Ahora todos los cementerios en Extremadura son gestionados por los ayuntamientos.

¿Estamos preparados para que una empresa privada empiece a gestionar el cementerio municipal de nuestro pueblo o ciudad? Algunos ayuntamientos empiezan a plantearse dar entrada a operadores privados en la gestión de servicios como éste, hasta ahora tradicionalmente públicos, y conviene que los ciudadanos y las empresas empecemos a prepararnos para cuando llegue ese momento.

Ya no cogerá a nadie por sorpresa que se avecinan cambios profundos en la configuración de nuestra administración local (municipios, mancomunidades y diputaciones provinciales), y que ésta difícilmente volverá a ser como la hemos conocido.

El proyecto de reforma de la administración local que maneja el Gobierno contiene, entre otras modificaciones importantes, una dirigida intención de asegurar que los servicios locales se presten de forma económicamente estable, sostenible y eficiente, para taponar la sangría de déficit que muchos de ellos han venido originando en las arcas municipales.

En un territorio como el extremeño, donde somos capaces de contar con las manos el número de municipios con población superior al límite de 20.000 habitantes que la reforma marca como clave, es altamente probable que muchos servicios, como el de Cementerios, sean directamente privatizados o pasen a ser asumidos por las diputaciones provinciales que, ante la carencia de medios para prestarlos tendrán, que plantearse modelos que incluyan la participación de la empresa privada en su gestión.

Como ciudadanos, los cambios que parecen venir nos afectarán en la forma en que recibiremos algunos servicios sensibles en nuestra vida diaria. Más allá de los debates políticos que suscita la cuestión, nuestra perspectiva de usuarios convendría que se centrara en exigir que se garantice la calidad, de tal forma que se mantengan niveles razonables, y sin un incremento significativo de costes para los contribuyentes.

Para la empresa, sin embargo, nuevas oportunidades de negocio están a punto de aparecer, necesitadas de soluciones imaginativas que conjuguen las exigencias mínimas de calidad que demanda una sociedad como la nuestra, y las de rigor presupuestario que, en teoría, impondrá la Administración.

Si como sociedad somos capaces de cuadrar el círculo que mantenga adecuadamente la calidad de los servicios, mientras generamos un tejido privado eficiente a su alrededor, que traslade beneficios al mercado y a la comunidad, al tiempo que conservamos su control público, quizá la crisis que motiva la reforma que comentamos se convierta de verdad en una nueva oportunidad para todos.

En ambas situaciones, convendrá estar atentos a cómo evoluciona la reforma en el trámite parlamentario. Con consenso entre los partidos políticos o sin él conducirá a la modificación de leyes estructurales de nuestro sistema local que, aunque a veces no nos hayamos dado cuenta, afectan de forma importante a nuestro día a día.