Una mujer contando monedas.

Todos estamos de acuerdo en que la lucha contra el fraude fiscal debe ser uno de los objetivos prioritarios, y más en estos tiempos tan duros que estamos viviendo en los que la necesidad de reducir el déficit público debe concretarse no solo en  recortes en el gasto público innecesario o insostenible, sino también en la obtención de mayores ingresos, especialmente si proceden de los que ocultan sus rentas a la Hacienda Pública.

Además, la sensación generalizada de que el fraude fiscal continúa creciendo provoca que todos estemos especialmente receptivos con las noticias relacionadas con las actuaciones dirigidas a su represión. Se ha anunciado la cifra de 11.157 millones de euros como el incremento de la recaudación que hará Hacienda, derivada de los planes de lucha contra el fraude en el año 2012, más de un 10% en relación al año anterior.

Ello incrementa dicha sensación de mayor fraude, en lugar de sugerirnos una mayor eficacia por parte de Hacienda.

Recientemente se han publicado por la Agencia Tributaria las directrices del Plan de Control Tributario para 2013. Según este documento los mayores esfuerzos irán dirigidos a sectores o tipologías de fraude tales como la economía sumergida, fiscalidad internacional, planificación fiscal agresiva, fraude organizado, servicios de alto valor y  operaciones y sectores con especial riesgo fiscal, como el comercio on line o tradicionalmente ligados al fraude fiscal, como el régimen de módulos.

Las actuaciones previstas no se ceñirían exclusivamente a descubrir rentas o impuestos no declarados, sino que irán dirigidas a prevenir dichas conductas, como las de obtención de datos de transacciones económicas que se están llevando a cabo antes de que deban declararse, evitando futuras tentaciones de ocultación. Valga como ejemplo las visitas dirigidas a obtener información en las Fallas de Valencia o las anunciadas para la Feria de Sevilla.

En estas actuaciones preventivas es donde Hacienda debe apretar más, y no solo en actuaciones represoras. Si a esto le unimos otras medidas legales de nuevo cuño, como la “prohibición” de pagos en metálico o la obligación de declarar los bienes en el extranjero, da la impresión de que existe una mejor orientación de la lucha contra el verdadero fraude fiscal, que nada tiene que ver con los meros errores o la utilización de criterios razonables, pero no compartidos por Hacienda.