Muface penalizará a aquellas aseguradoras que incumplan el concierto sanitario pactado para los funcionarios. Así lo ha asegurado el director general de la Mutualidad, Gustavo Blanco, que añade que también serán apercibidas las que no garanticen el acceso a los medios asistenciales y a las que vulneren el principio de continuidad asistencial para los pacientes en tratamiento con patologías graves.

Con esta decisión, los responsables de Muface, tras las quejas de los funcionarios, pretenden evitar  que los recortes que ha sufrido la mutua obliguen a los trabajadores públicos con enfermedades severas a cambiar de médico y hospital en 6 meses (un año en el caso de los pacientes con cáncer o enfermedades psiquiátricas).

Esta respuesta de la mutua se ha producido en el marco de la reunión del Consejo General de esta entidad, celebrado hace unos días,  en el que los responsables de Muface negaron que exista una situación de desprotección total, pero admite la evidencia de las quejas individuales, y aseguró que serán atendidas para subsanar la situación.

En este sentido, destacar que ha sido la contención del gasto que ha realizado el Ministerio de Hacienda a esta mutualidad la que ha propiciado que las aseguradoras privadas con las que tiene concierto recorten sus cuadros médicos y servicios sanitarios. Así, en Madrid y Barcelona  salen del cuadro asistencial los hospitales del grupo HM (Montepríncipe, Valle de Suchil, Torrelodones, Sanchinarro y Puerta del Sur) y en los del grupo Quirón (Pozuelo, San Camilo, San José y la Clínica Quirón en Barcelona).

En Extremadura, se han reducido también horarios de atención médica en las clínicas privadas concertadas así como el número de profesionales disponibles. Y lo que es peor, la atención de urgencias médicas en ciudades pequeñas y medias como Mérida quedan suprimidas entre las 22,00 horas y las 8,30 de la mañana.

Desde principio de este año, los recortes en las mutuas de funcionarios (Muface, Isfas y Mugeju) han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros, como consecuencia de la reducción de la oferta hospitalaria y de los cuadros médicos.

No hay que olvidar que si los funcionarios deciden trasladarse a la Seguridad Social, el sistema tendría que asumir de golpe al menos a 1,5 millones de personas (de las tres mutualidades: Muface, Mugeju e Isfas) y se generaría una situación que insostenible.