Autores: Javier Galindo, socio de Garrigues, y Patricio Molina-Spinola, Asociado Senior de Garrigues.

En la empresa familiar son habituales modelos de gestión personalistas y la falta de transparencia (interna y externa), que conducen con frecuencia a sonados conflictos (Eulen, Galletas Gullón o Llongueras, por ejemplo).

En muchos casos, estas empresas desaparecen por motivos ajenos al propio negocio. Sin embargo, esto se puede evitar, o minimizar sus consecuencias, buscando la felicidad de los accionistas.

Los socios tienen derechos políticos (voto) y derechos económicos (dividendos) y, según su posición en la empresa (accionista, simplemente; accionista y administrador o trabajador; accionista, administrador y trabajador), serán diferentes sus intereses y expectativas.

En un caso, pretenderán información y liquidez, en otro, el crecimiento de la empresa, porque a un proyecto personal, fruto del conocimiento del negocio, se une que tienen garantizados unos medios económicos a través de un sueldo o una retribución.

Esas distintas visiones de la empresa pueden determinar diferentes comportamientos en la vida societaria: que el accionista se involucre en la marcha del negocio, que tenga una actitud pasiva, o que incluso, entre en conflicto para defender sus intereses.

Para favorecer que el accionista se encuentre cómodo en la empresa, es fundamental darle voz, escucharlo y conocer sus expectativas.

Esto se puede conseguir mediante la definición de un estatuto del socio en el que se establezcan sus derechos y obligaciones, más allá de los previstos legalmente.

A nuestro juicio, dicho estatuto debe garantizar al menos: que el socio tenga acceso a información sobre la marcha de la sociedad, que se le explique de forma periódica la situación de la empresa, y hacerle partícipe en la toma de decisiones sobre los negocios.

Además, es recomendable prever una política de dividendos, el régimen de transmisión de las acciones o participaciones, un posible derecho de separación en determinadas circunstancias que sea compatible con la situación de la sociedad, y un sistema de resolución de conflictos.

Está demostrado que un accionista debidamente informado y retribuido de forma razonable (cuando sea posible) se implica más en la empresa, deja hacer, favorece la estabilidad accionarial, provoca que los administradores rindan cuentas de su actuación, que se profesionalice la gestión y todos estos factores generan,  a su vez, confianza en el mercado y contribuyen, en última instancia, a la obtención de financiación y al desarrollo de proyectos.

El camino contrario ya sabemos que se traduce en posibles conflictos, en una pérdida de valor del negocio, en una fuga del talento, en incertidumbre sobre el futuro, e incluso en la desaparición de la empresa familiar y, con ello, la desaparición del trabajo de una o varias generaciones.