EVARISTO FERNÁNDEZ DE VEGA | Escribir en un periódico tiene momentos felices, pero también obliga a ponerse en el lugar de personas que sufren angustias terribles. Es lo que me ocurrió cuando entrevisté a Felisa Mora, una vecina de Mérida que lleva 43 años buscando a su hija primogénita.
El alumbramiento se realizó en un hospital vasco en 1969, cuando los tiempos eran más oscuros, y aunque dio a luz a una niña preciosa, se la arrebataron de sus brazos para llevarla a la incubadora. Le dijeron que murió y nunca más volvió a verla. «Ahora me pregunto por qué no removimos entonces», me confesó Felisa entre lágrimas.
Cuatro décadas después, esta mujer sigue empeñada en saber la verdad. Pero el tiempo ha transcurrido y su caso, como el de tantas otras familias, sólo podrá esclarecerse si los testigos de aquellos hechos confiesan lo que sucedió realmente.
En la provincia de Badajoz hay once familias en la misma situación. Todas están convencidas de que alguien les robó su tesoro más preciado, pero sólo las más afortunadas tendrán la oportunidad de comparar su ADN con el de los restos a los que dieron sepultura muchos años atrás.
Para Felisa, esa opción está vedada. En el cementerio de San Sebastián no hay rastro de su hija, tampoco en el hospital, y sólo un milagro podría hacer que se reencontraran antes de irse a la tumba.
Ante un padecimiento de este tipo, sólo cabe pedir a la justicia que sea ágil en la investigación. En Badajoz ya hay dos familias que pueden descansar tranquilas tras comprobar que los restos que les entregaron corresponden a los de sus verdaderos hijos. Resultados así justifican el gasto en medios personales y técnicos que hace la sociedad para esclarecer unos hechos que merecen el castigo máximo.

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