de reserva en 2014. De hecho, el fondo de reserva de la entidad se ha desplomado de forma continuada desde 2009, cuando ascendía a 1.143 millones de euros.

Estas cifras son preocupantes y ponen en el punto de mira el futuro de la mutualidad a la que se debe garantizar su viabilidad. De hecho, las otras dos mutualidades de funcionarios, Mugeju (Mutualidad General Judicial-Personal al servicio de la Administración de Justicia) e Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), muestran un balance mejor en lo que los números se refiere y no está su futuro, de momento, en entredicho.

Mientras, el número de mutualistas de Muface también está experimentado una fuerte caída situándose en 1.498.098, tanto titulares como beneficiarios, y baja de los 1,5 millones por primera vez desde 1988, según los datos correspondientes a la Memoria de 2015 entidad.

Estos datos son fruto de la evolución a la baja que se viene produciendo desde 2002 (cuando se registró la cifra máxima de titulares y beneficiarios, con un total de 1.615.901) y se debe fundamentalmente al progresivo envejecimiento de las personas adscritas y la congelación de las ofertas públicas de empleo.

Además, desde ese año también se ha producido un cambio en la distribución entre el colectivo de titulares (funcionarios) y los beneficiarios de la póliza (pareja e hijos). Así, mientras hace dos décadas el número de beneficiarios superaba a los titulares (872.944 frente a 740.638), en la actualidad la situación es a la inversa (956.401 titulares, frente a 541.697 beneficiarios).

Esto se debe a que, también como consecuencia del envejecimiento de la población, el número de mutualistas jubilados asciende a 236.372, casi una tercera parte de los titulares, y ya no suelen tener tiene hijos a su cargo.

Ver Post >
El Supremo avala la jubilación de un médico a los 70 años
img
Marcelino Ollé | 15-06-2016 | 11:27| 0

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado contra la jubilación forzosa de un médico a los 65 años, y avala que pueda seguir en el servicio activo hasta cumplir los 70 años debido a su condición de funcionario de carrera.

Esta sentencia del alto tribunal  sienta jurisprudencia  y, entre otros asuntos, considera que obligar a este sanitario a jubilarse a los 65 años infringe el artículo 67.3 de del Estatuto Básico del Empleado Público puesto que el afectado pertenece a la escala sanitaria del Cuerpo Facultativo Superior de la administración especial (médico), por lo que tiene derecho a prorrogar su situación en el servicio activo hasta como máximo los 70 años de edad.

Este auto del Tribunal Supremo, que hace referencia a un médico de La Rioja, se dicta en un momento en el que el Servicio Extremeño de Salud (SES) se encuentra inmerso en un proceso de negociación con los sindicatos de un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos para determinar de qué forma se va a regular la jubilación de los sanitarios que trabajan en Extremadura.

En este sentido, los responsables de esta materia de la Consejería de Sanidad han propuesto que la edad de jubilación pueda prolongarse hasta los 67 años de forma anual, si bien, podría alcanzar a los 70 años de forma excepcional y sólo en aquellos servicios de referencia donde puedan faltar profesionales.

La sentencia del Supremo aunque se refiere a un sanitario de La Rioja sienta jurisprudencia y podría ser tenida en cuenta en cualquier parte del territorio español. Así, se motiva en el auto que a este médico “en su condición de funcionario de carrera no le sería aplicable el III Plan de Ordenación  de Recursos Humanos del SERIS en materia de jubilación, como pretendía la Administración que, además, no ha motivado suficientemente su jubilación”.

El citado III Plan de Ordenación de RRHH del Servicio Riojano de Salud (SERIS), en materia de jubilación y prórroga en el servicio activo para el periodo 2013-2015, determinaba que la jubilación forzosa del personal estatutario fijo de los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Servicio Riojano de Salud para el año 2014 es de 65 años y 2 meses.

Precisamente, este fallo del Tribunal debería valorarse por parte del Ejecutivo extremeño ya que sienta jurisprudencia y más cuando en nuestro país ya existen tres antecedentes en Alicante, Murcia y la de un funcionario de la Universidad de A Coruña lo que abre la posibilidad de otras reclamaciones del mismo tipo que se puedan producir en nuestra comunidad autónoma.

