Por Rocío Romero

Borja vive en un bloque de 20 pisos y solo cinco de ellos están ocupados. Abre la ventana de su salón y cuenta 120 chalés adosados cerrados a cal y canto. Les prometieron un colegio, que todavía no está construido, y un centro de salud, que está terminado desde hace un año y que aún no ha abierto. Rápidamente desglosa los servicios que tiene Cerro Gordo, donde ya viven más de 5.000 personas: una panadería, un ultramarinos, una tienda de chucherías, una parafarmacia y una peluquería. Queda un bar abierto. La otra taberna ha cerrado por segunda vez.

Hace más de tres años que se trasladó a un piso de 120 metros cuadrados con la ilusión de mudarse a una zona nueva de la ciudad, con vecinos jóvenes, piscinas y zonas verdes. Hoy, sin embargo, por las mañanas apenas ve paseantes. Sus vecinos se levantan y se van a trabajar. Solo los que tienen hijos salen por las tardes a los parques.

Cerro Gordo representaba un símbolo. El de una gran empresa extremeña que se lanzaba a construir un barrio completamente nuevo capaz de albergar la misma población que los Santos de Maimona y, también, el de una Administración regional que buscaba dar facilidades a los jóvenes para acceder a su primera vivienda. Años después, Joca, como muchas otras empresas del sector, ha caído. Y ningún político entona el ‘mea culpa’. El resultado es que hay vecinos cansados de un barrio en el que no existe ni un supermercado ni una sucursal bancaria y que no pueden plantearse vender su casa porque, además de que hay otros muchos en venta y sin estrenar, los bancos quieren deshacerse de los nuevos por un precio bastante inferior al que estos vecinos compraron. Hay residentes que firmaron una hipoteca de 150.000 euros por un piso de 120 metros cuadrados, con plaza de garaje, piscina y trastero. El mismo piso, hoy embargado por el banco, está a la venta por 94.000 euros.

“Si estuviera habitado sería bonito. A veces parece un barrio muerto”, hablan sus vecinos.