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Etiqueta: administración de justicia
Hacienda dice no al horario de las 35 horas
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Marcelino Ollé | 26-10-2015 | 19:24 |0

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha rechazado, de forma contundente,  la vuelta al horario laboral de 35 horas semanales en ninguna administración pública. Una decisión que se ha conocido en una reunión de la comisión técnica, celebrada en Madrid, entre los responsables del ministerio y de los sindicatos de la función pública y en la que se anunció el mantenimiento de las 37,5 horas actuales.

La excusa, según Administraciones Públicas, es que no hay posibilidad de elaborar y aprobar una ley que permita la vuelta al horario de 35 horas. Una argumento idéntico al ofrecido por el Ministerio de Justicia para evitar la devolución de 3 días adicionales de asuntos propios a los funcionarios de esa administración y que se les quitaron, en 2012, de forma arbitraria cuando se trataba de  días de compensación por la falta de mejoras salariales. En este caso, se acogen los responsables ministeriales a que no hay tiempo por la cercanía de las elecciones a introducir cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Hay que recordar que la supresión del horario de 35 horas lo llevó a cabo el Gobierno del Partido Popular en Julio de 2012

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¿Cómo será la devolución de la extra y días libres a los funcionarios?
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Marcelino Ollé | 13-09-2015 | 18:55 |0

“La Administración correspondiente realizará el abono -de la extra- dentro del ejercicio 2015, siempre que su situación económico-financiera lo permita; de no permitirlo, el abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita”. Esta frase extraída del  Boletín Oficial del Estado (BOE), del pasado sábado, es la primera y principal clave en lo que a la restitución de derechos arrebatados a los empleados públicos se refiere.

Sólo los empleados públicos dependientes del Gobierno central tienen asegurado el cobro de parte de la paga extraordinaria correspondiente al año 2012, cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por 100 del importe dejado de percibir.

Otro tanto, ocurrirá con el otro 49,73 por ciento pendiente ya que se contempla que lo cobren los trabajadores del Estado, en dos plazos, a lo largo del ejercicio 2016; el resto de empleados públicos dependientes de la Junta de Extremadura, Ayuntamientos, Diputaciones y Universidad están supeditados a la disponibilidad presupuestaria de cada Administración.

En materia de permisos:

1. Se restituye el sexto día de asuntos particulares en el Estatuto Básico

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Los funcionarios perdieron el 30% de su poder adquisitivo
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Marcelino Ollé | 19-05-2015 | 18:55 |0

 

Los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo del 30 por ciento  de media desde que se inició la crisis, consecuencia de la bajada de sueldo decretada en 2010, la retirada de la paga extra, seis años consecutivos de congelación salarial, y las rebajas retributivas que se han producido en las diferentes administraciones.

Con esos antecedentes y, ante el anuncio de que se va a producir una subida de salarios en el ámbito privado, el Gobierno debe abrir la puerta de negociación a un incremento de sueldo para las Administraciones Públicas. Sería lo oportuno tras conocer que CCOO y UGT y la patronal han cerrado un acuerdo definitivo para la empresa privada con una subida salarial del 1 % para 2015 y del 1,5 % para 2016.

Así, el Ejecutivo Central debería convocar la Mesa General de las Administraciones Públicas y tomar en consideración lo acordado entre sindicatos y empresarios y vincular el crecimiento del PIB a la recuperación de la capacidad adquisitiva de los empleados públicos para que no se queden discriminados y al margen del nuevo ciclo económico.

Es el momento de negociar la recuperación de todos los derechos arrebatados a los

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Cada vez más trabajadores precarios en la Administración
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Marcelino Ollé | 04-05-2015 | 18:54 |0

 

 Las administraciones públicas pretenden cubrir la falta de personal con empleo precario y contratos inferiores a un año. Así se desprende de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que fija un incremento de puestos de trabajo en el sector público de 25.300 personas pero el déficit real es de 349.900 perdidos desde finales de 2011, cuando empezó la sangría en la administración como consecuencia de los ajustes del Gobierno.

Estos datos muestran que este pequeño crecimiento en el empleo público no palia la  tremenda destrucción de tejido humano que se ha producido durante estos años. La administración local, la sanidad o la educación son los sectores en los que la pérdida de empleo ha sido más importante.  Sin olvidar el personal administrativo (sin ir más lejos en las oficinas de empleo), Administración de Justicia o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Todas las administraciones están aumentando la ocupación de sus centros de trabajo con empleo temporal y precario. En total hay 622.500 ocupados con un contrato temporal (21 por ciento). De estos, 213.300 tienen menos de un año de duración y un 62,9 por ciento son mujeres,

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El dinero recaudado en los juzgados, para los juzgados
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Marcelino Ollé | 11-03-2015 | 19:52 |0

Los 512 millones de euros que el Gobierno central, a través del Ministerio de Justicia, ha recaudado gracias al cobro de de las tasas judiciales deben invertirse en la mejora la mejora de la justicia, la ampliación de las plantillas, la interconexión informática  o la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos.

Es una cantidad importante de dinero que debe revertir en la propia mejora de la Administración de Justicia.Ahora no hay excusas, los 512 millones de euros recaudados con estas tasas  se pueden invertir en la mejora de las sedes de los Juzgados y Tribunales. Además, este dinero se verá incrementado  porque las tasas han desaparecido para las personas físicas, pero no para las empresas, que deberán seguir pagando impuestos para acceder a los tribunales.

El Ministerio de Justicia tiene ahora la oportunidad de mejorar el Registro Civil y  abortar su privatización. Hay que profundizar en la modernización de un modelo que viene funcionando razonablemente bien desde hace 145 años con funcionarios de Justicia, y que no cuesta un solo euro al contribuyente. A partir de su privatización, volverán los aranceles.

