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Etiqueta: juzgados
Los calendarios de oposiciones bajan el absentismo y los juicios
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Marcelino Ollé | 20-09-2016 | 19:06 |0

Los opositores y los tribunales encargados de examinarlos necesitan un calendario de oposiciones para evitar la judicialización de las pruebas selectivas tal y como ha pasado los últimos años en las de la Administración extremeña. Además, si ese calendario existiera, el absentismo descendería de forma considerable ya que se podría planificar la preparación del temario.

La certeza de saber cuándo te vas a examinar es fundamental para evitar abandonos durante la preparación de una oposición, y además se daría estabilidad a la plantilla de Empleados Públicos en Extremadura.

La falta de una fecha concreta para cada examen desde que se convoca está ocasionando un grave perjuicio a los opositores ya que no se puede olvidar que, salvo casos puntuales, pagan por cada solicitud, por  un temario o  por un preparador. Unos gastos que no pueden alargarse en el tiempo sin motivo alguno.

En este sentido, señalar que no es entendible que una vez publicada la oferta de empleo público se pueda tardar, como ocurre actualmente,  más de dos años o dos años y medio en celebrar los exámenes. Y es que, en Extremadura, en general, los opositores no saben cuándo

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El dinero recaudado en los juzgados, para los juzgados
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Marcelino Ollé | 11-03-2015 | 19:52 |0

Los 512 millones de euros que el Gobierno central, a través del Ministerio de Justicia, ha recaudado gracias al cobro de de las tasas judiciales deben invertirse en la mejora la mejora de la justicia, la ampliación de las plantillas, la interconexión informática  o la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos.

Es una cantidad importante de dinero que debe revertir en la propia mejora de la Administración de Justicia.Ahora no hay excusas, los 512 millones de euros recaudados con estas tasas  se pueden invertir en la mejora de las sedes de los Juzgados y Tribunales. Además, este dinero se verá incrementado  porque las tasas han desaparecido para las personas físicas, pero no para las empresas, que deberán seguir pagando impuestos para acceder a los tribunales.

El Ministerio de Justicia tiene ahora la oportunidad de mejorar el Registro Civil y  abortar su privatización. Hay que profundizar en la modernización de un modelo que viene funcionando razonablemente bien desde hace 145 años con funcionarios de Justicia, y que no cuesta un solo euro al contribuyente. A partir de su privatización, volverán los aranceles.

Todo apunta a

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Los funcionarios de Justicia, desconectados del resto
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Marcelino Ollé | 15-10-2014 | 19:57 |0

La existencia de un total de nueve sistemas informáticos distintos en el conjunto de los Juzgados españoles está dificultando el normal funcionamiento de la Administración Justicia. Y lo que es peor, la mayoría de los programas en funcionamiento no cumplen con el test de compatibilidad establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace unos años para permitir a estos programas compartir directamente información.

Actualmente existen nueve herramientas de gestión procesal distintas: una que aplica el territorio dependiente del Ministerio de Justicia (Extremadura), junto con las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Galicia y La Rioja y otras ocho en las comunidades de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Ninguna de las herramientas de gestión procesal está integrada con el resto, de forma que los datos no se pueden compartir de forma directa sino a través de unos registros (Siraj), que tampoco están integrados con los sistemas de gestión procesal, por lo que una vez tramitado el procedimiento, los funcionarios que desempeñan su trabajo en los distintos órganos judiciales

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El Gobierno tendrá que devolver los “canosos” que eliminó en 2012
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Marcelino Ollé | 03-06-2014 | 09:37 |0

Una sentencia más a favor de los empleados públicos que debe hacer recapacitar al Gobierno Central para que devuelva los derechos adquiridos que  hurtó a los funcionarios el 15 de julio de 2012, los días de permiso por antigüedad adquiridos con anterioridad al 15 de julio de 2012, los llamados  “canosos”.

Así, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 6 de Bilbao ha dictado, recientemente, una sentencia en la que ha reconocido en la Ertzaintza el derecho a disfrutar de estos días de permiso. Una decisión que debería extenderse al resto de empleados públicos de todo el Estado aunque, con los antecedentes que existen para la devolución completa de la paga extra a los funcionarios de la Administración de Justicia, tendremos que plantear demandas en los juzgados de cada provincia española para pedir la extensión de la sentencia.

