El diario \u2018Abc\u2019 public\u00f3 el pasado mi\u00e9rcoles una encuesta seg\u00fan la cual el 80% de los espa\u00f1oles son partidarios de mantener en el C\u00f3digo Penal la figura de la prisi\u00f3n permanente revisable para delitos de asesinato con circunstancias agravadas, tales como que la v\u00edctima sea menor de edad o especialmente vulnerable; que haya sido violada por su asesino, o cuando el crimen sea de lesa humanidad o genocidio… Quien haya sido condenado en aplicaci\u00f3n de ese art\u00edculo es sentenciado, en principio, a una cadena perpetua (la prisi\u00f3n permanente), cuyos efectos se revisar\u00e1n a partir de los 25 a\u00f1os en prisi\u00f3n si el juez lo permite. Cabe se\u00f1alar que el C\u00f3digo Penal, antes de que se introdujera la prisi\u00f3n para siempre, ya contempla la reclusi\u00f3n por hasta 40 a\u00f1os, es decir, 15 a\u00f1os m\u00e1s que el tiempo m\u00ednimo a partir del cual un condenado a prisi\u00f3n permanente puede obtener la libertad. Es te\u00f3ricamente posible, por tanto, que alguien condenado a prisi\u00f3n permanente revisable obtenga la libertad con un tiempo de c\u00e1rcel menor que otro al que se le aplique el tope m\u00e1ximo de los 40 a\u00f1os. Lo que quiero decir es que el fondo de la cuesti\u00f3n que se est\u00e1 ventilando aqu\u00ed no son los a\u00f1os de condena efectiva, sino que nuestro C\u00f3digo Penal incluya, o no, la c\u00e1rcel de por vida.<\/p>\n
La encuesta de \u2018Abc\u2019 se ha publicado en el momento m\u00e1s oportuno: cuando el Congreso tiene pendiente de discutir si se deroga o no esa figura, que introdujo Alberto Ruiz Gallard\u00f3n con los exclusivos votos de su partido, y cuando los familiares de v\u00edctimas que han sufrido asesinatos particularmente atroces y de gran impacto en la opini\u00f3n p\u00fablica, como los de Diana Quer, Mari Luz, Marta del Castillo, Ruth y Jos\u00e9\u2026 piden conjuntamente desde la plataforma Change.org que se mantenga la prisi\u00f3n permanente revisable, para lo cual ya han logrado m\u00e1s de 1.300.000 firmas de apoyo.<\/p>\n
Es f\u00e1cil entender el dolor y la desesperaci\u00f3n de estas personas; y que, por ello, encuentren m\u00e1s consuelo cuanto m\u00e1s duro sea el castigo. Pero el Estado no puede admitir que sean las v\u00edctimas de los delincuentes las que marquen el alcance de la justicia porque si lo hace estar\u00e1 admitiendo tambi\u00e9n la privatizaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal, que es el marco coercitivo definido por la sociedad en su conjunto y no por determinados grupos de presi\u00f3n. Y sobre todo porque un Estado que consagre la libertad, junto a la vida, como el bien jur\u00eddico m\u00e1s alto y, por tanto, m\u00e1s sujeto a protecci\u00f3n, no deber\u00eda dejar que por cualquiera de sus rendijas se cuele la negaci\u00f3n de la esperanza en la reinserci\u00f3n. Si una sociedad renuncia \u2013y, sobre todo, como este caso, lo hace de antemano– a recuperar para la vida ciudadana incluso al peor de sus miembros, inmediatamente deja de cumplir uno de sus destinos m\u00e1s honorables: el de ser espacio de redenci\u00f3n. Soy pesimista porque me da la sensaci\u00f3n de que poco a poco, casi sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en un Estado desalmado, que lo mismo condena a gente a que siga presa de por vida que niega a otras asistencia sanitaria por el aquel de que no ha nacido aqu\u00ed. El humanismo que alumbr\u00f3 el Estado de derecho parece ser una antigualla.<\/p>\n
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