Todo apunta a que el

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Los funcionarios de Justicia, desconectados del resto
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Marcelino Ollé | 15-10-2014 | 19:57 |0

La existencia de un total de nueve sistemas informáticos distintos en el conjunto de los Juzgados españoles está dificultando el normal funcionamiento de la Administración Justicia. Y lo que es peor, la mayoría de los programas en funcionamiento no cumplen con el test de compatibilidad establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace unos años para permitir a estos programas compartir directamente información.

Actualmente existen nueve herramientas de gestión procesal distintas: una que aplica el territorio dependiente del Ministerio de Justicia (Extremadura), junto con las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Galicia y La Rioja y otras ocho en las comunidades de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Ninguna de las herramientas de gestión procesal está integrada con el resto, de forma que los datos no se pueden compartir de forma directa sino a través de unos registros (Siraj), que tampoco están integrados con los sistemas de gestión procesal, por lo que una vez tramitado el procedimiento, los funcionarios que desempeñan su trabajo en los distintos órganos judiciales tienen

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El Gobierno, obligado a paralizar la privatización del Registro Civil
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Marcelino Ollé | 16-06-2014 | 09:27 |0

La decisión del Ministerio de Justicia para privatizar el Registro Civil tendrá que esperar. La falta de acuerdo con los Registradores de la Propiedad para traspasarles este servicio público ha hecho que se agoten los plazos legales y se tenga que demorar esa privatización.

Así, el subsecretario de Justicia, Juan Bravo,  se ha visto obligado a anunciar que se prorrogará en las próximas semanas la aplicación de la ley aprobada bajo el mandato del Gobierno socialista que desjudicializaba el Registro Civil para entregárselo a  los secretarios judiciales o a los funcionarios de la Administración de Justicia.

No obstante, el subsecretario no ha desvelado a quién encomendará su gestión. Durante estos meses, ha barajado entregar los registros civiles a secretarios judiciales o registradores, a los cuales defiende como funcionarios públicos.

En la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Bravo ha afirmado que el plazo de la entrada en vigor de esta norma, que se cumple el próximo 22 de julio, se prorrogará a través del mecanismo legal oportuno mientras  que ahora el Gobierno del PP estudia un nuevo modelo que gira sobre dos premisas: la gratuidad de

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El Gobierno tendrá que devolver los “canosos” que eliminó en 2012
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Marcelino Ollé | 03-06-2014 | 09:37 |0

Una sentencia más a favor de los empleados públicos que debe hacer recapacitar al Gobierno Central para que devuelva los derechos adquiridos que  hurtó a los funcionarios el 15 de julio de 2012, los días de permiso por antigüedad adquiridos con anterioridad al 15 de julio de 2012, los llamados  “canosos”.

Así, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 6 de Bilbao ha dictado, recientemente, una sentencia en la que ha reconocido en la Ertzaintza el derecho a disfrutar de estos días de permiso. Una decisión que debería extenderse al resto de empleados públicos de todo el Estado aunque, con los antecedentes que existen para la devolución completa de la paga extra a los funcionarios de la Administración de Justicia, tendremos que plantear demandas en los juzgados de cada provincia española para pedir la extensión de la sentencia.

El Ejecutivo central está retrasando, todo lo que puede, con mil argucias legales, el pago de lo que nos quitó de forma ilegal, pero este nuevo fallo judicial le ha dejado sin argumentos para mantener el recorte de esos días.

Este asunto de los “canosos” es igual al caso de la paga extra, que ha hecho que 

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Gallardón sancionará a los funcionarios que no vistan con decoro
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Marcelino Ollé | 21-04-2014 | 08:58 |0

Los funcionarios que incumplan el deber de vestir y comportarse con decoro adecuado a la función que desempeñan serán sancionados. Así lo recoge el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), impulsada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que introduce esa obligación  que será castigada como falta leve si no se cumple.

Esta nueva falta, que vendrá recogida en nuestro régimen disciplinario, si no se modifica durante su tramitación (algo probable, pero que marca lo rancio de una decisión así por parte del departamento que dirige Gallardón), no deja de ser absurda, trasnochada y acorde con otros tiempos. Es una falta extraída de los tratados más rancios de las buenas prácticas en los Tribunales españoles.

El pretender colar en la LOPJ una propuesta así, demuestra, tal y como se señala desde distintos ámbitos, la poca consideración del Ministerio hacia el colectivo de funcionarios de la Administración de Justicia.

Y lo peor, tal y como se apunta desde la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ)  el texto presupone que los jueces sí visten con discreción y de forma adecuada a las funciones que desempeñan,

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El BOE certifica los recortes y el copago en Muface
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Marcelino Ollé | 26-12-2013 | 10:43 |0

El copago farmacéutico para los empleados públicos dependientes de la Mutualidad General de Funcionarios  Civiles del Estado (Muface) ya es una realidad que será efectiva el próximo 1 de enero. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado que ha publicado el concierto suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las entidades de seguro para la prestación sanitaria en Muface a lo largo de 2014.

Este concierto es fruto de la  ruptura unilateral del convenio suscrito con las aseguradoras sanitarias el pasado mes de junio y que se ha saldado con la salida de Sanitas. Los funcionarios tienen el mes de enero para cambiarse a una de las cuatro aseguradoras que se mantienen: Asisa, Adeslas, DVK e Igualatorio de Cantabria.

Así, Muface va a hacer extensivo los recortes que ya se están aplicando o que se van a aplicar en las próximas fechas en la sanidad pública, como es el caso del copago en medicamentos hospitalarios (incluido algunos tratamientos contra el cáncer), el copago en el transporte sanitario no urgente o la reproducción asistida.

En el presente ejercicio, el Gobierno ya recortó en un 22 por ciento las prestaciones a los

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Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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