La dehesa aporta una serie de beneficios ambientales, económicos y sociales no reconocidos plenamente hasta ahora por el mercado ni por la UE. La sostenibilidad de estas explotaciones agrosilvopastoriles debería constituir un criterio adicional en la percepción de ayudas en el marco de la Política Agraria Común (PAC). Esta es la propuesta del estudio publicado en la revista científica Ecological Economics por expertos de la Escuela de Ingenieras Agrarias de la UEx, a la luz de la reforma actual de la PAC

 Las sucesivas reformas de la PAC han generado una desigual distribución de las ayudas que generalmente han ido hacia las explotaciones más intensivas en detrimento de aquellas con carácter más sostenible. Por ello, el objetivo de los investigadores de la UEx ha sido estudiar la sostenibilidad de los sistemas agroforestales españoles como criterio de condicionalidad para la obtención de subsidios en el marco de la PAC.

De acuerdo con las conclusiones del estudio, las explotaciones más diversificadas son las más sostenibles, y por ello, son las más idóneas para ser elegibles en un hipotético sistema de condicionalidad de las ayudas ligado a criterios de sostenibilidad. Hoy, la condicionalidad de las ayudas de la PAC no hace referencia explícita a la sostenibilidad sino a los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que debe cumplir el agricultor para la percepción de los pagos directos (Art. 3 del R (CE) n º 1782/2003).

La metodología que ha permitido esta conclusión se ha inspirado en los tres criterios que miden la sostenibilidad, el económico, medioambiental y social. Los atributos asociados a estos tres aspectos fueron a su vez cinco: adaptabilidad del sistema; autogestión o la capacidad para regular y controlar sus interacciones con el exterior; equidad social o capacidad del sistema para distribuir de manera justa los beneficios y costes;  estabilidad; y por último, productividad o rendimientos y ganancias. De acuerdo con esos atributos, se definieron una serie de indicadores de sostenibilidad que aportan información clave sobre el sistema en cuestión desde un punto de vista económico, social y ambiental. Asimismo, se establecieron una serie de criterios para la transformación de los valores originales de los indicadores en índices de sostenibilidad de carácter porcentual, que se aplicaron a cada una de las 69 explotaciones encuestadas.

Las explotaciones (ganaderas, agrarias y forestales) más diversificadas como la dehesa, son más sostenibles en función de los índices elaborados, y por tanto, estarían en la mejor posición. Los sistemas mixtos (vacuno-ovino-porcino) fueron los más rentables y sostenibles, presentan los indicadores económicos promedios más elevados, y también las mejores puntuaciones en cuanto a productividad, adaptabilidad, estabilidad y equidad.

El propósito de la investigación, según Juan Agustín Franco, investigador de la UEx, es también promover el cambio de  “la cultura de la subvención” a la cultura de los ingresos, de iniciativa económica, es decir, se trataría de retribuir un servicio que la dehesa está aportando a la sociedad. La mayoría de los expertos consideran la dehesa como un  bien público ambiental de interés general, que se debe proteger y apoyar desde las instituciones europeas. Así, el estudio enumera los múltiples beneficios de la dehesa, (…) “contribuye al desarrollo rural, previene el abandono de tierras, impulsa la protección de ecosistemas naturales, promueve la  biodiversidad, contribuye a mejorar la gestión de recursos hídricos, mitiga el cambio climático por medio del control de los procesos erosivos, y permite sostenibilidad de proceso productivo a largo plazo”.

La propuesta de reforma de la PAC, publicada por la Comisión Europea en octubre 2011, fija como objetivo a partir de 2013, “una gestión sostenible de los recursos naturales al fomentar prácticas productivas que garanticen y mejoren el suministro de bienes públicos ambientales y ayuden a paliar el cambio climático” (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm). La propuesta está siendo debatida en al actualidad en el seno de las instituciones comunitarias, y se espera que la legislación resultante entre en vigor a partir de 1 de enero de 2014.

Esta investigación ha sido publicada en la revista Ecological Economics, y se enmarca dentro de las tesis doctorales de Paula Gaspar (Proyecto de la Junta de Extremadura: “Caracterización técnica y económica de los sistemas extensivos”) y Juan Agustín Franco (Proyecto del MEC: “Valoración económica de la erosión”).