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Ángela Murillo

Mis líos legales

Señor alcalde, indemnice este esguince

Un juzgado de Badajoz acaba de dar la razón a un ciudadano que sufrió un accidente de motocicleta debido al agua acumulada en la calzada. El charco que provocó la caída se formó por el exceso de riego de los aspersores en una rotonda de la carretera de circunvalación. Este mal funcionamiento acarreó un perjuicio al ciudadano que reclamó una indemnización sin respuesta favorable del Consistorio. De modo que finalmente el caso llegó a los tribunales y ahora una sentencia obliga al Ayuntamiento a indemnizarle con 22.000 euros  en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración.

Al hilo de esta sentencia, explicaré los pasos a seguir si sufrimos un caso similar. Cuando la Administración causa un daño en nuestros bienes o derechos, ya sea intencionadamente, por error o simplemente en el desarrollo normal de su actividad, nace el derecho a ser compensados económicamente. Para ello tendremos que reclamar y probar que hay relación causa-efecto entre la acción u omisión de la Administración y nuestro daño.

Esta obligación de reparación por los organismos e instituciones públicas recae sobre cualquier tipo de administración: ayuntamiento, Junta de Extremadura, Diputación provincial o Administración General del Estado. Por supuesto, no se salvarán de indemnizar por los daños que causen los organismos autónomos y empresas públicas dependientes. Es un derecho reconocido en la Constitución Española. En su artículo 106.2 establece que “los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que  sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

Pero no es fácil que la Administración nos dé la razón a la primera pataleta. A veces incluso habremos de llegar a los tribunales contencioso-administrativos. En todo caso, para tener derecho a una indemnización tendremos que probar la relación de causalidad entre el daño y la acción o inacción de la Administración. Por ejemplo, si me he roto una pierna en una zanja sin señalizar, o sufro un accidente provocado por la avería de un semáforo, tendré que presentar partes médicos, fotografías, testigos…que lo prueben.

¿En qué casos podemos reclamar?

No hay un catálogo de daños cerrado. La casuística puede ser infinita, afectando tanto a bienes materiales como a nuestra integridad física. Desde una fatídica rotura de pierna por una alcantarilla mal colocada, hasta un desconchón en la fachada de nuestra casa por el paso accidentado del camión de la basura.

¿Cómo nace el dereccho a la indemnización?

Evidentemente, tiene que haber lesión real , no potencial, en nuestros bienes o derechos.

Y el perjuicio debe ser cuantificable económicamente. En nuestra reclamación  tendremos que proponer la cantidad consideramos nos corresponde para ser resarcidos de forma suficiente.

El daño debe ser  individualizable, es decir que pueda identificarse con una persona o grupo determinado.

También ha de poder ser atribuible a la Administración. Para ello habremos de identificar el organismo al que creemos que compete la reparación.

Y por último, debe  existir una relación causa-efecto entre la conducta administrativa y el daño alegado. Exige la presencia de una conexión entre la actividad del organismo público y el daño, pudiendo darse diferentes situaciones en las que exista parte de culpa por el ciudadano, lo que no excluye el deber de indemnizar de la Administración, aunque sí supone una reducción en la cuantía indemnizatoria. También puede mediar culpa de un tercero, circunstancia que tampoco exime a la Administración de su responsabilidad.

¿Qué hago para reclamar mi derecho a una indemnización?

No podemos acudir directamente a los tribunales. Antes habremos de agotar la vía administrativa. Para ello plantearemos un escrito ante el organismo que creamos responsable del daño. No hay un modelo único. Aquí podéis echar un vistazo al formulario de la Junta de Extremadura. Se ha de presentar en el registro, donde nos sellarán el escrito con la fecha de presentación. El procedimiento administrativo de reclamación se inicia con su presentación.

Además de identificar a la persona que sufrió la lesión -indicando un domicilio para notificaciones-, habrá que especificar el daño, la relación de causalidad entre éste y el funcionamiento del servicio público, así como la evaluación económica de los daños.

Es vital aportar suficientes elementos de prueba. Para ello debemos adjuntar cuantos documentos y medios probatorios tengamos a nuestro alcance. Por ejemplo, si el daño estuvo causado por mal estado del pavimento, serán de gran utilidad fotografías, atestado de la policía y testigos, así como documentos que prueben el daño consecuencia del mal estado del pavimento o aceras, bien mediante parte médico, parte de urgencias y certificados de rehabilitación. Junto al escrito de reclamación presentaremos esos documentos, que deberán ir enumerados en el mismo escrito. Al mismo tiempo, podemos utilizar el escrito para proponer a la Administración competente medios de pruebas.

¿Quién puede iniciar el procedimiento?

Puede comenzar a instancia de parte o de oficio, es decir puede ser la propia administración la que inicie del de responsabilidad patrimonial. En este caso nos darán plazo para formular alegaciones. Este es uno de los escenarios más favorables, ya que se esta reconociendo que algo de responsabilidad tiene.

¿Cuándo prescribe el derecho a reclamar?

El plazo máximo para reclamar es de un año desde que se produjo el hecho o desde que se manifiesten los efectos lesivos. Si estos daños tienen carácter físico o psíquico, el plazo empieza a computarse desde que se produce la curación o desde el momento en el que se determine el alcance de las secuelas.

¿Qué ocurre si la Administración no me da la razón?

Una resolución o el silencio ponen fin a la vía administrativa. Si no hay respuesta ni pronunciamiento expreso, la solicitud de indemnización debe entenderse desestimada. Contra la resolución que pone fin a la vía administrativa, caben dos opciones: recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que corresponda, en el plazo de dos meses El recurso de reposición se plantea ante el órgano administrativo competente. En Extremadura, según el art. 134 de la Ley 1/2002, del Gobierno y de la Administración de Extremadura, será competente el consejero respectivo cuando la cuantía de la indemnización no supere los 601.012,10 euros. A partir de esa cantidad resolverá el Consejo de Gobierno. La otra opción es recurrir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. Donde habrá que esperar la última palabra del juez.

 

Ángela Murillo
Periodista de HOY.es y licenciada en Derecho
amurillo@hoy.es

Un espacio para resolver dudas jurídicas y ejercer sin engorros nuestros derechos.

Sobre el autor

Soy redactora del Diario HOY desde 2004 y actualmente trabajo en la edición digital. Soy licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Con 'Mis líos legales' trato de resolver las dudas jurídicas más básicas, las que nos asaltan a todos en el día a día.


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