 

 

 

 

Ver Post >
Horario flexible en verano para funcionarios del Estado con hijos discapacitados
img
Marcelino Ollé | 30-05-2016 | 17:43| 0

Los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) que tengan a su cargo hijos con discapacidad intelectual o física podrán acogerse a la modalidad de jornada intensiva desde el próximo 1 de junio y hasta el 30 de septiembre siempre que exista un cambio de horario durante el verano.

Así se recoge en la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones, sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la AGE y sus organismos públicos, para los empleados públicos que tuviesen a su cargo hijos con discapacidad intelectual o física. La aplicación de esta resolución, que será efectiva a partir de este verano, contempla la posibilidad de acogerse a la modalidad de jornada intensiva siempre que exista un cambio de horario en el centro durante el verano o incluso cierre del centro.

La Administración ha confirmado que esta medida será efectiva a partir del 1 de junio de este año pero, además, amplía el ámbito de aplicación no solo a los empleados públicos con hijos menores de 12 años sino también a los que tengan a su cargo hijos con discapacidad cuya edad cronológica sea superior a 12 años. El único condicionante es que el horario del centro cambie y justifique en ese caso la necesidad de acogerse al empleado público a la jornada intensiva.

Esta medida que avanza en la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la flexibilidad horaria, “en el marco de las necesidades del servicio”, contempla otros supuestos además de la jornada intensiva.

Así, esta resolución recoge que los empleados públicos que tengan “a su cargo personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrán disponer de dos horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin de conciliar los horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de educación especial, de los centros de habilitación y rehabilitación, de los servicios sociales y centros ocupacionales, así como otros centros específicos donde la persona con discapacidad reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo.”

Esta modalidad de jornada intensiva,  por tener al cargo hijos con discapacidad intelectual o físico tan solo es de aplicación para los trabajadores públicos del Estado mientras que en la administración dependiente de la Junta de Extremadura y en la Local no se ha avanzado en su puesta en marcha.

Ver Post >
¿Qué funcionarios tienen derecho al 47,8% de la extra pendiente?
img
Marcelino Ollé | 16-05-2016 | 12:01| 0

Los empleados públicos(funcionarios y laborales) de la Administración General del Estado (AGE)  que hayan cambiado de destino desde 2012 deberán reclamar mediante un escrito, dirigido a su órgano de gestión de personal, el abono del 47,8% de la extra pendiente de cobrar. Así se establece en una resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicada en el Boletín Oficial del Estado(BOE).

Una reclamación personal, y por escrito,  que también tendrán que hacer los empleados públicos que se hayan jubilado desde 2012 y los herederos de los que hayan fallecido desde entonces para poder cobrar la cantidad que les corresponda. Estos últimos, según la resolución del BOE remitirán “la petición al órgano de gestión de personal correspondiente conforme al derecho civil”.

También tienen derecho a recibir su parte de la extra aquellos empleados públicos que en la fecha en la que se suprimió esa paga prestaban servicios en AGE pero que posteriormente hayan pasado a prestar servicios en una Administración Pública distinta. Eso sí, están obligados  a presentar el escrito de petición a su actual departamento de personal que se lo comunicará al ministerio, organismo o entidad a la que corresponda hacer el abono.

La disposición del BOE también especifica que tienen derecho al cobro de esta cantidad pendiente los trabajadores de la empresas y entes públicos. El Ejecutivo no se olvida de incluir en la misma orden un apartado  en la que incluye a los Altos Cargos de la época y establece unas “instrucciones” desglosadas en 5 puntos para que opten a ese 47,8% algunos de ellos y al 49,73% otros.

La cuantía de esa cantidad pendiente asciende a unos 700 euros de media por trabajador. En total son 530.000 trabajadores públicos del Estado, de los que 13.000 desarrollan su labor en Extremadura, los que están pendientes de que el Gobierno en funciones liquide en la próxima nómina el dinero adeudado.

Mientras, en el ámbito de las comunidades autónomas, la Junta de Extremadura ya ha abonado  a los empleados públicos que dependen de ella las cantidades pendientes de la extra como también lo han hecho algunos ayuntamientos y las Diputaciones de Badajoz y Cáceres.