El Ejecutivo central está retrasando, todo lo que puede, con mil argucias legales, el pago de lo que nos quitó de forma ilegal, pero este nuevo fallo judicial le ha dejado sin argumentos para mantener el recorte de esos días.

Este asunto de los “canosos” es igual al caso de la paga extra, que ha hecho que 

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El Constitucional admite nuevos recursos contra la retirada de la paga extra
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Marcelino Ollé | 23-09-2013 | 09:30 |0

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite tres nuevas cuestiones de inconstitucionalidad contra la retirada de la paga extra a los empleados públicos la pasada Navidad, planteadas por la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y un juzgado de lo contencioso administrativo de Tarragona.

El que el TC haya considerado apropiado admitir estas causas abre la puerta a una leve esperanza para recuperar esa paga del 2012. Sin embargo, fijándonos en sentencias judiciales sobre recursos presentados en distinto ámbito de las tres administraciones, central, autonómica y local, lo que podría esperarse  es cobrar los  días devengados de la extra de Navidad (44 días los funcionarios y 16 días, los laborales).

El camino lo han abierto ya distintos juzgados e incluso ayuntamientos. Así, por ejemplo, en Palencia el  juzgado de lo contencioso Administrativo número 1 dictó una sentencia  firme el pasado 29 de mayo donde se da la razón a una funcionaria de la Diputación. Se da la circunstancia de que esta fue la primera sentencia favorable a un funcionario. Tras ésta vinieron otras dos el mes de Julio en Teruel y Valencia

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¿Cómo afectará la reforma de Gallardón al empleo en Justicia?
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Marcelino Ollé | 01-07-2013 | 10:54 |0

Mientras desde el Tribunal Superior de Justicia en Extremadura (TSJEx) se piden más Juzgados y Funcionarios para el buen funcionamiento de este servicio básico y gratuito, desde el Gobierno central se piensa en todo lo contrario a tenor de la reforma que se está preparando de la Ley de Demarcación y Planta.

Una reforma que amenaza con suprimir el 26 por ciento del empleo público en la Administración de Justicia. Sólo en Extremadura se ponen en peligro unos 250 puestos de trabajo y 12.000 en todo el Estado. Y todo gracias a la futura eliminación de los Juzgados de Paz o a la privatización del Registro Civil a favor de Notarios, Registradores y Procuradores.

Es complicado entender una reforma que va alejar a la Justicia del ciudadano al optar por la supresión de los juzgados y agrupaciones de paz y  el cambio del mapa judicial al reformar la distribución de los partidos judiciales.Con estas medidas los habitantes de  pueblos y de zonas rurales lo tendrán muy difícil para acceder a la Justicia.

Con la privatización de distintos servicios, que hasta hoy son gratuitos, desaparecerá  el derecho universal a la tutela judicial efectiva convirtiéndose en un

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Los funcionarios siguen pagando más por recurrir
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Marcelino Ollé | 25-02-2013 | 12:32 |0

La reforma de la Ley de tasas, que ha anunciado el Gobierno, recoge muchas de las reivindicaciones ciudadanas de las últimas semanas, pero no todas las que afectan a los empleados públicos que volvemos a ser discriminados con respecto al resto de trabajadores por los responsables del Ministerio de Justicia.

Las modificaciones introducidas por el ministro Gallardón no pasan de ser muy tímidas en materia de función pública. Es verdad que  en el  orden Contencioso los funcionarios no pagaremos tasas cuando actuemos en defensa de nuestros derechos estatutarios y tendremos  una exención del 60 por 100 en la cuantía de la tasa que nos corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación.

Sin embargo, y aquí está el meollo de la cuestión que más nos afecta, las cuantías fijas de la casación y la apelación no han sido modificadas y siguen siendo más altas que la suplicación y casación del orden social que es por lo que se rigen el resto de trabajadores. Así, los funcionarios seguimos pagando más por recurrir: 120 euros y 180 euros más respectivamente. 

Tampoco se  modifica el régimen de postulación que nos fue arrebatado

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Sobre el autor Marcelino Ollé
Periodista (Universidad Autónoma de Barcelona) y Funcionario de la Administración de Justicia. En Twitter: @MarcelinoOlle

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