Por Evaristo Fernández de Vega

Hace ocho años tuve que viajar a Barcelona. La primera opción fue el avión, pero me pedían más de 400 euros por el viaje de ida. ¿Solución? Autobús hasta Madrid y tren a Barcelona: madrugué mucho, hice un viaje interminable y, después de llegar, tardé un día en recuperarme del cansancio.

El otro día le conté esa experiencia a un amigo y terminamos hablando de pasajes. «Yo volaría a Barcelona si el billete de ida y vuelta desde Badajoz costara 30 euros», me dijo convencido.

Aquella conversación me hizo reflexionar: ¿es posible que una compañía aérea pueda volar a Barcelona por ese dinero? Si en Sevilla y en Lisboa lo consiguen, por qué no en Badajoz.

Una política de precios ‘low cost’ abarata mucho las cosas. Entre otras razones, porque optimiza al máximo los recursos. Pero vender barato incluye en no pocas ocasiones tomar decisiones controvertidas: sueldos más bajos, menos protección social, tributación en países donde se cobran menos impuestos…

El año pasado se supo que la principal empresa textil española hacía sus ventas por internet desde Irlanda para pagar menos impuestos. El tipo impositivo allí es del 12,5% mientras que en España oscila entre el 18 y el 24%. Eso significa que en cada venta se gana hasta un 12% más si la empresa se domicilia en el país anglosajón.

Trabajar en ‘low cost’ exige tomar medidas de ese tipo. Y en ocasiones es casi obligatorio si se quiere ser viable. Pero también tiene contraindicaciones serias: los puestos de trabajo suelen ser más precarios; los despidos, más frecuentes; y las condiciones laborales, más duras.

A todo eso se añade el daño que provoca la fuga de empresas. Si tributan en Irlanda, ayudan a financiar los servicios que allí se prestan (sanidad, educación, jubilaciones…) pero nada dejan en España.

Precios ‘low cost’, empleados ‘low cost’, servicios públicos ‘low cost’… Todo suele ir en el mismo paquete. Si algo es tan barato, alguna razón habrá.