Comprar por Internet será ahora más seguro.

En los últimos tiempos venimos asistiendo a un crecimiento cada vez más acelerado del comercio electrónico y de las transacciones a distancia. Como consecuencia de ello, se ha producido también un importante incremento de las reclamaciones interpuestas por consumidores y usuarios frente a las empresas con quienes contratan (sólo en 2012, y en el ámbito de las telecomunicaciones, energía, agua y seguros, se interpusieron en España más de 350.000 reclamaciones en asociaciones de consumidores y 75.000 reclamaciones en las Juntas Arbitrales de Consumo).

Con el fin de reforzar la seguridad jurídica de los consumidores en tales operaciones, el pasado 11 de octubre el Gobierno remitió a las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Esta nueva norma deberá estar aprobada antes del próximo 13 de diciembre, que es la fecha límite fijada por la Directiva Europea de Derechos de los Consumidores para su incorporación a nuestro Derecho.

Las principales novedades que se establecen son las siguientes:

• El plazo legal para que el consumidor pueda desistir del contrato se amplía a un mínimo de catorce días naturales, frente a los siete días hábiles actuales. En caso de que no se hubiera informado al consumidor de que puede ejercer este derecho, el plazo queda automáticamente ampliado a doce meses. La nueva norma, además, incorporará un formulario de desistimiento común en Europa, que facilita el ejercicio de este derecho y que tendrá que facilitarse junto con la información previa al contrato.

• A fin de evitar “cargas encubiertas” o costes adicionales, el consumidor siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción.

• En los contratos telefónicos, el consumidor solo quedará vinculado una vez haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito en papel, por fax, correo electrónico o SMS. Se trata de garantizar que el consumidor tenga pleno conocimiento de lo que está aceptando, algo que no es posible si todo el proceso de compra se lleva a cabo en una única conversación telefónica.

• Se amplía la información precontractual que obligatoriamente se habrá de facilitar a los consumidores y usuarios (características y precio total de los bienes o servicios, identidad y datos de contacto del empresario, procedimientos de pago y entrega, fecha de entrega, etc.). Esta información tendrá que ser clara y comprensible.

En definitiva, la nueva regulación constituirá un significativo avance en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios y beneficiará también a las empresas, a las que dota de seguridad jurídica, fomentando al mismo tiempo el consumo de bienes y servicios mediante el uso de las nuevas tecnologías.