Ver Post >
Las elecciones dejan sin fecha las oposiciones del Estado
img
Marcelino Ollé | 03-05-2016 | 18:38| 0

Las 19.121 plazas de la Oferta Pública de Empleo (OEP) estatal para 2016  aprobadas por el Gobierno central el pasado mes de marzo, no podrán ser  cubiertas, como mínimo, hasta muy pasado 2017. Y es que la repetición de las elecciones ha dejado en el aire la convocatoria oficial de las pruebas selectivas que suele hacerse en el mes siguiente al anuncio de la OEP.

En el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los técnicos trabajan pensando en que la convocatoria oficial de las pruebas se realice, en el mejor de los casos, a finales del mes de septiembre, aunque la perspectiva es que se retrase hasta octubre. Con este retraso, los opositores del turno libre y los funcionarios de promoción interna  no tienen posibilidad de preparar los temarios en su totalidad ya que no se sabrá ni el número de temas ni el contenido de los mismos, y mucho menos, la fecha de los exámenes hasta que el nuevo Gobierno esté constituido.

Los exámenes, como muy pronto, empezarían realizarse a partir del mes de febrero de 2017 lo que podría alargar el proceso de superación de las pruebas y adjudicación de las plazas hasta 2018, lo que condicionará también la convocatoria de empleo público del próximo ejercicio.

Cabe recordar que, de esas 19.121 plazas de la OEP, 13.427 son nuevas y 5.694 están destinadas a promoción interna para empleados públicos en activo. La mayoría de las plazas libres se han convocado en los ámbitos de la lucha contra el fraude fiscal y laboral, la Justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o la asistencia directa a los usuarios de servicios sociales.

Esta OEP cubre aproximadamente, el 85% de las plazas de funcionarios que se ha jubilado este año, porcentaje insuficiente teniendo en cuenta el envejecimiento de las plantillas, y la  destrucción de puestos de trabajo acumulada a lo largo de los últimos años de la crisis económica.

No se puede obviar que en los próximos 10-15 años se jubilarán en la Administración General del Estado, Prisiones, Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cerca de 120.000 personas, 26.000  lo harán de de manera inminente al tener más de 60 años.

 

Ver Post >
Próximas oposiciones, pero ¿cuándo?
img
Marcelino Ollé | 18-04-2016 | 11:22| 0

Ahora que se ha aprobado la oferta de empleo público en el ámbito de la Junta de Extremadura es más necesario que nunca que se elabore un calendario de oposiciones que de certidumbre y seguridad jurídica a los opositores. Es necesario que la administración establezca aquellos mecanismos que considere oportunos para que tanto los opositores del turno libre como los de promoción interna sepan a qué atenerse cuando se trata de enfrentarse a un proceso selectivo.

No es de recibo que estos procesos sean distintos dentro de la propia Junta según se trate del ámbito de Administración General,  Sanidad o Educación.

De hecho el que se dé luz verde a la convocatoria de oposiciones no supone que los exámenes se realicen a renglón seguido, baste recordar que aún no se ha resuelto la última convocatoria ya que falta por resolver el turno de ascenso y los exámenes para el personal laboral. Por no hablar de la judicialización a la que están sometidos actualmente algunos procesos selectivos en fase de resolución.

Oposiciones a maestros sin normativa

O más cercano, las oposiciones al Cuerpo de Maestros que se van a celebrar este año están también llenas de interrogantes para los opositores ya que todavía no se han hecho públicos, desde la Consejería de Educación, los anexos sobre el contenido de las pruebas a las que tienen que enfrentarse.

Y es que siendo en pocos meses el examen se desconoce cómo va a ser esa convocatoria ya que no contempla todavía la normativa aplicable, los criterios de evaluación y calificación. Que a dos meses de enfrentarte a una oposición todavía desconozcas como te van a evaluar y con qué criterio origina una incertidumbre que no es necesaria.

Cualquier proceso selectivo debe desarrollarse con los plazos adecuados y habiendo publicado todo lo concerniente a ese proceso selectivo con la mayor antelación y difusión posible.

A este calendario de oposiciones debe sumarse también una convocatoria de empleo público suficiente para cubrir todas las vacantes que existen en la Junta de Extremadura ya que la tasa de temporalidad es muy alta. Los últimos 4 años las tasas de reposición han prácticamente inexistentes con lo que ni siquiera las jubilaciones que se han producido en los distintos ámbitos de la administración regional se han cubierto.

 

 

Ver Post >
Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

Otros Blogs de Autor