Es tan asombroso dimitir en España que algún personaje público ha convertido ese descabalgamiento en su mayor timbre de gloria, en lo más relevante de su trayectoria histórica. Muchos estudiantes de Secundaria lo único que sabrían decir de Nicolás Salmerón es que renunció a la presidencia de la I República por no firmar una sentencia de muerte, y de Francisco Pi y Margall, su predecesor en el cargo, que también dimitió porque el cantonalismo minaba sus ideales federalistas. Ambos casos en el siglo XIX. En nuestros días, exceptuando el edificante gesto del señor Camps –que se ha resistido como gato panza arriba a ofrecer ese «sacrificio por España»– las dimisiones en el ámbito político prácticamente se reducen a las de Antonio Asunción, que renunció al cargo de ministro de Interior tras la estrepitosa fuga de Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil, y la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tras haber participado en una montería junto al juez Garzón y para la que no contaba además con la licencia de caza andaluza. Aunque a los dos ex ministros les quede mucho futuro en la política, una cosa es segura: pasarán a la historia por haber asumido una culpa y deslizarse al panteón de los dimisionarios. Gente rara.

No sé si el Diccionario Biográfico Español o cualquier otra obra similar podrán cuantificar alguna vez el número y la filiación política de nuestros dimisionarios. Yo creo que han sido algo más abundantes en la izquierda que en la derecha, considerando el tiempo, claro está, que han gobernado en los últimos ciento cincuenta años los de un signo político y los del otro.

Seguro que Camps no lee a Machado.