Encinas centenarias arrancadas en Extremadura.

La sequía es una característica normal y estructural de nuestro clima, por tanto, su regulación a través de normas jurídicas excepcionales y de urgencia no está justificada.

Una de las funciones del ordenamiento jurídico es proporcionar seguridad y estabilidad a largo plazo en el empleo de los recursos naturales, promoviendo una gestión racional y eficiente. Para ello, es fundamental que la legislación se inspire y encuentre su motivación en aquellos aspectos que gozan de amplio consenso científico. En el caso concreto de la sequía, la simbiosis entre el concepto legal y científico no es completa.

De acuerdo con el artículo publicado en la Revista de Administración Pública por el profesor Pedro Brufao Curiel del área de Derecho Administrativo de la UEx, la comunidad científica considera la sequía como normal y consustancial en muchos de los climas del planeta, entre ellos los propios del territorio español, incluso de la llamada España húmeda. Así lo avalan estudios promovidos por la Real Academia de Ciencias Exactas y Naturales y la Fundación Marcelino Botín, dirigida por el experto Manuel Ramón Llamas Madurga.

A pesar de no existir un concepto unívoco de sequía (meteorológica, hidrológica, agrícola e incluso psicológica),  existe acuerdo científico sobre el carácter propio y recurrente en el clima mediterráneo y atlántico, es decir, la sequía es una característica “normal”.

Su carácter cíclico sí varía según el lugar geográfico.  Sin embargo, el autor critica la práctica frecuente de la administración pública de regular las sequías a través de decretos leyes destinados a reglamentar situaciones anormales y excepcionales. Si la sequía no es una situación extraordinaria su regulación por medidas de urgencia no está justificada. De acuerdo con Pedro Brufao “las sequías se tratan de manera excepcional y acientífica, lo que promueve resultados de ineficacia y despilfarro de recursos públicos, así como de no pocos casos de irregularidades y corruptelas”. Numerosas obras públicas e infraestructuras se han llevado a cabo al amparo de estos decretos leyes.

Por cuestiones históricas nuestro derecho de aguas se basa en la satisfacción del consumo, no de la demanda.  Las conclusiones del estudio sostienen la promoción de una gestión de la demanda que integre el coste real del agua, la eliminación de los cultivos ilegales y de todos aquellos regadíos ineficientes.

La inclusión en el precio del coste real del agua, los costes ambientales y el control de los consumos ilegales actuaría como motor de eficiencia. Son necesarios a su vez, planes de gestión de la sequía a largo plazo que dispongan medidas preventivas y de adaptación. Los planes actuales especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía (PES) no integran lo suficiente medidas preventivas, ya que se aplican cuando estamos en fase de pre-alerta.

La buena gestión de las aguas subterráneas es otra asignatura pendiente. De acuerdo con los datos de la Fundación Marcelino Botín el uso de las aguas subterráneas cuadriplica la eficiencia de las aguas superficiales públicas. Con una misma unidad de agua se produce cuatro o cinco veces más de producción y además son más baratas. No obstante, el profesor Brufao  pone de manifiesto el escaso control de las aguas subterráneas. A título de ejemplo, el WWF denunciaba en junio de 2011 la existencia de unos 2.000 pozos ilegales en Doñana, frente a 550 legales. El uso ilegal del agua en Doñana consume el 90% de la recarga de los acuíferos que nutren los arroyos y el humedal. Según el informe “El uso ilegal del agua en España. Causas, efectos y soluciones”,  del Fondo Mundial de la Naturaleza, WWF, (2006), en la cuenca del Tajo, solo en la provincia de Madrid, la propia Confederación Hidrográfica estimaba en 18.600 los pozos ilegales, frente a los 4.400 en regla.

Por su parte, la Directiva Marco del Agua (DMA) trata las sequías excepcionales cuando son muy graves y obliga a los estados a realizar planes de gestión hidráulica de acuerdo con las características naturales de los ecosistemas para lograr un buen estado ecológica de las aguas.  Pedro Brufao subraya que la última sequía grave entre 2007 y 2009 no conllevó problemas de abastecimiento, y se respetaron las excepciones europeas para los cumplimientos de los niveles de contaminación, biodiversidad y buen estado ecológico de las aguas.

“Con buenos planes de gestión de la demanda y de las aguas subterráneas, las sequías dejarían de ser una fatalidad”, puntualiza Pedro Brufao, que concluye “hay que adaptarse a las sequías con criterios de eficiencia, legalidad y transparencia”.

En este sentido,  es criticable también el papel de los medios de comunicación por sus informaciones alarmistas, parciales e incompletas de las sequías, sólo proporcionan datos de las aguas superficiales, sin tener en cuenta otras variables como el mercado diario de la energía hidroeléctrica y la excesiva capacidad de muchos pantanos.

El artículo completo se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.iagua.es/noticias/legislacion/12/05/03/el-regimen-juridico-de-las-sequias-por-pedro-brufao-curiel-16650